por Ferran Toutain
El País, lunes, 20 de junio de 2005
En Recuerdos de casi un siglo, las memorias que Miquel Batllori dictó cuando ya contaba 91 años, leo las siguientes palabras: "No me siento separatista ni política ni culturalmente. Al fin y al cabo, la convivencia de tantos siglos -por lo menos desde el siglo XV, pero ya en algunos aspectos desde antes- y las conexiones políticas de todas las tierras de la Península Ibérica, sobre todo las que después formaron la monarquía hispánica, han hecho que no tengamos que considerarnos como una nacionalidad enteramente separada del mundo hispánico". Poco antes de estas líneas, el padre Batllori reivindica como parte de su propia cultura al clásico aragonés Baltasar Gracián, que escribió toda su obra en castellano, y, más adelante, quiere dejar muy claro que él nada tiene que ver con lo que hoy se entiende por catalanismo y nacionalismo.
Los que estos días prodigan sus ataques ad hominem contra los promotores del manifiesto Por un nuevo partido político en Cataluña, entre cuyas firmas se incluye la mía, ¿se atreverían a llamar al padre Batllori pijo, progresista, lerrouxista, resentido, fracasado y otras lindezas de semejante calibre? Deberían hacerlo por coherencia o reconocer que, si bien lo que dice el manifiesto les irrita sobremanera, aún les irritan más las personas que lo suscribimos. Que el insulto personal haya sido la respuesta mayoritaria de los políticos, los articulistas y los tertulianos que se han dado por aludidos, demuestra hasta qué punto es urgente el debate que pretende abrir este manifiesto.
El esencialismo siempre ha estado presente, aunque en un grado menor, en ciertos ambientes catalanistas. Lo grave de estos últimos años es que ha ido tomando poco a poco las riendas del país. Aunque justo es reconocer que Jordi Pujol nunca fue un integrista, el rechazo de España estuvo presente desde el principio en todos los medios de comunicación controlados por CiU y por el Gobierno de la Generalitat. De este modo, expresiones como Estat espanyol en lugar de Espanya o comarques de Girona en lugar de província de Girona (y este último caso es especialmente hilarante, pues ya me dirán en qué sentido son comarcas de Gerona si no es en tanto que pertenecen a su provincia) acabaron por ser obligatorias en todos los discursos como parte de la corrección lingüística del catalán. Luego han venido todos esos programas de radio y televisión donde lo español y aun lo no nacionalista han sido objeto de bromas vulgares y comentarios de un mal gusto que nada tiene que envidiar a lo que se ha dado en llamar la Brunete mediática.
Pujol, lo repito, nunca fue un integrista, pero sus sucesivos mandatos criaron integristas entre los jóvenes y azuzaron a otros más maduros a sembrar la semilla del odio. Odio se titulaba precisamente un artículo que publicó no hace mucho la web de E-notícies, en el que su autor mostraba comprensión por un amigo suyo que deseaba fabricar una bomba atómica para arrojarla sobre Madrid. Odio es lo que practicó ese mismo diario electrónico cuando difundió una amenaza de muerte contra el actor Albert Boadella. No hay más que entrar en los foros independentistas de Internet o ver los carteles con que los cachorros del integrismo forran las paredes de las facultades para comprobar que la cultura del odio tiene su espacio en Cataluña. Puede que sea abusivo atribuir a los medios de comunicación públicos toda la responsabilidad de ese estado de cosas, pero sería ridículo pensar que apareció por generación espontánea y, en cualquier caso, alguien tendría que explicar por qué en este país se ve como algo comprensible la agresión a profesores o el boicoteo de actos académicos.
Estos días he recibido varias cartas de estudiantes en las que se confirma buena parte de lo que nos movió a impulsar el manifiesto. En una de ellas, un muchacho que formó parte de la Comisión de Estudiantes del Departamento de Universidades, organismo destinado a fomentar el diálogo entre el Gobierno y los estudiantes universitarios, me dice que la gran mayoría de los jóvenes que tienen voz en esa comisión lanzan sólo propuestas maximalistas de carácter independentista. Oponerse a ellas -me asegura- es imposible si uno no quiere verse rechazado. Y añade que todo lo que se plantea en términos de Constitución o de España es visto por esos jóvenes como algo decrépito y reaccionario. ¿No indican tales actitudes que existe una grave anomalía en nuestro sistema educativo? Algunos parecen creer que no, que eso es lo normal y hasta lo deseable.
