EL MANIFEST
El Mundo, lunes, 30 de mayo de 2005
Después de 23 años de nacionalismo conservador, Cataluña ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierdas. Nada sustantivo ha cambiado. Baste con decir que el actual Gobierno ha fijado como su principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. Muchos ciudadanos catalanes creemos que la decisión es consecuencia de la incapacidad del Gobierno y de los partidos que lo componen para enfrentarse a los problemas reales de los ciudadanos. Como todas las ideologías que rinden culto a lo simbólico, el nacionalismo confunde el análisis de los hechos con la adhesión a principios abstractos. Todo parece indicar que, al elegir como principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña, lo simbólico ha desplazado, una vez más, a lo necesario.
La táctica desplegada durante más de dos décadas por el nacionalismo pujolista -en la que hoy insiste el tripartito- ha consistido en propiciar el conflicto permanente entre las instituciones políticas catalanas y españolas e, incluso, entre los catalanes y el resto de los españoles. Es cada vez más escandalosa la pedagogía del odio que difunden los medios de comunicación del Gobierno catalán contra todo lo «español». La nación soñada como un ente homogéneo ocupa el lugar de una sociedad forzosamente heterogénea.
El nacionalismo es la obsesiva respuesta del actual Gobierno ante cualquier eventualidad. Lo único que se le resiste son los problemas, cada vez más vigorosos y complicados. Por ejemplo, el de la educación de los niños y jóvenes catalanes. La política lingüística que se ha aplicado a la enseñanza no ha impedido que los estudiantes catalanes ocupen uno de los niveles más bajos del mundo desarrollado en comprensión verbal y escrita. Este es sólo uno de los más llamativos resultados de dos décadas de gestión nacionalista. Dos décadas en las que el poder político, además, ha renunciado a aprovechar el importantísimo valor cultural y económico que supone la lengua castellana, negando su carácter de lengua propia de muchos catalanes.
La decadencia política en que ha sumido el nacionalismo a Cataluña tiene un correlato económico. Desde hace tiempo la riqueza crece en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables. Un buen número de indicadores cruciales, como la inversión productiva extranjera o las cifras de usuarios de internet, ofrece una imagen de Cataluña muy lejana del papel de locomotora de España que el nacionalismo se había autopropuesto.Su reacción ha sido la acostumbrada: atribuir la decadencia económica a un reparto de la Hacienda Pública supuestamente injusto en Cataluña. Cabe recordar que una de las acusaciones tradicionales de la izquierda al anterior Gobierno conservador había sido, precisamente, la de no saber gestionar con eficacia los recursos de que disponía y practicar una política victimista que ocultara todos sus fracasos de gestión. Poco tiempo ha necesitado el tripartito para adherirse a esta reacción puramente defensiva, que, además, ha incurrido con frecuencia en la inmoralidad. Alguno de sus consejeros no ha tenido mayor inconveniente en afirmar que, mientras el norte español trabaja, el sur dilapida. No parece que el creciente aislamiento de Cataluña respecto de España y que su visible pérdida de prestigio entre los ciudadanos españoles hayan contribuido a paliar esta decadencia.
Sin embargo, el nacionalismo sí ha sido eficaz como coartada para la corrupción. Desde el caso Banca Catalana hasta el más reciente del 3% (que pasará a la Historia por haber provocado una de las más humillantes sesiones que haya vivido un Parlamento español), toda acusación de fraude en las reglas de juego se ha camuflado tras el consenso. Un consenso que no sólo se manifiesta en los escenarios del parlamentarismo, sino que forma parte del paisaje. Puede decirse que en Cataluña actúa una corrupción institucional que afecta a cualquier ciudadano que aspire a un puesto de titularidad pública o pretenda beneficiarse de la distribución de los recursos públicos. En términos generales, el requisito principal para ocupar una plaza, recibir una ayuda o beneficiarse de una legislación favorable, es la contribución al mito identitario y no los méritos profesionales del candidato o el interés práctico de la sociedad.
Como las fuerzas políticas representadas hoy en el Parlamento de Cataluña se muestran insensibles ante este estado de cosas, los abajo firmantes no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán.Este partido, identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales, debería tener como propósito inmediato la denuncia de la ficción política instalada en Cataluña.
Oponerse a los intentos cada vez menos disimulados de romper cualquier vínculo entre catalanes y españoles. Y oponerse también a la destrucción del razonable pacto de la Transición que hace poco más de 25 años volvió a situar a España entre los países libres. La mejor garantía del respeto de las libertades, la justicia y la equidad entre los ciudadanos, tal y como se conciben en un Estado de Derecho, reside en el pleno desarrollo del actual régimen estatutario de las autonomías, enmarcado en la Constitución de 1978. Es cierto que el nacionalismo unifica trasversalmente la teoría y la práctica de todos los partidos catalanes hasta ahora existentes; precisamente por ello, está lejos de representar al conjunto de la sociedad. Llamamos, pues, a los ciudadanos de Cataluña identificados con estos planteamientos a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad.
Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trías, Iván Tubau y Horacio Vázquez Rial.
por Rosa Díez, Fernando Savater, Mikel Iriondo, Estíbaliz Garmendia, Maite Pagazaurtundua y Nicolás Gutiérrez
El Mundo, martes, 17 de mayo de 2005
«Te escribimos después de haber visto las imágenes de tu reunión con María San Gil. Por una vez, realmente una imagen resulta más evidente que mil palabras. No necesitamos saber cómo transcurrió la reunión, qué te dijo ella o qué le respondiste tú para sentir un punto de desasosiego, un leve acceso de vergüenza ajena que se transformó en perplejidad al saber que el objeto de la reunión era decirle expresamente que no querías sus votos.
No tenías ninguna obligación de hablar con ella. Fuiste tú quien la citaste dentro de tu ronda de contactos para buscar apoyos y presentar, con alguna expectativa de éxito, tu candidatura a lehendakari. Si no querías sus votos, ¿para qué la llamaste? Cuando María respondió a tu llamada y llegó a la sede de los socialistas vascos, acompañada de sus escoltas, lo menos que se merecía era respeto y consideración. Que no le hicieras perder el tiempo y no la humillaras vanamente. ¿Qué te ha hecho María San Gil? ¿Qué nos han hecho a los socialistas los votantes vascos del Partido Popular para que su representante política merezca menos cortesía, en el fondo y en la forma, que la que le brindaste a esas tres mujeres de EHAK, que, según confesión propia, serán la voz de los cómplices de ETA en el Parlamento vasco? Nosotros, ni a María ni a sus votantes podemos reprocharles nada. ¿Acaso te parece que es más de izquierdas atacar la Constitución y al Estado que defenderlos... incluso cuando el Gobierno es socialista?
Dijiste que ibas a hablar con todos los grupos políticos. Lo que no dijiste es que ibas a preferir la complicidad de los correligionarios de Otegi al apoyo que te ofreció María San Gil. Tampoco dijiste que ibas a olvidar de un plumazo de dónde vienen y quiénes son esas tres mujeres que entraron en la sede de los socialistas vascos pasando bajo el arco detector de metales y dejando atrás puertas blindadas que siguen instaladas aún hoy para protegernos de los ataques de la organización terrorista a la que ellas dicen comprender y/o apoyar. Esa sede en la que tanto hemos llorado.Esa sede en cuyas paredes cuelgan los retratos de nuestros compañeros y amigos asesinados por ETA. En tu papel de anfitrión deberías habérselas mostrado. ¡Qué buen momento para exigirles una condena incondicional de los asesinatos antes de fotografiarte sonriente junto a ellas!
