por Ferran Toutain
El País, lunes, 20 de junio de 2005
En Recuerdos de casi un siglo, las memorias que Miquel Batllori dictó cuando ya contaba 91 años, leo las siguientes palabras: "No me siento separatista ni política ni culturalmente. Al fin y al cabo, la convivencia de tantos siglos -por lo menos desde el siglo XV, pero ya en algunos aspectos desde antes- y las conexiones políticas de todas las tierras de la Península Ibérica, sobre todo las que después formaron la monarquía hispánica, han hecho que no tengamos que considerarnos como una nacionalidad enteramente separada del mundo hispánico". Poco antes de estas líneas, el padre Batllori reivindica como parte de su propia cultura al clásico aragonés Baltasar Gracián, que escribió toda su obra en castellano, y, más adelante, quiere dejar muy claro que él nada tiene que ver con lo que hoy se entiende por catalanismo y nacionalismo.
Los que estos días prodigan sus ataques ad hominem contra los promotores del manifiesto Por un nuevo partido político en Cataluña, entre cuyas firmas se incluye la mía, ¿se atreverían a llamar al padre Batllori pijo, progresista, lerrouxista, resentido, fracasado y otras lindezas de semejante calibre? Deberían hacerlo por coherencia o reconocer que, si bien lo que dice el manifiesto les irrita sobremanera, aún les irritan más las personas que lo suscribimos. Que el insulto personal haya sido la respuesta mayoritaria de los políticos, los articulistas y los tertulianos que se han dado por aludidos, demuestra hasta qué punto es urgente el debate que pretende abrir este manifiesto.
El esencialismo siempre ha estado presente, aunque en un grado menor, en ciertos ambientes catalanistas. Lo grave de estos últimos años es que ha ido tomando poco a poco las riendas del país. Aunque justo es reconocer que Jordi Pujol nunca fue un integrista, el rechazo de España estuvo presente desde el principio en todos los medios de comunicación controlados por CiU y por el Gobierno de la Generalitat. De este modo, expresiones como Estat espanyol en lugar de Espanya o comarques de Girona en lugar de província de Girona (y este último caso es especialmente hilarante, pues ya me dirán en qué sentido son comarcas de Gerona si no es en tanto que pertenecen a su provincia) acabaron por ser obligatorias en todos los discursos como parte de la corrección lingüística del catalán. Luego han venido todos esos programas de radio y televisión donde lo español y aun lo no nacionalista han sido objeto de bromas vulgares y comentarios de un mal gusto que nada tiene que envidiar a lo que se ha dado en llamar la Brunete mediática.
Pujol, lo repito, nunca fue un integrista, pero sus sucesivos mandatos criaron integristas entre los jóvenes y azuzaron a otros más maduros a sembrar la semilla del odio. Odio se titulaba precisamente un artículo que publicó no hace mucho la web de E-notícies, en el que su autor mostraba comprensión por un amigo suyo que deseaba fabricar una bomba atómica para arrojarla sobre Madrid. Odio es lo que practicó ese mismo diario electrónico cuando difundió una amenaza de muerte contra el actor Albert Boadella. No hay más que entrar en los foros independentistas de Internet o ver los carteles con que los cachorros del integrismo forran las paredes de las facultades para comprobar que la cultura del odio tiene su espacio en Cataluña. Puede que sea abusivo atribuir a los medios de comunicación públicos toda la responsabilidad de ese estado de cosas, pero sería ridículo pensar que apareció por generación espontánea y, en cualquier caso, alguien tendría que explicar por qué en este país se ve como algo comprensible la agresión a profesores o el boicoteo de actos académicos.
Estos días he recibido varias cartas de estudiantes en las que se confirma buena parte de lo que nos movió a impulsar el manifiesto. En una de ellas, un muchacho que formó parte de la Comisión de Estudiantes del Departamento de Universidades, organismo destinado a fomentar el diálogo entre el Gobierno y los estudiantes universitarios, me dice que la gran mayoría de los jóvenes que tienen voz en esa comisión lanzan sólo propuestas maximalistas de carácter independentista. Oponerse a ellas -me asegura- es imposible si uno no quiere verse rechazado. Y añade que todo lo que se plantea en términos de Constitución o de España es visto por esos jóvenes como algo decrépito y reaccionario. ¿No indican tales actitudes que existe una grave anomalía en nuestro sistema educativo? Algunos parecen creer que no, que eso es lo normal y hasta lo deseable.
Se puede ser nacionalista catalán, vasco o español (¿por qué no español?) con plena legitimidad. Yo no comparto en modo alguno esos sentimientos, pero los respeto; lo que no puedo respetar es que se impongan a toda una sociedad desde una idea determinista de la historia que nos hace vivir a todos en una crispación permanente. Al fin y al cabo, nadie puede decir lo que es una nación. ¿Es el valle de Aran una nación por el hecho de poseer una lengua diferenciada? Venecia fue república independiente hasta el siglo XIX y tiene un idioma propio tan distinto del italiano estándar como el catalán lo es del castellano. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez del nacionalismo veneciano? El padre Batllori, que de historia sabía algo, no creía que Cataluña pudiera considerarse como algo ajeno a España. Razones históricas las hay para todos los gustos, pero lo único que puede definir a una comunidad, en términos democráticos, es la voluntad de sus ciudadanos. En el nuevo Estatuto, pongan si quieren que Cataluña es una nación, a pesar de que según las encuestas eso sólo lo sostiene el 20% de los catalanes, pero por favor hagan un esfuerzo por evitar que la cultura política, algo imprescindible en un régimen de libertades, acabe completamente sustituida en este país por el mito identitario.
por Pantxo Unzueta
El País, jueves, 16 de junio de 2005
¿Tendrán razón los que sostienen que la definición de Cataluña como nación en el proyecto de nuevo Estatuto es un reconocimiento simbólico sin mayores consecuencias? La inclusión en el texto del deber de conocer la lengua catalana ¿es también un puro gesto simbólico que no perjudica a nadie? Un posible criterio para decidir si hay que prevenirse frente a esas novedades o dejarlas pasar sin mayor inquietud podría ser imaginar lo que un Gobierno dirigido por un nacionalista -Carod-Rovira, por ejemplo- podría hacer con un Estatuto que incluyera esos conceptos.
El mismo sábado 11 en que los líderes políticos catalanes debatían sobre la inclusión o no del término nación en el proyecto se publicaba en EL PAÍS un artículo de Pilar Bonet titulado Los 'no ciudadanos' de Letonia. Trata sobre los 470.000 habitantes (el 20% de la población) de origen ruso a los que no se les reconocen derechos políticos, el de voto principalmente. Para su renacionalización como ciudadanos de pleno derecho tienen que pasar un examen de lengua, historia y constitución nacional. Entre esos no ciudadanos figuran 15.000 niños nacidos con posterioridad a la independencia y no registrados por sus padres como letones. Letonia es un país miembro de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones vienen presionando desde hace años para la supresión de esa discriminación.
También Estonia forma parte de la UE. En un artículo publicado en diciembre de 2003 en la revista Claves, Elena Jurado explicaba la discriminación aplicada al medio millón de habitantes rusohablantes (el 38% de la población) de esa república báltica, a los que se negó la ciudadanía a partir de la independencia, en marzo de 1991. Lo más impactante del artículo es la referencia a la frustración de muchos de esos ciudadanos al comprobar cómo, tras haber apoyado la secesión de la URSS por asociarla a la idea de democracia y respeto por los derechos humanos, se habían encontrado convertidos de la noche a la mañana en extranjeros.