Se puede ser nacionalista catalán, vasco o español (¿por qué no español?) con plena legitimidad. Yo no comparto en modo alguno esos sentimientos, pero los respeto; lo que no puedo respetar es que se impongan a toda una sociedad desde una idea determinista de la historia que nos hace vivir a todos en una crispación permanente. Al fin y al cabo, nadie puede decir lo que es una nación. ¿Es el valle de Aran una nación por el hecho de poseer una lengua diferenciada? Venecia fue república independiente hasta el siglo XIX y tiene un idioma propio tan distinto del italiano estándar como el catalán lo es del castellano. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez del nacionalismo veneciano? El padre Batllori, que de historia sabía algo, no creía que Cataluña pudiera considerarse como algo ajeno a España. Razones históricas las hay para todos los gustos, pero lo único que puede definir a una comunidad, en términos democráticos, es la voluntad de sus ciudadanos. En el nuevo Estatuto, pongan si quieren que Cataluña es una nación, a pesar de que según las encuestas eso sólo lo sostiene el 20% de los catalanes, pero por favor hagan un esfuerzo por evitar que la cultura política, algo imprescindible en un régimen de libertades, acabe completamente sustituida en este país por el mito identitario.
por Pantxo Unzueta
El País, jueves, 16 de junio de 2005
¿Tendrán razón los que sostienen que la definición de Cataluña como nación en el proyecto de nuevo Estatuto es un reconocimiento simbólico sin mayores consecuencias? La inclusión en el texto del deber de conocer la lengua catalana ¿es también un puro gesto simbólico que no perjudica a nadie? Un posible criterio para decidir si hay que prevenirse frente a esas novedades o dejarlas pasar sin mayor inquietud podría ser imaginar lo que un Gobierno dirigido por un nacionalista -Carod-Rovira, por ejemplo- podría hacer con un Estatuto que incluyera esos conceptos.
El mismo sábado 11 en que los líderes políticos catalanes debatían sobre la inclusión o no del término nación en el proyecto se publicaba en EL PAÍS un artículo de Pilar Bonet titulado Los 'no ciudadanos' de Letonia. Trata sobre los 470.000 habitantes (el 20% de la población) de origen ruso a los que no se les reconocen derechos políticos, el de voto principalmente. Para su renacionalización como ciudadanos de pleno derecho tienen que pasar un examen de lengua, historia y constitución nacional. Entre esos no ciudadanos figuran 15.000 niños nacidos con posterioridad a la independencia y no registrados por sus padres como letones. Letonia es un país miembro de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones vienen presionando desde hace años para la supresión de esa discriminación.
También Estonia forma parte de la UE. En un artículo publicado en diciembre de 2003 en la revista Claves, Elena Jurado explicaba la discriminación aplicada al medio millón de habitantes rusohablantes (el 38% de la población) de esa república báltica, a los que se negó la ciudadanía a partir de la independencia, en marzo de 1991. Lo más impactante del artículo es la referencia a la frustración de muchos de esos ciudadanos al comprobar cómo, tras haber apoyado la secesión de la URSS por asociarla a la idea de democracia y respeto por los derechos humanos, se habían encontrado convertidos de la noche a la mañana en extranjeros.
Puede ser igualmente útil para los catalanes preocupados por su futuro observar la realidad de Euskadi, la comunidad en la que los nacionalistas han llegado más lejos en el intento de perpetuar su hegemonía política. En 1990, en pleno debate sobre la autodeterminación como remedio a la insatisfacción que ciertos líderes nacionalistas habían detectado en su corazón, a alguien se le ocurrió que para acabar de una vez por todas con ese debate lo mejor sería votar una resolución sobre el asunto en el Parlamento vasco: una resolución de reconocimiento y delimitación del derecho de autodeterminación en términos compatibles con el principio autonómico plasmado en el Estatuto de Gernika. La idea fue impulsada por Euskadiko Ezkerra, partido que poco después se fusionaría con el de los socialistas vascos.
La aprobación de la resolución no tuvo ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa; pero 14 años después, el lehendakari Ibarretxe la utilizó como elemento de legitimación de su plan soberanista: "El pueblo vasco" -puede leerse en el preámbulo- "tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco". Lo que cuenta no es el contenido, sino la palabra: autodeterminación, interpretada como fundamento de un proceso constituyente cuyo desenlace (como ha escrito el profesor R. L. Blanco Valdés: Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005) "no podría ser otro que la misma independencia". A la que se llegaría a través de un paulatino vaciado de competencias del Estado y la correlativa desprotección del ciudadano no nacionalista frente a abusos en terrenos como el judicial o el laboral con el pretexto del idioma.
La idea de que mientras gobiernen los nuestros no habrá peligro de atropellos antidemocráticos es voluntarista. Primero, porque no siempre gobernarán; segundo, porque una política filonacionalista impulsada por un partido de izquierda radicaliza a los nacionalistas genuinos y favorece su hegemonía a medio plazo. La cuestión es, por tanto, qué podría hacer en su día con la combinación entre la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad de hablar catalán un partido independentista: el de los autores, por ejemplo, de un inolvidable informe sobre la prensa difundido en mayo de 2004 que proponía crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo"
por Xavier Pericay
ABC, sábado, 28 de mayo de 2005
Yo soy un firme partidario de que se abran los armarios. Sí, sí, que se abran, que les dé el aire. Todo esto hay que ventilarlo. En seguida les cuento por qué.