Con María San Gil no hubo sonrisas ni gestos de complicidad.Y, por si había alguna duda, le dejaste claro que no querías sus votos... ¡Qué lejos quedan las palabras del actual presidente del Senado, Javier Rojo, cuando él todavía pensaba que a los socialistas y a los populares en el País Vasco nos unen muchas más cosas que las que nos separan, cosas mucho más importantes que nuestras respectivas ideologías!: 'En los campos de exterminio nazis a ningún judío le preguntaban si era de izquierdas o de derechas'. Pero parece que ya no queremos ver esa realidad, que pretendemos olvidarla.
Nosotros no nos olvidamos de con quién hemos compartido manifestaciones y funerales. No nos olvidamos de que el partido que preside María San Gil ha sido golpeado por los terroristas tan ferozmente como el nuestro. Tampoco olvidaremos a quienes han sido siempre los primeros en venir a compartir nuestro dolor y brindarnos su solidaridad cuando los asesinados por ETA eran nuestros compañeros.
No olvidamos que ellos y nosotros seguimos viviendo con escoltas, y que gracias a ellos hay en Andoain un Gobierno municipal democrático.Y un alcalde socialista. No nos olvidamos que en el País Vasco, los votantes del PSE y los del PP tienen tantas cosas en común que en elecciones autonómicas se producen trasvases automáticos de votos entre ambas opciones, concentrándose en aquélla que coyunturalmente consideran más útil para derrotar al nacionalismo obligatorio.
Por todo esto, porque no nos olvidamos, te reprochamos que desde la máxima responsabilidad del PSE-PSOE hayas infligido a María San Gil -y, por extensión, a todos sus votantes- ese desprecio.No nos hemos sentido bien representados, ni en el fondo ni en la forma. Tu actitud nos ha ofendido como demócratas y como militantes y votantes socialistas. No nos ha parecido digna del dirigente de un partido centenario, una de cuyas señas de identidad más notables es el respeto a los demás y la búsqueda permanente de entendimiento entre demócratas.
De un partido orgulloso de su historia y obligado a mantener y honrar nuestra memoria».
Himno al Generalísimo Francisco Franco
Periodista Digital, sábado, 19 de marzo de 2005
La canción fue compuesta y grabada por Víctor Manuel en 1966. El pasado miércoles [16 de marzo de 2005], al concluir la cena-homenaje al ex comunista Santiago Carrillo, el cantante fue uno de los acudieron a festejar la retirada de la estatua ecuestre de Franco de Nuevos Ministerios.
Por Víctor Manuel
Hay un país
Que la guerra marcó sin piedad,
Ese país
De cenizas logró resurgir,
Años costó
Su tributo a la guerra pagar,
Hoy consiguió
Que se admire y respete su paz.
No, no conocí
El azote de aquella invasión,
Vivo feliz
En la tierra que aquél levantó,
Gracias le doy
Al gran hombre que supo alejar,
Esa invasión
Que la senda venía a cambiar.
Otros vendrán
Que el camino no habrán de labrar,
Él lo labró
A los otros les toca sembrar.
Otros vendrán
Que el camino más limpio hallarán,
Deben seguir
Por la senda que aquél nos marcó,
No han de ocultar
Hacia el hombre que trajo esta paz,
Su admiración,
Y por favor,
Pido, siga esta paz.
www.elpais.es, jueves, 10 de marzo de 2005
Mañana se cumplirá un año del más cruel y terrible atentado terrorista de la historia reciente de España y de Europa.
Ese fatídico día, el terrorismo sembró de dolor y desolación la ciudad de Madrid. Ciento noventa y dos personas perdieron la vida y miles más sufrieron heridas físicas y psicológicas que posiblemente les acompañen el resto de sus días. Fue un golpe directo contra nuestra convivencia en paz y libertad que rompió el corazón de todos los ciudadanos. Frente a ello, el Congreso de los Diputados, en nombre del pueblo español, dice que la unidad de las fuerzas políticas, la firmeza del Estado de Derecho y la solidaridad con las víctimas son los pilares inquebrantables de la respuesta democrática al terrorismo.
El pasado 11 de marzo de 2004, toda la sociedad español, especialmente el pueblo de Madrid, se movilizó en ayuda de las víctimas de los atentados. Se produjo una conmovedora y espontánea manifestación de solidaridad. El Congreso de los Diputados quiere proclamar su reconocimiento al pueblo español por esa manifestación de ciudadanía, y expresar su gratitud y su homenaje a cuantos acudieron en auxilio de los heridos o de las familias en aquellos momentos dramáticos.
El Congreso de los Diputados expresa su profunda convicción de que, ante el terrorismo, todas las víctimas son iguales; son seres inocentes a los que un destino fatal convierte en objeto de actos criminales e injustificables. Por eso, el Congreso quiere expresar su solidaridad y reconocimiento a todas las víctimas que durante años han sufrido el azote bárbaro del terrorismo.
El paso del tiempo nos debe afirmar cada vez más en la perseverancia para luchar contra el olvido de quienes han sufrido y sufren a consecuencia de la barbarie terrorista, cualquiera que sea su origen. Además de recordarles con emoción siempre, debemos de estar con ellos y ayudarles en todo momento a satisfacer todas sus necesidades. Sólo así volverán a estar entre nosotros como nosotros queremos que estén y sólo así podremos hacer justicia con ellos. En ese sentido, el Congreso de los Diputados traslada a las víctimas del salvaje atentado un compromiso firme y decidido de apoyo permanente e integral, alienta a la sociedad a secundarlo con generosidad y desea instar a los poderes públicos a una acción continuada y eficaz en la atención a todas las víctimas del terrorismo y a sus familias, que parta siempre del más profundo respeto a su dignidad y su dolor, y se concrete en cuantas medidas sean necesarias para asegurar su reparación moral y económica y su plena reinserción social.
En 1978, los españoles fuimos capaces de alcanzar un gran acuerdo para instituir un marco de convivencia pacífica y democrática en el que cupiesen todos y que fuese capaz de encauzar todas las legítimas demandas. Cada atentado terrorista es un brutal ataque a ese profundo deseo de convivencia pacífica que albergamos la inmensa mayoría de los ciudadanos, y nos golpea por tanto, de forma directa, a todos y cada uno de nosotros.
En el aniversario de los atentados del 11 de marzo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de perseverar en la unidad de los representantes de la soberanía popular, en la condena sin paliativos de los atentados y en el compromiso irrenunciable de seguir luchando contra todo tipo de terrorismo.
El Congreso de los Diputados expresa, asimismo, su confianza en el Estado de Derecho y particularmente, en quienes, como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Poder Judicial, velan por garantizar la paz y el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos y aplican la Ley a quienes atacan y ponen en riesgo nuestra convivencia democrática. El Congreso de los Diputados renueva, por ello, su compromiso por hacer de la lucha antiterrorista la prioridad fundamental de toda la acción política. Lucha que ha de estar dirigida con igual intensidad a todas las formas de terrorismo.
El Congreso de los Diputados exhorta al Gobierno de España, a la Unión Europea, a las Naciones Unidas y al resto de organizaciones internacionales a cooperar activamente para prevenir y perseguir los actos de terrorismo. La colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo es el activo más importante con que cuentan los Estados y la comunidad internacional para erradicar una lacra que asola nuestras sociedades y para profundizar en las condiciones políticas, económicas y sociales que contribuyan a la paz y la seguridad en el mundo.