Puede ser igualmente útil para los catalanes preocupados por su futuro observar la realidad de Euskadi, la comunidad en la que los nacionalistas han llegado más lejos en el intento de perpetuar su hegemonía política. En 1990, en pleno debate sobre la autodeterminación como remedio a la insatisfacción que ciertos líderes nacionalistas habían detectado en su corazón, a alguien se le ocurrió que para acabar de una vez por todas con ese debate lo mejor sería votar una resolución sobre el asunto en el Parlamento vasco: una resolución de reconocimiento y delimitación del derecho de autodeterminación en términos compatibles con el principio autonómico plasmado en el Estatuto de Gernika. La idea fue impulsada por Euskadiko Ezkerra, partido que poco después se fusionaría con el de los socialistas vascos.
La aprobación de la resolución no tuvo ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa; pero 14 años después, el lehendakari Ibarretxe la utilizó como elemento de legitimación de su plan soberanista: "El pueblo vasco" -puede leerse en el preámbulo- "tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco". Lo que cuenta no es el contenido, sino la palabra: autodeterminación, interpretada como fundamento de un proceso constituyente cuyo desenlace (como ha escrito el profesor R. L. Blanco Valdés: Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005) "no podría ser otro que la misma independencia". A la que se llegaría a través de un paulatino vaciado de competencias del Estado y la correlativa desprotección del ciudadano no nacionalista frente a abusos en terrenos como el judicial o el laboral con el pretexto del idioma.
La idea de que mientras gobiernen los nuestros no habrá peligro de atropellos antidemocráticos es voluntarista. Primero, porque no siempre gobernarán; segundo, porque una política filonacionalista impulsada por un partido de izquierda radicaliza a los nacionalistas genuinos y favorece su hegemonía a medio plazo. La cuestión es, por tanto, qué podría hacer en su día con la combinación entre la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad de hablar catalán un partido independentista: el de los autores, por ejemplo, de un inolvidable informe sobre la prensa difundido en mayo de 2004 que proponía crear un "espacio catalán de comunicación" que transmita la "forma catalana de ver el mundo"
EL MANIFEST
El Mundo, lunes, 30 de mayo de 2005
Después de 23 años de nacionalismo conservador, Cataluña ha pasado a ser gobernada por el nacionalismo de izquierdas. Nada sustantivo ha cambiado. Baste con decir que el actual Gobierno ha fijado como su principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto de Autonomía. Muchos ciudadanos catalanes creemos que la decisión es consecuencia de la incapacidad del Gobierno y de los partidos que lo componen para enfrentarse a los problemas reales de los ciudadanos. Como todas las ideologías que rinden culto a lo simbólico, el nacionalismo confunde el análisis de los hechos con la adhesión a principios abstractos. Todo parece indicar que, al elegir como principal tarea política la redacción de un nuevo Estatuto para Cataluña, lo simbólico ha desplazado, una vez más, a lo necesario.
La táctica desplegada durante más de dos décadas por el nacionalismo pujolista -en la que hoy insiste el tripartito- ha consistido en propiciar el conflicto permanente entre las instituciones políticas catalanas y españolas e, incluso, entre los catalanes y el resto de los españoles. Es cada vez más escandalosa la pedagogía del odio que difunden los medios de comunicación del Gobierno catalán contra todo lo «español». La nación soñada como un ente homogéneo ocupa el lugar de una sociedad forzosamente heterogénea.
El nacionalismo es la obsesiva respuesta del actual Gobierno ante cualquier eventualidad. Lo único que se le resiste son los problemas, cada vez más vigorosos y complicados. Por ejemplo, el de la educación de los niños y jóvenes catalanes. La política lingüística que se ha aplicado a la enseñanza no ha impedido que los estudiantes catalanes ocupen uno de los niveles más bajos del mundo desarrollado en comprensión verbal y escrita. Este es sólo uno de los más llamativos resultados de dos décadas de gestión nacionalista. Dos décadas en las que el poder político, además, ha renunciado a aprovechar el importantísimo valor cultural y económico que supone la lengua castellana, negando su carácter de lengua propia de muchos catalanes.
La decadencia política en que ha sumido el nacionalismo a Cataluña tiene un correlato económico. Desde hace tiempo la riqueza crece en una proporción inferior a la de otras regiones españolas y europeas comparables. Un buen número de indicadores cruciales, como la inversión productiva extranjera o las cifras de usuarios de internet, ofrece una imagen de Cataluña muy lejana del papel de locomotora de España que el nacionalismo se había autopropuesto.Su reacción ha sido la acostumbrada: atribuir la decadencia económica a un reparto de la Hacienda Pública supuestamente injusto en Cataluña. Cabe recordar que una de las acusaciones tradicionales de la izquierda al anterior Gobierno conservador había sido, precisamente, la de no saber gestionar con eficacia los recursos de que disponía y practicar una política victimista que ocultara todos sus fracasos de gestión. Poco tiempo ha necesitado el tripartito para adherirse a esta reacción puramente defensiva, que, además, ha incurrido con frecuencia en la inmoralidad. Alguno de sus consejeros no ha tenido mayor inconveniente en afirmar que, mientras el norte español trabaja, el sur dilapida. No parece que el creciente aislamiento de Cataluña respecto de España y que su visible pérdida de prestigio entre los ciudadanos españoles hayan contribuido a paliar esta decadencia.
Sin embargo, el nacionalismo sí ha sido eficaz como coartada para la corrupción. Desde el caso Banca Catalana hasta el más reciente del 3% (que pasará a la Historia por haber provocado una de las más humillantes sesiones que haya vivido un Parlamento español), toda acusación de fraude en las reglas de juego se ha camuflado tras el consenso. Un consenso que no sólo se manifiesta en los escenarios del parlamentarismo, sino que forma parte del paisaje. Puede decirse que en Cataluña actúa una corrupción institucional que afecta a cualquier ciudadano que aspire a un puesto de titularidad pública o pretenda beneficiarse de la distribución de los recursos públicos. En términos generales, el requisito principal para ocupar una plaza, recibir una ayuda o beneficiarse de una legislación favorable, es la contribución al mito identitario y no los méritos profesionales del candidato o el interés práctico de la sociedad.
Como las fuerzas políticas representadas hoy en el Parlamento de Cataluña se muestran insensibles ante este estado de cosas, los abajo firmantes no se sienten representados por los actuales partidos y manifiestan la necesidad de que un nuevo partido político corrija el déficit de representatividad del Parlamento catalán.Este partido, identificado con la tradición ilustrada, la libertad de los ciudadanos, los valores laicos y los derechos sociales, debería tener como propósito inmediato la denuncia de la ficción política instalada en Cataluña.
Oponerse a los intentos cada vez menos disimulados de romper cualquier vínculo entre catalanes y españoles. Y oponerse también a la destrucción del razonable pacto de la Transición que hace poco más de 25 años volvió a situar a España entre los países libres. La mejor garantía del respeto de las libertades, la justicia y la equidad entre los ciudadanos, tal y como se conciben en un Estado de Derecho, reside en el pleno desarrollo del actual régimen estatutario de las autonomías, enmarcado en la Constitución de 1978. Es cierto que el nacionalismo unifica trasversalmente la teoría y la práctica de todos los partidos catalanes hasta ahora existentes; precisamente por ello, está lejos de representar al conjunto de la sociedad. Llamamos, pues, a los ciudadanos de Cataluña identificados con estos planteamientos a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad.
Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trías, Iván Tubau y Horacio Vázquez Rial.
por Xavier Pericay
ABC, sábado, 28 de mayo de 2005
Yo soy un firme partidario de que se abran los armarios. Sí, sí, que se abran, que les dé el aire. Todo esto hay que ventilarlo. En seguida les cuento por qué.
