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El precio de las naciones

por Félix Ovejero Lucas
El País, domingo, 26 de junio de 2005

Según parece, el futuro Estatut proclamará que Cataluña es una nación. Se me escapa cuál es la idea de nación de los redactores. Incluso desde una perspectiva nacionalista, Cataluña no es una nación. En lo esencial, los nacionalistas se debaten entre dos ideas de nación: "objetiva", como un conjunto de individuos que comparten una identidad; "subjetiva", como voluntad, como un conjunto de individuos que creen que son una nación. Ninguna de las dos ideas resiste el análisis, pero son las que defienden los nacionalistas. Pues bien, en ninguna de las dos acepciones Cataluña es una nación.

Veamos la primera. ¿Comparten los catalanes una identidad distintiva? Las identidades colectivas son difícilmente precisables. La lengua no es un terreno firme. Negaría la identidad catalana a la mitad de los catalanes. La demografía es menos equívoca: el 65% de los catalanes tenemos raíces fuera de Cataluña. Los apellidos resultan muy reveladores. En la medida en que nos proporcionan una pista acerca de una identidad originaria compartida, tan española es Barcelona como Madrid o Cataluña como Castilla. Un dato: García es el apellido más común en todas las comarcas catalanas.

Esto no es ignorado por los nacionalistas. Nadie puede ignorar uno de los mayores movimientos migratorios del siglo XX, que recompuso la población catalana de modo irreversible. Por eso, porque no hay nación objetiva, han puesto acento en el otro pie, en la voluntad de ser. Pero tampoco aquí la realidad les cuadra. Apenas un veintitantos por ciento de los catalanes cree que Cataluña es una nación. Y eso, en román paladino nacionalista, quiere decir que Cataluña no es una nación.

Y sin embargo, la clase política catalana reclama un nuevo marco institucional para que "Cataluña se sienta cómoda". Yo no sé muy bien cómo se siente Cataluña, pero, por lo que sabemos, los catalanes se sienten estupendamente en España. Según una investigación de hace un par de años, los catalanes estábamos entre los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Antes de la victoria de Maragall, sólo el 4% consideraba la reforma del Estatut como un asunto prioritario, y aún hoy, después de dos años de debate político, según una encuesta de La Vanguardia, a los catalanes el Estatut les preocupa bastante poco.

Estos datos confirman la ficción en la que está instalada la política catalana. Una vez más los nacionalistas se inventan la nación. No hay una realidad negada por España. Mejor dicho: la realidad negada, en nombre de Cataluña, son los catalanes. La pregunta importante es cómo es posible que la Cataluña real se parezca tan poco a la que reclama reconocimiento.

Una pregunta que debería hacerse Zapatero. Hasta ahora no se la ha hecho. Su estrategia parece consistir en aceptar la Cataluña recreada por su clase política, y, en todo caso, discutir sobre dinero. Quizá piensa que las palabras importan poco.

Pero las cosas no son tan sencillas. No lo son, para los propios catalanes, porque la identidad no sale gratis. Ahí están los 233.000 euros de la celebración del 11 septiembre o los 5,06 millones de euros en subvenciones discrecionales durante el primer semestre de este año a "asociaciones patrióticas", entre ellas, 12.000 euros a la Asociación Catalana pro Senyera más Grande del Mundo. Gastos que, como siempre, exigen establecer prioridades: mientras el próximo curso miles de niños catalanes estudiarán en barracones, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona gastarán 1,5 millones de euros en un barrio de Gaza. Aunque el precio más importante es el envilecimiento de la sociedad civil y el deterioro de los derechos, como está sucediendo con las oficinas de denuncia lingüística que animan a delatar a aquellos conciudadanos cuyos negocios flaquean en identidad lingüística. Pero ya se sabe, para el nacionalismo no hay problemas más fundamentales que los de la identidad o la política exterior y, por supuesto, Cataluña importa más que los catalanes.

Pero los símbolos también tienen un precio para todos. El debate sobre las balanzas fiscales tiene muchos matices y, fuera de sus perfiles técnicos, en donde las diferencias están claras, proliferan las confusiones y las deshonestidades, como relacionar las balanzas fiscales con el debate sobre la financiación autonómica o el obsceno recordatorio de que los niños extremeños -a falta de política exterior o identidad- tienen un ordenador a mano. Pero hay algo previo que sin los símbolos no tendría sentido: concebir los pueblos como sujetos de valoración. Se ha repetido mil veces, así que no vendrá de una más: no paga Cataluña, pagan los catalanes, y no en tanto que catalanes, sino según sus ingresos. Como los andaluces, como cualquier ciudadano. Por supuesto, ésa no es toda la realidad, pero es la realidad fundamental, la que se escamotea cuando se sostiene que "Cataluña está expoliada" o que "Cataluña debe poner límites a la solidaridad".

Estas expresiones sólo son posibles cuando la justicia entre ciudadanos se sustituye por la negociación entre pueblos. ¿Por qué nadie se pregunta por la balanza fiscal entre Gerona y el resto de Cataluña? Simplemente, se considera que Gerona forma parte de los nuestros y entre nosotros sí valen las consideraciones de justicia. Conjetura que no se ve debilitada cuando el Gobierno catalán proclama el deseo de poner límites a la "solidaridad". ¿Se imaginan que un grupo de ciudadanos estableciera un límite a lo que están dispuestos a pagar? El problema no está en "los límites", sino en la unilateralidad. Es posible que, después de un debate democrático, atendiendo a las razones de todos, lleguemos a la conclusión de que cierto sistema impositivo es injusto. Está ahí contenido el núcleo más noble de la democracia: el debate, la exposición de razones, la justicia de las decisiones entre ciudadanos. Nada que tenga que ver con él "yo sólo estoy dispuesto a dar esto, negociemos".

La mayor renuncia intelectual de nuestra izquierda ha sido sustituir el lenguaje de los derechos, la justicia y la ciudadanía por la frágil mitología de las identidades. Si únicamente se tratara de palabras, poco importaría. Pero hemos aprendido, de mala manera, que no es así.

Razones para un manifiesto

por Ferran Toutain
El País, lunes, 20 de junio de 2005

En Recuerdos de casi un siglo, las memorias que Miquel Batllori dictó cuando ya contaba 91 años, leo las siguientes palabras: "No me siento separatista ni política ni culturalmente. Al fin y al cabo, la convivencia de tantos siglos -por lo menos desde el siglo XV, pero ya en algunos aspectos desde antes- y las conexiones políticas de todas las tierras de la Península Ibérica, sobre todo las que después formaron la monarquía hispánica, han hecho que no tengamos que considerarnos como una nacionalidad enteramente separada del mundo hispánico". Poco antes de estas líneas, el padre Batllori reivindica como parte de su propia cultura al clásico aragonés Baltasar Gracián, que escribió toda su obra en castellano, y, más adelante, quiere dejar muy claro que él nada tiene que ver con lo que hoy se entiende por catalanismo y nacionalismo.

Los que estos días prodigan sus ataques ad hominem contra los promotores del manifiesto Por un nuevo partido político en Cataluña, entre cuyas firmas se incluye la mía, ¿se atreverían a llamar al padre Batllori pijo, progresista, lerrouxista, resentido, fracasado y otras lindezas de semejante calibre? Deberían hacerlo por coherencia o reconocer que, si bien lo que dice el manifiesto les irrita sobremanera, aún les irritan más las personas que lo suscribimos. Que el insulto personal haya sido la respuesta mayoritaria de los políticos, los articulistas y los tertulianos que se han dado por aludidos, demuestra hasta qué punto es urgente el debate que pretende abrir este manifiesto.

El esencialismo siempre ha estado presente, aunque en un grado menor, en ciertos ambientes catalanistas. Lo grave de estos últimos años es que ha ido tomando poco a poco las riendas del país. Aunque justo es reconocer que Jordi Pujol nunca fue un integrista, el rechazo de España estuvo presente desde el principio en todos los medios de comunicación controlados por CiU y por el Gobierno de la Generalitat. De este modo, expresiones como Estat espanyol en lugar de Espanya o comarques de Girona en lugar de província de Girona (y este último caso es especialmente hilarante, pues ya me dirán en qué sentido son comarcas de Gerona si no es en tanto que pertenecen a su provincia) acabaron por ser obligatorias en todos los discursos como parte de la corrección lingüística del catalán. Luego han venido todos esos programas de radio y televisión donde lo español y aun lo no nacionalista han sido objeto de bromas vulgares y comentarios de un mal gusto que nada tiene que envidiar a lo que se ha dado en llamar la Brunete mediática.

Pujol, lo repito, nunca fue un integrista, pero sus sucesivos mandatos criaron integristas entre los jóvenes y azuzaron a otros más maduros a sembrar la semilla del odio. Odio se titulaba precisamente un artículo que publicó no hace mucho la web de E-notícies, en el que su autor mostraba comprensión por un amigo suyo que deseaba fabricar una bomba atómica para arrojarla sobre Madrid. Odio es lo que practicó ese mismo diario electrónico cuando difundió una amenaza de muerte contra el actor Albert Boadella. No hay más que entrar en los foros independentistas de Internet o ver los carteles con que los cachorros del integrismo forran las paredes de las facultades para comprobar que la cultura del odio tiene su espacio en Cataluña. Puede que sea abusivo atribuir a los medios de comunicación públicos toda la responsabilidad de ese estado de cosas, pero sería ridículo pensar que apareció por generación espontánea y, en cualquier caso, alguien tendría que explicar por qué en este país se ve como algo comprensible la agresión a profesores o el boicoteo de actos académicos.

Estos días he recibido varias cartas de estudiantes en las que se confirma buena parte de lo que nos movió a impulsar el manifiesto. En una de ellas, un muchacho que formó parte de la Comisión de Estudiantes del Departamento de Universidades, organismo destinado a fomentar el diálogo entre el Gobierno y los estudiantes universitarios, me dice que la gran mayoría de los jóvenes que tienen voz en esa comisión lanzan sólo propuestas maximalistas de carácter independentista. Oponerse a ellas -me asegura- es imposible si uno no quiere verse rechazado. Y añade que todo lo que se plantea en términos de Constitución o de España es visto por esos jóvenes como algo decrépito y reaccionario. ¿No indican tales actitudes que existe una grave anomalía en nuestro sistema educativo? Algunos parecen creer que no, que eso es lo normal y hasta lo deseable.

Se puede ser nacionalista catalán, vasco o español (¿por qué no español?) con plena legitimidad. Yo no comparto en modo alguno esos sentimientos, pero los respeto; lo que no puedo respetar es que se impongan a toda una sociedad desde una idea determinista de la historia que nos hace vivir a todos en una crispación permanente. Al fin y al cabo, nadie puede decir lo que es una nación. ¿Es el valle de Aran una nación por el hecho de poseer una lengua diferenciada? Venecia fue república independiente hasta el siglo XIX y tiene un idioma propio tan distinto del italiano estándar como el catalán lo es del castellano. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez del nacionalismo veneciano? El padre Batllori, que de historia sabía algo, no creía que Cataluña pudiera considerarse como algo ajeno a España. Razones históricas las hay para todos los gustos, pero lo único que puede definir a una comunidad, en términos democráticos, es la voluntad de sus ciudadanos. En el nuevo Estatuto, pongan si quieren que Cataluña es una nación, a pesar de que según las encuestas eso sólo lo sostiene el 20% de los catalanes, pero por favor hagan un esfuerzo por evitar que la cultura política, algo imprescindible en un régimen de libertades, acabe completamente sustituida en este país por el mito identitario.

¿Otro modelo de Estado?

por Manuel Ramírez
El País, viernes, 17 de junio de 2005

Tenemos que echar la vista atrás por unos instantes y recordar alguna cosa. Me consta que es menester que no suele ir acompañado de la objetividad, pero creo que en este caso cabe escasa polémica.

Volvamos a los instantes en que se elabora y aprueba nuestra actual Constitución. Momentos de euforia nacional. Y una vez más, reincidencia en nuestro histórico pecado: ¡la gran lección que habíamos dado al mundo! Algo que predicamos hacia dentro y hacia fuera. Ejemplo a imitar. Habíamos transitado sin trauma alguno, sin revancha y en maravilloso consenso, del autoritarismo a la democracia. Y teníamos un Rey que quería serlo de unos y otros, de vencedores y vencidos, de los de dentro y de los del exilio. Muchos de éstos volvieron y hasta se incorporaron a la vida política sin que nadie pasara cuentas a nadie. ¡Ahí había estado el punto central de todo! En las Cortes Constituyentes nacidas de las primeras elecciones generales de 1977 pudieron oírse intervenciones de franquistas más o menos democratizados y de socialistas y comunistas que supieron dejar en la cuneta no pocas demandas en pro siempre del consenso. ¡Bendito consenso! Venía para, de una vez, poder convivir en paz. Se superaba la gran dicotomía histórica de las dos Españas que tanto daño y tanta sangre había originado otrora sin la menor piedad. Nos pusimos los trajes de europeos y nos lanzamos a repetir por doquier el gran milagro que la España eterna acababa de realizar. Por fin la libertad. Y los partidos políticos. Y los sindicatos horizontales. Y el sufragio de todos. Ya nadie tendría derecho a mirarnos con recelo. Ya no éramos diferentes. Ahora sí que los años podrían ser triunfales y no como en la de inmediato llamada "oprobiosa dictadura".

Pero hasta logramos un éxito todavía más difícil de obtener. Para acabar con el "opresor centralismo" y para reconocer "los hechos diferenciales" hasta dimos a luz un nuevo modelo de Estado. El prontamente llamado "Estado de las autonomías" o "Estado autonómico". La verdad es que no había mucha precisión en el término. Pero sirvió. Venía no únicamente a descentralizar. Ni muchos menos. Iba más allá. Las regiones y nacionalidades tenían vida propia. Estatutos de gobierno propios. Parlamentos y competencias que a nadie debían. Y hasta la puerta permanentemente abierta para asumir cuanto el Estado quisiera transferir o delegar de sus propias competencias (Art. 150,2). No se podía pedir más. La ya bautizada "España plural" afloraba por doquier. Y hasta "lo diferente" parecía adquirir más valor que "lo común". Las banderas pasaban a valer más que la Bandera. Y lo de cada uno más que lo de todos.