Convencidos de que la pérdida irreparable de 192 vidas, junto a otras muchas pérdidas a causa del terrorismo, ha tenido como respuesta la unión de las fuerzas y voces de todas las personas de buena voluntad e instituciones en la lucha contra el terrorismo, en la solidaridad con sus víctimas y en la preservación de la convivencia, el Congreso de los Diputados quiere proclamar una vez más estas convicciones fundamentales. Esta Cámara sella hoy con solemnidad su compromiso ético con la reparación social que exige la memoria de los ausentes y muestra su confianza en que, a pesar del durísimo golpe recibido, nuestro pueblo siempre tendrá fe en que, sobre la fuerza bruta, la violencia y el terror, se impondrán los valores en que creemos y que constituyen nuestro modo de vida irrenunciable: la libertada, la igualdad, la justicia, el pluralismo político y la democracia.
Los Grupos Parlamentarios firmantes, tienen el honor de dirigirse a esa Mesa para presentar la siguiente propuesta de Declaración Institucional conmemorativa de los atentados perpetrados en Madrid el día 11 de marzo de 2004.
En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2005.
El Mundo, lunes, 24 de abril de 1995
La Asociación Pro Derechos Humanos decidió en una reunión de su Junta Directiva celebrada a mediados de marzo pasado promover un manifiesto de intelectuales, «ante las noticias que en aquellos días aparecían en la prensa sobre la corrupción y el "caso GAL"», según confirmó ayer a este diario su presidente, José Antonio Gimbernat. La iniciativa, aprobada por unanimidad, se puso en marcha. Se redactó el documento titulado «En defensa de la democracia» y se envió a cerca de doscientos intelectuales. Aproximadamente la mitad lo suscribió. Aunque los artífices del manifiesto consideran «cerrada» la lista de firmas, no descartan poner en marcha una Plataforma Cívica que defienda los objetivos reflejados en el mismo: la exigencia de dimisión de González como «máximo responsable político» de la corrupción y del «caso GAL».
TEXTO DEL MANIFIESTO:
Las fundadas sospechas y evidencias de las que disponemos nos llevan a creer que entre los años 1983-1987 los máximos responsables del Ministerio del Interior, a través de pago a mercenarios, organizaron el crimen para combatir el terrorismo de ETA, utilizando métodos semejantes. El último terrible episodio conocido es la desaparición y ulterior muerte, tras torturas, de dos miembros de ese grupo. En conexión con esta aberración, moral y legal, posteriormente entre altos cargos de este Ministerio parecen haberse repartido de forma multimillonaria los fondos reservados, con el resultado del propio y desmesurado enriquecimiento.
Esta degradación criminal de la actividad política se suma, entre otros casos, a la corrupción reciente del anterior gobernador del Banco de España, al descontrol y abuso de poder del que fuera director de la Guardia Civil, junto con la financiación ilegal del Partido Socialista, que razonablemente se puede inferir del asunto Filesa.
El Gobierno y su partido no sólo no han mostrado voluntad de aclarar con la máxima celeridad las responsabilidades en esos hechos, lo que lógicamente les habría reportado desagradables consecuencias, sino que se han esforzado en encubrir lo sucedido o al menos en dificultar su esclarecimiento. No han existido iniciativas dignas de crédito para llevar adelante investigaciones y, dado que había que realizarlas en el aparato del Estado, no parece que hubiera sido demasiado laborioso conducirlas a buen término. También manifestamos nuestra decepción por la actuación del actual ministro del Interior, del que habría cabido esperar una posición más definida para combatir este estado de cosas. Así se habrían podido ofrecer a la opinión pública las explicaciones que ésta reclama y merece. Por el contrario, los inusitados ataques y descalificaciones, en una campaña eficazmente diseñada contra el juez Baltasar Garzón, instructor de algunos de estos asuntos, han sido totalmente impropios de un estado de derecho.
Pensamos que nuestras apreciaciones son básicamente compartidas por extensos sectores de ciudadanos. El flujo incontenible de nuevas informaciones y consecuentemente el permanente debate sobre estas cuestiones han conducido a los ciudadanos de nuestro país de la estupefacción al horror, bochorno y hastío. La negativa del Gobierno a afrontar sus responsabilidades ha desembocado en un estancamiento malsano de toda esta secuencia de iniquidades. La vida política de nuestro país se ha envilecido hasta grados insospechados, centrada inevitablemente en reclamar las responsabilidades del Ejecutivo en los actos criminales y en la corrupción. Por el contrario, éste pretende descargar sus graves e ineludibles responsabilidades políticas en las futuras esencias de los jueces, con los que malamente colabora, si no es que torpedea sus actuaciones. La existencia de varias instancias judiciales equivale presumiblemente a dejar literalmente para el próximo siglo el conocimiento penal de los hechos. Mientras tanto se apela a la ficción jurídica de la presunción de inocencia, útil en la vida forense, pero no trasladable al ámbito de las responsabilidades públicas. Presunción, por lo demás, que se aplica partidariamente, según sean las actuales relaciones de los sospechosos con el Ejecutivo. Se la reclama para quienes guardan silencio y a la vez muestran su adhesión al Gobierno, se la omite para quienes confiesan ante los jueces ayudando a dilucidar lo sucedido.
Todo ello está conduciendo a un concepto reduccionista y precario de la democracia. Según éste, los gobernantes sólo deberían responder cada cuatro años ante los electores, y mientras tanto gozan de un interregno en el que se consideran autónomos para tomar actitudes injustificables, sin rendición de cuentas.
El efecto ha sido que la ausencia de voluntad de afrontar estos graves males de la vida pública ha deteriorado profundamente la dignidad de los gobernantes y de las instituciones que ellos encarnan. Estamos inmersos en un descrédito de los políticos y de la misma democracia, no fácilmente reparable. Creemos necesario apelar a la sociedad civil para que muestre su reprobación por este panorama que afecta a nuestra joven democracia, que no merecía tanta corrupción, ni estos gobernantes.
En conclusión -en nuestra opinión- el bien y la defensa de la democracia exigen que el presidente del Gobierno, máximo responsable político de todo lo sucedido, presente su dimisión. Lo que, en su caso, también podría requerir el anticipo de las elecciones, en las que los ciudadanos puedan expresar su juicio político con el medio del que disponen para intentar contener la degradación acelerada de la vida pública.