El otro día andaba yo buscando asuntos varios sobre las lenguas en Cataluña, y me dispuse a abrir uno de esos armarios, el de 1981, en concreto. ¡Menudo año! Figúrense que nada más empezar, el 30 de enero, uno se encuentra con el estreno de «Operació Ubú», de Els Joglars, en el Teatre Lliure de Barcelona. Luego, el 23 de febrero, el tejeretazo. Y luego aún, el 12 de marzo, la publicación de un manifiesto titulado «Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña», que acabaría siendo conocido como «El manifiesto de los 2.300» o «El manifiesto» a secas, y que generó, al cabo de una semana, ese anticuerpo llamado «Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes», más conocido como «La Crida» a secas. Y luego, en fin, lo de mayo, el atentado de que fue víctima Federico Jiménez Losantos -uno de los firmantes de «El manifiesto»- el día 21, cuando dos pistoleros de la recién nacida Terra Lliure le dispararon un tiro en la rodilla. Menudos meses, sí. La verdad es que, a medida que iba sacando los papeles del armario, yo recordaba haber vivido todo aquello. De forma distinta, claro, a como lo estaba reviviendo ahora. La perspectiva, sin duda. Casi un cuarto de siglo. Y el hecho de saber en qué ha parado este país.
Pero lo que no recordaba es lo de abril. De mediados de abril. Una carta. Escrita por Josep Tarradellas y dirigida al entonces director de «La Vanguardia», Horacio Sáenz Guerrero. Impresionante asunto, esta carta. El ex presidente de la Generalitat se la mandaba a su amigo periodista porque le parecía que debía aclararle determinadas opiniones que él mismo había expresado con «una vehemencia innecesaria» en una conversación reciente entre los dos. Por suerte, la carta, además de llegar a su destinatario, llegó a la prensa. Es decir, se hizo pública, que era, en el fondo, para lo que había sido escrita. De ahí, sin duda, que no consista en una serie de puntualizaciones más o menos extensas sobre lo dicho por el propio Tarradellas unos días antes de viva voz, sino que constituya un pequeño ensayo -ocupa casi una página de la vieja «Vanguardia» en blanco y negro, y, traducida, dos enteras del viejo «Avui»- sobre los primeros diez meses de gobierno de Jordi Pujol. Aunque, bien mirado, el texto, más que un balance de este año escaso, es la confirmación de un presentimiento: el que había tenido el ex presidente el 9 de mayo de 1980, en la toma de posesión de su sucesor al frente de la Generalitat, cuando no había podido acabar su discurso «gritando vivas a Cataluña y a España», como en él era habitual, porque quien cogía el relevo no había aceptado que así lo hiciera. Allí empezó la ocultación oficial de España. O, lo que es lo mismo: la confrontación entre quienes estaban dispuestos a creer en su existencia y quienes preferían ignorarla. Y la consiguiente «ruptura de la política de unidad, de paz y de hermandad aceptada por todos los ciudadanos de Cataluña» y propugnada durante la Presidencia de Tarradellas. La carta recoge algunas muestras de esta confrontación y esta ruptura: la unidad de acción entre los gobiernos nacionalistas de Pujol y Garaicoechea, en el País Vasco, en su enfrentamiento con el Gobierno del Estado; el conflicto originado por la política lingüística -«los problemas de la lengua y de la escuela es la actual Generalitat quien en gran parte los ha provocado», afirma el texto-, plasmado en la aparición de «El manifiesto» y en las reacciones suscitadas; y, en fin, la consolidación del recurso al victimismo como sistema de relación política con Madrid. Vamos mal, venía a decir Tarradellas. Y lo que faltaba.
Pero la lectura de esta carta y, en general, de cuanto esconden aquel y otros armarios, conduce inevitablemente a una pregunta: ¿dónde estábamos? Sí, ¿por qué no hicimos nada entonces, por qué permitimos aquello y todo lo demás? Fracasamos, qué duda cabe. Y lo peor es que no tenemos excusa.
por Ivan Tubau
El Mundo, martes, 3 de mayo de 2005
Acudo de nuevo a la autoridad clara del sentido común, es decir, a Juan Marsé: «En vez de perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes buscando las esencias de la patria, la lengua y la puñetera identidad nacional, ¿por qué no se afanan en resolver los auténticos problemas de los ciudadanos?» Y me atrevo a formular una propuesta sencilla, de ciudadano común: la que figura en el título.
Aquellas personas que, creyéndose de izquierdas y no siendo nacionalistas, se consideraron aludidas cuando en 1977 Josep Tarradellas gritó desde el balcón de la Generalitat «¡Ciutadans de Catalunya!», no se sienten representadas por ninguno de los partidos existentes en esta región. Todos ellos, por motivos que si no son innobles constituyen un misterio, se prosternaron ante el nacionalismo.Que, siendo esencialista, no puede ser de izquierdas.
Durante casi un cuarto de siglo, esas personas pudieron considerar que la culpa era del suqueropujolismo, dueño del gobierno en Cataluña desde que -tras la dictadura franquista y el paréntesis unitario de Tarradellas- se celebran elecciones democráticas.La Generalitat podría haber sido de los socialistas, pero Esquerra Republicana (ninguno de los dos términos significa lo que enuncia) inclinó la balanza en favor de Pujol.
Entonces se instauró una dictadura blanca -así llamada por Tarradellas- impecablemente democrática. Pujol siguió ganando elecciones porque esos catalanes de izquierdas, que muy sensatamente se consideraban también españoles, constataron que la Generalitat no les representaba y pasaron de las elecciones autonómicas.Su última esperanza la depositaban en los capitanes charnegos del socialismo, restos del naufragio del PSOE propiciado por los nois de casa bona catalanistas del PSC. O Josep Borrell, que había dicho: «Em sento català però Espanya no em fa nosa».Algunos socialistas del «cinturón rojo» de Barcelona, hartos de espera inútil, votaron a Aleix Vidal-Quadras, que siendo el único que les tenía en cuenta obtuvo aquel año para el PP los mejores resultados de su historia. Aquello terminó. Borrell y Vidal-Quadras disfrutan de un exilio dorado europeo, el capitán de los capitanes ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas ministeriales, Maragall y su tripartito son tan nacionalistas como Pujol y entretienen al personal con maniobras peligrosas (cambiar el Estatut o copiar el concierto económico vasco) que frenan la inversión extranjera e inquietan o enconan a los demás españoles: «Quizás hace falta un nuevo partido en Cataluña», escribía el sábado en La Vanguardia Francesc de Carreras. Sin quizás, añado. El PP, sin Aznar y con Piqué, puede representar dignamente a la derecha civilizada. La izquierda civilizada necesita un partido socialdemócrata no nacionalista, que ya no puede salir de una costilla del PSC. Un partido como un día soñó que podía ser el PSOE de Borrell. Un partido que tenga pronto representación parlamentaria y dé voz a quienes ahora no la tienen. Un partido de los ciudadanos, no del pueblo.
Entrevista a Miquel Porta Perales, ensayista
por Víctor-M. Amela
La Vanguardia, viernes, 15 de abril de 2005
Tengo 57 años. Nací en Badalona y vivo en Barcelona. Soy articulista, ensayista, escritor. Estoy casado. No tengo hijos. Soy liberal conservador y extremocentrista. Soy agnóstico. Considero que vivimos en el mejor de los mundos posibles de entre todos los conocidos hasta hoy. ¡El nacionalprogresismo es el pensamiento único en Catalunya!
-¿Qué tiene usted contra Rafael Casanova?
-Es un claro ejemplo de las tergiversaciones que en Catalunya difunde el nacionalprogresismo imperante.