Sin embargo, los fastos no tuvieron mucha duración. En realidad, ya durante el proceso constituyente la minoría vasca anunció su total discrepancia con el texto constitucional. Lo anuncian bien claramente Bandrés y Letamendía cuando la Cámara rechaza la moción de un Título VIII-bis que pretendía el reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación. Las palabras del primero de ellos en la sesión del Senado de 4 de octubre de 1978 no ofrecen la menor duda y vaticinan lo que va a ocurrir en el inmediato futuro: "Ha quedado constitucionalizada esa España oficial, en lugar de quedar constitucionalizada la España real (...). En todo caso, yo estoy obligado a hablaros y deciros que para nosotros, la izquierda abertzale, la autodeterminación es un hecho irrenunciable, aparezca o no en la Constitución". Quedaba claro el problema. Y, efectivamente, el pueblo vasco no votó la Constitución en el referéndum que puso fin al proceso. La grieta quedaba abierta y, por ende, nada puede sorprender de lo que hasta hoy mismo ha ocurrido, a pesar de la aprobación del Estatuto y del juego en sus límites establecido.

La empresa de llegar al Estado de las autonomías constituyó un camino nada fácil. En aras de la anunciada objetividad hay que constatar que la derecha heredera del régimen anterior, liderada por Fraga en AP, acabó por asumirlo. Sin entusiasmo. Pero lo hizo. Como a no escasa parte del pueblo español, le costó bastante la imagen de muchos parlamentos, muchos gobiernos, muchas administraciones, muchos himnos (por cierto, el nacional, el de todos, sigue hasta hoy sin letra y sin gesto especial de saludo: me duele que cuando, por citar algo cercano, se interpreta en los campos de fútbol cada uno haga lo que quiera, con la excepción del capitán del Real Madrid, llamado Raúl, que siempre da ejemplo a imitar) y, en fin, muchas competencias que parecían debilitar al Estado. Pero, con todo, se cedió. Y el pueblo español, muy mayoritariamente, otorgó su plena confianza a la nueva forma de Estado. Que ahí ha estado, funcionando mejor o peor. Pero que sigue vivo y parece servir.

En nuestros días, y al resguardo de una anunciada reforma constitucional, todo parece venirse abajo. El Gobierno ha marcado los límites. Pero también, sin quererlo, ha "abierto el melón". Y lo de las autonomías entra en el debate. De manos de algunos partidos e, igualmente, por obra de algunos estudiosos. Hemos entrado en el peligroso aquelarre. Sin mucha precisión científica, aparece la demanda federal que, se quiera o no, es algo completamente distinto a la forma actual de Estado (existencia previa de Estados que ceden soberanía en un algo superior con fines de unión). De afirmaciones de federalismo perfecto o imperfecto. De semi-federalismo. De Estado federalizante. De Estado plurinacional. De Nación de naciones. De federalismo asimétrico. De Estados asociados. Y, últimamente, de conjunto de comunidades nacionales. Resulta difícil la cita de todas y cada una de las formas puestas en la palestra. Las más de las veces sin el menor rigor y de forma atropellada. Y, por cierto y no por azar, sin que lo de Patria común que afirma nuestro texto constitucional aparezca por ningún lado.

El resultado de este espinoso camino no puede ser más penoso. Entre otras razones, por dos que están ahí y resultan innegables.

En primer lugar, lo de "lección al mundo" y consenso para la larga convivencia resulta una enorme falacia. Un país que, a estas alturas del mundo y, sobre todo, de Europa, anda mirándose al espejo cada mañana y preguntándose qué somos, qué es eso que hasta ahora llamamos España, nos conduce al peor nivel de subdesarrollo. Al nivel de tribus en colisión. Resultaría que España, a lo largo del siglo XX, ha sido, sucesivamente, Estado centralizado (con la Restauración), Estado integral (con la Segunda República), Estado fuertemente unitario con escasa descentralización (con el franquismo), Estado de las autonomías (con la democracia y hasta ahora) y esto, lo otro y lo de más allá con el camino abierto. ¿Qué pajolera lección vamos a dar? Salvo la imagen de algo trágico o cómico, no se me ocurre otra cosa. Y esto, con una Unión Europea en marcha.

Y, en segundo lugar: no seamos ingenuos. La casi totalidad de estas "nuevas definiciones" lo que esconden es algo muy sencillo: la aspiración a la independencia. A la simple y clara separación de la actual España para convertir la parte en todo (así lo apuntaba ya Ortega). En nuevos e independientes Estados soberanos. En algunos casos hasta se afirma sin recato. Lo federal es un simple paso para, de inmediato, ir más allá. El recuerdo de la Primera República vuelve a aflorar, pero, claro está, con el olvido de la Cartagena que quería ser parte de los Estados Unidos de Norteamérica (no se postergue el bando de Roque Barcia) o del cantonalismo que florece durante nuestra última guerra civil, hace desaparecer la peseta, todo se hace mediante "vales" y en mi archivo obra hasta un curioso documento en el que es posible leer lo que sigue: "Vale por un porvo con la Lola".

Si somos medianamente serios, dejemos en paz el actual modelo de Estado. España no puede estar al albur de trifulcas en pro del independentismo. Seguir por este camino en el que nadie puede fijar el fin porque todo acaba "siendo diferente por esto o aquello" es negar la historia y el sentido de la búsqueda de "lo común", que así han nacido todas las naciones. Lo contrario es la vuelta a la dificultosa unión de tribus. O al regreso a don Pelayo y el volver a empezar. Con bochorno y no con euforia.

Manuel Ramírez es catedrático de Derecho Político en la Universidad de Zaragoza.

¿Catalunya es una nación?

por Francesc de Carreras
La Vanguardia, jueves, 16 de junio de 2005

Seguro que no es el asunto más importante ni el más conflictivo. Sin embargo, la utilización del término nación para denominar a Catalunya en el proyecto del nuevo Estatut es la cuestión que está suscitando un más apasionado debate. Si bien los motivos para que ello sea así son más emocionales que racionales, no cabe considerar esta cuestión un tema menor.

Ciertamente, que este asunto aparezca en Catalunya como un problema parece casi irreal. Durante años hemos estado utilizando la idea de que Catalunya era una nación y diciéndolo con estas mismas palabras, sin apenas controversia alguna. Era, sin más, una expresión convenida, casi una frase hecha que no suscitaba problema alguno. ¿Por qué, ahora, se convierte en problemática? La respuesta es sencilla, más bien obvia: porque una cosa es pronunciar unas palabras en el contexto de una conversación -o en una declaración, un mitin o un debate- y otra muy distinta es que la palabra figure en un texto jurídico, es decir, que sea un término gramatical con valor normativo, con fuerza jurídica, con consecuencias en el mundo del derecho.

Por tanto, el problema que plantea la inclusión del término nación en el nuevo estatuto no es el de determinar si Catalunya es una nación desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista filosófico, sino desde el punto de vista jurídico. Hay conceptos muy distintos sobre la idea de nación que, aplicadas a Catalunya, por supuesto podrán seguir siendo utilizadas en el ejercicio de la libertad de expresión. En cambio, la denominación que adopte Catalunya en el Estatut tendrá consecuencias jurídicas para los poderes públicos y para los ciudadanos y, en consecuencia, debe ser fijado con precisión. Por tanto, figure el término que figure en el estatuto, los ciudadanos, en el uso de su libertad, podrán seguir denominando a Catalunya comoq uieran: como una nación, como una nacionalidad, como una comunidad autónoma, como una región o como una comunidad nacional. O con cualquier otro apelativo. Pero los poderes públicos, los órganos del Estado, del Estado de derecho, deberán adaptar sus decisiones al significado jurídico del término derivado del texto estatutario.

Dejemos de lado, por tanto, los conceptos doctrinales y tratemos de averiguar el significado jurídico del término en cuestión. Desde este punto de vista, ¿Catalunya es una nación?

El Estatut de Catalunya es una norma subordinada a la Constitución y sólo a la Constitución, la cual establece en su artículo 2 que se fundamenta en la nación española y que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por tanto, en este artículo aparecen tres términos distintos: nación, nacionalidades y regiones. El Estatut de Catalunya, de forma muy adecuada a este precepto constitucional, establece que Catalunya, como nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma. Por tanto, descarta considerarse región y establece que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad.

El término nacionalidad -así como el de región- tiene una acreditada tradición en el catalanismo político. Recordemos, por ejemplo, que la obra teórica más conocida del nacionalismo catalán se titula La nacionalitat catalana y es debida a Enric Prat de la Riba. Recordemos también que el Estatut de 1932 configuraba a Catalunya como una región porque así lo establecía la Constitución de la II República. De forma similar, para adaptarse a la actual Constitución se acogió en el vigente Estatut el término nacionalidad.

¿Podría pasar Catalunya a denominarse nación en una reforma estatutaria? La dificultad es obvia. En el artículo 2 la palabra nación está reservada a España y, a primera vista, al ser la Constitución una norma jerárquicamente superior al Estatuto, calificar a Catalunya como nación parece contradictorio con dicho artículo y, por tanto, el Estatuto, en este punto, sería inconstitucional. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de que la palabra nación, aplicada a Catalunya, aparezca situada en el nuevo Estatut dentro de un contexto que permita interpretar, de forma inequívoca, el término nación sin el significado que tiene en el artículo 2 y que está reservado a España. Esta opción sería, sin duda, contraria a la buena técnica legislativa según la cual las normas no pueden utilizar un mismo término con significados distintos. Ahora bien, si ello permite resolver un problema político quizás cabría adoptarse esta solución.

Por tanto, considerar en el Estatut a Catalunya como una nación no es un problema cerrado sino abierto, siempre, por supuesto, que se respete lo establecido en la Constitución. Otra cosa es, como bien ha advertido Alfonso Guerra, que al caracterizar a Catalunya como nación se corre el riesgo de que los nacionalistas catalanes invoquen el supuesto derecho a la autoderminación de Catalunya. Ello es absolutamente cierto pero también lo es que, como ya sucede en la actualidad, tal invocación la harán en cualquier caso, aun sabiendo que no tiene el más mínimo soporte jurídico.

En definitiva, volviendo al comienzo del artículo, en el uso del derecho de la libertad de expresión cada ciudadano puede denominar a Catalunya como quiera. Jurídicamente, en cambio, la cuestión es distinta: Catalunya debe ser considerada en el Estatuto de acuerdo con la denominación que la Constitución permita. Ambas afirmaciones, además, son las únicas aceptables desde el punto de vista democrático.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Visión catalana del mundo

por Pantxo Unzueta
El País, jueves, 16 de junio de 2005

¿Tendrán razón los que sostienen que la definición de Cataluña como nación en el proyecto de nuevo Estatuto es un reconocimiento simbólico sin mayores consecuencias? La inclusión en el texto del deber de conocer la lengua catalana ¿es también un puro gesto simbólico que no perjudica a nadie? Un posible criterio para decidir si hay que prevenirse frente a esas novedades o dejarlas pasar sin mayor inquietud podría ser imaginar lo que un Gobierno dirigido por un nacionalista -Carod-Rovira, por ejemplo- podría hacer con un Estatuto que incluyera esos conceptos.

El mismo sábado 11 en que los líderes políticos catalanes debatían sobre la inclusión o no del término nación en el proyecto se publicaba en EL PAÍS un artículo de Pilar Bonet titulado Los 'no ciudadanos' de Letonia. Trata sobre los 470.000 habitantes (el 20% de la población) de origen ruso a los que no se les reconocen derechos políticos, el de voto principalmente. Para su renacionalización como ciudadanos de pleno derecho tienen que pasar un examen de lengua, historia y constitución nacional. Entre esos no ciudadanos figuran 15.000 niños nacidos con posterioridad a la independencia y no registrados por sus padres como letones. Letonia es un país miembro de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones vienen presionando desde hace años para la supresión de esa discriminación.

También Estonia forma parte de la UE. En un artículo publicado en diciembre de 2003 en la revista Claves, Elena Jurado explicaba la discriminación aplicada al medio millón de habitantes rusohablantes (el 38% de la población) de esa república báltica, a los que se negó la ciudadanía a partir de la independencia, en marzo de 1991. Lo más impactante del artículo es la referencia a la frustración de muchos de esos ciudadanos al comprobar cómo, tras haber apoyado la secesión de la URSS por asociarla a la idea de democracia y respeto por los derechos humanos, se habían encontrado convertidos de la noche a la mañana en extranjeros.

Puede ser igualmente útil para los catalanes preocupados por su futuro observar la realidad de Euskadi, la comunidad en la que los nacionalistas han llegado más lejos en el intento de perpetuar su hegemonía política. En 1990, en pleno debate sobre la autodeterminación como remedio a la insatisfacción que ciertos líderes nacionalistas habían detectado en su corazón, a alguien se le ocurrió que para acabar de una vez por todas con ese debate lo mejor sería votar una resolución sobre el asunto en el Parlamento vasco: una resolución de reconocimiento y delimitación del derecho de autodeterminación en términos compatibles con el principio autonómico plasmado en el Estatuto de Gernika. La idea fue impulsada por Euskadiko Ezkerra, partido que poco después se fusionaría con el de los socialistas vascos.

La aprobación de la resolución no tuvo ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa; pero 14 años después, el lehendakari Ibarretxe la utilizó como elemento de legitimación de su plan soberanista: "El pueblo vasco" -puede leerse en el preámbulo- "tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco". Lo que cuenta no es el contenido, sino la palabra: autodeterminación, interpretada como fundamento de un proceso constituyente cuyo desenlace (como ha escrito el profesor R. L. Blanco Valdés: Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005) "no podría ser otro que la misma independencia". A la que se llegaría a través de un paulatino vaciado de competencias del Estado y la correlativa desprotección del ciudadano no nacionalista frente a abusos en terrenos como el judicial o el laboral con el pretexto del idioma.