Los setenta firmantes del manifiesto son José Luis Abellán (Catedrático de Historia de las Ideas), Gabriel Albiac (Catedrático de Historia de la Filosofía), José Antonio Alonso Suárez (Magistrado), Joaquín Alvarez de Toledo (Economista), Joaquín Antuña (Presidente de Paz y Cooperación), María Eugenia Aubet (Catedrática de Arqueología), Luis Eduardo Aute (Catautor), Juan Antonio Bardem (Director de cine), Antonio Baylos (Catedrático de Derecho del Trabajo), Carlos Berzosa (Decano de la Facultad de Económicas de Madrid), Garbiñe Biurrun Mancisidor (Magistrada), Marta Bizcarrondo (Catedrática de Historia), Ana Bonet Cólera (Profesora de Ciencias de la Información), Pedro Caba (Médico), Carlos de Cabo (Catedrático de Derecho Constitucional), Juan Ramón Capella (Catedrático de Filosofía del Derecho), Javier Crespón (Inspector de trabajo), Miguel Delibes (Escritor y Académico de la Lengua), Manuel Díaz de Rábago (Magistrado), José Luis Díez Ripollés (Catedrático de Derecho Penal), Vicente Donoso (Catedrático de Estructura Económica), Antonio Elorza (Catedrático de Ciencias Políticas), Aurora Elósegui (Magistrada), Jorge de Esteban (Catedrático de Derecho Constitucional), José Antonio Estévez (Catedrático de Filosofía del Derecho), Serafín Fanjul (Catedrático), Francisco Fernández-Buey (Catedrático de Historia de las Ideas), Antonio Gala (Escritor), Pedro Blas Gañán González (Abogado), Virginia García Alarcón (Magistrada), Ramón Garrabou (Catedrático de Historia), Juan Genovés (Pintor), José Antonio Gimbernat (Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España), Enrique Gimbernat (Catedrático de Derecho Penal), Pere Gimferrer (Escritor y Académico de la Lengua), Antonio Gómez de la Serna (Procurador), Adrián González (Inspector de trabajo), Joaquín Leixa (Profesor de Derecho Político), Enrique Lillo (Abogado), Diego López Garrido (Catedrático de Derecho Constitucional y diputado de IU), Julián Marcos (Director de cine y escritor), Fernando Mariño (Catedrático de Derecho Internacional), Ana Martín (Inspectora de trabajo), Juan Francisco Martín Seco (Economista), Pedro Martínez (Inspector de trabajo), Rosa Montero (Escritora), Agustín Moreno (Secretario de Acción Sindical de CCOO), Javier Muguerza (Catedrático de Etica), Joaquín Navarro Estevan (Magistrado); Francisco Nieva (Escritor y Académico de la Lengua), Lourdes Ortiz (Escritora), Luis Otero (Coronel del Ejército), Mario Pestaña (Magistrado), Luis Prieto (Catedrático de Filosofía del Derecho), Fanny Rubio (Escritora), Javier Sádaba (Catedrático de Etica), Ramón Sáez Valcárcel (Magistrado), Juan Ramón Seco (Inspector de trabajo), Rafael Senra (Profesor de Derecho del Trabajo), Carlos Sieiro (Catedrático de Química), Ignacio Sotelo (Catedrático de Ciencias Políticas), Juan Trías Bejarano (Catedrático de Historia de las Ideas Políticas), Eugenio Trías (Catedrático de Filosofía), Jorge Trías (Abogado), Javier Tusell (Catedrático de Historia Contemporánea), José María Valverde (Catedrático de Estética), Manuel Vázquez-Montalbán (Escritor), Luis Velasco (Economista), Raúl Villar (Catedrático de Física) y Francisco Yuste Grijalba (Médico).
El País, domingo, 5 de julio de 1981
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra preocupación por la actual situación cultural y lingüística. Llamamos a todos los ciudadanos para que suscriban y apoyen este manifiesto, que no busca otro fin que el de restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la actual tendencia hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que, de no corregirse, puede originar un proceso en el que la democracia y la paz social se vean amenazadas. No nace nuestra preocupación de posiciones de prejuicios anticatalanes, sino del conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace tiempo, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del catalán y el castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones lingüisticas -derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de autonomía, leyes básicas que nosotros estaremos siempre dispuestos a defender- están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por responsables de poderes públicos, sin que el Gobierno central, hasta ahora, ni los partidos políticos, parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra finalidad que la de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos.
No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal y como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos del actual Gobierno de la Generalidad y de parte de los organismos oficiales redactados exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que producen malestar entre la población, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y de responsables de cargos del actual Gobierno de la Generalidad; proyecto de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», que no tienen en cuenta la realidad social y lingüística de Cataluña, etcétera.
Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter histórico y no jurídico-, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano, lo mismo que el catalán, es lengua oficial de Cataluña. Si el castellano es también lengua oficial de Cataluña, su desaparición de la vida pública sería un motivo de discriminación para la mitad de la población de Cataluña que tiene como lengua propia el castellano. El principio de cooficialidad, pensamos, es muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que algunos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanismo.
No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etcétera. La creación cultural en castellano, que es también un enriquecimiento para Cataluña, empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las mínimas condiciones sociales y materiales que posibiliten el desarrollo de su cultura.
Resulta en este sentido sorprendente el argumento con que altos cargos del actual Gobierno de la Generalidad tratan de justificar la sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los inmigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los inmigrantes «no tienen cultura» y que, por tanto, ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos inmigrantes proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común que hoy debiéramos, más que nunca, afianzar. Que una desgraciada situación económica, creada por el franquismo, haya obligado a miles de familias a dejar su tierra es ya lo bastante penoso como para que, además, se acentúe su despojo con la pérdida de su identidad lingüística. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la lengua y cultura de sus padres. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder al conocimiento de ese vehículo intelectual y afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo. Resulta, por tanto, insostenible pretender que esa inmensa mayoría de inmigrantes, que comparte la lengua española, no forma una comunidad lingüística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducibles a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Baleares y Valencia -unidad, si acaso, menor que la de las diversas hablas de la lengua española- resultaría intrascendente si el resultado no fuera el de disgregar esa conciencia cultural, común y solidaria, que hoy tanto necesitamos. ¿Habrá que recordar que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos y que sirve para unirnos cultural y solidariamente con otros pueblos del mundo?
Se comprenderá que no estamos, evidentemente, en contra del conocimiento del catalán ni de su uso por parte de quien lo desee, sino de la pretensión de sustituir, por principio y mayoritariamente, la lengua de los castellanohablantes por el catalán, sustitución que ha de realizarse de grado o por fuerza, como algunos llegan a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición, según los casos.
Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas- sino que, de ser cierto, «legitimaría» el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.
Se suele presentar en contra de las preocupaciones aquí manifestadas acerca del futuro de la lengua castellana en Cataluña el hecho -conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, TV, Prensa, radio) siguen expresandose en castellano. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano, porque responden a una necesidad social. Lo negativo será que no se creen otros tantos medios, o más, de expresión en catalán. No creemos honesto el argumento que trata de hacer responsables a los castellanohablantes de esta falta de medios de comunicación en catalán. Afróntese la situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas y analizando las verdaderas causas lingüísticas y culturales que puedan impedir su desarrollo y no intentando empobrecer, culpabilizar o desprestigiar a la lengua española.
No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes. El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el de la Generalidad han dado hasta ahora una respuesta seria y responsable. Se parte de no reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de originarse respetando esta realidad social bilingüe, mediante la aplicación del derecho a recibir la enseñanza en la propia lengua materna a todos los niveles. Este derecho está siendo hoy públicamente contestado y empieza a no ser respetado con relación al castellano, como sí no fuera el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán.
De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán -no del catalán, lo que indiscutiblemente sí defendemos-, los hijos de los inmigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanohablantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un trauma cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción, comprensión y adaptación.
Se intenta defender la enseñanza en catalán para todos con el argumento falaz de que, en caso contrario, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en catalán y castellano sin que ello sea causa de enfrentamientos. Sí lo será, indudablemente, el ver cómo se respetan los derechos lingüísticos de unos y no de los otros.
Tampoco podrá achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de diferencias sociales -agudizadas ahora por la crisis económica y el paro-, diferencias que coinciden en este caso, en gran medida, con las diferencias lingüísticas. No cabe duda de que la lengua se está convirtiendo en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mejor trato (bastaría recordar las condiciones laborales o las estadísticas de muertos en accidente de trabajo ocurridos durante el franquismo). En este momento de crisis, el conocimiento del catalán puede ser utilizado -y ya lo está siendo- como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. El ambiente de presiones y el malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.
No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere ser catalán o simplemente vivir en Cataluña. Se ha querido de este modo identificar a la clase obrera con la causa nacionalista y, aunque se ha fracasado en este empeño en gran medida, la mayoría de los trabajadores han acabado aceptando que las expectativas, no ya de su propia promoción social, sino simplemente de que sus hijos puedan encontrar trabajo, pasa porque éstos «se hagan catalanes», ya que ellos no pueden llegar a serlo. Esta degradante situación les lleva incluso a avergonzarse de su origen o su lengua, o catalanizar el nombre de sus hijos, etcétera. Situación humillante que constituye una afrenta a la dignidad humana y a la que sólo una injusta presión social les ha podido llevar.