-¿Por qué lo dice?
-Se le homenajea como héroe mártir de la resistencia contra Felipe V en Catalunya, pero lo cierto es que la noche del 10 al 11 de septiembre de 1714 estaba durmiendo, que tuvieron que despertarle y llevarle al frente y que allí fue herido muy levemente...
-O sea, que no murió.
-¡Qué va! Consiguió del médico un certificado de defunción, quemó los archivos, delegó en otro conseller la rendición, huyó disfrazado de fraile y se instaló en Sant Boi.
-¿Para seguir defendiendo Catalunya?
-Ejerció la abogacía felizmente, con el perdón de Felipe V. ¡Vivió como un rey en la corte del Borbón! Y así hasta su plácida muerte. ¿No actuó como un botifler traidor?
-Si eso fue realmente así, ¿por qué los partidos catalanes le ofrendan flores cada año?
-Eso ilustra la manipulación, la invención de una historia de Catalunya en los días de la Renaixença, una fábula absoluta que nuestro nacionalprogresismo sigue perpetuando.
-Pero... ¿qué es el nacionalprogresismo?
-La ideología dominante en Catalunya, compartida por los nacionalistas como Pujol y los izquierdistas como Maragall.
-¿Los mete usted en el mismo saco?
-Sí. ¡Maragall es el genuino heredero del discurso de Pujol...! Aunque diría que el problema del nacionalismo es emocional, y el del izquierdismo es estomacal: tiene muchas dificultades para digerir la realidad, para aceptarla tal como es.
-¿Me daría un ejemplo?
-No digiere que el mayor intelectual crítico del siglo XX fue Ronald Reagan: activista contra el despotismo, él cambió el mundo.
-Le gusta provocar, ¿eh?
-Me gusta pensar, y lo que no me gusta es que me riñan por lo que pienso, que me indiquen el "recto camino" y que me ofrezcan certificado de buena conducta, que es lo que le gusta hacer al nacionalprogresismo.
-Que aún no entiendo muy bien qué es...
-Es una religión laica con su doctrina y sus profetas y profecías. Una doctrina esencialista, populista, negativista y bonista.
-Vaya por partes: ¿esencialista?
-Establece que Catalunya tiene una identidad y sólo una, y que es una nación.
-¿Y no?
-A ver..., ¿qué es una nación? Si la basamos en la lengua, como predican nuestros nacionalistas, Catalunya... ¡es una binación! Porque Catalunya es bilingüe, ¡felizmente!
-Nadie atenta contra el bilingüismo, creo.
-El nacionalprogresismo catalán tiene un sueño monolingüe: "Viure en català". Yo, en cambio, prefiero vivir en libertad. Paradójico: los que se dicen adalides de la diversidad... ¡quieren reducir la que ahora hay! Y con multas, incluso. Pero el monolingüismo es una enfermedad que se cura, por suerte...
-¿Y por qué los tilda de populistas?
-Porque prometen lo que la gente pide, sea posible o no, conveniente o no.
-¿Y por qué negativistas?
-El nacionalista se queja siempre y el izquierdista siempre dice "no": ¡la culpa la tiene siempre el sistema capitalista, claro! El caso es quejarse y protestar..., sin solucionar nada. Barcelona es la ciudad de la protesta.
-¡Porque aspira a un mundo mejor!
-Tampoco hay que quejarse tanto, ya que la pobreza en el mundo ha retrocedido: en 1970 vivía con menos de dos dólares el 45% de la población mundial, y hoy sólo el 19%. ¡No será tan pernicioso el capitalismo...!
-Y, por último, ¿qué es lo de bonistas?
-Se tienen por heraldos del bien: el ecologismo, el pacifismo... Pero ¿acaso es la paz el bien absoluto? No: ¡a veces hay que romperla para preservar el bien superior de la libertad y la vida digna! Y eso es lo que afortunadamente ha hecho Estados Unidos en Iraq.
-Sí, claro: 100.000 iraquíes muertos...
-Saddam -él solito- había ya provocado antes la muerte de un millón de iraquíes...
-¿Estados Unidos es para usted el ejemplo que hay que seguir?
-Pues ojalá que la burócrata, intervencionista, proteccionista y fracasada Europa imitase más a Estados Unidos.
-¿Acaso todo lo hacen bien allí?
-Bush tiene demasiado de socialdemócrata, y allí todavía sobra proteccionismo en el acero y la agricultura... ¡Pero nada comparable con Europa, el reino del proteccionismo!
-¿Propone que no protejamos a nuestros agricultores y ganaderos?
-¡Tienen la jeta de manifestarse contra la pobreza en el Tercer Mundo! Que no nos impidan importar productos del Tercer Mundo ¡y así sí paliaríamos la pobreza de allí!
-Suprimiría las subvenciones, pues...
-Sí, sobre todo la cultura subvencionada, que es como está hoy en Catalunya. Eso es la muerte de toda vitalidad cultural genuina.
-Se queja de los que se quejan, pero ¿qué alternativa al nacionalprogresismo propone?
-Sustituir la noción de nación por la de ciudadanía. No hay naciones, hay derechos de los ciudadanos: menos nación y más gestión.
-¿Dónde ve usted déficit de gestión?
-Mire lo del Carmel, las colas de la seguridad social, el fracaso escolar... ¡Exijamos a nuestros políticos que solucionen eso en vez de perder el tiempo redactando otro Estatut!
-Y al Gobieno español, ¿qué le exigiría?
-Lo mismo: que gestione bien en vez de perder el tiempo retirando estatuas. Franco me repugna, pero también Companys fue un golpista y tenemos estadios con su nombre. Con esas cosas, Zapatero fomenta un frentismo como el de los años 30: ¿es eso progresista
por Antonio Elorza
El País, miércoles, 23 de marzo de 2005
En la reciente cumbre organizada por el Foro de Madrid para conmemorar el 11-M se han registrado indudablemente resultados muy positivos en cuanto al respaldo simbólico de la democracia en su enfrentamiento con el terrorismo, en la dura crítica contra el "método Guantánamo" de ejercicio de la acción antiterrorista con desprecio de los derechos humanos, y en la exigencia de una cooperación efectiva supranacional, hoy eficaz en el marco de acuerdos bilaterales, pero muy débil en otras instancias, tales como la propia Unión Europea. Del balance en los planos del análisis del fenómeno terrorista y de las políticas necesarias resulta difícil hablar todavía, sin tener a la vista los materiales presentados por los cientos de expertos y políticos reunidos en el Palacio de Congresos de Madrid. El seguimiento como simple observador de las conclusiones ofrecidas en varios paneles permite detectar la madurez en los trabajos relativos a los planos político, cultural y económico, así como la curiosa manera de ver las cosas en otros especialistas. Así, el coordinador de Psicología Social afirmó lisa y llanamente que sólo un Estado terrorista puede eliminar el terrorismo, y en mi propio panel hube de escuchar las apreciaciones más peregrinas, apuntando incluso a que el encarcelamiento de los terroristas resultaba negativo porque entonces se harían más contumaces en su propensión a la violencia. Por supuesto, y en la misma línea de pensamiento, el recurso a medidas "violentas" era colocado bajo sospecha, ya que su efecto consistiría en "endurecer la resolución" de los terroristas. No hubo manera de hacerles aceptar el término "necesidad" para calificar las medidas policiales, puntualizando que las mismas habían de ejercerse dentro del Estado de derecho y con estricto respeto de los derechos humanos.