La idea de que mientras gobiernen los nuestros no habrá peligro de atropellos antidemocráticos es voluntarista. Primero, porque no siempre gobernarán; segundo, porque una política filonacionalista impulsada por un partido de izquierda radicaliza a los nacionalistas genuinos y favorece su hegemonía a medio plazo. La cuestión es, por tanto, qué podría hacer en su día con la combinación entre la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad de hablar catalán un partido independentista: el de los autores, por ejemplo, de un inolvidable informe sobre la prensa difundido en mayo de 2004 que proponía crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo"

Un manifiesto de ciudadanos

por Félix Ovejero
El Periódico, miércoles, 15 de junio de 2005

Hace apenas unos días unos cuantos ciudadanos catalanes presentamos un manifiesto reclamando la necesidad de una respuesta política al nacionalismo. Sin casi tiempo para atender lo que allí se decía, se nos describió como "anticatalanistas". Un calificativo habitual en la política catalana. CiU lo utilizó en su día con la oposición y hoy mismo, a la mínima, lo repiten todos contra todos. Quizá no habría mayor acto de higiene política que eliminarlo de nuestro léxico. Está sobrecargado de significados, todos ellos antidemocráticos. El más inmediato: descalifica como miembros de la comunidad política a quienes tienen una idea distinta acerca de cómo ordenar la vida compartida. Al rival político se le discute su condición de ciudadano, su derecho a discutir.

No es esa la única consecuencia patológica. El caso del 3% es el ejemplo más reciente de cómo el nacionalismo deteriora la democracia. Democracia significa control de los poderes por los ciudadanos, transparencia, prensa independiente, ausencia de influencia de los poderosos. En eso consiste el autogobierno ciudadano. Que el presidente de la Generalitat esté en la plaza de Sant Jaume no le asegura ninguna proximidad a los ciudadanos. La vecindad también puede ser ocasión para que el mercadeo de favores, las relaciones familiares y las comidas entre amigos suplan el escrutinio democrático. Una circunstancia agravada en una cultura política en donde exigir explicaciones es antipatriótico, como fue obscenamente escenificado en el caso del Carmel. De nuevo los "intereses de Catalunya" sustituyen a los intereses de los catalanes --sanidad, educación, empleo--, que quedan, así, desatendidos y sirven de coartada para desatenderlos.

El nacionalismo vincula la pertenencia a la comunidad política a la identidad. Nada más reaccionario. Los ciudadanos tienen un único y fundamental compromiso: asegurarse mutuamente derechos y libertades. Nada más. La ciudadanía no admite grados, no hay quienes sean más catalanes que otros. No somos más o menos catalanes porque compartamos ciertas pautas culturales. Es posible que en una comunidad existan muchos católicos o aficionados al Barça, pero las instituciones no tienen por qué ser católicas o del Barça. Cualquier otra opción supone excluir a algunos ciudadanos, admitir que hay unos que son de primera y otros no, abandonar la conquista más revolucionaria de la ilustración: la comunidad política cimentada en la ley y la justicia, y no en la tradición, el mito o la identidad.

Ideas elementales que cobran especial significado en Catalunya. Y es que la identidad que el nacionalismo alienta no se ajusta a la de los catalanes. Catalunya es hoy una sociedad diversa, compleja, que no se reconoce en su supuesta identidad nacional: cerca del 70% de sus habitantes tiene sus raíces fuera de Catalunya; si nos atenemos a la distribución de apellidos, Barcelona es la segunda provincia más "española" de la Península; asimismo, el castellano es la lengua materna de más de la mitad de los catalanes. No hay por qué extrañarse. Después de siglos de mercados y fronteras comunes, somos inevitablemente mestizos. No es ni bueno ni malo, es la "realidad". Lo que sí podemos valorar, establecer si es bueno o es malo, es la distribución de la renta, el funcionamiento de la sanidad, la calidad de la educación, el cuidado del medio ambiente, en fin, los asuntos públicos propios de la política.

Cuando la realidad no se parece al mito, las políticas identitarias son algo peor que una ficción. Es verdad que muchas veces simplemente resultan ridículas o despilfarradoras, como la campaña Ballem en català. Pero, por lo general, las cosas son más graves. Ahí están las multas de las "oficinas de garantías lingüísticas", en donde unos ciudadanos pueden denunciar a otros, o los inspectores que irrumpen en las oficinas de las empresas para examinar la lengua de sus comunicaciones. Ahí está un sistema de enseñanza que permite --obliga-- a los niños del Valle de Arán a estudiar en su lengua materna, pero niega esa posibilidad a la mitad de los catalanes.

A quienes denuncian estas situaciones se nos acusa de "españolistas". Se asume que si uno no es nacionalista catalán, es nacionalista español. No dudo de que existen "españolistas", pero no estoy seguro de que exista un partido político españolista. Yo, al menos, no conozco ninguno que defienda un sistema de enseñanza exclusivamente en castellano, considere que hay acabar con las autonomías, defienda que la Administración debe comunicarse exclusivamente en castellano o crea que hay que "reunir" a la hispanidad en los "Países Hispánicos". En fin, el equivalente de lo que asumen los partidos que acusan de nacionalista español al que levanta la mano para preguntar. Si existiera, las razones expuestas, seguirían valiendo contra él.

El problema no es que los ciudadanos experimenten sentimientos nacionales, sino que se pretenda gobernar sobre los sentimientos de todos. Por eso, el catalanismo, cuando se convierte en programa político, deriva en nacionalismo e, inevitablemente, acaba por legislar desde unas supuestas esencias nacionales que no se sabe muy bien quién determina. La mejor prueba: el presidente de la Generalitat sostiene que "es evidente" que Catalunya es una nación, mientras que apenas un veintitantos por ciento de los catalanes cree que Catalunya es una nación.

Frente al nacionalismo, los firmantes del manifiesto nos hemos limitado a reclamar la restauración del ámbito normal de la política. No pretendemos ser los portavoces de nadie. Señalar que hay un déficit de representatividad no es arrogarse representación alguna. Tampoco queremos ser los defensores de "los otros catalanes", sino de los derechos de todos. Lo han llamado siempre ciudadanía y no excluye a nadie.

Félix Ovejero
Profesor de Ética y Economía de la UB

La Cataluña real: plural y mestiza

por Félix Ovejero
El Cultural, jueves, 9 de junio de 2005

Parece increíble que a estas alturas haya quien se pregunte si es escritor catalán quien no escribe en esa lengua. La pregunta equivalente: “¿Se puede considerar catalán a quien no habla en catalán?”, resultaría absurda, quitaría la condición de catalán a la mayor parte de los habitantes de Cataluña. Lo que no es es escritor en lengua catalana. Pero que el ruido no nos confunda: no hay lengua propia de “Cataluña”, hay la lengua de los catalanes, dos, desde hace tiempo. Ya a finales del siglo XV se imprimían en Cataluña tantos o más libros en castellano que en catalán. Y hoy Barcelona sigue siendo el principal centro editorial del mundo en castellano. El castellano no es un injerto extraño de la cultura catalana. Por eso en Frankfurt debería estar presente toda la cultura catalana, plural y mestiza como la sociedad catalana.

Cuando me plantean si los escritores castellano-hablantes tienen motivos hoy para sentirse perseguidos, mi respuesta es categórica e inmediata: no, no los tienen. No, al menos, más que un ciudadano común que tiene un comercio y puede ser denunciado, víctima de delación, por no rotular o tener impresos o no contestar en catalán. Lo que sí hay es una legión de casos que muestran las trabas de los agentes culturales institucionales a la difusión de la literatura en castellano. Y que afectan, indirectamente, a la propia literatura en catalán. Por ejemplo, hace un tiempo, antes de que falleciera el poeta, una editorial quiso hacer un libro bilingüe con poemas de Miquel Bauçà; el trabajo estaba listo y realizado por buenos conocedores de su obra, y, ante esa iniciativa, que pretendía difundir la obra poética de un autor en catalán en el ámbito de lengua castellana, la respuesta fue: “no es prioridad, para los derechohabientes de esta obra, su difusión en esa lengua (el castellano). Primero nos esforzaremos en darla a conocer en otras”.

Otra cuestión muy distinta es la eficacia de las medidas concretas de la Generalitat para fomentar la difusión del libro en catalán. Este año, por ejemplo, se han destinado 3’2 millones de euros, una cifra que convendría no descuidar cuando se asegura que el “expolio” fiscal impide hacer política social. Y, sin embargo, a pesar de ese esfuerzo económico, el número de lectores en catalán no aumenta. De hecho, ése es un lamento continuo. Lo podemos valorar como queramos, pero el hecho indiscutible es que no hay detrás una demanda cultural de la sociedad catalana, una realidad reprimida. Más bien al contrario.

Lo cierto es que el hostigamiento permanente, el rechazo de todo lo que se juzga “español”veta la llegada de muchas actividades culturales. Y el impulso. Una disposición, dicho sea de paso, muy inconveniente para la cultura en catalán, que se podría subir a lomos de un caballo con mucha proyección. Resulta revelador, en ese sentido, lo que puede suceder con la cultura científica, seguramente la más relevante a largo plazo, si cuaja la iniciativa más reciente: la exigencia del nivel C de catalán a los profesores impedirá el acceso o el interés de estudiantes de doctorado de profesores de España o latinoamericanos, muchos de ellos formados en Estados Unidos. Esta misma semana un alto cargo de la Generalitat vetaba por “español” el examen de septiembre. Que esto se pueda considerar un argumento lo explica todo. En realidad, la catalanización de la Universidad supone el alejamiento de la Cataluña real.

Estamos instalados en un mundo de ficción. Apenas un veintitantos por ciento de los catalanes cree que Cataluña es una nación, pero el nuevo Estatuto dirá que es una nación. Pero la ficción no sale gratis. Eso supone, hacia adentro, ahormar a quienes no se atienen a una identidad nacional y, hacia fuera, alentar la visión de España como una reunión de “pueblos”, no como una comunidad de ciudadanos iguales en derechos y libertades y comprometidos con los mismos principios de justicia. Esa visión instala en la fuerza, en la imposición y el mercadeo, en donde no importan las necesidades de los ciudadanos, sino la fuerza o el poder negociador de cada “pueblo”, que ve a los otros como rivales. Todo ese léxico de “solidaridad” entre comunidades está viciado de origen, lo que importa es la justicia entre ciudadanos. Por lo demás, el juego es una carrera sin final: ninguna comunidad querrá quedarse atrás y pedirá lo mismo y un poco más.

Muchos ciudadanos catalanes, de distinto modo, parecen cansados de no estar a la altura del país de ficción en nombre del cual habla buena parte de su clase política. Y empiezan a reaccionar de distinto modo. Algunos hemos redactado un manifiesto en el que demandamos una respuesta política. No impulsamos un partido político, pero sí reclamamos su necesidad. No para que represente a los “otros”, sino para que defienda una idea de ciudadanía no excluyente. Estaríamos encantados de que los partidos existentes respondieran al llamamiento, pero, visto lo visto, no tenemos razones para ser optimistas. Lo que sí es inmediato, lo que hemos percibido entre muchos ciudadanos, es un respiro de alivio, de que, por fin, alguien dice en voz alta lo que muchos pensaban y no se atrevían a decir.

Por un nuevo partido político en Cataluña

EL MANIFEST

El Mundo, lunes, 30 de mayo de 2005

Después de 23 años de nacionalismo conservador, Cataluña ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierdas. Nada sustantivo ha cambiado. Baste con decir que el actual Gobierno ha fijado como su principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. Muchos ciudadanos catalanes creemos que la decisión es consecuencia de la incapacidad del Gobierno y de los partidos que lo componen para enfrentarse a los problemas reales de los ciudadanos. Como todas las ideologías que rinden culto a lo simbólico, el nacionalismo confunde el análisis de los hechos con la adhesión a principios abstractos. Todo parece indicar que, al elegir como principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña, lo simbólico ha desplazado, una vez más, a lo necesario.

La táctica desplegada durante más de dos décadas por el nacionalismo pujolista -en la que hoy insiste el tripartito- ha consistido en propiciar el conflicto permanente entre las instituciones políticas catalanas y españolas e, incluso, entre los catalanes y el resto de los españoles. Es cada vez más escandalosa la pedagogía del odio que difunden los medios de comunicación del Gobierno catalán contra todo lo «español». La nación soñada como un ente homogéneo ocupa el lugar de una sociedad forzosamente heterogénea.

El nacionalismo es la obsesiva respuesta del actual Gobierno ante cualquier eventualidad. Lo único que se le resiste son los problemas, cada vez más vigorosos y complicados. Por ejemplo, el de la educación de los niños y jóvenes catalanes. La política lingüística que se ha aplicado a la enseñanza no ha impedido que los estudiantes catalanes ocupen uno de los niveles más bajos del mundo desarrollado en comprensión verbal y escrita. Este es sólo uno de los más llamativos resultados de dos décadas de gestión nacionalista. Dos décadas en las que el poder político, además, ha renunciado a aprovechar el importantísimo valor cultural y económico que supone la lengua castellana, negando su carácter de lengua propia de muchos catalanes.

La decadencia política en que ha sumido el nacionalismo a Cataluña tiene un correlato económico. Desde hace tiempo la riqueza crece en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables. Un buen número de indicadores cruciales, como la inversión productiva extranjera o las cifras de usuarios de internet, ofrece una imagen de Cataluña muy lejana del papel de locomotora de España que el nacionalismo se había autopropuesto.Su reacción ha sido la acostumbrada: atribuir la decadencia económica a un reparto de la Hacienda Pública supuestamente injusto en Cataluña. Cabe recordar que una de las acusaciones tradicionales de la izquierda al anterior Gobierno conservador había sido, precisamente, la de no saber gestionar con eficacia los recursos de que disponía y practicar una política victimista que ocultara todos sus fracasos de gestión. Poco tiempo ha necesitado el tripartito para adherirse a esta reacción puramente defensiva, que, además, ha incurrido con frecuencia en la inmoralidad. Alguno de sus consejeros no ha tenido mayor inconveniente en afirmar que, mientras el norte español trabaja, el sur dilapida. No parece que el creciente aislamiento de Cataluña respecto de España y que su visible pérdida de prestigio entre los ciudadanos españoles hayan contribuido a paliar esta decadencia.