Mientras no se reconozca políticamente la realidad social cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando tanto en catalán como en castellano. Sólo así se podrá empezar a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España que un proyecto social democrático común y solidario.
Amando de Miguel (catedrático de la U. de Barcelona), Carlos Sahagún (poeta, premio nacional de P.), Federico Jiménez Losantos (escritor), Santiago Trancón (escritor, PSC-PSOE), J. Luis Reinoso (profesor, secretario del Colectivo de Funcionarios del Estado), Jesús Vicente (diputado provincial del PSC-PSOE, por Barcelona), José María Vizcay (profesor de FETE-UGT), Leandro Sánebez Moreno (profesor, secretario de ASPE-CESPE), E. Pinilla de las Heras (sociólogo), Pedro Peñalva (profesor de Derecho Romano), José Moliner (catedrático Univ. Politécnica), Manuela Citoler (catedrática de Literatura), J. Sánchez Carralero (catedrático Facultad Bellas Artes), Amelia Romero (editora), J. María Fernández (profesor Universidad de Tarragona), Benjamín Oltra (catedrático), Alberto Cardín (traductor), Baudilia Berbel (FETE-UGT), J. Ramiro Gallegos (Concejo Comuneros) y Benjamín López (abogado).
El País, domingo, 5 de julio de 1981
En 1924 la pléyade de los intelectuales castellanos redactaron un manifiesto dirigido a Primo de Rivera en defensa de la lengua y la cultura catalanas. Más de cincuenta años después, el alegato de aquellos españoles ilustres encuentra su dúplica en otro manifiesto que viene a estimar la discriminación de los castellano-hablantes en Cataluña. El buen criterio del lector puede extraer sus conclusiones sobre ambos textos.
Excelentísimo señor presidente del Directorio Militar:
Los abajo firmantes, escritores en lengua castellana, que sienten profundamente los merecimientos históricos de su idioma y que lo aprecian en todo su valor como indispensable vehículo para la difusión del pensamiento a través del mundo civilizado, se dirigen respetuosamente a vuestra excelencia para expresarle su sentir con ocasión de las medidas de Gobierno que por razones políticas se han tomado acerca del uso de la lengua catalana.
Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposibles de salvar, queremos con un gesto afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano.
El simple hecho biológico de la existencia de una lengua, obra admirable de la naturaleza y de la cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados.
Debemos además pensar que las glorias de Cataluña son glorias españolas y el título histórico más alto que España puede presentar para ser considerada como potencia mediterránea se debe en gran parte al pueblo catalán, que hizo de la Barcelona medieval un emporio de riqueza, capaz de competir con las repúblicas italianas; que creó una cultura admirable; que lanzó sus leves de mar y cuya lengua inmortal resonó entre el fragor de la batalla ante los muros sagrados del Partenón, y que sirvió para que con ella hablara por primera vez la filosofía nacional por boca de Raimundo Lulio y fuese cantada la efusión humana en los versos imperecederos de Ausías March.
El reconocimiento de las literaturas regionales como una consecuencia ideológica y romántica hizo de la lengua de Cataluña una literatura a la que pertenecen autores como Verdaguer y Maragall, que cuentan entre las primeras figuras de la literatura española del siglo XIX.
Nosotros no podemos tampoco olvidar que de Cataluña hemos recibido altísimas pruebas de comprensión y cariño, hasta el punto de que un insigne patriota catalán, amante fervoroso de las glorias españolas, Milá y Fontanals, abrió con llave de oro el oscuro arcano de las manifestaciones artísticas del pueblo castellano.
Queremos cumplir con un verdadero deber de patriotismo diciendo a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y serán eternas mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado a la belleza.
Firmas: Pedro Sainz, Eduardo Gómez de Baquero, A. Bonilla San Martín, Gregorio Marañón, Angel Ossorio y Gallardo, Pedro Mata, Antonio Jaén, Tomás Borrás, Angel Herrera, Jaime Torrubiano Ripoll, Ramón Menéndez Pidal, Alvaro de Albornoz, Concha Espina, Augusto Barcia, V. García Martí, conde de Vallellano, José Ortega y Gasset, Miquel Herrero, Luis de Zulueta, Domingo Barnés, Francisco Vighi, Pedro de Répide, León de las Casas, Joaquim Belda, José G. Alvarez Ude, Luis Giménez de Asúa, Luis Ruiz Contreras, Félix Lorenzo, Fablán Vidal, Gabriel Maura, Vicente Machimbarrena, Gregorio Martínez Sierra, Lorenzo Barrio y Morayte, Andrés González Blanco, José Toral, Luis Araújo Costa, Mercedes Galbrois de Ballesteros, Fernando de los Ríos, Azorín, Manuel Pedioso, Luis Bello, José María Sacristán, Cristóbal de Castro, José Giral, Melchor Fernández Almagro, Ramón Gómez de la Serna, Manuel Bueno, Antonio Espina, Antonio Zozava, F. García Lorca, F. Rivera Pastor, Alberto Insúa, Honorato Castro, Luis de Tapia, Luis Araquistáin, Gustavo Pittalunga, E. Paúl Almarza, Juan de la Encina, José García Mercadal, Angel Lázaro, Bernardo Acha, Artemio Precioso, F. Escrivá, José Gutiérrez Solana, Jacinto Grau, Juan Pujol, José Ruiz Castillo, P. de Ciria Escalente, José Albiñana, doctor García del Real, Gabriel Franco, Salvador Pascual, Eduardo Ortega Gasset, Carlos Pereira, Jan Guixé, Leopoldo Bejarano, José Canalejas, Guillermo de la Torre, M. García Cortés, Adolfo A. Buylla, P. A. Balbontín, Isaac del Vando-Villar, Cayetano Alcázar, Mauricio Paraíso, Rafael Urbano, Julio Cañada, Antonio Guisasola, Antonio Dubois, José Sánchez Rojas, José Antón, F. Madariaga, Luis de Hoyos Saiz, Hipólito Jimeno, Luis G. Bilbao, Andrés Ovejero, Manuel Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, conde de las Navas, Luis Palomo, F. Arévale, Salfo, Luis G. Urbina, Luis G. Andrade, F. de Bustamante, A. Pérez Serrano, Tomás Elorrieta, Manuel Hilario Ayuso, Eduardo Barriobero, Manuel Antón, J. Jordán de Urries, Juan Hurtado, Ramón Pérez de Ayala, J. Villalba, Alvaro Calvo, Marqués de Lozoya, Angel Torres de Alamo, Francisco de Viu, Luis Fernández Adravin y Alberto Marín Alcalde.
por Partido Popular
Viernes, 14 de enero de 2005
El Partido Popular propone la celebración de un Pacto de Estado para renovar el espíritu de consenso y dar estabilidad y fortalecer las bases esenciales de nuestra convivencia democrática, como son:
por Rafael Vera
El País, jueves, 21 de octubre de 2004
Empiezo esta carta antes del fatal desenlace, en los albores de otro largo periodo de tinieblas. Son las nueve y media de la mañana del sábado 16 de octubre. Se reproducen, una vez más, las pautas de los juicios sufridos con anterioridad: la filtración periodística que hace irreversible la condena. En esta ocasión, los extremos de la misma no sólo me afectan a mí, sino que se llevan por delante a parte de mi familia política. Es, y lo proclamo con rotundidad, injusta desde el principio al fin, moral y jurídicamente insostenible, sin parangón en los tribunales de nuestro país; pero con nosotros todo vale, este principio nos ha acompañado desde 1994, y ha sustituido a las prácticas inquisitoriales de Torquemada. La expresión del fiscal de la causa lo resume: "Quiero una sentencia ejemplar para generaciones venideras". Las sentencias, en un Estado de derecho, deben de ser siempre "justas", y no "ejemplares".