En la cascada de discursos de gobernantes, el que suscita mayor perplejidad, y preocupación por lo que tiene de significativo, es, a mi entender, el pronunciado por el presidente Zapatero, quien parece encerrado en los últimos tiempos dentro de un círculo cuyas paredes invisibles le impiden pasar de declaraciones muy positivas en el plano de las buenas intenciones políticas a un reconocimiento mínimamente preciso de la realidad. Renuncia una y otra vez a encarar ésta, eliminando la confrontación en nombre de un discurso de apariencia progresista que aspira a atender las demandas de todos, o del viento que sopla con más fuerza. Es como uno cualquiera de los personajes de El ángel exterminador de Buñuel, incapaces de abandonar una sala sin puertas, sólo que feliz y contento de que sus afirmaciones cargadas de wishful thinking no tengan que ser puestas a prueba con el mundo exterior. También pudiera considerarse tal actitud como una variante del síndrome de Pangloss, expuesto por Voltaire en su Cándido: las buenas palabras tendrán el efecto mágico de lograr que todo vaya hacia lo mejor en el mejor de los mundos.
Así, en el problema de las reivindicaciones nacionalistas sobre las lenguas a utilizar en el Congreso, al reabrir un tema que ya parecía resuelto con la división de espacios entre un Senado plurilingüe y un Congreso en que prevaleciera el concepto del idioma común en tanto que instrumento de comunicación. Pues bien, Zapatero parece inclinarse por auspiciar el deslizamiento hacia el modelo austrohúngaro, que tan óptimos resultados produjo en 1918. Los nacionalistas saben lo que quieren y para qué lo quieren: en la estela de ERC, cada logro es una plataforma para una exigencia sucesiva. Resulta, pues, ingenuo confiar en que con un Reglamento del Congreso reformado y abierto al babelismo va a contenerse la deriva hacia una fragmentación simbólica del Estado que nada tiene que ver con la articulación de las diferencias dentro de un Estado plurinacional.
En un tema complejo como el de la acción antiterrorista internacional, los efectos de esa toma de posición son aún más demoledores, especialmente porque invalidan la aportación indudable que representa el punto de partida. Un gran acierto de Zapatero consiste en plantear que la clave de una resolución definitiva del problema que ahora afrontamos es conseguir una "alianza de civilizaciones", lo cual entraña el reconocimiento implícito de que la oleada terrorista es signo de un riesgo nada imaginario de guerra de civilizaciones, en los términos de Huntington. De hecho, Bin Laden ya la ha declarado, y en un primer momento, al utilizar el término "cruzada", Bush lo aceptó expresamente. Para prevenir la consolidación de semejante catástrofe es preciso insistir en que ningún obstáculo de fondo impide la integración del mundo islámico en la modernidad ni la colaboración con Occidente, y que la inversión de la tendencia requiere tanto políticas económicas orientadas hacia la cooperación, lo cual es válido también para el Tercer Mundo no musulmán, y con el mismo contenido, como una intensificación de las relaciones culturales, con el norte de la eliminación del concepto hoy dominante de "enemigo". A pesar de su carácter restrictivo, y del defecto de asumir algo tan cuestionable como la etiqueta de "civilización", el mensaje resulta comprensible para todo aquel que lo recibe y puede ser presentado como objetivo válido a medio y a largo plazo, así como en calidad de antídoto contra la tentación de responder a la yihad con una nueva forma de cruzada.
Ahora bien, la fijación de un buen objetivo no exime de la exigencia de analizar el fenómeno, huyendo de las simplificaciones, y en este terreno Zapatero las encadena, casi sin solución de continuidad. Las grandes palabras no faltan, pero ya apuntan a la desviación en el razonamiento. Es cierto que nos encontramos "en un mar de injusticias" a escala universal, o si se quiere ser más concreto, en un mundo regido por una enorme desigualdad que en las últimas décadas no ha hecho sino aumentar, pero la relación inmediata de causalidad entre esa situación y los objetivos de paz y de seguridad ya no están tan claros, y sobre todo, pensando en el terrorismo, el disparate está al caer. Para empezar, Zapatero proclama "alto y claro" que no hay nada detrás del terrorismo. Es, a su juicio, pura barbarie. "En el terror no hay política, en el terror no hay ideología", afirma. La verdad es que en ese caso no se entiende por qué son reunidas cientos de personas para analizarlo. Con la respuesta policial y la atención al contexto económico sería suficiente. Por mucho que restemos importancia a este tipo de discursos en grandes ocasiones, la impresión ante tal juicio ha de ser inevitablemente desoladora. ¿No hay ideología detrás de las proclamas de Al Qaeda, ni en los manifiestos de ETA, por mencionar las formas de terrorismo que Zapatero, por su responsabilidad, está obligado a entender? En sentido estricto, nos encontramos ante lo que Tierno Galván llamaba una ceguera voluntaria, y lo más grave es que la misma constituye la premisa para el tipo de aproximación política que a continuación va a definir.
El terrorismo es, consecuentemente, cabría deducir, una forma de violencia brutal cuyo único origen posible reside en la pobrezade millones y millones de hombres, en esa injusticia provocada por la desigualdad. Lo que sucede es que tal pensamiento es plenamente equivocado y hará luego inevitable la confusión en la línea política a adoptar. ¿Qué situación de pobreza está detrás de ETA?, ¿son Bin Laden y Al Zauahiri prototipos de jornaleros desamparados?, ¿es la revuelta palestina, y en su seno el terror, producto de la explotación económica, o más bien del sentimiento de encontrarse políticamente aplastados por Israel? Hay excepciones que confirman la regla, caso de Sendero Luminoso en Perú, pero incluso entonces el motor del desencadenamiento del terrorismo reside en la adaptación de la ideología maoísta. En una palabra, los movimientos terroristas no son la expresión de la injusticia económica, aunque eso suene muy bien y nos exima a continuación de pensar, sino formas de violencia vinculadas a una concepción radical de la lucha política y a unos fundamentos doctrinales que legitiman su estrategia. Otra cosa es el apoyo social que luego recaben. No entender esto y refugiarse en el populismo fácil es tanto como errar de medio a medio el camino a seguir.
Conclusión lógica de lo anterior: el terrorismo nada tiene que ver con religión o cultura alguna. Consecuencia terrible de contemplar las cosas de otro modo: "La incomprensión entre culturas". Sigue un razonamiento formalmente confuciano y que nos lleva a un círculo vicioso, pues de la errónea causa de un fenómeno, el terrorismo ya existente, hacemos origen de la aparición del mismo: "La incomprensión es la antesala de la separación, la separación abre la tentación del odio, y el odio es la puerta de la violencia". Es decir, que si de manera absurda creemos que existe un terrorismo y que ése hunde sus raíces en el integrismo islámico o en la religión política nacionalista de Sabino Arana, estaremos produciendo a fin de cuentas ese terrorismo. Por tener la funesta manía de "pensar de otro modo", como en el grabado de Goya, el analista se convierte en sembrador y en artífice de odio y de terror.
Podemos respirar tranquilos: el terrorismo islamista es un invento de los enemigos del islam, y no debemos hablar de él porque entonces lo suscitamos. Por lo mismo carece de sentido elaborar políticas que tiendan a conjugar la integración de los cientos de miles de inmigrantes de religión musulmana con la construcción de una barrera contra la infiltración y la difusión de las doctrinas yihadistas. Con políticas de asistencia económica, que por lo demás bienvenidas sean, y actuación policial frente a un terrorismo "internacional", ya hay bastante. Más sencillo, imposible. Signo de la confusión sembrada: en estas mismas páginas el racismo antiárabe es etiquetado de "islamofobia" que avanza. Pregunta: ¿qué tenían de "islamófobos" los sucesos de El Ejido?