El otro día andaba yo buscando asuntos varios sobre las lenguas en Cataluña, y me dispuse a abrir uno de esos armarios, el de 1981, en concreto. ¡Menudo año! Figúrense que nada más empezar, el 30 de enero, uno se encuentra con el estreno de «Operació Ubú», de Els Joglars, en el Teatre Lliure de Barcelona. Luego, el 23 de febrero, el tejeretazo. Y luego aún, el 12 de marzo, la publicación de un manifiesto titulado «Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña», que acabaría siendo conocido como «El manifiesto de los 2.300» o «El manifiesto» a secas, y que generó, al cabo de una semana, ese anticuerpo llamado «Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes», más conocido como «La Crida» a secas. Y luego, en fin, lo de mayo, el atentado de que fue víctima Federico Jiménez Losantos -uno de los firmantes de «El manifiesto»- el día 21, cuando dos pistoleros de la recién nacida Terra Lliure le dispararon un tiro en la rodilla. Menudos meses, sí. La verdad es que, a medida que iba sacando los papeles del armario, yo recordaba haber vivido todo aquello. De forma distinta, claro, a como lo estaba reviviendo ahora. La perspectiva, sin duda. Casi un cuarto de siglo. Y el hecho de saber en qué ha parado este país.
Pero lo que no recordaba es lo de abril. De mediados de abril. Una carta. Escrita por Josep Tarradellas y dirigida al entonces director de «La Vanguardia», Horacio Sáenz Guerrero. Impresionante asunto, esta carta. El ex presidente de la Generalitat se la mandaba a su amigo periodista porque le parecía que debía aclararle determinadas opiniones que él mismo había expresado con «una vehemencia innecesaria» en una conversación reciente entre los dos. Por suerte, la carta, además de llegar a su destinatario, llegó a la prensa. Es decir, se hizo pública, que era, en el fondo, para lo que había sido escrita. De ahí, sin duda, que no consista en una serie de puntualizaciones más o menos extensas sobre lo dicho por el propio Tarradellas unos días antes de viva voz, sino que constituya un pequeño ensayo -ocupa casi una página de la vieja «Vanguardia» en blanco y negro, y, traducida, dos enteras del viejo «Avui»- sobre los primeros diez meses de gobierno de Jordi Pujol. Aunque, bien mirado, el texto, más que un balance de este año escaso, es la confirmación de un presentimiento: el que había tenido el ex presidente el 9 de mayo de 1980, en la toma de posesión de su sucesor al frente de la Generalitat, cuando no había podido acabar su discurso «gritando vivas a Cataluña y a España», como en él era habitual, porque quien cogía el relevo no había aceptado que así lo hiciera. Allí empezó la ocultación oficial de España. O, lo que es lo mismo: la confrontación entre quienes estaban dispuestos a creer en su existencia y quienes preferían ignorarla. Y la consiguiente «ruptura de la política de unidad, de paz y de hermandad aceptada por todos los ciudadanos de Cataluña» y propugnada durante la Presidencia de Tarradellas. La carta recoge algunas muestras de esta confrontación y esta ruptura: la unidad de acción entre los gobiernos nacionalistas de Pujol y Garaicoechea, en el País Vasco, en su enfrentamiento con el Gobierno del Estado; el conflicto originado por la política lingüística -«los problemas de la lengua y de la escuela es la actual Generalitat quien en gran parte los ha provocado», afirma el texto-, plasmado en la aparición de «El manifiesto» y en las reacciones suscitadas; y, en fin, la consolidación del recurso al victimismo como sistema de relación política con Madrid. Vamos mal, venía a decir Tarradellas. Y lo que faltaba.
Pero la lectura de esta carta y, en general, de cuanto esconden aquel y otros armarios, conduce inevitablemente a una pregunta: ¿dónde estábamos? Sí, ¿por qué no hicimos nada entonces, por qué permitimos aquello y todo lo demás? Fracasamos, qué duda cabe. Y lo peor es que no tenemos excusa.
por Arcadi Espada
Cuadernos de Pensamiento Político, Enero/Marzo de 2005
Durante más de dos décadas las características esenciales de la política socialista en Cataluña habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Ahora, Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable.
Pasqual Maragall i Mira tomó posesión, el 20 de diciembre del 2003, de la presidencia del gobierno catalán. El ciento veintisiete presidente de la Generalitat de Cataluña. La institución se remonta a mediados del siglo XIV, aunque entre el Decreto de Nueva Planta de 1714 y la dictadura del general Franco registra más de dos siglos y medio de abolición. Dicho sea todo esto según las más recientes investigaciones (Solé i Sabaté, 2004), porque durante los últimos veintitrés años los catalanes se acostumbraron a una numeración que designaba a Jordi Pujol i Soley como el presidente ciento quince de la institución. Pero ya se sabe que la historia de las naciones, especialmente de las naciones avant la lettre, es dúctil y está sometida siempre a las últimas investigaciones.
La toma de posesión, aquel día de invierno, del presidente Maragall representó una gran novedad. De esta novedad se ha hablado poco, en Cataluña y fuera de ella, deslumbrados tal vez los analistas por los innumerables y laboriosos trámites de la negociación y por los indeseables azares que marcaron los primeros meses de su alianza con el partido independentista y republicano.