Sin embargo, el nacionalismo sí ha sido eficaz como coartada para la corrupción. Desde el caso Banca Catalana hasta el más reciente del 3% (que pasará a la Historia por haber provocado una de las más humillantes sesiones que haya vivido un Parlamento español), toda acusación de fraude en las reglas de juego se ha camuflado tras el consenso. Un consenso que no sólo se manifiesta en los escenarios del parlamentarismo, sino que forma parte del paisaje. Puede decirse que en Cataluña actúa una corrupción institucional que afecta a cualquier ciudadano que aspire a un puesto de titularidad pública o pretenda beneficiarse de la distribución de los recursos públicos. En términos generales, el requisito principal para ocupar una plaza, recibir una ayuda o beneficiarse de una legislación favorable, es la contribución al mito identitario y no los méritos profesionales del candidato o el interés práctico de la sociedad.

Como las fuerzas políticas representadas hoy en el Parlamento de Cataluña se muestran insensibles ante este estado de cosas, los abajo firmantes no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán.Este partido, identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales, debería tener como propósito inmediato la denuncia de la ficción política instalada en Cataluña.

Oponerse a los intentos cada vez menos disimulados de romper cualquier vínculo entre catalanes y españoles. Y oponerse también a la destrucción del razonable pacto de la Transición que hace poco más de 25 años volvió a situar a España entre los países libres. La mejor garantía del respeto de las libertades, la justicia y la equidad entre los ciudadanos, tal y como se conciben en un Estado de Derecho, reside en el pleno desarrollo del actual régimen estatutario de las autonomías, enmarcado en la Constitución de 1978. Es cierto que el nacionalismo unifica trasversalmente la teoría y la práctica de todos los partidos catalanes hasta ahora existentes; precisamente por ello, está lejos de representar al conjunto de la sociedad. Llamamos, pues, a los ciudadanos de Cataluña identificados con estos planteamientos a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad.

Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trías, Iván Tubau y Horacio Vázquez Rial.

¿Dónde estábamos?

por Xavier Pericay
ABC, sábado, 28 de mayo de 2005

Yo soy un firme partidario de que se abran los armarios. Sí, sí, que se abran, que les dé el aire. Todo esto hay que ventilarlo. En seguida les cuento por qué.

El otro día andaba yo buscando asuntos varios sobre las lenguas en Cataluña, y me dispuse a abrir uno de esos armarios, el de 1981, en concreto. ¡Menudo año! Figúrense que nada más empezar, el 30 de enero, uno se encuentra con el estreno de «Operació Ubú», de Els Joglars, en el Teatre Lliure de Barcelona. Luego, el 23 de febrero, el tejeretazo. Y luego aún, el 12 de marzo, la publicación de un manifiesto titulado «Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña», que acabaría siendo conocido como «El manifiesto de los 2.300» o «El manifiesto» a secas, y que generó, al cabo de una semana, ese anticuerpo llamado «Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes», más conocido como «La Crida» a secas. Y luego, en fin, lo de mayo, el atentado de que fue víctima Federico Jiménez Losantos -uno de los firmantes de «El manifiesto»- el día 21, cuando dos pistoleros de la recién nacida Terra Lliure le dispararon un tiro en la rodilla. Menudos meses, sí. La verdad es que, a medida que iba sacando los papeles del armario, yo recordaba haber vivido todo aquello. De forma distinta, claro, a como lo estaba reviviendo ahora. La perspectiva, sin duda. Casi un cuarto de siglo. Y el hecho de saber en qué ha parado este país.

Pero lo que no recordaba es lo de abril. De mediados de abril. Una carta. Escrita por Josep Tarradellas y dirigida al entonces director de «La Vanguardia», Horacio Sáenz Guerrero. Impresionante asunto, esta carta. El ex presidente de la Generalitat se la mandaba a su amigo periodista porque le parecía que debía aclararle determinadas opiniones que él mismo había expresado con «una vehemencia innecesaria» en una conversación reciente entre los dos. Por suerte, la carta, además de llegar a su destinatario, llegó a la prensa. Es decir, se hizo pública, que era, en el fondo, para lo que había sido escrita. De ahí, sin duda, que no consista en una serie de puntualizaciones más o menos extensas sobre lo dicho por el propio Tarradellas unos días antes de viva voz, sino que constituya un pequeño ensayo -ocupa casi una página de la vieja «Vanguardia» en blanco y negro, y, traducida, dos enteras del viejo «Avui»- sobre los primeros diez meses de gobierno de Jordi Pujol. Aunque, bien mirado, el texto, más que un balance de este año escaso, es la confirmación de un presentimiento: el que había tenido el ex presidente el 9 de mayo de 1980, en la toma de posesión de su sucesor al frente de la Generalitat, cuando no había podido acabar su discurso «gritando vivas a Cataluña y a España», como en él era habitual, porque quien cogía el relevo no había aceptado que así lo hiciera. Allí empezó la ocultación oficial de España. O, lo que es lo mismo: la confrontación entre quienes estaban dispuestos a creer en su existencia y quienes preferían ignorarla. Y la consiguiente «ruptura de la política de unidad, de paz y de hermandad aceptada por todos los ciudadanos de Cataluña» y propugnada durante la Presidencia de Tarradellas. La carta recoge algunas muestras de esta confrontación y esta ruptura: la unidad de acción entre los gobiernos nacionalistas de Pujol y Garaicoechea, en el País Vasco, en su enfrentamiento con el Gobierno del Estado; el conflicto originado por la política lingüística -«los problemas de la lengua y de la escuela es la actual Generalitat quien en gran parte los ha provocado», afirma el texto-, plasmado en la aparición de «El manifiesto» y en las reacciones suscitadas; y, en fin, la consolidación del recurso al victimismo como sistema de relación política con Madrid. Vamos mal, venía a decir Tarradellas. Y lo que faltaba.

Pero la lectura de esta carta y, en general, de cuanto esconden aquel y otros armarios, conduce inevitablemente a una pregunta: ¿dónde estábamos? Sí, ¿por qué no hicimos nada entonces, por qué permitimos aquello y todo lo demás? Fracasamos, qué duda cabe. Y lo peor es que no tenemos excusa.

Carta abierta a Patxi López

por Rosa Díez, Fernando Savater, Mikel Iriondo, Estíbaliz Garmendia, Maite Pagazaurtundua y Nicolás Gutiérrez
El Mundo, martes, 17 de mayo de 2005

«Te escribimos después de haber visto las imágenes de tu reunión con María San Gil. Por una vez, realmente una imagen resulta más evidente que mil palabras. No necesitamos saber cómo transcurrió la reunión, qué te dijo ella o qué le respondiste tú para sentir un punto de desasosiego, un leve acceso de vergüenza ajena que se transformó en perplejidad al saber que el objeto de la reunión era decirle expresamente que no querías sus votos.

No tenías ninguna obligación de hablar con ella. Fuiste tú quien la citaste dentro de tu ronda de contactos para buscar apoyos y presentar, con alguna expectativa de éxito, tu candidatura a lehendakari. Si no querías sus votos, ¿para qué la llamaste? Cuando María respondió a tu llamada y llegó a la sede de los socialistas vascos, acompañada de sus escoltas, lo menos que se merecía era respeto y consideración. Que no le hicieras perder el tiempo y no la humillaras vanamente. ¿Qué te ha hecho María San Gil? ¿Qué nos han hecho a los socialistas los votantes vascos del Partido Popular para que su representante política merezca menos cortesía, en el fondo y en la forma, que la que le brindaste a esas tres mujeres de EHAK, que, según confesión propia, serán la voz de los cómplices de ETA en el Parlamento vasco? Nosotros, ni a María ni a sus votantes podemos reprocharles nada. ¿Acaso te parece que es más de izquierdas atacar la Constitución y al Estado que defenderlos... incluso cuando el Gobierno es socialista?

Dijiste que ibas a hablar con todos los grupos políticos. Lo que no dijiste es que ibas a preferir la complicidad de los correligionarios de Otegi al apoyo que te ofreció María San Gil. Tampoco dijiste que ibas a olvidar de un plumazo de dónde vienen y quiénes son esas tres mujeres que entraron en la sede de los socialistas vascos pasando bajo el arco detector de metales y dejando atrás puertas blindadas que siguen instaladas aún hoy para protegernos de los ataques de la organización terrorista a la que ellas dicen comprender y/o apoyar. Esa sede en la que tanto hemos llorado.Esa sede en cuyas paredes cuelgan los retratos de nuestros compañeros y amigos asesinados por ETA. En tu papel de anfitrión deberías habérselas mostrado. ¡Qué buen momento para exigirles una condena incondicional de los asesinatos antes de fotografiarte sonriente junto a ellas!

Con María San Gil no hubo sonrisas ni gestos de complicidad.Y, por si había alguna duda, le dejaste claro que no querías sus votos... ¡Qué lejos quedan las palabras del actual presidente del Senado, Javier Rojo, cuando él todavía pensaba que a los socialistas y a los populares en el País Vasco nos unen muchas más cosas que las que nos separan, cosas mucho más importantes que nuestras respectivas ideologías!: 'En los campos de exterminio nazis a ningún judío le preguntaban si era de izquierdas o de derechas'. Pero parece que ya no queremos ver esa realidad, que pretendemos olvidarla.

Nosotros no nos olvidamos de con quién hemos compartido manifestaciones y funerales. No nos olvidamos de que el partido que preside María San Gil ha sido golpeado por los terroristas tan ferozmente como el nuestro. Tampoco olvidaremos a quienes han sido siempre los primeros en venir a compartir nuestro dolor y brindarnos su solidaridad cuando los asesinados por ETA eran nuestros compañeros.

No olvidamos que ellos y nosotros seguimos viviendo con escoltas, y que gracias a ellos hay en Andoain un Gobierno municipal democrático.Y un alcalde socialista. No nos olvidamos que en el País Vasco, los votantes del PSE y los del PP tienen tantas cosas en común que en elecciones autonómicas se producen trasvases automáticos de votos entre ambas opciones, concentrándose en aquélla que coyunturalmente consideran más útil para derrotar al nacionalismo obligatorio.

Por todo esto, porque no nos olvidamos, te reprochamos que desde la máxima responsabilidad del PSE-PSOE hayas infligido a María San Gil -y, por extensión, a todos sus votantes- ese desprecio.No nos hemos sentido bien representados, ni en el fondo ni en la forma. Tu actitud nos ha ofendido como demócratas y como militantes y votantes socialistas. No nos ha parecido digna del dirigente de un partido centenario, una de cuyas señas de identidad más notables es el respeto a los demás y la búsqueda permanente de entendimiento entre demócratas.

De un partido orgulloso de su historia y obligado a mantener y honrar nuestra memoria».

¡Qué error! ¡Qué inmenso error!

por Juan Francisco Martín Seco
Estrella Digital, miércoles, 4 de mayo de 2005

Nadie se atreve a decirlo, pero cada vez somos más los que lo pensamos. ¡Qué error!, ¡qué inmenso error se cometió al diseñar el Estado de las Autonomías! Lejos de solucionarse los dos problemas que entonces supuestamente existían, se han creado otros quince y se han agravado aquellos dos problemas originales. Habrá que comenzar a decirlo.

Y es que se pretendió realizar un experimento nuevo, sin precedentes. Hasta ese momento se conocían dos maneras de crear un Estado federal. La primera, por la unión de distintos estados independientes que para ganar en fortaleza y eficacia ceden progresivamente competencias a la Unión. La segunda, la asunción de esa forma política, la federación, por un Estado que ha perdido una guerra y los vencedores se la imponen para debilitarle y como garantía de que le será más difícil retornar a veleidades expansionistas. Lo ignoto radica en que un Estado decida de forma libre y espontánea entrar en un proceso de disgregación.

Porque el verdadero problema radica en que el proceso, lejos de converger en una situación de equilibrio, diverge de forma explosiva, sin límites y sin fin. Bajo una fuerza centrífuga, las nuevas comunidades creadas reclaman más y más competencias sin posibilidad de término. Es más, ha surgido en cada una de ellas una clase política cuyos intereses, prestigio y poder están unidos al proceso autonómico. Serán tanto más importantes cuanto más competencias logren para su autonomía; de ahí el interés de estimular en la población sentimientos nacionalistas y provincianos, creándolos en algunas regiones que jamás los habían albergado y, en otras donde ya existían, exacerbándolos hasta un extremo desconocido.

Estas clases políticas funcionan como verdaderos sindicatos de intereses. Diecisiete sindicatos instalados permanentemente en la reivindicación frente al Gobierno central, sin darse cuenta de que, en el fondo, los intereses de éste no difieren de los del conjunto de las autonomías. Existe un sistema de suma cero en el que lógicamente lo que unas ganen las otras lo perderán.

No se entiende por qué la transferencia de competencias incrementa el autogobierno, ¿es que acaso el Gobierno central no es también autogobierno o es que en un Ayuntamiento hay más autogobierno que en una Autonomía y en ésta más que en la Administración central? El mayor o menor grado de autogobierno no parece que esté determinado por la circunscripción territorial, sino por lo bien o mal que funcionen los mecanismos democráticos. Tampoco está nada claro que la descentralización haya contribuido a la eficacia. Está por realizar el estudio de los despilfarros en el gasto público, las duplicidades, el clientelismo, la explosión de las burocracias que ha originado el proceso autonómico.

Los problemas sociales y económicos han sido desplazados por el problema autonómico. ¿Cuánto tiempo hace que los medios de comunicación dan un trato de preeminencia absoluta a este tema relegando a un lugar secundario cualquier otro asunto? La lucha de clases se ha sustituido por la guerra entre regiones. El pluralismo no es ideológico sino territorial. Y las disputas pueden tener un alto grado de ofuscación y parcialidad. Si no, ¿cómo explicar que Cataluña y el País Vasco adopten tamaño victimismo y consideren que el resto de las autonomías, curiosamente las más pobres, les explotan?

Y lo más grave es que en este disparatado espectáculo la izquierda también desempeña y asume un papel nada lucido. La propuesta de financiación recientemente presentada por el tripartito para Cataluña se basa en un principio que debería ser inaceptable para cualquier fuerza progresista y que incluso creíamos ya abandonado por todos en la esfera política, la de que aquellos que más impuestos pagan tengan que recibir mejores servicios. Ése es un axioma del mercado que precisamente toda Hacienda Pública pretende corregir. Cataluña no paga más que Andalucía, son los catalanes los que quizás paguen por término medio más que los andaluces, pero simplemente porque, también por término medio, su renta es mayor.