Una sucesión de falsas interpretaciones no puede determinar una política razonable, pero sí una gestión cómoda a corto plazo, cediendo en cuanto se tropieza con un problema complejo en favor de la línea de mínima resistencia, y siempre al amparo de una coartada de apariencia progresista. La causa saharaui resulta abandonada en aras de las buenas relaciones con Marruecos, objetivo por otra parte deseable. Los graves problemas que suscitan el plan Ibarretxe y las reformas estatutarias son sorteados desde un vacío político por ahora total, con buenas palabras, como si el futuro no encerrase riesgo alguno. La difícil tarea de apoyar a los demócratas frente a la represión de la dictadura cubana cede paso a una "normalización" al estilo checoslovaco de 1969, dejando a los disidentes en la cárcel, sin que el ministro Moratinos tenga siquiera el gesto de dignidad de replicar a las afirmaciones de Pérez Roque de que los presos políticos están ahí en aplicación de la justicia. El Rey recibe al ministro cubano que hace poco insultaba a toda Europa y el Gobierno español parece dispuesto a convertirse en abogado defensor de la causa castrista, pronto en el tema de los derechos humanos, como antes en la UE. Eso sí, empresarios hoteleros e izquierda del mojito rebosan de satisfacción. Y, por lo que concierne al terrorismo islamista, es decretada su inexistencia, con lo cual, por la misma regla de tres que en los casos anteriores, puede esperarse que la gestión cultural del tema sea confiada a quienes suscriben entre nosotros un islamismo de fachada progre. Para cerrar el círculo, el presidente proclama su "respeto" (sic) ante la política de destrucción llevada a cabo por Putin en Chechenia, al mismo tiempo que en la acera opuesta los líderes del PP se rasgan las vestiduras ante la retirada de una estatua de Franco. ¿Qué hemos hecho para merecer tantos despropósitos?
Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político de la Universidad Complutense de Madrid.
por Ivan Tubau
El Mundo, martes, 8 de febrero de 2005
Algun cop als periodistes ens cau del cel la feina feta. Avui he tingut accès (¿oi que es diu així?) al document enviat per Josep M. Pallàs i Guasch (ell posa Josep Ma.), director dels Serveis Territorials d'Ensenyament -ara seran d'Educació, valga'ns Déu-, als directors dels centres docents de la província de Tarragona, i amb uns quants extractes textuals en tindré prou per fer l'article.
Una nota prèvia diu: «Us encoratgem, a tot l'equip directiu del centre, a ser capdavanters i ferms en el compliment del deure de fer del català la llengua viva i cohesionadora dels centres en tots els àmbits. La pervivència del català com a llengua del centre no ha de ser la dèria d'un grup més o menys reduït de professors, sinó un deure professional que vincula a [sic] tot el professorat i PAS.»
Continua: «Benvolgut/da director/a, com bé sabeu, el marc legal del nostre sistema educatiu estableix l'ús de la llengua catalana com a llengua [sic] normal d'aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre. Cal entendre aquest ús en el sentit més ample [sic] del terme: el català ha de ser la llengua d'ús en les explicacions orals i escrites dels professors i en la vida administrativa del centre (claustres, reunions de departament, entrevistes amb pares, etc...) [sic].Això inclou a [sic] tot el personal, tant docent com PAS, a tots els nivells educatius, a totes les matèries i a totes les activitats adreçades als alumnes, inclosos els nouvinguts escolaritzats a les aules d'acollida.»
«La realitat social del català és precària. [ ] Per garantir l'assoliment [del] dret d'ús del català per part de tota la ciutadania cal ser ferms en la defensa de la presència del català com a llengua vehicular dels centres docents del país.»
Ojo, com deia en Pompeu Fabra, que arribem al pinyol: «L'ús del català o del castellà per part del docent de l'ensenyament públic no universitari no és una opció personal seva, ni una tria en funció del context que té al davant. Malgrat tots els matisos que es vulguin i malgrat totes les situacions raonablement excepcionals que es puguin presentar, el personal docent de la Generalitat de Catalunya té l'obligació laboral de desenvolupar la seva feina en català.»
Per reblar el clau, l'amenaça ominosa: «El professor/a ha de consignar, en la seva fulla [sic] de declaració horària habitual, la llengua en que [sic] imparteix les classes. Els directors i directores no han de signar aquells de declaració horària en què es manifestin usos lingüístics no ajustats a la realitat o a la legalitat. La Inspecció d'aquests SSTT faran [sic] un seguiment específic, durant aquest curs 2004-2005, d'aquells usos lingüístics que no s'ajustin al marc normatiu vigent.»
Podria parlar de fanatisme nacionalista o racisme lingüístic (¿heu pensat per exemple en els milers de nens i nenes equatorians o colombians que parlen l'espanyol, llengua oficial de Catalunya i pròpia dels catalans?), però ni queda espai ni cal. Ja us ho glossareu vosaltres mateixos/es, que sou prou grandets/es.
El País, domingo, 5 de julio de 1981
Los abajo firmantes, intelectuales y profesionales que viven y trabajan en Cataluña, conscientes de nuestra responsabilidad social, queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra preocupación por la actual situación cultural y lingüística. Llamamos a todos los ciudadanos para que suscriban y apoyen este manifiesto, que no busca otro fin que el de restaurar un ambiente de libertad, tolerancia y respeto entre todos los ciudadanos de Cataluña, contrarrestando la actual tendencia hacia la intransigencia y el enfrentamiento entre comunidades, lo que, de no corregirse, puede originar un proceso en el que la democracia y la paz social se vean amenazadas. No nace nuestra preocupación de posiciones de prejuicios anticatalanes, sino del conocimiento de hechos que vienen sucediéndose desde hace tiempo, en que derechos tales como los referentes al uso público y oficial del catalán y el castellano, a recibir la enseñanza en la lengua materna o a no ser discriminado por razones lingüisticas -derechos reconocidos por el espíritu y la letra de la Constitución y el Estatuto de autonomía, leyes básicas que nosotros estaremos siempre dispuestos a defender- están siendo despreciados, no sólo por personas o grupos particulares, sino por responsables de poderes públicos, sin que el Gobierno central, hasta ahora, ni los partidos políticos, parezcan dar importancia a este hecho gravísimamente antidemocrático, por provenir precisamente de instituciones que no tienen otra finalidad que la de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos.
No hay, en efecto, ninguna razón democrática que justifique el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña, tal y como lo muestran, por ejemplo, los siguientes hechos: presentación de comunicados y documentos del actual Gobierno de la Generalidad y de parte de los organismos oficiales redactados exclusivamente en catalán; uso casi exclusivo del catalán en reuniones oficiales; nuevas rotulaciones públicas exclusivamente en catalán; declaraciones de organismos oficiales y de responsables de cargos públicos que producen malestar entre la población, como las recientes del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y de responsables de cargos del actual Gobierno de la Generalidad; proyecto de leyes, como el de «normalización del uso del catalán», que no tienen en cuenta la realidad social y lingüística de Cataluña, etcétera.
Partiendo de una lectura abusiva y parcial del artículo 3 del Estatuto, que habla del catalán como «lengua propia de Cataluña» -afirmación de carácter histórico y no jurídico-, se quiere invalidar el principio jurídico que el mismo articulado define a renglón seguido al afirmar que el castellano, lo mismo que el catalán, es lengua oficial de Cataluña. Si el castellano es también lengua oficial de Cataluña, su desaparición de la vida pública sería un motivo de discriminación para la mitad de la población de Cataluña que tiene como lengua propia el castellano. El principio de cooficialidad, pensamos, es muy claro y no supone ninguna lesión del derecho a la oficialidad del catalán, derecho que todos defendemos hoy igual que hemos defendido en otro tiempo, y acaso con más voluntad que algunos de los personajes públicos que ahora alardean de catalanismo.