La novedad no estaba sólo en la superficie de las cosas. Es decir, no sólo en la evidencia de que por vez primera la izquierda accedía al gobierno de un lugar que en los primeros momentos de la transición había sido llamado «la isla roja de Europa». Ni siquiera en la interpretación, posible y tal vez justa, de que el cambio suponía el fin del proceso de la transición catalana, del mismo modo que la llegada en 1982 de los socialistas al gobierno de España se había interpretado como la consolidación definitiva del proceso abierto con la muerte, en la cama del poder, de Franco. La novedad profunda era que la izquierda, obstinadamente ausente del poder durante más de dos décadas, iba a confirmar el carácter de la práctica política nacionalista. Es decir, iba a decidir con su acción de gobierno si el nacionalismo era un mero atributo endosable a la política de Convergència i Unió o bien se trataba ya de un rasgo ontológico, independiente de las políticas concretas que cada partido aplicara. Era en este sentido que alguna gente se preguntaba antes de las elecciones, y casi siempre con cierta ironía resignada, si Maragall iba a ser el sustituto de Pujol o su heredero.
Desde luego, y bastaba con una somera mirada a los antecedentes, la pregunta tenía bastante de retórica. Durante más de dos décadas las características esenciales (y vinculadas una a la otra) de la política socialista habían sido su absoluta ineficacia como alternativa a Pujol y una exasperante pusilanimidad en el ejercicio de la oposición. Tan sólo durante algún tiempo, indefinido y breve, en torno a los prolegómenos de los Juegos Olímpicos de 1992, Maragall, entonces alcalde de Barcelona, había hecho concebir la posibilidad de que fraguara un discurso alternativo al pujolismo. Pero el errático carácter de su política y la perenne confusión de sus ideas no permitió que la posibilidad se concretara. Y las siempre discretas esperanzas de los adversarios del pujolismo se sostenían por el extenuante hartazgo de esa política veintitrés años hegemónica antes que por las garantías que la alternativa ofrecía. La campaña electoral de los socialistas no cambió el panorama. Lo más nítido de su oferta fue la reforma del Estatuto. Ni en el resto de las iniciativas que acompañaban el programa, ni en las personas que iban a encargarse, presuntamente, de aplicarlo podían advertirse signos de clara ruptura con el pujolismo.
A pesar de los antecedentes sería absurdo negar que la formación del nuevo gobierno no levantó expectativas. Y hasta esperanzas en buena parte de los que querían que la victoria de Maragall supusiera un cambio profundo. Aunque sólo fuera por oír pronunciar a los locutores de las emisoras públicas el anhelado sintagma «El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall...» ya valía la pena correr, para muchos, el riesgo de la ingenuidad. Además, Maragall había actuado con inteligencia. Aunque obtuvo menos escaños (no menos votos) que su rival convergente y quedó por debajo de las expectativas, dio un ejemplo de fortaleza y confianza en sus posibilidades desde la misma noche electoral. Cuatro años antes ya había ensayado la misma actitud, cuando se empecinó en la evidencia que tantos pasaban por alto: esto es, que había obtenido más votos que Pujol. Aquel empecinamiento logró restarle a su rival unas micras de legitimidad y puso las bases, aunque fueran infinitesimales, de la complicada operación estratégica que le llevaría finalmente a la presidencia. La noche electoral del 2003 Maragall insistió una y otra vez en que el gobierno de la izquierda era posible y que había que trabajar por él. Muchos de sus más incondicionales partidarios no podían creer lo que estaban viendo y siguieron sin creerlo hasta que el 20 de diciembre fue investido, sobre todo por sí mismo y la confianza fértil que había demostrado en sus posibilidades.
Ha bastado un año, sin embargo. Maragall es, con toda crudeza, el heredero de Jordi Pujol y lo que ha resultado ser hasta ahora su obra de gobierno (y también lo que no ha resultado ser) avala la tesis de que el nacionalismo gobernante, elaborado y construido por el pujolismo, es un escenario político irrevocable. Maragall y la izquierda lo han revalidado nacionalmente, asumiendo con una simpleza política y moral muy meditable, que Cataluña es nacionalista o no es. El cierre completo del modelo nacional que la política de la izquierda garantiza (cierre al que tampoco el Partido Popular de Cataluña de Josep Piqué se opone) es seguramente la condición primera de que la palabra obscenidad resulte muy adecuada para describir la actividad política del gobierno tripartito.
Pujol siempre temió que una victoria electoral de los socialistas catalanes pusiera en evidencia, aunque sólo fuera por contraste, los excesos de su política. Y, desde luego, las frías y hasta desagradables relaciones personales y políticas que mantuvo casi siempre con Maragall no eran las que podía esperarse entre un páter y un disciplinado heredero. Aun en sus épocas más implacables Pujol gobernó con la relativa timidez del que ignora qué van a hacer los que vengan. Eso no quiere decir, por supuesto, que su política no fuera, a mi juicio, desgraciada y sectaria, y que tuviera poco que ver con la visión de estadista que un cierto complejo de inferioridad muy madrileño le atribuyó cíclicamente. Pero Pujol, y es lo único que advierto en él de estadista, trató siempre de evitar una política demasiado exhibida.