La propuesta de que sean las regiones las que contribuyan al Estado central se da tan sólo en los primeros momentos de un proceso federal o confederal. A poco que avance la integración, la federación contará con sus propios impuestos. En la Constitución de los Estados Unidos de América, sólo en el inicio eran las distintas colonias las que tributaban a la federación, pero ésta comenzó a tener ingresos propios enseguida, aceptándose el principio de que la contribución al Gobierno central era personal y no por intermedio de los estados federados. Uno de los extremos que algunos hemos criticado a la Unión Europea es precisamente el que su presupuesto no cuente con impuestos propios y se nutra de las aportaciones de los estados miembros. Lo increíble es que dentro de nuestro país algunos pretendan retrotraerse a esos estadios primarios de la Hacienda Pública superados hace siglos. Bien es verdad que, contra toda lógica, nuestra Constitución permite en la actualidad tal modelo para Navarra y el País Vasco.

Que el proceso es explosivo se constata de forma palmaria en cuanto se contemplan los términos de las negociaciones autonómicas. Siempre se parte de lo conseguido como suelo ya consolidado y se negocia más a más, jamás a menos. Quizás ya es hora de plantearse si el menos no es también posible.

Se necesita un partido para los ciudadanos de Cataluña

por Ivan Tubau
El Mundo, martes, 3 de mayo de 2005

Acudo de nuevo a la autoridad clara del sentido común, es decir, a Juan Marsé: «En vez de perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes buscando las esencias de la patria, la lengua y la puñetera identidad nacional, ¿por qué no se afanan en resolver los auténticos problemas de los ciudadanos?» Y me atrevo a formular una propuesta sencilla, de ciudadano común: la que figura en el título.

Aquellas personas que, creyéndose de izquierdas y no siendo nacionalistas, se consideraron aludidas cuando en 1977 Josep Tarradellas gritó desde el balcón de la Generalitat «¡Ciutadans de Catalunya!», no se sienten representadas por ninguno de los partidos existentes en esta región. Todos ellos, por motivos que si no son innobles constituyen un misterio, se prosternaron ante el nacionalismo.Que, siendo esencialista, no puede ser de izquierdas.

Durante casi un cuarto de siglo, esas personas pudieron considerar que la culpa era del suqueropujolismo, dueño del gobierno en Cataluña desde que -tras la dictadura franquista y el paréntesis unitario de Tarradellas- se celebran elecciones democráticas.La Generalitat podría haber sido de los socialistas, pero Esquerra Republicana (ninguno de los dos términos significa lo que enuncia) inclinó la balanza en favor de Pujol.

Entonces se instauró una dictadura blanca -así llamada por Tarradellas- impecablemente democrática. Pujol siguió ganando elecciones porque esos catalanes de izquierdas, que muy sensatamente se consideraban también españoles, constataron que la Generalitat no les representaba y pasaron de las elecciones autonómicas.Su última esperanza la depositaban en los capitanes charnegos del socialismo, restos del naufragio del PSOE propiciado por los nois de casa bona catalanistas del PSC. O Josep Borrell, que había dicho: «Em sento català però Espanya no em fa nosa».Algunos socialistas del «cinturón rojo» de Barcelona, hartos de espera inútil, votaron a Aleix Vidal-Quadras, que siendo el único que les tenía en cuenta obtuvo aquel año para el PP los mejores resultados de su historia. Aquello terminó. Borrell y Vidal-Quadras disfrutan de un exilio dorado europeo, el capitán de los capitanes ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas ministeriales, Maragall y su tripartito son tan nacionalistas como Pujol y entretienen al personal con maniobras peligrosas (cambiar el Estatut o copiar el concierto económico vasco) que frenan la inversión extranjera e inquietan o enconan a los demás españoles: «Quizás hace falta un nuevo partido en Cataluña», escribía el sábado en La Vanguardia Francesc de Carreras. Sin quizás, añado. El PP, sin Aznar y con Piqué, puede representar dignamente a la derecha civilizada. La izquierda civilizada necesita un partido socialdemócrata no nacionalista, que ya no puede salir de una costilla del PSC. Un partido como un día soñó que podía ser el PSOE de Borrell. Un partido que tenga pronto representación parlamentaria y dé voz a quienes ahora no la tienen. Un partido de los ciudadanos, no del pueblo.

Un gobierno obsceno

por Arcadi Espada
Cuadernos de Pensamiento Político, Enero/Marzo de 2005

Durante más de dos décadas las características esenciales de la política socialista en Cataluña habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Ahora, Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable.

Pasqual Maragall i Mira tomó posesión, el 20 de diciembre del 2003, de la presidencia del gobierno catalán. El ciento veintisiete presidente de la Generalitat de Cataluña. La institución se remonta a mediados del siglo XIV, aunque entre el Decreto de Nueva Planta de 1714 y la dictadura del general Franco registra más de dos siglos y medio de abolición. Dicho sea todo esto según las más recientes investigaciones (Solé i Sabaté, 2004), porque durante los últimos veintitrés años los catalanes se acostumbraron a una numeración que designaba a Jordi Pujol i Soley como el presidente ciento quince de la institución. Pero ya se sabe que la historia de las naciones, especialmente de las naciones avant la lettre, es dúctil y está sometida siempre a las últimas investigaciones.

La toma de posesión, aquel día de invierno, del presidente Maragall representó una gran novedad. De esta novedad se ha hablado poco, en Cataluña y fuera de ella, deslumbrados tal vez los analistas por los innumerables y laboriosos trámites de la negociación y por los indeseables azares que marcaron los primeros meses de su alianza con el partido independentista y republicano.

La novedad no estaba sólo en la superficie de las cosas. Es decir, no sólo en la evidencia de que por vez primera la izquierda accedía al gobierno de un lugar que en los primeros momentos de la transición había sido llamado «la isla roja de Europa». Ni siquiera en la interpretación, posible y tal vez justa, de que el cambio suponía el fin del proceso de la transición catalana, del mismo modo que la llegada en 1982 de los socialistas al gobierno de España se había interpretado como la consolidación definitiva del proceso abierto con la muerte, en la cama del poder, de Franco. La novedad profunda era que la izquierda, obstinadamente ausente del poder durante más de dos décadas, iba a confirmar el carácter de la práctica política nacionalista. Es decir, iba a decidir con su acción de gobierno si el nacionalismo era un mero atributo endosable a la política de Convergència i Unió o bien se trataba ya de un rasgo ontológico, independiente de las políticas concretas que cada partido aplicara. Era en este sentido que alguna gente se preguntaba antes de las elecciones, y casi siempre con cierta ironía resignada, si Maragall iba a ser el sustituto de Pujol o su heredero.

Desde luego, y bastaba con una somera mirada a los antecedentes, la pregunta tenía bastante de retórica. Durante más de dos décadas las características esenciales (y vinculadas una a la otra) de la política socialista habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Tan sólo durante algún tiempo, indefinido y breve, en torno a los prolegómenos de los Juegos Olímpicos de 1992, Maragall, entonces alcalde de Barcelona, había hecho concebir la posibilidad de que fraguara un discurso alternativo al pujolismo. Pero el errático carácter de su política y la perenne confusión de sus ideas no permitió que la posibilidad se concretara. Y las siempre discretas esperanzas de los adversarios del pujolismo se sostenían por el extenuante hartazgo de esa política veintitrés años hegemónica antes que por las garantías que la alternativa ofrecía. La campaña electoral de los socialistas no cambió el panorama. Lo más nítido de su oferta fue la reforma del Estatuto. Ni en el resto de las iniciativas que acompañaban el programa, ni en las personas que iban a encargarse, presuntamente, de aplicarlo podían advertirse signos de clara ruptura con el pujolismo.

A pesar de los antecedentes sería absurdo negar que la formación del nuevo gobierno no levantó expectativas. Y hasta esperanzas en buena parte de los que querían que la victoria de Maragall supusiera un cambio profundo. Aunque sólo fuera por oír pronunciar a los locutores de las emisoras públicas el anhelado sintagma «El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall...» ya valía la pena correr, para muchos, el riesgo de la ingenuidad. Además, Maragall había actuado con inteligencia. Aunque obtuvo menos escaños (no menos votos) que su rival convergente y quedó por debajo de las expectativas, dio un ejemplo de fortaleza y confianza en sus posibilidades desde la misma noche electoral. Cuatro años antes ya había ensayado la misma actitud, cuando se empecinó en la evidencia que tantos pasaban por alto: esto es, que había obtenido más votos que Pujol. Aquel empecinamiento logró restarle a su rival unas micras de legitimidad y puso las bases, aunque fueran infinitesimales, de la complicada operación estratégica que le llevaría finalmente a la presidencia. La noche electoral del 2003 Maragall insistió una y otra vez en que el gobierno de la izquierda era posible y que había que trabajar por él. Muchos de sus más incondicionales partidarios no podían creer lo que estaban viendo y siguieron sin creerlo hasta que el 20 de diciembre fue investido, sobre todo por sí mismo y la confianza fértil que había demostrado en sus posibilidades.

Ha bastado un año, sin embargo. Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno (y también lo que no ha resultado ser) avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable. Maragall y la izquierda lo han revalidado nacionalmente, asumiendo con una simpleza política y moral muy meditable, que Cataluña es nacionalista o no es. El cierre completo del modelo nacional que la política de la izquierda garantiza (cierre al que tampoco el Partido Popular de Cataluña de Josep Piqué se opone) es seguramente la condición primera de que la palabra obscenidad resulte muy adecuada para describir la actividad política del gobierno tripartito.

Pujol siempre temió que una victoria electoral de los socialistas catalanes pusiera en evidencia, aunque sólo fuera por contraste, los excesos de su política. Y, desde luego, las frías y hasta desagradables relaciones personales y políticas que mantuvo casi siempre con Maragall no eran las que podía esperarse entre un páter y un disciplinado heredero. Aun en sus épocas más implacables Pujol gobernó con la relativa timidez del que ignora qué van a hacer los que vengan. Eso no quiere decir, por supuesto, que su política no fuera, a mi juicio, desgraciada y sectaria, y que tuviera poco que ver con la visión de estadista que un cierto complejo de inferioridad muy madrileño le atribuyó cíclicamente. Pero Pujol, y es lo único que advierto en él de estadista, trató siempre de evitar una política demasiado exhibida.

Ahora los miramientos parecen haberse acabado. La mayoría de la izquierda se aventura sólida y duradera. Es cierto que la ínfima categoría de Carod y su profunda inexperiencia es un factor continuo de inestabilidad; pero incluso este factor puede jugar a favor del gobierno tripartito. Porque la chocarrería y la demagogia del presidente de Esquerra Republicana le aseguran el clamor de las bases del partido y las mantiene unidas a un proyecto cuya radicalidad podría verse afectada por el realismo imponente de cualquier acción de gobierno. No hay bien que por mal no venga, y la expulsión de Carod de la gestión gubernamental, a causa de sus conversaciones con los terroristas, puede haber contribuido a la consolidación de un dualismo que, en formas diversas, suele caracterizar a los partidos que gobiernan y que contribuye al mantenimiento de su hegemonía. El ejemplo vasco de la época de Arzalluz e Ibarretxe es perfectamente revelador.

Sin embargo, la obscenidad del tripartito no se explica tan sólo por su despejado horizonte. También lo tuvo Pujol. Se explica, sobre todo, porque los que vengan no van a reprocharle sus excesos. No: partirán de sus excesos. Hay que insistir en ello: el acceso al poder de la izquierda ha blindado el statu quo nacionalista y cualquier política posible avanzará desde él.

En un año el gobierno catalán ha aprobado seis leyes. Dos de ellas, las referidas a los presupuestos y a las medidas fiscales, eran obligatorias. De las otras cuatro, sólo dos se han aprobado por su propia iniciativa. El resultado es paupérrimo. Contrasta con las fantasías de Maragall, que al firmarse el acuerdo de gobierno había anunciado poco menos que una revolución legislada. El yermo refleja los considerables problemas políticos que ha atravesado la coalición y la dificultad de aunar sus intereses en la gestión de las cosas. Pero, sobre todo, es una desoladora muestra de la falta de imaginación política de la izquierda catalana, que ha esperado veintitrés años para gobernar y que, impelida ahora a concretar el radio de su ambición y la novedad de sus puntos de vista, se ha quedado dramáticamente muda. El vacío legislativo, además, tiene un correlato más indefinido pero igualmente inesperado en lo que afecta a la gestión pública propiamente dicha. Los usos y modos del anterior gobierno se mantienen, más allá de ligeros maquillajes: baste ver, en este sentido, el ejemplo de los medios de comunicación autonómicos en cuya ética y estética cualquier observador imparcial aprecia cambios insignificantes.

La evidencia obscena de un gobierno que no gobierna y sólo administra (o sólo representa) cabe vincularla, desde luego, al proyecto fundamental de este gobierno, la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé si es muy conocido fuera de Cataluña que el gobierno, a propuesta de uno de sus miembros más ornamentales, el dirigente de Iniciativa, Joan Saura, convocó un concurso de ideas para esta reforma. El concurso estaba abierto a todos los ciudadanos. La ocurrencia, en sí misma, sólo puede ser calificada de sensacional y bastará, para calibrarla, con que se piense en la posibilidad de que la reforma de la Constitución española fuera sometida a un concurso de ideas análogo. De lo que se deduce a qué niveles de dejadez y de simplismo ha descendido la política en Cataluña. Como en los tiempos de Pujol, el principal desmentido de que Cataluña sea una nación lo sigue ofreciendo la gestión política de la autonomía. Sin embargo, el concurso de ideas revela simbólicamente algo más profundo que atañe a la inactividad legislativa y al propio sentido del proyecto de reforma estatutaria. En realidad, hay crecientes sospechas de que el gobierno catalán no sabe en qué reformar el Estatuto. Se comprende: la autonomía ha alcanzado niveles competenciales que tienen difícil equiparación en el resto de estados democráticos. Y bien: lo que puede mejorar del funcionamiento autonómico, como la cuantía o distribución del dinero o la atención a los inmigrantes, no necesita de una reforma. Y lo que podría reformarse, como la inclusión del derecho de autodeterminación, no tiene la menor posibilidad de reformarse. La reforma del Estatuto ha quedado, así, limitada ¡al nombre que ha de recibir Cataluña!, pendiente, por otro lado, de lo que se acabe disponiendo en la propia Constitución. No extraña que se pidan ideas para amenizar el inmenso vacío dispuesto. La reforma del Estatuto no es nada y va desnuda.