No nos preocupa menos contemplar la situación cultural de Cataluña, abocada cada día más al empobrecimiento de continuarse aplicando la política actual tendente a proteger casi exclusivamente las manifestaciones culturales hechas en catalán, como lo mostraría una relación de las ayudas económicas otorgadas a instituciones oficiales o particulares, grupos de teatro, revistas, organización de actos públicos, jornadas, conferencias, etcétera. La creación cultural en castellano, que es también un enriquecimiento para Cataluña, empieza a carecer de medios económicos e institucionales no ya para desarrollarse, sino para sobrevivir. Esta marginación cultural se agrava si pensamos que la mayoría de la población castellanohablante está concentrada en zonas urbanísticamente degradadas, donde no existen las mínimas condiciones sociales y materiales que posibiliten el desarrollo de su cultura.
Resulta en este sentido sorprendente el argumento con que altos cargos del actual Gobierno de la Generalidad tratan de justificar la sustitución del castellano por el catalán como lengua escolar de los hijos de los inmigrantes. Se dice sin reparo que esto no supone ningún atropello, porque los inmigrantes «no tienen cultura» y que, por tanto, ganan mucho sus hijos pudiendo acceder a alguna. Sólo una malévola ignorancia puede desconocer que todos los grupos inmigrantes proceden de solares históricos cuya tradición cultural en nada, ciertamente, tiene que envidiar a la tradición cultural catalana, si más no, porque durante muchos siglos han caminado juntas construyendo un patrimonio cultural e histórico común que hoy debiéramos, más que nunca, afianzar. Que una desgraciada situación económica, creada por el franquismo, haya obligado a miles de familias a dejar su tierra es ya lo bastante penoso como para que, además, se acentúe su despojo con la pérdida de su identidad lingüística. Cuando esta situación se da, cumple a la sociedad remediar en los hijos la injusticia cometida con sus padres. Nadie, sea cual sea su origen, nace culto, pero todos nacen con el inalienable derecho a heredar y acrecentar la lengua y cultura de sus padres. Nadie nace con una lengua, pero todos tienen derecho a acceder al conocimiento de ese vehículo intelectual y afectivo que une al niño con sus padres y que, además, comporta toda una visión del mundo. Resulta, por tanto, insostenible pretender que esa inmensa mayoría de inmigrantes, que comparte la lengua española, no forma una comunidad lingüística y cultural, sino que sólo posee retazos de culturas diversas reducibles a folklore. Que digan esto los mismos y razonables defensores de la unidad idiomática de Cataluña, Baleares y Valencia -unidad, si acaso, menor que la de las diversas hablas de la lengua española- resultaría intrascendente si el resultado no fuera el de disgregar esa conciencia cultural, común y solidaria, que hoy tanto necesitamos. ¿Habrá que recordar que la lengua de Cervantes, en la actualidad, no es ya el viejo romance castellano, sino el fruto de aportaciones de todos los pueblos hispánicos y que sirve para unirnos cultural y solidariamente con otros pueblos del mundo?
Se comprenderá que no estamos, evidentemente, en contra del conocimiento del catalán ni de su uso por parte de quien lo desee, sino de la pretensión de sustituir, por principio y mayoritariamente, la lengua de los castellanohablantes por el catalán, sustitución que ha de realizarse de grado o por fuerza, como algunos llegan a decir, mediante la persuasión, la coacción o la imposición, según los casos.
Se dice que la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio es imposible y que, por tanto, una debe imponerse a la otra; principio éste no sólo contrario a la experiencia cotidiana de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña -que aceptan de forma espontánea la coexistencia de las dos lenguas- sino que, de ser cierto, «legitimaría» el genocidio cultural de cerca de tres millones de personas.
Se suele presentar en contra de las preocupaciones aquí manifestadas acerca del futuro de la lengua castellana en Cataluña el hecho -conocido de que gran parte de los medios de comunicación (cine, TV, Prensa, radio) siguen expresandose en castellano. No creemos que pueda ser negativo el que existan medios de comunicación que se expresen en castellano, porque responden a una necesidad social. Lo negativo será que no se creen otros tantos medios, o más, de expresión en catalán. No creemos honesto el argumento que trata de hacer responsables a los castellanohablantes de esta falta de medios de comunicación en catalán. Afróntese la situación en sentido positivo, construyendo y desarrollando la lengua y cultura catalanas y analizando las verdaderas causas lingüísticas y culturales que puedan impedir su desarrollo y no intentando empobrecer, culpabilizar o desprestigiar a la lengua española.
No podemos pasar por alto en este análisis la situación de la enseñanza y los enseñantes. El ambiente de malestar creado por los decretos de traspasos de funcionarios ha puesto de manifiesto una problemática a la que ni el Gobierno central ni el de la Generalidad han dado hasta ahora una respuesta seria y responsable. Se parte de no reconocer la existencia de dos lenguas en igualdad de derechos y que, por tanto, la enseñanza ha de originarse respetando esta realidad social bilingüe, mediante la aplicación del derecho a recibir la enseñanza en la propia lengua materna a todos los niveles. Este derecho está siendo hoy públicamente contestado y empieza a no ser respetado con relación al castellano, como sí no fuera el mismo que se ha esgrimido durante años para pedir, con toda justicia, una enseñanza en catalán.
De llevarse adelante el proyecto de implantar progresivamente la enseñanza sólo en catalán -no del catalán, lo que indiscutiblemente sí defendemos-, los hijos de los inmigrantes se verán gravemente discriminados y en desigualdad de oportunidades con relación a los catalanohablantes. Esto supondrá, además, y como siempre se ha dicho, un trauma cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de la fluidez verbal y una menor capacidad de abstracción, comprensión y adaptación.
Se intenta defender la enseñanza en catalán para todos con el argumento falaz de que, en caso contrario, se fomentaría la existencia de dos comunidades enfrentadas. Falaz es el argumento porque el proyecto de una enseñanza sólo en catalán puede ser acusado -y con mayor razón- de provocar esos enfrentamientos que se dice querer evitar. Se quiere ignorar, por otra parte, que actualmente ya existe esa doble enseñanza en catalán y castellano sin que ello sea causa de enfrentamientos. Sí lo será, indudablemente, el ver cómo se respetan los derechos lingüísticos de unos y no de los otros.
Tampoco podrá achacarse a la coexistencia de las dos lenguas los posibles conflictos nacidos de diferencias sociales -agudizadas ahora por la crisis económica y el paro-, diferencias que coinciden en este caso, en gran medida, con las diferencias lingüísticas. No cabe duda de que la lengua se está convirtiendo en un excelente instrumento para desviar legítimas reivindicaciones sociales que la burguesía catalana no quiere o no puede satisfacer, aunque la deuda que la sociedad catalana tiene para con la emigración sea inmensa y en justicia merezca mejor trato (bastaría recordar las condiciones laborales o las estadísticas de muertos en accidente de trabajo ocurridos durante el franquismo). En este momento de crisis, el conocimiento del catalán puede ser utilizado -y ya lo está siendo- como arma discriminatoria y como forma de orientar el paro hacia otras zonas de España. El ambiente de presiones y el malestar creado ha originado ya una fuga considerable no sólo de enseñantes e intelectuales, sino también de trabajadores.