Ahora los miramientos parecen haberse acabado. La mayoría de la izquierda se aventura sólida y duradera. Es cierto que la ínfima categoría de Carod y su profunda inexperiencia es un factor continuo de inestabilidad; pero incluso este factor puede jugar a favor del gobierno tripartito. Porque la chocarrería y la demagogia del presidente de Esquerra Republicana le aseguran el clamor de las bases del partido y las mantiene unidas a un proyecto cuya radicalidad podría verse afectada por el realismo imponente de cualquier acción de gobierno. No hay bien que por mal no venga, y la expulsión de Carod de la gestión gubernamental, a causa de sus conversaciones con los terroristas, puede haber contribuido a la consolidación de un dualismo que, en formas diversas, suele caracterizar a los partidos que gobiernan y que contribuye al mantenimiento de su hegemonía. El ejemplo vasco de la época de Arzalluz e Ibarretxe es perfectamente revelador.
Sin embargo, la obscenidad del tripartito no se explica tan sólo por su despejado horizonte. También lo tuvo Pujol. Se explica, sobre todo, porque los que vengan no van a reprocharle sus excesos. No: partirán de sus excesos. Hay que insistir en ello: el acceso al poder de la izquierda ha blindado el statu quo nacionalista y cualquier política posible avanzará desde él.
En un año el gobierno catalán ha aprobado seis leyes. Dos de ellas, las referidas a los presupuestos y a las medidas fiscales, eran obligatorias. De las otras cuatro, sólo dos se han aprobado por su propia iniciativa. El resultado es paupérrimo. Contrasta con las fantasías de Maragall, que al firmarse el acuerdo de gobierno había anunciado poco menos que una revolución legislada. El yermo refleja los considerables problemas políticos que ha atravesado la coalición y la dificultad de aunar sus intereses en la gestión de las cosas. Pero, sobre todo, es una desoladora muestra de la falta de imaginación política de la izquierda catalana, que ha esperado veintitrés años para gobernar y que, impelida ahora a concretar el radio de su ambición y la novedad de sus puntos de vista, se ha quedado dramáticamente muda. El vacío legislativo, además, tiene un correlato más indefinido pero igualmente inesperado en lo que afecta a la gestión pública propiamente dicha. Los usos y modos del anterior gobierno se mantienen, más allá de ligeros maquillajes: baste ver, en este sentido, el ejemplo de los medios de comunicación autonómicos en cuya ética y estética cualquier observador imparcial aprecia cambios insignificantes.
La evidencia obscena de un gobierno que no gobierna y sólo administra (o sólo representa) cabe vincularla, desde luego, al proyecto fundamental de este gobierno, la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé si es muy conocido fuera de Cataluña que el gobierno, a propuesta de uno de sus miembros más ornamentales, el dirigente de Iniciativa, Joan Saura, convocó un concurso de ideas para esta reforma. El concurso estaba abierto a todos los ciudadanos. La ocurrencia, en sí misma, sólo puede ser calificada de sensacional y bastará, para calibrarla, con que se piense en la posibilidad de que la reforma de la Constitución española fuera sometida a un concurso de ideas análogo. De lo que se deduce a qué niveles de dejadez y de simplismo ha descendido la política en Cataluña. Como en los tiempos de Pujol, el principal desmentido de que Cataluña sea una nación lo sigue ofreciendo la gestión política de la autonomía. Sin embargo, el concurso de ideas revela simbólicamente algo más profundo que atañe a la inactividad legislativa y al propio sentido del proyecto de reforma estatutaria. En realidad, hay crecientes sospechas de que el gobierno catalán no sabe en qué reformar el Estatuto. Se comprende: la autonomía ha alcanzado niveles competenciales que tienen difícil equiparación en el resto de estados democráticos. Y bien: lo que puede mejorar del funcionamiento autonómico, como la cuantía o distribución del dinero o la atención a los inmigrantes, no necesita de una reforma. Y lo que podría reformarse, como la inclusión del derecho de autodeterminación, no tiene la menor posibilidad de reformarse. La reforma del Estatuto ha quedado, así, limitada ¡al nombre que ha de recibir Cataluña!, pendiente, por otro lado, de lo que se acabe disponiendo en la propia Constitución. No extraña que se pidan ideas para amenizar el inmenso vacío dispuesto. La reforma del Estatuto no es nada y va desnuda.