El nombre de la cosa y la polémica que se generó en torno a éste es, sin embargo, otro rasgo claramente obsceno. Puede decirse que el consenso constitucional de 1978 relativo a la organización autonómica se basó en lo indecible. El texto constitucional establecía que en España había nacionalidades y regiones. No se especificaba cuáles lo eran. Esa ambigüedad era la clave de bóveda, como muchas veces se ha dicho. Una ambigüedad fértil, porque, a pesar de su naturaleza, o quizá gracias a ella, ha ordenado dos décadas de desarrollo autonómico. Ahora se pretende acabar con la ambigüedad. La operación es peligrosa. Uno puede aceptar lo real. Al fin y al cabo lo real es irrevocable. Otra cosa muy distinta es aceptar lo real por escrito, sellado y rubricado. Sólo los espíritus muy sumarios, es decir, los espíritus nacionalistas, tienen dificultades en comprender esta distinción. También está la posibilidad de que la comprendan perfectamente: algunas de las declaraciones y actitudes de los gobernantes catalanes llevan a pensar que lo que en el fondo pretenden es sólo, y precisamente, esto: que conste por escrito la superioridad histórica, es decir moral, de su autonomía. Tal vez como forma de aliviar los siglos de derrotas y de complejos de las que los actuales nacionalistas se sienten inexorablemente herederos.

Cualquiera de las dos hipótesis va a traer inestabilidad y muchos problemas. El conflicto real de las asimetrías, incluidos los federalismos asimétricos, no se da entre Cataluña y España, sino entre Cataluña y Extremadura, Andalucía o Navarra. Es la misma distinción fundamental que hay entre Madrid (cursiva) y Madrid (redonda). El Madrid cursivo ha sido la sinécdoque que muchos catalanes, incluidos algunos catalanes no nacionalistas, han utilizado para aludir a los problemas de entendimiento con el gobierno central. Pero cuando Carod pide el boicoteo a los Juegos Olímpicos de Madrid es evidente que da un paso al frente inédito: el antiguo Madrid ya no es el gobierno del Estado, sino el pueblo de Madrid. Es peligroso. Peligroso no quiere decir la guerra civil. Una de las imposibilidades de la crítica política en España es que la guerra civil aparece o se intuye a los dos palabras de discusión. Peligroso quiere decir algo más peligroso que esa guerra civil invocada, pesadilla ya muy fondona. Peligroso quiere decir subdesarrollo. Económico. Político. Moral. Cultural. Peligroso quiere decir, también, los resultados del Informe Pisa y la indiscutible corrupción intelectual española de la que el nacionalismo es un ejemplo, y no menor. Peligroso es que las energías colectivas de un país estén sometidas a un fatigoso pleito inacabable. Aunque subvencionado. Porque una de las más llamativas características del pleito nacionalista es que para sobrevivir no tiene que apoderarse de ningún mercado. Todos sus protagonistas y la totalidad del intercambio se sucede en un imaginario donde no hay que presentar balances: el nacionalismo es una discusión de las élites gubernamentales, ministros, consejeros, alcaldes, concejales y presidentes de Diputación. Comen, viajan y discuten gratis. Estoy seguro de que buena parte de las razones de su supervivencia se deben a su carácter gratuito. A eso y a su nimio vuelo intelectual: en el nacionalismo, como en las discusiones deportivas, todo el mundo participa. Incluso el presidente extremeño Rodríguez Ibarra y el citado Carod.

Antes he mencionado la guerra civil. Su evocación creciente en la política española y catalana se ha teñido también de obscenidad. Hasta ayer mismo la política de la izquierda respecto a la guerra civil seguía fundamentada en los ya remotos principios de la reconciliación nacional fijados por el Partido Comunista de España en 1956. Es decir, una política basada en el sometimiento a la realidad, en la comprensión dolorosa y fría de que Franco había ganado la guerra civil y en la demanda de pacto y olvido. No es ya la política de la izquierda española y mucho menos de la catalana. Las graves implicaciones de este cambio de actitud no puedo analizarlas ahora en detalle. En metáfora puede decirse que la izquierda española persigue una utopía. Una utopía más: ganar la guerra civil. Lo había visto muy claramente, y muy pronto, uno de los fascistas más completos que yo haya tratado en mi vida, el empresario Francisco Godia, cuando hablando desde el otro lado de su mesa de trabajo, ornada por un crucifijo y la reproducción del testamento de Franco, se mostró dispuesto a olvidar que hubo una guerra civil, dispuesto incluso a olvidar «que la ganamos», pero absoluta y violentamente opuesto a admitir «que la perdimos». En fin, metáforas. Algo mucho más económico y ambiguo que el proyecto en el que trabaja el vicepresidente Saura, ese Memorial Democrático que el gobierno tripartito va a crear. Un lugar de memoria y un centro de estudio dedicado, en exclusiva, a los caídos republicanos de la guerra civil y al conjunto del antifranquismo. No me interesan, por obvios, los déficit morales de la iniciativa. Lo importante son los científicos: esa ilusión pueril de explicar una guerra y sus consecuencias con una de las dos balas. Aunque sea con la bala de plata.

Los ejemplos de obscenidad se acumulan, pero pocos superan, en este sentido, el impacto de la imagen que mostró a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, leyendo por orden de Carod un papel donde reafirmaba que catalán y valenciano eran la misma lengua. Pasaré rápido por la falsa e irresoluble polémica. Catalán y valenciano son la misma lengua si se entiende, por analogía, que el español de Colombia es el mismo que el de España. El problema es que, a diferencia de lo que pasa entre españoles y colombianos, los valencianos y los catalanes no utilizan el mismo nombre para designarlas. A los catalanes no les parece prestigioso llamarla valenciano. Y a los valencianos tampoco llamarla catalán. Este es el único e irresoluble problema, que fija muy bien, por otro lado, los límites de la permanente ensoñación catalana. No sólo es que el pancatalanismo político no haya resistido la prueba elemental de la democracia. Sólo funcionó, como tantos otros mitos de la izquierda y del nacionalismo, durante el franquismo; y, desde ese punto de vista, nunca Valencia y Cataluña, al menos el establishment político, habían estado tan divorciadas como en este primer año de gobierno tripartito. Pero es que ni siquiera el pancatalanismo lingüístico ha pasado la prueba. Porque cabría recordar, en este sentido, que la aspiración política del catalanismo no fue que las instituciones científicas reconocieran que catalán y valenciano son una misma lengua. Aspiraban que se llamarán igual. A que se llamara catalán. A que se llamara como hoy nadie lo llama en Valencia, con la excepción de algunos restos del naufragio que aseguran, con gran seriedad, que ellos hablan en«català, registre valencià», y pasa la gente y los mira.

La imagen sometida de la vicepresidenta va mucho más allá del texto concreto que debió leer. Es el reflejo de una relación entre gobiernos y entre minorías parlamentarias, a la que no le importa exhibirse como lo que realmente es: un chantaje. El chantaje forma parte de la práctica política española desde el principio de la restauración democrática. Pujol fue un virtuoso de la estrategia. Pero nunca como ahora la manifestación pública del chantaje había formado parte del chantaje mismo. El 20 de noviembre de 2004, poco antes de la primera votación presupuestaria del gobierno Zapatero, el diario El País publicó este titular a cuatro columnas en su sección de España:

«El Gobierno reconoce la unidad del catalán y ERC apoya los Presupuestos».

El primer párrafo de la información decía: «La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que catalán y valenciano son una sola lengua, y se amparó para ello en la opinión de la comunidad científica y universitaria. Fernández dela Vega hizo el pronunciamiento tras el Consejo de Ministros, y con él cumplió el acuerdo al que llegaron la pasada semana José LuisRodríguez Zapatero y el líder de ERC, Josep Lluís Carod, en la Moncloa. Poco después del pronunciamiento del Gobierno, Carod anunció el apoyo de ERC a los Presupuestos».

Nada de esa información fue desmentida. Y por supuesto no la desmintieron los hechos. Los hechos tampoco desmentían nada en tiempos de Pujol. Pero sí lo hacían sus protagonistas. En otros tiempos una información semejante habría sido corregida por algún miembro del gobierno pujolista. Algo así:

«Convergencia niega que su apoyo a los presupuestos se deba a la resolución del conflicto lingüístico».

Sin embargo, en esta ocasión, nadie, ni del gobierno catalán ni del gobierno español, ni ninguno de sus representantes parlamentarios se vieron en la necesidad de semejante disimulo. No creo que haga falta insistir en la degradación de la política que supone semejante circunstancia. Que cumple, además, el rasgo más habitual del chantaje: esto es, que el chantajista cobra en una especie (unidad lingüística) en absoluto vinculada con su amenaza (presupuestos). Y donde lo más llamativo, como ya anticipaba, es la indiferencia obscena que chantajeador y chantajista manifiestan ante la publicidad de su común negocio.

Acabo. Hay un último episodio. Vinculado a la fibra íntima de la nacionalidad catalana. La lengua. Durante años, el nacionalismo y Pujol, destacadamente, eludieron cualquier manifestación organicista de la identidad catalana. El hecho diferencial catalán estaba en el idioma. Los excesos de Pujol respecto a la relación entre lengua y cosmovisión no pasaron nunca de alusiones más o menos hueras al romanticismo alemán y al hecho (sic) de que el uso de una lengua determinara la cosmovisión del individuo. A finales del mes de noviembre, y durante su asistencia a la feria del libro de Guadalajara (Méjico), Pasqual Maragall pronunció la frase inmortal: «La lengua es el ADN de Cataluña». Llegó donde nunca se había atrevido a llegar Pujol. En metáfora: a la síntesis definitiva entre naturaleza y cultura como conformadoras del ser catalán. Que las palabras del presidente de la Generalitat no signifiquen nada, que sean sólo producto de su cerebro espongiforme (la formulación es un mero retal arrancado y mal cosido de la moda ontológica del gen y de las curiosas y publicitadas afirmaciones del periodista Álex Grijelmo respecto al gen, al genio y a la eugenesia de las lenguas) y que no vayan a tener ninguna importancia práctica, es lo de menos. Lo importante es que hayan podido ser dichas, que ejemplifiquen a la perfección este estado de barra libre –cuatro barras libres— en que vive la Cataluña nacionalista (pleonasmo). Un lugar donde la obscenidad ha desplazado a su antónimo más genuino. A la política.

Arcadi Espada es periodista. Su último libro: Notas para una biografía de Josep Pla.

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¿Qué república?

por Francisco Umbral
El Mundo, lunes, 25 de abril de 2005

En estos días se habla por Madrid del Rey Juan Carlos I como «el rey republicano». He convivido recientemente con nuestro Rey, observándole con mirada nueva, por buscar en él esos síntomas de rey republicano que dice la gente de la calle. En Don Juan Carlos es evidente un populismo exterior, una personalidad transparente que, lejos de recordarnos a un republicano, nos sugiere la imagen de Don Alfonso XIII mejorada por el relente alegre de la vida.¿Hubiera hecho mejor de republicano que de rey?

La cuestión a plantear, después de esto que digo, es la de qué tipo de república hubiera llevado bien este hombre. Porque lo que les pasa a los republicanos históricos (otros quizá no quedan) es que no añoran en general un determinado sistema político sino, muy concretamente, la Segunda República española, la de Azaña, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala y por ahí seguido. O sea, añoran su propia juventud perdida.

En cuanto a la circunstancia histórica, no parece la mejor para hacer ensayos republicanos. Estos ensayos ya los están haciendo los catalanes, vascos, valencianos, gallegos, etcétera. El resultado es que todos tienden a levar anclas de su propio ideal particular, pedáneo, con peligro para la totalidad de España, de esta España, que es lo que creen que sobra, pero quienes sobran son ellos.

Cuando los nacionalismos se dramatizan y los soberanismos llegan a adquirir un talante carlista, es cuando menos hay que pensar en la movilidad múltiple y fecunda de un republicanismo en el que ya estamos. Necesitamos más que nunca un referente español para que esto no se vaya a tomar por retambufa. República, sí, ¿pero qué república: la vasca, la catalana, la galaica, la madrileña? Eso no está decidido ni parece el momento de decidirlo. En Vasconia levantan el trapo comunista, en Cataluña imponen doblar todas las películas extranjeras. ¿También las españolas? En Galicia se proponen asesinar patrióticamente a un cadáver exquisito que ya está muerto, don Manuel Fraga. En La Rioja levantan, pacíficos y alegres, una bandera de vino. En Valencia ya tienen platós para hacer el gran cine que no ha sabido hacer Madrid. En Salamanca se reinventa la Guerra Civil por la expoliación de unos papeles políticos con más valor simbólico y sentimental que valor fáctico.En Aragón se niegan a repartir el Ebro entre sus naturales beneficiarios, ese gran caudal de monedas heroicas y fecundas.

Estando así las cosas, es cuando realmente nos hace falta el referente borbónico, unitario, peninsular, total. Dejemos el sueño republicano para un porvenir que de momento no viene. Con motivo de este año cervantino se ha conseguido cierta unanimidad entre erudita y popular. Exactamente, la unanimidad de los libros y no de las pancartas. La república no es una improvisación de cuatro ateneístas sin poder ni representación. A muchos les va bien, decentemente bien, con esta paz que ha tenido España después de 40 años de guerra fría contra sí misma. Un referéndum monarquía/república quizá diese la razón a la monarquía, y más por salvar lo que hemos conseguido que por prolongar aquellos 40 años afásicos. Nuestro país se ha enseriecido de manera que ya ni los Borbones borbonean. Además, los Borbones están muy controlados por Jaime Peñafiel o al menos eso cree él.