Tengo fuerzas sobradas para seguir luchando: mi familia, mis amigos (muy pocos), ciudadanos que me dan ánimos, mi abogado (en lo profesional y en lo personal), y mi hija, por la que más lo lamento; pero voy a luchar de otra forma. La verdad, la caballerosidad, el silencio y la ley, valen muy poco frente a la injuria, la mentira, la manipulación, el odio, la hipocresía y la cobardía; sobre todas las demás esta última es la que más me repugna. Ahora me encuentro con esta acusación: el enriquecimiento personal, la malversación "egoísta", las fincas y, en definitiva, el uso ilícito de los fondos reservados. Pequé de ingenuo, heredé las prácticas de mis antecesores y me fié de la buena fe de jueces, fiscales y de los asesoramientos jurídicos que solicité. La imposibilidad de contabilizar, y de guardar o de pedir justificantes, me han llevado a esta situación. Aquellos que lo conocen, los que manejaron y dispusieron de esos fondos en todas las instituciones del Estado, con el PSOE en el Gobierno y en épocas anteriores, que den la cara.
No me he apropiado de cantidad alguna de los fondos reservados que no fuese para asuntos relacionados con mi seguridad, como en muchos otros casos, y siempre con conocimiento y autorización de todos mis superiores. Los que cobraron, y tenían responsabilidades en el ámbito de la Justicia, en la Intervención General del Estado, en los servicios jurídicos y algunos miembros de la fiscalía y de la judicatura, debían haberme advertido de la ilegalidad de ese cobro, pero se callaron y pidieron más.
¿Se trata de la cantidad, o el delito es el mismo independientemente de lo percibido? ¿Qué diferencia existe entre "gratificación" y "sobresueldo"? ¿Si cobraron, y no conocían el origen del dinero, por qué no preguntaron? ¿Acaso declararon en Hacienda el ingreso para desembolsar, a continuación, el consiguiente descuento? Me repugna seguir con este punto y decido abandonarlo: no tengo apego alguno al dinero y no quiero señalar a nadie con nombres y apellidos, el daño ya está consumado.
Quiero dedicar algunas líneas a los que me sirvieron lealmente, no a mi persona, sino a lo que representaba: al nuevo Estado de derecho. Algunos ya han salido de esta pesadilla; otros, como el general Rodríguez-Galindo, el teniente coronel Vaquero o el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, siguen peregrinando entre la reprobación y el olvido. Me consta, y a muchos que callan también, que les debemos lo que hicieron entonces y lo que se ha construido sobre los cimientos que dejaron. ¿Por qué tanta hipocresía con lo que pasaba entonces? ¿No apoyamos públicamente guerras más sucias que aquélla, con miles de muertos inocentes y detonantes de nuevas actividades terroristas? ¿No se nos desgarra el corazón viendo desenterrar, de entre los escombros, a niños muertos o amputados, mujeres y ancianos? ¿Qué escribían, en los años ochenta, reputados moralistas de la vida pública que se construyen piscinas en suelo de todos los españoles? Por esto me repugna la cobardía. Hemos linchado a servidores del Estado que han dado lo mejor de sí mismos. ¡Qué horror!Llega lo más triste, un recuerdo público y un reconocimiento para mis nuevos amigos, con los que empecé a recuperar una vida normal, que me ayudaron en tan difícil tarea; con los que compartí un reducido espacio de esperanza y de cariño, de ocio y de olvido del pasado, en definitiva, de vida. Gracias por vuestra compañía. Para mi abogado, que ha llevado de manera impecable todo este proceso, hasta el extremo de dañar su salud. ¿Por qué le han perseguido tanto? Porque ha puesto su brillante "currículum" profesional al servicio de mi defensa, sin escatimar esfuerzos ni medios. Para mi familia. ¿Qué puedo decir de ella? Todo y nada, el silencio lo resume todo. Su sacrificio es inmensamente mayor que el mío, el daño que han sufrido es irreversible, el dolor lo he notado, y en esta nueva etapa, con el desierto como horizonte, espero que estén conmigo hasta el final.
Quiero pedir disculpas a los que se sientan ofendidos con esta carta, a la gente de bien que pude perjudicar en mis años de responsabilidades políticas, a los compañeros que no han entendido lo que pasó en aquellos años o en los inmediatamente posteriores. Y a Dios, aunque poco lo he sentido a mi lado, entonces y ahora. Espero la orden de ejecución de la sentencia para tomar una última decisión en este largo y agotador proceso político-jurídico. Han sido veintidós años de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, y también de errores: esa decisión podría ser uno de ellos.
por Joan B. Culla i Clarà
El País Cataluña, sábado, 16 de octubre de 2004
Glossar la figura de Lluís Companys en aquest fossar de Santa Eulàlia, sota l'ombra feixuga d'aquests murs, sembla obligar-nos a parlar fonamentalment del president màrtir, del seu assassinat després d'un segrest ignominiós i d'una farsa judicial. Però fer-ho així no faria justícia ni a la trajectòria política ni a la significació històrica de Companys, ni tampoc al seu sacrifici final. Com vostès saben, damunt del president Companys ha voleiat sovint aquella idea que els italians expressen en la frase "Un bel morire tutta una vita onora". Doncs bé, no. No és veritat que la biografia política i personal de Companys sigui tan sols el pròleg gris de la seva mort heroica. Ben al contrari, opino que la mort del president Companys resulta el colofó lògic, coherent, d'una vida que reflecteix com un mirall la sort del seu país i dels seus compatriotes.
Lluís Companys i Jover és, abans que res, un home de comarques, de l'Urgell, del Tarròs, que va fer tota la seva carrera a Barcelona sense perdre mai ni les arrels ni l'accent lleidatà. Ja en això era ben representatiu dels centenars de milers de migrants interns que han contribuït a aixecar la Catalunya contemporània. Atret per la política, aquell jove estudiant de dret s'inclina pel corrent emancipador que aleshores preval entre les classes subalternes: el republicanisme. Perquè -deixin-m'ho dir amb l'esquematisme d'una frase-, l'any 1901 la gran majoria dels obrers, dels menestrals, dels pagesos no són catalanistes en un sentit polític. Són catalans i prou. Entre aquests sectors populars, la descoberta de la reivindicació nacional com una bandera de llibertat és un procés lent, gradual, que arrenca amb la Solidaritat Catalana i culmina el 1931.
Aquest és també el trajecte de Companys. Jove activista de Solidaritat Catalana el 1907, durant la dècada següent ja contribueix a crear diverses organitzacions polítiques que intenten lluitar a la vegada per la democràcia i per l'autogovern, fer la síntesi entre republicanisme i nacionalisme.
Al mateix temps, ocupa els seus primers càrrecs d'elecció popular: regidor de l'Ajuntament de Barcelona el 1917, diputat al Congrés pel districte de Sabadell el 1920 i el 1923. Aquells anys posteriors a la Gran Guerra, però, són de profunda crisi tant política com social; i Companys, lluny de refugiar-se en les funcions institucionals, se situa voluntàriament en l'ull de l'huracà, en l'epicentre de la crisi, al costat de les dues grans organitzacions dels treballadors de Catalunya: la CNT, a la qual defensa davant dels tribunals i també al Parlament espanyol, i la Unió de Rabassaires, el sindicat agrari, del qual redacta els estatuts i dirigeix el periòdic.