El nombre de la cosa y la polémica que se generó en torno a éste es, sin embargo, otro rasgo claramente obsceno. Puede decirse que el consenso constitucional de 1978 relativo a la organización autonómica se basó en lo indecible. El texto constitucional establecía que en España había nacionalidades y regiones. No se especificaba cuáles lo eran. Esa ambigüedad era la clave de bóveda, como muchas veces se ha dicho. Una ambigüedad fértil, porque, a pesar de su naturaleza, o quizá gracias a ella, ha ordenado dos décadas de desarrollo autonómico. Ahora se pretende acabar con la ambigüedad. La operación es peligrosa. Uno puede aceptar lo real. Al fin y al cabo lo real es irrevocable. Otra cosa muy distinta es aceptar lo real por escrito, sellado y rubricado. Sólo los espíritus muy sumarios, es decir, los espíritus nacionalistas, tienen dificultades en comprender esta distinción. También está la posibilidad de que la comprendan perfectamente: algunas de las declaraciones y actitudes de los gobernantes catalanes llevan a pensar que lo que en el fondo pretenden es sólo, y precisamente, esto: que conste por escrito la superioridad histórica, es decir moral, de su autonomía. Tal vez como forma de aliviar los siglos de derrotas y de complejos de las que los actuales nacionalistas se sienten inexorablemente herederos.
Cualquiera de las dos hipótesis va a traer inestabilidad y muchos problemas. El conflicto real de las asimetrías, incluidos los federalismos asimétricos, no se da entre Cataluña y España, sino entre Cataluña y Extremadura, Andalucía o Navarra. Es la misma distinción fundamental que hay entre Madrid (cursiva) y Madrid (redonda). El Madrid cursivo ha sido la sinécdoque que muchos catalanes, incluidos algunos catalanes no nacionalistas, han utilizado para aludir a los problemas de entendimiento con el gobierno central. Pero cuando Carod pide el boicoteo a los Juegos Olímpicos de Madrid es evidente que da un paso al frente inédito: el antiguo Madrid ya no es el gobierno del Estado, sino el pueblo de Madrid. Es peligroso. Peligroso no quiere decir la guerra civil. Una de las imposibilidades de la crítica política en España es que la guerra civil aparece o se intuye a los dos palabras de discusión. Peligroso quiere decir algo más peligroso que esa guerra civil invocada, pesadilla ya muy fondona. Peligroso quiere decir subdesarrollo. Económico. Político. Moral. Cultural. Peligroso quiere decir, también, los resultados del Informe Pisa y la indiscutible corrupción intelectual española de la que el nacionalismo es un ejemplo, y no menor. Peligroso es que las energías colectivas de un país estén sometidas a un fatigoso pleito inacabable. Aunque subvencionado. Porque una de las más llamativas características del pleito nacionalista es que para sobrevivir no tiene que apoderarse de ningún mercado. Todos sus protagonistas y la totalidad del intercambio se sucede en un imaginario donde no hay que presentar balances: el nacionalismo es una discusión de las élites gubernamentales, ministros, consejeros, alcaldes, concejales y presidentes de Diputación. Comen, viajan y discuten gratis. Estoy seguro de que buena parte de las razones de su supervivencia se deben a su carácter gratuito. A eso y a su nimio vuelo intelectual: en el nacionalismo, como en las discusiones deportivas, todo el mundo participa. Incluso el presidente extremeño Rodríguez Ibarra y el citado Carod.
Antes he mencionado la guerra civil. Su evocación creciente en la política española y catalana se ha teñido también de obscenidad. Hasta ayer mismo la política de la izquierda respecto a la guerra civil seguía fundamentada en los ya remotos principios de la reconciliación nacional fijados por el Partido Comunista de España en 1956. Es decir, una política basada en el sometimiento a la realidad, en la comprensión dolorosa y fría de que Franco había ganado la guerra civil y en la demanda de pacto y olvido. No es ya la política de la izquierda española y mucho menos de la catalana. Las graves implicaciones de este cambio de actitud no puedo analizarlas ahora en detalle. En metáfora puede decirse que la izquierda española persigue una utopía. Una utopía más: ganar la guerra civil. Lo había visto muy claramente, y muy pronto, uno de los fascistas más completos que yo haya tratado en mi vida, el empresario Francisco Godia, cuando hablando desde el otro lado de su mesa de trabajo, ornada por un crucifijo y la reproducción del testamento de Franco, se mostró dispuesto a olvidar que hubo una guerra civil, dispuesto incluso a olvidar «que la ganamos», pero absoluta y violentamente opuesto a admitir «que la perdimos». En fin, metáforas. Algo mucho más económico y ambiguo que el proyecto en el que trabaja el vicepresidente Saura, ese Memorial Democrático que el gobierno tripartito va a crear. Un lugar de memoria y un centro de estudio dedicado, en exclusiva, a los caídos republicanos de la guerra civil y al conjunto del antifranquismo. No me interesan, por obvios, los déficit morales de la iniciativa. Lo importante son los científicos: esa ilusión pueril de explicar una guerra y sus consecuencias con una de las dos balas. Aunque sea con la bala de plata.