"Reagan fue el mayor intelectual del siglo XX"

Entrevista a Miquel Porta Perales, ensayista
por Víctor-M. Amela
La Vanguardia, viernes, 15 de abril de 2005

Tengo 57 años. Nací en Badalona y vivo en Barcelona. Soy articulista, ensayista, escritor. Estoy casado. No tengo hijos. Soy liberal conservador y extremocentrista. Soy agnóstico. Considero que vivimos en el mejor de los mundos posibles de entre todos los conocidos hasta hoy. ¡El nacionalprogresismo es el pensamiento único en Catalunya!

-¿Qué tiene usted contra Rafael Casanova?

-Es un claro ejemplo de las tergiversaciones que en Catalunya difunde el nacionalprogresismo imperante.

-¿Por qué lo dice?

-Se le homenajea como héroe mártir de la resistencia contra Felipe V en Catalunya, pero lo cierto es que la noche del 10 al 11 de septiembre de 1714 estaba durmiendo, que tuvieron que despertarle y llevarle al frente y que allí fue herido muy levemente...

-O sea, que no murió.

-¡Qué va! Consiguió del médico un certificado de defunción, quemó los archivos, delegó en otro conseller la rendición, huyó disfrazado de fraile y se instaló en Sant Boi.

-¿Para seguir defendiendo Catalunya?

-Ejerció la abogacía felizmente, con el perdón de Felipe V. ¡Vivió como un rey en la corte del Borbón! Y así hasta su plácida muerte. ¿No actuó como un botifler traidor?

-Si eso fue realmente así, ¿por qué los partidos catalanes le ofrendan flores cada año?

-Eso ilustra la manipulación, la invención de una historia de Catalunya en los días de la Renaixença, una fábula absoluta que nuestro nacionalprogresismo sigue perpetuando.

-Pero... ¿qué es el nacionalprogresismo?

-La ideología dominante en Catalunya, compartida por los nacionalistas como Pujol y los izquierdistas como Maragall.

-¿Los mete usted en el mismo saco?

-Sí. ¡Maragall es el genuino heredero del discurso de Pujol...! Aunque diría que el problema del nacionalismo es emocional, y el del izquierdismo es estomacal: tiene muchas dificultades para digerir la realidad, para aceptarla tal como es.

-¿Me daría un ejemplo?

-No digiere que el mayor intelectual crítico del siglo XX fue Ronald Reagan: activista contra el despotismo, él cambió el mundo.

-Le gusta provocar, ¿eh?

-Me gusta pensar, y lo que no me gusta es que me riñan por lo que pienso, que me indiquen el "recto camino" y que me ofrezcan certificado de buena conducta, que es lo que le gusta hacer al nacionalprogresismo.

-Que aún no entiendo muy bien qué es...

-Es una religión laica con su doctrina y sus profetas y profecías. Una doctrina esencialista, populista, negativista y bonista.

-Vaya por partes: ¿esencialista?

-Establece que Catalunya tiene una identidad y sólo una, y que es una nación.

-¿Y no?

-A ver..., ¿qué es una nación? Si la basamos en la lengua, como predican nuestros nacionalistas, Catalunya... ¡es una binación! Porque Catalunya es bilingüe, ¡felizmente!

-Nadie atenta contra el bilingüismo, creo.

-El nacionalprogresismo catalán tiene un sueño monolingüe: "Viure en català". Yo, en cambio, prefiero vivir en libertad. Paradójico: los que se dicen adalides de la diversidad... ¡quieren reducir la que ahora hay! Y con multas, incluso. Pero el monolingüismo es una enfermedad que se cura, por suerte...

-¿Y por qué los tilda de populistas?

-Porque prometen lo que la gente pide, sea posible o no, conveniente o no.

-¿Y por qué negativistas?

-El nacionalista se queja siempre y el izquierdista siempre dice "no": ¡la culpa la tiene siempre el sistema capitalista, claro! El caso es quejarse y protestar..., sin solucionar nada. Barcelona es la ciudad de la protesta.

-¡Porque aspira a un mundo mejor!

-Tampoco hay que quejarse tanto, ya que la pobreza en el mundo ha retrocedido: en 1970 vivía con menos de dos dólares el 45% de la población mundial, y hoy sólo el 19%. ¡No será tan pernicioso el capitalismo...!

-Y, por último, ¿qué es lo de bonistas?

-Se tienen por heraldos del bien: el ecologismo, el pacifismo... Pero ¿acaso es la paz el bien absoluto? No: ¡a veces hay que romperla para preservar el bien superior de la libertad y la vida digna! Y eso es lo que afortunadamente ha hecho Estados Unidos en Iraq.

-Sí, claro: 100.000 iraquíes muertos...

-Saddam -él solito- había ya provocado antes la muerte de un millón de iraquíes...

-¿Estados Unidos es para usted el ejemplo que hay que seguir?

-Pues ojalá que la burócrata, intervencionista, proteccionista y fracasada Europa imitase más a Estados Unidos.

-¿Acaso todo lo hacen bien allí?

-Bush tiene demasiado de socialdemócrata, y allí todavía sobra proteccionismo en el acero y la agricultura... ¡Pero nada comparable con Europa, el reino del proteccionismo!

-¿Propone que no protejamos a nuestros agricultores y ganaderos?

-¡Tienen la jeta de manifestarse contra la pobreza en el Tercer Mundo! Que no nos impidan importar productos del Tercer Mundo ¡y así sí paliaríamos la pobreza de allí!

-Suprimiría las subvenciones, pues...

-Sí, sobre todo la cultura subvencionada, que es como está hoy en Catalunya. Eso es la muerte de toda vitalidad cultural genuina.

-Se queja de los que se quejan, pero ¿qué alternativa al nacionalprogresismo propone?

-Sustituir la noción de nación por la de ciudadanía. No hay naciones, hay derechos de los ciudadanos: menos nación y más gestión.

-¿Dónde ve usted déficit de gestión?

-Mire lo del Carmel, las colas de la seguridad social, el fracaso escolar... ¡Exijamos a nuestros políticos que solucionen eso en vez de perder el tiempo redactando otro Estatut!

-Y al Gobieno español, ¿qué le exigiría?

-Lo mismo: que gestione bien en vez de perder el tiempo retirando estatuas. Franco me repugna, pero también Companys fue un golpista y tenemos estadios con su nombre. Con esas cosas, Zapatero fomenta un frentismo como el de los años 30: ¿es eso progresista

La balanza fiscal y el populismo nacionalista

por Mikel Buesa
ABC, miércoles, 13 de abril de 2005

Fue Keynes quien, al concluir su magna Teoría general, escribió que «las ideas de los economistas..., tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree», para añadir inmediatamente que «los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto». Personalmente, siempre tuve la sensación de que Keynes había dado un tono de exageración a esta observación final de su obra; pero al enfrentarme una vez más a la reflexión acerca de las exigencias que Esquerra Republicana de Catalunya plantea al PSOE para mantener su apoyo en el Congreso de los Diputados, me doy cuenta de mi error, e incluso aprecio el acierto de esa otra alusión keynesiana a los políticos «que oyen voces en el aire, (y) destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás».

La cuestión que me interesa con relación a esas exigencias nacionalistas es la que alude a la publicación de las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, a partir de la cual ERC pretende demostrar -acompañada en esto por sus socios del Gobierno catalán- que la contribución de Cataluña a la redistribución interregional de la renta española es excesiva. Y el economista difunto no puede ser otro que Ramón Trias Fargas. Este profesor de la Universidad de Barcelona fue quien, en su Introducción a la economía de Cataluña, basándose en algunos trabajos precedentes sobre la balanza de pagos de esa región, argumentó que el ahorro generado en ella era superior a la inversión, y que tal situación perjudicaba su desarrollo económico. Imbuido de una idea más bien autárquica, propuso que para impulsar el crecimiento catalán era necesario «ahorrar más y procurar perder el mínimo posible de nuestro ahorro fuera de Cataluña», lo que se habría de lograr disminuyendo al máximo el déficit fiscal. Y, sobre esta base, pretendió asentar un «nuevo regionalismo» cuyo carácter populista vendría determinado por el hecho de que en él confluirían los intereses de «la Cataluña de los ricos y la Cataluña de los pobres», pues «cuando decimos que el ahorro catalán debe permanecer en Cataluña, decimos algo que le conviene al empresario... y decimos algo que igualmente conviene al asalariado». Ni que decir tiene que Trias, como cualquier otro populista, eludió el molesto problema de la distribución de la riqueza señalando que «una vez incrementada la renta regional, veremos cómo la repartimos». Y concluyó, para reafirmar el carácter interclasista de su nacionalismo, proclamando que «el catalanismo como exclusiva de la burguesía ha terminado».

Partiendo de estas ideas tan simples, publicadas al comienzo de los años setenta, se asentó el populismo nacionalista que floreció con la transición a la democracia y que impregnó tanto a la derecha como a la izquierda catalanista. Y, con él, la cuestión de la balanza fiscal se convirtió en uno de los tópicos relevantes en los que confluyeron los programas políticos de ambas corrientes. Era, además, un tópico ilusivo, pues prometía a los ciudadanos su enriquecimiento sin hacer nada: simplemente había que evitar que el ahorro de Cataluña se transfiriera al resto de España. No sorprende por ello que, como ha destacado el profesor Ángel de la Fuente, «exista la tentación de utilizar las balanzas fiscales de manera demagógica, manipulándolas para excitar la indignación ciudadana ante agravios reales o supuestos con la esperanza de obtener rendimientos electorales».

Pero ¿cómo es posible esa manipulación si, aparentemente, estamos ante un concepto objetivo? Pues porque tal «objetividad» es también una ilusión y nos encontramos aún muy lejos de haber establecido una metodología estandarizada para calcular las balanzas fiscales regionales y determinar así la diferencia que hay entre la contribución de los ciudadanos de cada región a los ingresos de las Administraciones Públicas, y los beneficios que esos mismos ciudadanos obtienen a partir de los gastos que realizan esas Administraciones. Para empezar, tales gastos pueden imputarse territorialmente teniendo en cuenta cuál es su localización geográfica o bien considerando dónde habitan sus beneficiarios. Por poner sólo uno de los múltiples ejemplos existentes, según el primero de esos criterios el coste de la base naval de Cartagena se atribuiría a Murcia, pero de acuerdo con el segundo habría que repartirlo entre todas las Comunidades Autónomas debido a que la actividad de ese establecimiento militar proporciona un servicio de defensa a todos los españoles. Pero las complicaciones no acaban ahí, pues además, para cada partida de gasto, hay que emplear un criterio de reparto regional; y muchas veces son varias las posibilidades entre las que elegir. Esto último conduce a que los resultados del cálculo puedan acabar siendo extremadamente diversos, tal como ha demostrado el profesor Ramón Barberán, quien, por mencionar sólo el caso de Cataluña, señala que el saldo fiscal de esta región, estimado según las diferentes reglas de cálculo utilizables, tiene un recorrido que va desde una cifra positiva equivalente al 0,4 por ciento del PIB a otra negativa del 7,9 por ciento de este agregado macroeconómico.

Por tanto, al tratar de establecer cuál es el saldo fiscal de una región, son varios los resultados que pueden obtenerse, pues son también varias las orientaciones metodológicas que pueden seguirse. Éstas dependen, a su vez, en algunas ocasiones, de las simpatías políticas de quien las adopta. Por ejemplo, es el caso del profesor López Casasnovas, catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, quien, con toda claridad, señala su interés en establecer, para el cálculo del saldo catalán, un «escenario soberanista... (con) derechos de recaudación y de participación en beneficios por parte de los diferentes territorios». Su metodología -que incluye algunos elementos de contabilidad creativa- conduce al resultado de un déficit del 8,4 por ciento del PIB de Cataluña. O sea, 9.000 millones de euros; una cifra ésta coincidente con la que reclama ERC.

Pero más allá de los virtuosismos contables, lo que está en juego con la discusión de las balanzas fiscales es la integridad y legitimación del Estado democrático en España, a la vez que la unidad y la dimensión del mercado interior nacional. Para entender esto, basta con tener en cuenta que, como puso de relieve el ya citado profesor De la Fuente, tres cuartas partes de los flujos interregionales derivados de la actividad del sector público se deben a la redistribución personal de la renta -en virtud de la cual se hace más equitativo el reparto de los frutos del desarrollo económico, lo que hace más aceptable el sistema político, por una parte, y amplía el tamaño del mercado, haciéndolo más uniforme, por otra-; otro ocho por ciento financia la creación de bienes públicos de carácter nacional y la regulación de la economía -lo que también tiene efectos legitimadores-; y sólo queda una sexta parte para los gastos en los que cabe la aplicación de criterios discrecionales de reparto territorial. Por tanto, el margen de actuación para aliviar los agravios regionales -salvo que se quiera hacer más desigual la distribución personal, como corresponde a la reaccionaria propuesta de ERC y las otras fuerzas políticas catalanas que la secundan- es muy estrecho. Si se sobrepasa, el potencial de desarrollo económico de España, Cataluña incluida, se verá disminuido; y, con él, la legitimidad misma del sistema democrático. Entonces, nadie podrá entender que, para llegar a tan pernicioso resultado, quienes tienen la responsabilidad de la gobernación del país hayan emprendido una reforma institucional orientada a dar satisfacción a las pretensiones nacionalistas.

Por Mikel Buesa. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

"Algunos se están acercando a la raya que marca la independencia"

Entrevista a Miguel Artola, historiador
por María Antonia Iglesias
El País, domingo, 10 de abril de 2005

Miguel Artola realiza una importante reflexión sobre el debate territorial que se está planteando en nuestro país. Resalta que algunos sectores se están acercando a la raya que marca el límite de la independencia y que estamos asistiendo a la revisión del concepto de España: lo que está en crisis es la concepción del Estado

Miguel Artola (San Sebastián, 1923) reflexiona sobre la organización territorial del Estado. Rechaza cualquier tentación de caer en el pronunciamiento político, pero no rehúye la claridad demoledora del diagnóstico.

Pregunta. Su condición de historiador le libera a usted de las exigencias del don profético, pero quisiera saber si había intuido, en algún momento de su trabajo de investigación, que el debate territorial iba a llegar hasta donde ha llegado en este país que hasta ahora habíamos convenido en denominar España.