Víctima reiterada d'empresonaments i detencions governatives abans i després del cop d'Estat de Primo de Rivera, és sota la dictadura d'aquest general quan Lluís Companys abraça definitivament la causa catalanista. No es tracta d'una conversió sobtada, d'una caiguda del cavall. És la culminació d'un procés que han seguit, en paral.lel, centenars de milers de catalans i que cristal.litzarà, el març de 1931, en el naixement d'Esquerra Republicana de Catalunya. Companys, peça decisiva en la creació del nou partit, intueix com ningú les oportunitats d'aquella conjuntura històrica i, després de la victòria electoral, és sense disputa el catalitzador, el desencadenant del canvi polític del 14 d'abril.
Des d'aquesta data i fins al 31 de desembre de 1933, Lluís Companys fa d'home de partit en el més noble sentit d'aquesta expressió. Vull dir que ocupa tota mena de càrrecs representatius o de govern, sempre al servei de les necessitats i les decisions d'Esquerra Republicana: alcalde de Barcelona durant unes hores, governador civil durant unes setmanes, diputat a Corts, cap de la seva minoria i element crucial en la tramitació parlamentària de l'Estatut de 1932, diputat i president del Parlament de Catalunya, fins i tot ministre de Marina.
Ara, a partir de la seva investidura com a president de la Generalitat, l'1 de gener de 1934, l'home de partit deixa lloc a l'home de país, a l'home que governarà sempre en coalició i amb esperit integrador, tot i que sota circumstàncies cada cop més difícils.
Naturalment, això no significa que el president Companys renunciï a les pròpies conviccions, o que no li sigui imputable l'error del Sis d'Octubre -potser, l'error d'haver tingut raó massa aviat-. El que intento dir és que, a través del fracàs d'octubre de 1934, de la condemna i l'empresonament posteriors, del retorn triomfal a Barcelona el març de 1936, de la dramàtica convulsió de la Guerra Civil, la figura de Companys esdevé cada cop més representativa, més simbòlica de la sort del país; dels encerts i les errades, dels heroismes i els desenganys d'una gran majoria de catalans.
Per completar aquest breu retrat de Companys, escoltem la veu d'algú que el coneixia bé, que havia compartit amb ell presó, hemicicle parlamentari i taula del Consell Executiu, el conseller i ministre Joan Lluhí i Vallescà: "Qualitats humanes d'en Companys? Companys era un home essencialment bo, el que a Catalunya en diem un home de bon cor. Tenia una simpatia personal extraordinària. Era sincer, franc, senzill. Era molt intel.ligent. Potser, però, poc estudiós. Qualitats polítiques d'en Companys? Primer de tot era lleial a les pròpies idees. Per tant, era un polític digne, dels que no canvien segons les circumstàncies. Quan la corrent els és favorable arriben al cim. Quan és contrària no transigeixen, no s'adapten: lluiten i, si cal, perden la llibertat i la vida".
Molt més modest, Companys havia dit d'ell mateix: "Jo no sóc res al costat de l'alçària en què se'm presenta. No sóc cap estadista ni cap figura històrica. Posseeixo una sensibilitat política que em fa copsar, quasi inconscientment, la claredat d'una orientació. I vaig seguint-la".
És guiat per aquesta intuïció, imbuït de la responsabilitat de presidir Catalunya en la seva hora més negra, que Companys afronta, digne i serè, el darrer empresonament en aquest castell de Montjuïc, el simulacre de procés i la condemna a mort.
És també així, amb coratge i sense rancúnia, gairebé content de morir "pels meus ideals i per Catalunya", que Lluís Companys entra en capella, la nit del 14 d'octubre de 1940. Ell serà, poques hores després, la víctima número 2.761 entre els afusellats pel franquisme a Catalunya.
(Text llegit per l'historiador Joan B. Culla ahir en l'acte institucional d'homenatge a Lluís Companys.)
por PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya)
La Vanguardia, Lunes, 9 de agosto de 2004
El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, pidió hoy a Andalucía, que no se postule como garante de una cohesión basada en negar "pretendidos privilegios". En este sentido, aseguró que se trata de diseñar las reglas de juego excluyendo todo privilegio, pero "no de borrar las distinciones realmente existentes para que quede claro que no hay privilegios", en clara defensa de la "singularidad" de algunas CC.AA.
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por José Luis Rodríguez Zapatero
Jueves, 15 de abril de 2004
Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados:
Tras las pasadas elecciones del catorce de marzo y según lo dispuesto en nuestra Constitución, comparezco ante esta Cámara para solicitar su confianza conforme a la propuesta realizada por el Jefe del Estado. Permítanme que, en este momento, mi primer pensamiento sea para los casi cuarenta y dos millones de personas que representamos.
por José María Aznar
Miércoles, 4 de febreo de 2004
"Señor Presidente de la Cámara de Representantes Señor VicePresidente, Honorables miembros del Congreso. Señoras y Señores, de todo corazón, agradezco la cálida bienvenida que me ofrecen esta mañana. Parece que han presentido mi propósito de pronunciar un discurso breve.
Representa un verdadero honor para mí, como parlamentario y como presidente del gobierno de España, dirigirme al Congreso de los Estados Unidos de América. Este hemiciclo es un símbolo vivo y admirado en todo el mundo de nuestro común anhelo de libertad y democracia.
No puedo dejar de recordar la emoción que supuso para los españoles la presencia en esta tribuna el 2 de junio de 1976, del Rey de España, Don Juan Carlos I, con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos.
En su discurso, Su Majestad el Rey destacó la importante contribución hispana a la formación e independencia de esta gran Nación.
Los españoles vivíamos entonces momentos difíciles y delicados. Nuestro Rey trajo a esta tribuna su visión de una España próspera y moderna y los deseos de libertad y democracia de todo el pueblo español.
Hoy, 28 años después, España es una democracia plenamente consolidada.
El proceso de descentralización política iniciado con la Constitución de 1978 ha culminado con éxito.
Somos una de las grandes naciones de Europa, miembros activos de la Unión Europea. Somos una Nación de 43 millones de habitantes, dinámica, abierta y emprendedora. Una sociedad que ha conocido la emigración y que ahora recibe inmigrantes de todo el mundo.
Somos la octava economía del mundo. Para ello ha tenido una importancia decisiva nuestro ingreso en la Unión Europea. Hoy somos una economía que crece con estabilidad y confianza. Una economía que crece por encima de la media de los países de la Unión Europea. Una economía que ha generado la mitad de los puestos de trabajo creados en Europa en estos años.
Esta España de hoy es plenamente consciente de que el crecimiento y la madurez comportan responsabilidades. Sabemos que debemos afrontar riesgos y asumir compromisos. Compromisos que hay que cumplir.
Queremos un lugar de primera línea en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Con nuestros aliados y amigos. En los momentos buenos y en los momentos difíciles, con ellos compartimos valores y principios. Nuestro compromiso con la libertad es inquebrantable.
Como inquebrantable ha sido el compromiso de los Estados Unidos. Hoy quiero rendir público homenaje al pueblo norteamericano por su insustituible papel en la lucha por la democracia y la libertad.
He tenido el privilegio de ser durante ocho años Presidente del Gobierno de España. He defendido siempre el valor y la vigencia de la relación atlántica para el bien de Europa, para la seguridad y estabilidad del mundo.
En estos años, he trabajado por ese objetivo primero con la Administración del Presidente Clinton y después con la del Presidente Bush. Precisamente, una de las grandes satisfacciones personales y políticas de estos años ha sido la relación que he podido establecer y desarrollar con estos dos grandes presidentes.
No es extraño pues que hoy asistamos a un momento verdaderamente excepcional de nuestras relaciones.
La relación atlántica nos fortalece a europeos y norteamericanos. Hace del mundo un lugar más seguro y más libre.