Los ejemplos de obscenidad se acumulan, pero pocos superan, en este sentido, el impacto de la imagen que mostró a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, leyendo por orden de Carod un papel donde reafirmaba que catalán y valenciano eran la misma lengua. Pasaré rápido por la falsa e irresoluble polémica. Catalán y valenciano son la misma lengua si se entiende, por analogía, que el español de Colombia es el mismo que el de España. El problema es que, a diferencia de lo que pasa entre españoles y colombianos, los valencianos y los catalanes no utilizan el mismo nombre para designarlas. A los catalanes no les parece prestigioso llamarla valenciano. Y a los valencianos tampoco llamarla catalán. Este es el único e irresoluble problema, que fija muy bien, por otro lado, los límites de la permanente ensoñación catalana. No sólo es que el pancatalanismo político no haya resistido la prueba elemental de la democracia. Sólo funcionó, como tantos otros mitos de la izquierda y del nacionalismo, durante el franquismo; y, desde ese punto de vista, nunca Valencia y Cataluña, al menos el establishment político, habían estado tan divorciadas como en este primer año de gobierno tripartito. Pero es que ni siquiera el pancatalanismo lingüístico ha pasado la prueba. Porque cabría recordar, en este sentido, que la aspiración política del catalanismo no fue que las instituciones científicas reconocieran que catalán y valenciano son una misma lengua. Aspiraban que se llamarán igual. A que se llamara catalán. A que se llamara como hoy nadie lo llama en Valencia, con la excepción de algunos restos del naufragio que aseguran, con gran seriedad, que ellos hablan en«català, registre valencià», y pasa la gente y los mira.
La imagen sometida de la vicepresidenta va mucho más allá del texto concreto que debió leer. Es el reflejo de una relación entre gobiernos y entre minorías parlamentarias, a la que no le importa exhibirse como lo que realmente es: un chantaje. El chantaje forma parte de la práctica política española desde el principio de la restauración democrática. Pujol fue un virtuoso de la estrategia. Pero nunca como ahora la manifestación pública del chantaje había formado parte del chantaje mismo. El 20 de noviembre de 2004, poco antes de la primera votación presupuestaria del gobierno Zapatero, el diario El País publicó este titular a cuatro columnas en su sección de España:
«El Gobierno reconoce la unidad del catalán y ERC apoya los Presupuestos».
El primer párrafo de la información decía: «La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que catalán y valenciano son una sola lengua, y se amparó para ello en la opinión de la comunidad científica y universitaria. Fernández dela Vega hizo el pronunciamiento tras el Consejo de Ministros, y con él cumplió el acuerdo al que llegaron la pasada semana José LuisRodríguez Zapatero y el líder de ERC, Josep Lluís Carod, en la Moncloa. Poco después del pronunciamiento del Gobierno, Carod anunció el apoyo de ERC a los Presupuestos».
Nada de esa información fue desmentida. Y por supuesto no la desmintieron los hechos. Los hechos tampoco desmentían nada en tiempos de Pujol. Pero sí lo hacían sus protagonistas. En otros tiempos una información semejante habría sido corregida por algún miembro del gobierno pujolista. Algo así:
«Convergencia niega que su apoyo a los presupuestos se deba a la resolución del conflicto lingüístico».
Sin embargo, en esta ocasión, nadie, ni del gobierno catalán ni del gobierno español, ni ninguno de sus representantes parlamentarios se vieron en la necesidad de semejante disimulo. No creo que haga falta insistir en la degradación de la política que supone semejante circunstancia. Que cumple, además, el rasgo más habitual del chantaje: esto es, que el chantajista cobra en una especie (unidad lingüística) en absoluto vinculada con su amenaza (presupuestos). Y donde lo más llamativo, como ya anticipaba, es la indiferencia obscena que chantajeador y chantajista manifiestan ante la publicidad de su común negocio.
Acabo. Hay un último episodio. Vinculado a la fibra íntima de la nacionalidad catalana. La lengua. Durante años, el nacionalismo y Pujol, destacadamente, eludieron cualquier manifestación organicista de la identidad catalana. El hecho diferencial catalán estaba en el idioma. Los excesos de Pujol respecto a la relación entre lengua y cosmovisión no pasaron nunca de alusiones más o menos hueras al romanticismo alemán y al hecho (sic) de que el uso de una lengua determinara la cosmovisión del individuo. A finales del mes de noviembre, y durante su asistencia a la feria del libro de Guadalajara (Méjico), Pasqual Maragall pronunció la frase inmortal: «La lengua es el ADN de Cataluña». Llegó donde nunca se había atrevido a llegar Pujol. En metáfora: a la síntesis definitiva entre naturaleza y cultura como conformadoras del ser catalán. Que las palabras del presidente de la Generalitat no signifiquen nada, que sean sólo producto de su cerebro espongiforme (la formulación es un mero retal arrancado y mal cosido de la moda ontológica del gen y de las curiosas y publicitadas afirmaciones del periodista Álex Grijelmo respecto al gen, al genio y a la eugenesia de las lenguas) y que no vayan a tener ninguna importancia práctica, es lo de menos. Lo importante es que hayan podido ser dichas, que ejemplifiquen a la perfección este estado de barra libre –cuatro barras libres— en que vive la Cataluña nacionalista (pleonasmo). Un lugar donde la obscenidad ha desplazado a su antónimo más genuino. A la política.