Respuesta. La verdad es que el conflicto estaba planteado, en sus fundamentos, desde hacía mucho tiempo, prácticamente desde que la revolución liberal introdujo el Estado-nación, e introdujo con ello la unidad administrativa. Y estaba planteado en lo que respecta al problema sin resolver de la revisión de los fueros vascos y navarros. Ya en el siglo XIX se planteó el problema de Cataluña como problema en su fase primera. Como historiador, había estudiado el problema de los orígenes teóricos, de los problemas doctrinales del nacionalismo, que no es sino una respuesta frente a la concepción del Estado liberal que había construido su proyecto a partir de la definición y los límites de un territorio. La aplicación de la idea del Estado-nación, es decir,la igualdad de derechos y deberes, que es su versión administrativa, produce una respuesta que da lugar a la primera guerra carlista, que, con todos los elementos, plantea un conflicto abierto contra el Estado. O sea, que antecedentes que evidenciaban la existencia de un conflicto estaban claros, aunque también hay que reconocer que la eficacia del Estado liberal a la hora de construir la unidad administrativa de España fue limitada y que la gran cuestión de la revisión de los fueros quedó inconclusa como la gran cuestión pendiente.

P. ¿Usted cree ahora que era previsible que el debate territorial se planteara con la intensidad que se está planteando?

R. Bueno, la verdad es que yo no lo preví. Pero tengo que reconocer que era previsible. Quiero decir que otras personas más competentes que yo pudieron haberlo previsto. Porque este planteamiento nacionalista, autonomista, independentista, es decir, con los matices que se quiera en su momento, ha ido evolucionando desde la transición hasta devenir en una situación completamente nueva que ha producido un cambio en la relación de fuerzas. Es cierto que había habido determinados movimientos que pudiéramos llamar disgregadores, pero nunca se había llegado a la situación actual. ¿Y qué es lo que hay de nuevo? ¿Qué es lo que estimula la secesión? Pues el hecho real de que no hay ningún incentivo, o apenas hay incentivos, para mantener la integración territorial. Y no hay guerras, ningún peligro de guerra ni aquí, ni en Europa. Así que nadie necesita protección militar, con todos los beneficios y seguridades que esto supone. Por otra parte, el sistema ha producido, y muy rápidamente, el desarrollo de aparatos estatales semejantes a costa de las competencias del aparato del Estado central. Esta situación ha creado la posibilidad de una acción política y económica en la que nos encontramos con la evidencia de que ese Estado central no tiene en sus manos ningún medio de imponerse a los Estados autonómicos. Desde esta situación, el gobierno inmediato, sin interferencias, aparece como algo muy atractivo para todos aquellos que quieran hacer una carrera política. No tienen que competir a nivel general, sino que pueden hacerlo a nivel local, y además se les ofrece una gran cantidad de puestos, de posiciones de poder político que no existían antes ni remotamente. Hoy la carrera política tiene, a través del poder autonómico, unas posibilidades que no tienen nada que ver con las que existían en un pasado reciente todavía. Y el dato cierto es que, en el plano puramente administrativo, hay más funcionarios en el conjunto de las autonomías que en el Estado central. Eso determina una situación de ventaja que nada tiene que ver con el sentimiento de identidad ni de la cultura amenazada por la opresión y esas cosas.

P. No tendrá nada que ver con el sentimiento de identidad, pero el debate territorial es el principal problema, el más grave que se le plantea al Estado, ¿no?

R. ¡Sin duda! La posición óptima desde esa perspectiva, ¿cuál es? ¿Aumentar hasta un límite posible, que no sabemos dónde está, la autonomía, o, por el contrario, cruzar la raya que conduce a la independencia?

P. Y en su opinión, ¿en qué momento estamos?

R. Creo que nos estamos acercando a la raya. El problema está en que da la impresión de que hay algunos que prefieren llegar a la raya y quedarse allí, frente a quienes están claramente dispuestos a cruzar la raya. Creo que hay que valorar como un síntoma elocuente la cantidad de pequeños Estados que hay en Europa en estos momentos, y que probablemente aumentarán.

P. ¿Sus paisanos del Gobierno vasco son de los que están dispuestos a cruzar esa raya o... son de los que, finalmente, amagan y no dan si vuelven a ganar?

R. Soy un académico que no tengo relaciones políticas, no conozco a la gente de la política. Creo que estamos ante una situación muy difícil de valorar en sus proyecciones de futuro. De lo que se trata es de conseguir la mayor parte del poder. Los políticos hacen sus cálculos y es difícil saber si acertarán; eso lo sabremos más adelante. Los historiadores sólo nos pronunciamos después.

P. ¿Usted cree que el Estado de derecho, los mecanismos constitucionales, podrían tener la fuerza suficiente como para evitar que... se pase la raya?

R. Pues... no lo sé. No lo sé porque no sé cuál va a ser la naturaleza del conflicto, desconozco cuál será la decisión política que pudiera tomarse, su naturaleza.Es que en estos planteamientos en situaciones límite, al final nadie sabe lo que va a salir. Cuando el conflicto se arraiga y se radicaliza... es muy difícil anticipar sus consecuencias y la eficacia de los mecanismos de respuesta. Y además, ¿las leyes siguientes pueden impedir las decisiones, las acciones que puedan adoptarse en el ámbito de la política? Pues... la verdad es que no lo sé yo muy bien, pero parece que no. Ciertas leyes serán útiles a ese respecto; pero otras, no.

P. Ya hemos convenido en que como historiador está usted liberado de ejercer de profeta. Pero no sé si su condición de analista, de investigador, le libera también de ver las cosas que suceden hoy con el dramatismo con el que las ven los políticos.

R. Los políticos utilizan el dramatismo, supongo. Pero el problema es el del dramatismo de los ciudadanos, no el de los políticos. El problema es que uno nunca puede saber hasta dónde le van a seguir. La ventaja del sistema político liberal es que, al final, hay unas elecciones que hacen ver cuáles son las preferencias. Yo no soy un profeta ni una voz autorizada para predecir cuál va a ser el futuro. Y si estamos, o no, ante una situación preocupante, pues... Hay diferentes formas de ver la situación porque hay gentes que se sienten en la cresta de la ola y gentes que se sienten en el bajo de la ola, que piensan que les va a caer encima. Si yo voy en la cresta de la ola con mi tabla de surf no veo el mundo de la misma forma que si he perdido la tabla.

P. Sería muy ilustrativo que se pronunciara con claridad sobre el punto en el que está el debate territorial. ¿Le parece preocupante o circunstancial?

R. Es que medir la preocupación sobre la naturaleza del debate implica saber con datos exactos lo que pueda pasar en unas circunstancias extremas.

P. Esas circunstancias extremas se están produciendo en el País Vasco.

R. No lo sé. Y no lo sé porque mi percepción está formada a partir de las declaraciones de los políticos, y para mí lo que cuenta es la opinión de la gente común,no la opinión ni los pronunciamientos de los políticos, porque yo soy consciente de que en todas las formulaciones y pronunciamientos hay un juego de intereses, de forcejeos, de simulaciones. Mire, la revolución ha estado sonando a las puertas del capitalismo durante doscientos años, hasta que se dieron unas determinadas circuntancias que la hicieron posible. Hoy podríamos estar ante una situación formalmente parecida; pero como no sabemos cuál es la potencia de esa fuerza ante la que estamos, yo no tomo por lo que parece las palabras de los políticos, porque si lo hiciera sería un desastre. Yo ya estoy acostumbrado a comprobar que lo que puedan decir los políticos en un momento determinado no se corresponda, finalmente, con lo que hacen. Es un ejercicio que a mí me resulta muy aleccionador.

P. El debate territorial nos ha acompañado, de forma recurrente, a lo largo de nuestra historia, ¿pero estamos hoy en un momento de abierta revisión del concepto de España?

R. ¡En determinados lugares,sin duda! Hoy, en esos lugares, incluso en determinados espacios sociales y culturales, diría que la palabra España es una palabra políticamente incorrecta. Es innegable que el concepto de España se niega hoy, radicalmente, por parte de algunos sectores de opinión, y eso es perfectamente visible. Ahora, cuando se hace una encuesta, resulta que las cifras empiezan a sonar distinto y no se pueden extraer conclusiones tan nítidas.

P. Lo que sí parece claro es que el debate territorial aparece ahora, de forma evidente, como un debate tan sólo aparcado durante un tiempo. Ni Franco, que hizo del concepto patriótico de España un elemento nuclear de su dictadura, consiguió acabar con una cuestión que reaparece ahora en toda su crudeza.

R. Franco no lo consiguió porque el debate territorial pertenece al terreno de las ideas que tienen unas posibilidades intangibles, que chocaron, además, por la forma en la que el dictador trató de eliminar el debate. Por lo demás, estamos hablando de un mundo en el que se postula la identidad mediante la cual se supone la pertenencia a un pueblo que le ha dado la lengua, que le ha dado los valores, que le ha dado los sentimientos. Pero la verdad es que yo no creo en esas cosas, aunque tampoco voy a convencer a quienes están instalados en ese discurso porque no me parece de ninguna utilidad. Sí me parece importante establecer un dato que pueda apoyar una reflexión, que me parece clarificador: en el año 1936 se produjo una partición del foralismo y del catalanismo, y hubo gentes en ambos lados. Pero entonces, una de las cosas que sucedieron, que hacía que los problemas fuesen distintos, es que antes teníamos en España un conflicto social, una tensión social permanente. Hoy no existe ninguna tensión social, no hay ningún problema obrero.

P. No sé si usted consideraría demasiado frívolo llegar a la conclusión de que, como no tenemos ningún problema grave, de supervivencia..., nos peleamos por cuestiones artificiales, banales, de pura oportunidad.

R. ¡Bueno, bueno! ¡No le diga usted eso a las personas en las que usted debe de estar pensando! Pero, de todos modos, yo no creo que estemos ante un debate meramente ideológico, sino que se está planteando una nueva organización de la sociedad que pone en evidencia un dato de la realidad: la solidaridad funciona muy mal entre los países que tienen algo que hacer y que decir en el mundo moderno. Esto se proyecta como un comportamiento endogámico según el cual los países ricos no desean superar su egoísmo. Pero es que la necesidad de solventar las desigualdades territoriales tampoco es un discurso que pueda abrirse camino, que los políticos deseen escuchar y mucho menos poner en práctica.

P. La eclosión del debate territorial ha favorecido la fiebre autonomista, y crece la percepción de que esto no ha hecho más que empezar. Incluso se establecen comparaciones con la eclosión de los nacionalismos tapados por la Rusia soviética.

R. Bueno, la eclosión es la que es. Lo que se ha producido en la URSS es la crisis del Estado, la desaparición del Estado, porque nadie está dispuesto a obedecer al Estado más que hasta un cierto y pequeño límite, y eso ha provocado la dispersión que estamos contemplando. En cuanto a nuestra situación, pues yo no le llamaría de servidumbre del Estado a las exigencias que puedan plantearse desde las libertades democráticas, sino del propio peso del Estado; y lo que estamos comprobando es que los servicios que puede proporcionar este Estado ya no son necesarios para el funcionamiento de otros poderes alternativos: se puede obtener financiación y recursos de Bruselas, se puede prescindir de un ejército porque la seguridad europea consolida alternativas diferentes e interdependientes. El poder directo y tangible de los ayuntamientos también resulta mucho más atractivo. Pero, en definitiva, lo que está en abierta crisis es la propia concepción unitaria del Estado como la institución que garantiza los derechos de los ciudadanos y establece también la correspondencia con las obligaciones de los ciudadanos. Esta crisis significa que el concepto del Estado está siendo revisada desde posiciones que cuestionan su eficacia y, por tanto, su necesidad. Esto está meridianamente claro. De lo que queda del Estado, a partir de la implantación de las nuevas instancias de poder, es de lo que estamos hablando, el fondo del debate territorial que tenemos delante.

P. No sé yo si lo que tenemos delante también es la desaparición de aquella alma jacobina que estaba instalada en el socialismo de otros tiempos y que puede estar favoreciendo una imparable federalización de España.

R. Creo que caeríamos en un error serio si confundiéramos federalismo con autonomía, y no seré yo quien lo haga. Por lo demás, si nos fijamos en lo que haya podido pasar en la historia, no debemos de concluir, apresuradamente, que lo que haya podido pasar en la historia tenga que volver a pasar de nuevo. Pero es que, además, si miramos lo que ha pasado en la historia veremos que el federalismo es la forma de construir un Estado con varios Estados, mientras que la autonomía es la forma de desagregar un Estado existente. No es una casualidad que estemos hablando de autonomías, que es verdad que tienen su origen de legitimación en el reconocimiento que de ellas hizo la República, pero no podemos olvidar que el concepto de autonomía se había tomado precisamente de los países que estaban en crisis, que estaban amenazados, mientras que el federalismo se da, por el contrario, en los países que se integran. El federalismo americano construye la realidad de EE UU como nación, y algo similar sucede en Alemania. En ninguno de los casos, y son países de una potencia y solidez innegables, se puede hablar de autonomías. Yo no creo que los socialistas estén en un proceso de...

P. No le gusta a usted que hablemos del jacobinismo perdido del viejo PSOE, ¿verdad?

P. No se trata de eso. Pero yo tengo esa puñetera manía del rigor en los conceptos, y me veo en la obligación de dejar claro que, desde mi punto de vista, jacobino es un término que llevamos manipulando desde 1975 sencillamente para quitarle su significado, para descalificarlo, para acabar concluyendo que la unidad es mala. Porque, ¿qué piensa una persona cuando oye decir "jacobino"? No piensa en la unidad, piensa en el terror que está en el origen de esa palabra, con lo que el objetivo ciertamente perverso de la utilización de ese calificativo se logra de forma eficaz. Mi opinión es que el jacobinismo, que durante mucho tiempo inspiró la actuación política del PSOE, establece la consagración del Estado como referente esencial. Yo no querría afirmar que ese valor se haya podido perder, aunque como observador lo que me interesa es averiguar las razones que hayan podido determinar ese cambio. Yo quiero pensar que en el momento de la transición había mucha gente que pensó que el Estado de las autonomías no nos llevaría a esta situación actual. Intuyo que lo que pe