España, que trabaja intensamente en el proceso de unión europea, entiende que ese proceso sólo debe avanzar manteniendo y mejorando la relación atlántica. El vínculo atlántico está en el origen de la construcción europea. Forma parte de su desarrollo y tiene que estar presente en su futuro.
Lo pensábamos antes y lo pensamos ahora, a pocas semanas de que 10 nuevos países se conviertan en miembros de la Unión Europea. Muchos de ellos sufrieron la tiranía comunista y ven en la Alianza Atlántica el garante de su libertad.
Como europeo, no quiero otra alternativa a la relación atlántica. Querer una Unión Europea fuerte, como la quiere España, estar a la vanguardia europea, como lo está España, no significa trabajar por un contrapoder a los Estados Unidos. Significa trabajar por una Europa Atlántica. Porque compartimos los mismos principios y valores. Y tenemos un interés común en defenderlos.
Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Señor VicePresidente,
Esos principios y valores fueron brutalmente atacados el 11 de septiembre de 2001.
Nada puede compensar el dolor y el sufrimiento de aquel día infame. Los terroristas hicieron una vergonzosa exhibición de desprecio por la vida humana.
Pero el pueblo norteamericano respondió con una admirable lección de civismo y responsabilidad. Fue una de las páginas más hermosas de nuestra época.
Los Estados Unidos no fueron los únicos atacados aquel 11 de septiembre. El terrorismo lanzó un desafío calculado a los valores que son centrales para la humanidad: la libertad, la decencia moral, la compasión y el respeto por la vida de los demás.
España ofreció desde la primera hora en el 11 de septiembre nuestra solidaridad activa y nuestro compromiso al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. Un compromiso que hoy renuevo solemnemente.
Varios meses antes del 11 de septiembre, el Presidente Bush había mostrado en Madrid la solidaridad de Estados Unidos con España en la lucha contra el terrorismo que sufrimos desde hace demasiado tiempo. Una solidaridad que se ha traducido en cooperación activa. Es un gesto que no olvidamos.
Los Estados Unidos y España queremos que el Comité contra el terrorismo de Naciones Unidas tenga una utilidad real y efectiva. Que se redacte y apruebe una lista mundial de organizaciones terroristas. Creo que debe escucharse permanentemente a las víctimas del terror.
Hace menos de 10 días se reunió en Madrid el primer Congreso Mundial de víctimas del terrorismo. Ellas son el soporte moral que apoya nuestro combate contra el terror. Nos suministran valor y coraje. Pero también nos exigen responsabilidades y resultados. Demandan también justicia y reparación.
El terrorismo es injustificable. Arruina las causas que proclama defender. La causa política o religiosa que dice servir también se cuenta entre sus víctimas.
Los terroristas deben saber que su único final es ser derrotados. Nuestra fuerza nace de la superioridad moral de los sistemas democráticos. Como en otros momentos de la historia, la libertad triunfará sobre la barbarie.
Hoy en Afganistán y en Irak, se está desarrollando en este momento la fase más importante de la lucha contra el terrorismo. Los terroristas tratan de impedir que el pueblo iraquí sea dueño de su propio destino.
No aceptamos en su momento que la legalidad internacional fuera vulnerada de forma reiterada por la tiranía de Saddam Hussein.
Seguimos comprometidos en la reconstrucción institucional y material de Irak. Vamos a cumplir nuestros compromisos.
Quiero en este momento rendir un sentido homenaje a todos cuantos han entregado su vida para devolver al pueblo iraquí su libertad, garantizar su seguridad y consolidar la democracia. Ellos tienen nuestro reconocimiento y nuestra gratitud.
La lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva es otro elemento común de nuestra búsqueda de un mundo más estable y seguro.
Los avances en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva que hemos visto recientemente no habrían sido posibles sin la firmeza de nuestros planteamientos.
La amenaza que la proliferación de ese tipo de armas supone para la seguridad de todos es real. Su posible utilización por grupos terroristas es un riesgo ante el que no podemos permanecer inactivos. A este desafío, debemos hacerle frente juntos y con firmeza. Cerrar los ojos ante esta realidad, equivocarnos en el verdadero debate, en las auténticas prioridades, sería una grave irresponsabilidad que acabaríamos pagando caro en nuestra seguridad y nuestra libertad.
Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Señor Vice Presidente
Nuestro vínculo atlántico es la libertad. Libertad en todos los ámbitos. Y gracias a esa libertad América del Norte y Europa son las dos áreas más prósperas del mundo.
La experiencia nos demuestra que el libre comercio es una fuente de crecimiento económico y de riqueza para todos.
Por eso he propuesto recientemente, y reitero hoy aquí, la creación de un gran espacio económico, financiero y comercial entre Europa y los Estados Unidos, de aquí al año 2015.
Podemos empezar una nueva etapa de crecimiento y estabilidad de la que también se beneficiará el resto del mundo.
Creo que la libertad trae prosperidad. Es lo que he intentado hacer en mi país desde 1996, mediante las reformas y la liberalización de la economía. Por eso también he impulsado las iniciativas en Europa que tienen como objetivo prioritario la liberalización, la innovación y la mejora de la competitividad.
Hemos construido una relación muy estrecha entre nuestras dos naciones, que tiene una dimensión iberoamericana. Iberoamérica es un continente clave para mi país. España es el segundo inversor del mundo en la región, detrás de los Estados Unidos.
Durante las últimas décadas, las naciones iberoamericanas han realizado un esfuerzo notable para consolidar regímenes democráticos y economías de libre mercado. De ahí también nuestro interés en fortalecer las relaciones entre Europa e Iberoamérica.
La relación atlántica no será completa sin la inclusión del continente americano en su totalidad. A medio y largo plazo, nuestro empeño conjunto debe ser constituir una verdadera comunidad de valores e intereses comunes, que incluya una gran zona de libre comercio. España está dispuesta a trabajar por ello.
Las comunidades hispanas de los Estados Unidos son una fuente de oportunidades inéditas e impensadas hasta hace muy poco años para esta futura sintonía entre los Estados Unidos, Iberoamérica y Europa.
He sido testigo privilegiado de esta realidad emergente y tan prometedora en Texas, Nuevo México, California, Nueva York y Florida.
Al nombrar este último Estado, veo que no debo pasar de largo de la isla de Cuba ni de su numeroso exilio. Como tantos españoles vengo de una familia con raíces en Cuba. La isla caribeña es una de las últimas anomalías históricas, no ya de las Américas, sino del mundo entero.
Quiero reiterar aquí mi deseo y esperanza de dar pronto a Cuba la bienvenida a la comunidad de naciones libres.
Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Señor Vice Presidente
Como Presidente del Gobierno de España, mi propósito ha sido aprovechar la confianza que me brindaron los españoles durante ocho años para trabajar a favor de una España más segura, más próspera, más comprometida y, por tanto, más respetada.
Nuestras dos naciones se conocen y se tratan desde hace más de 200 años. España fue un apoyo muy importante en la lucha por la independencia de los Estados Unidos. Luego, nuestras relaciones no siempre estuvieron presididas por el entendimiento. En todo caso, nunca había existido una época tan favorable para acometer grandes proyectos en común como la que ha empezado recientemente. Lo que hemos hecho juntos en estos años ha creado ya de hecho una relación fuerte. Una relación de países amigos, aliados y socios.
El pueblo norteamericano tiene en España un amigo europeo. Los Estados Unidos tienen en España un aliado sólido, fuerte y responsable. Sigamos trabajando juntos por la democracia y la libertad.
Muchas gracias."
(Este es el discurso de Aznar facilitado a la prensa antes de ser pronunciado)