Arcadi Espada es periodista. Su último libro: Notas para una biografía de Josep Pla.
por Umberto Eco
El Mundo, viernes, 10 de diciembre de 2004
Desde hace algún tiempo, periodistas siempre al tanto, amigos y conocidos se congratulan conmigo por haber afirmado que «todos somos Velinas». Y me explican que esta frase (con mi firma) aparece siempre al cierre del programa de Antonio Ricci, en el que se exhiben las aspirantes a Velinas.
Alguna vez, de zapping en zapping, vi algún trozo de este programa, que, aparte de la belleza de las chicas, que siempre alegra la vista, me procuraba una gran satisfacción porque oía a esas mujeres bellísimas haberse licenciado casi todas en materias dificilísimas.Y la idea de que hubiesen optado por el camino del velinazgo, en vez de acudir en masa a los concursos universitarios para investigadores (ahorrándome a mí y a mis colegas horas y horas de trabajo de más), sólo podía provocar mi aplauso, al menos desde el punto de vista sindical.
Sin embargo, nunca había llegado al final del programa porque lo veía siempre un rato y, enseguida, tenía que cambiar de canal para no perderme el comienzo del capítulo de las series sobre capitanes de policías. Y es que, en casi todos los capítulos de las series policíacas, desde Colombo en adelante, te dicen quién es el asesino al comienzo y, si pierdes los primeros compases del capítulo, ya no te enteras de nada.
Me pregunté si mis informadores no mentirían porque era imposible que yo hubiese escrito o pronunciado una tontería de tal calibre.¿Qué quiere decir eso de que todos somos Velinas? ¿Que yo tengo la gracia de esas adolescentes? ¿Qué también es Velina Juan Pablo II?
Decir que todos somos Velinas es como decir que todos somos fox terrier o de Bérgamo. No tiene sentido. Es verdad que Heidegger afirmó que «la nada anula» (que todavía tiene menos sentido).Y que, sobre ese apotegma, se escriben decenas de tesis de licenciatura.Pero a mí me parecía que nunca había escrito ni que la nada anula ni que todos seamos Velinas. Como máximo, en el colmo del delirio filosófico, habría podido escribir que las Velinas abundan o que la nada somos todos nosotros.
Pensé que se puede coger cualquier escrito mío y encontrar en la línea 10 la palabra «somos», en la línea 20 la palabra «todos» y, unas líneas más allá, la palabra «Velinas». Y cortando y pegando, la cosa está hecha. Pero con la misma técnica se puede hacer afirmar a un teólogo de la Gregoriana que «Dios no existe».
Al final, me decidí y pedí explicaciones a Antonio Ricci, que me contestó con una amable carta, en la que precisa que la frase no aparece firmada por Umberto Eco, sino por U. Eco. Y que se trata de Ugo Eco, «un ermitaño que vive en Cosio D'Arroscia...Su verdadero nombre es Ugo Cagna, pero en el valle le llaman Eco, por su costumbre de gritar sus pensamientos al viento, disfrutando del eco de su voz». En fin, una historia surrealista.
Sin embargo, todos los que me han interrogado sobre esa frase nunca me preguntaron por qué había dicho una imbecilidad de ese calibre. Al contrario, se congratulaban o me preguntaban cuál era el sentido profundo de mi afirmación. Si la frase aparecía en la tele, había que tomársela en serio.
Pertenezco a una generación que fue educada en no dar crédito a lo que se leía en los periódicos, salvo las esquelas. Es verdad que entonces se vivía en una dictadura, pero incluso después creo haber mantenido una relación con ciertas reservas respecto a todo lo que leía. En cambio, el pueblo televisivo no. Si la televisión dice una cosa, es verdad o, por lo menos, es algo sensato.
Todo esto me recuerda una historia que me contaba el difunto Bonvi, el de la Sturmtruppen, que, para conseguir el dinero que se le iba en cigarrillos, trabajaba también en publicidad. Un día, buscando un bello eslogan para un insecticida, descubrió que uno de sus ingredientes era el pelitre (que, para clarificar las ideas a los indoctos, es simplemente el chrysantemum cinerariifolium).
Y se le ocurrió colocar en los spots y en los encartes publicitarios, en medio de una bella panorámica, la flor del pelitre. No mentía, pero está claro que la evocación de una flor casi exótica contribuía a proporcionar al insecticida frescura, fragancia y seducción.
Un día va a casa de su madre y se da cuenta de que huele demasiado a insecticida. Y su madre le responde que echa en abundancia porque es una mezcla deliciosa a la flor del pelitre. Bonvi, entonces, se enfada y dice: «Pero mamá, eso es una estupidez que me inventé yo». Y su madre le replica: «No, hijo, no. Lo dijo la televisión».