No es menos criticable el acoso propagandístico creado en torno a la necesidad de hablar catalán si se quiere ser catalán o simplemente vivir en Cataluña. Se ha querido de este modo identificar a la clase obrera con la causa nacionalista y, aunque se ha fracasado en este empeño en gran medida, la mayoría de los trabajadores han acabado aceptando que las expectativas, no ya de su propia promoción social, sino simplemente de que sus hijos puedan encontrar trabajo, pasa porque éstos «se hagan catalanes», ya que ellos no pueden llegar a serlo. Esta degradante situación les lleva incluso a avergonzarse de su origen o su lengua, o catalanizar el nombre de sus hijos, etcétera. Situación humillante que constituye una afrenta a la dignidad humana y a la que sólo una injusta presión social les ha podido llevar.
Mientras no se reconozca políticamente la realidad social cultural y lingüísticamente plural de Cataluña y no se legisle pensando en respetar escrupulosamente esta diversidad, difícilmente se podrá intentar la construcción de ninguna identidad colectiva. Cataluña, como España, ha de reconocer su diversidad si quiere organizar democráticamente la convivencia. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando tanto en catalán como en castellano. Sólo así se podrá empezar a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España que un proyecto social democrático común y solidario.
Amando de Miguel (catedrático de la U. de Barcelona), Carlos Sahagún (poeta, premio nacional de P.), Federico Jiménez Losantos (escritor), Santiago Trancón (escritor, PSC-PSOE), J. Luis Reinoso (profesor, secretario del Colectivo de Funcionarios del Estado), Jesús Vicente (diputado provincial del PSC-PSOE, por Barcelona), José María Vizcay (profesor de FETE-UGT), Leandro Sánebez Moreno (profesor, secretario de ASPE-CESPE), E. Pinilla de las Heras (sociólogo), Pedro Peñalva (profesor de Derecho Romano), José Moliner (catedrático Univ. Politécnica), Manuela Citoler (catedrática de Literatura), J. Sánchez Carralero (catedrático Facultad Bellas Artes), Amelia Romero (editora), J. María Fernández (profesor Universidad de Tarragona), Benjamín Oltra (catedrático), Alberto Cardín (traductor), Baudilia Berbel (FETE-UGT), J. Ramiro Gallegos (Concejo Comuneros) y Benjamín López (abogado).
El País, domingo, 5 de julio de 1981
En 1924 la pléyade de los intelectuales castellanos redactaron un manifiesto dirigido a Primo de Rivera en defensa de la lengua y la cultura catalanas. Más de cincuenta años después, el alegato de aquellos españoles ilustres encuentra su dúplica en otro manifiesto que viene a estimar la discriminación de los castellano-hablantes en Cataluña. El buen criterio del lector puede extraer sus conclusiones sobre ambos textos.
Excelentísimo señor presidente del Directorio Militar:
Los abajo firmantes, escritores en lengua castellana, que sienten profundamente los merecimientos históricos de su idioma y que lo aprecian en todo su valor como indispensable vehículo para la difusión del pensamiento a través del mundo civilizado, se dirigen respetuosamente a vuestra excelencia para expresarle su sentir con ocasión de las medidas de Gobierno que por razones políticas se han tomado acerca del uso de la lengua catalana.
Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en lo futuro un motivo de rencores imposibles de salvar, queremos con un gesto afirmar a los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano.
El simple hecho biológico de la existencia de una lengua, obra admirable de la naturaleza y de la cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados.
Debemos además pensar que las glorias de Cataluña son glorias españolas y el título histórico más alto que España puede presentar para ser considerada como potencia mediterránea se debe en gran parte al pueblo catalán, que hizo de la Barcelona medieval un emporio de riqueza, capaz de competir con las repúblicas italianas; que creó una cultura admirable; que lanzó sus leves de mar y cuya lengua inmortal resonó entre el fragor de la batalla ante los muros sagrados del Partenón, y que sirvió para que con ella hablara por primera vez la filosofía nacional por boca de Raimundo Lulio y fuese cantada la efusión humana en los versos imperecederos de Ausías March.
El reconocimiento de las literaturas regionales como una consecuencia ideológica y romántica hizo de la lengua de Cataluña una literatura a la que pertenecen autores como Verdaguer y Maragall, que cuentan entre las primeras figuras de la literatura española del siglo XIX.
Nosotros no podemos tampoco olvidar que de Cataluña hemos recibido altísimas pruebas de comprensión y cariño, hasta el punto de que un insigne patriota catalán, amante fervoroso de las glorias españolas, Milá y Fontanals, abrió con llave de oro el oscuro arcano de las manifestaciones artísticas del pueblo castellano.
Queremos cumplir con un verdadero deber de patriotismo diciendo a Cataluña que las glorias de su idioma viven perennes en la admiración de todos nosotros y serán eternas mientras imperen en España el culto y el amor desinteresado a la belleza.
Firmas: Pedro Sainz, Eduardo Gómez de Baquero, A. Bonilla San Martín, Gregorio Marañón, Angel Ossorio y Gallardo, Pedro Mata, Antonio Jaén, Tomás Borrás, Angel Herrera, Jaime Torrubiano Ripoll, Ramón Menéndez Pidal, Alvaro de Albornoz, Concha Espina, Augusto Barcia, V. García Martí, conde de Vallellano, José Ortega y Gasset, Miquel Herrero, Luis de Zulueta, Domingo Barnés, Francisco Vighi, Pedro de Répide, León de las Casas, Joaquim Belda, José G. Alvarez Ude, Luis Giménez de Asúa, Luis Ruiz Contreras, Félix Lorenzo, Fablán Vidal, Gabriel Maura, Vicente Machimbarrena, Gregorio Martínez Sierra, Lorenzo Barrio y Morayte, Andrés González Blanco, José Toral, Luis Araújo Costa, Mercedes Galbrois de Ballesteros, Fernando de los Ríos, Azorín, Manuel Pedioso, Luis Bello, José María Sacristán, Cristóbal de Castro, José Giral, Melchor Fernández Almagro, Ramón Gómez de la Serna, Manuel Bueno, Antonio Espina, Antonio Zozava, F. García Lorca, F. Rivera Pastor, Alberto Insúa, Honorato Castro, Luis de Tapia, Luis Araquistáin, Gustavo Pittalunga, E. Paúl Almarza, Juan de la Encina, José García Mercadal, Angel Lázaro, Bernardo Acha, Artemio Precioso, F. Escrivá, José Gutiérrez Solana, Jacinto Grau, Juan Pujol, José Ruiz Castillo, P. de Ciria Escalente, José Albiñana, doctor García del Real, Gabriel Franco, Salvador Pascual, Eduardo Ortega Gasset, Carlos Pereira, Jan Guixé, Leopoldo Bejarano, José Canalejas, Guillermo de la Torre, M. García Cortés, Adolfo A. Buylla, P. A. Balbontín, Isaac del Vando-Villar, Cayetano Alcázar, Mauricio Paraíso, Rafael Urbano, Julio Cañada, Antonio Guisasola, Antonio Dubois, José Sánchez Rojas, José Antón, F. Madariaga, Luis de Hoyos Saiz, Hipólito Jimeno, Luis G. Bilbao, Andrés Ovejero, Manuel Azaña, Claudio Sánchez Albornoz, conde de las Navas, Luis Palomo, F. Arévale, Salfo, Luis G. Urbina, Luis G. Andrade, F. de Bustamante, A. Pérez Serrano, Tomás Elorrieta, Manuel Hilario Ayuso, Eduardo Barriobero, Manuel Antón, J. Jordán de Urries, Juan Hurtado, Ramón Pérez de Ayala, J. Villalba, Alvaro Calvo, Marqués de Lozoya, Angel Torres de Alamo, Francisco de Viu, Luis Fernández Adravin y Alberto Marín Alcalde.
por Ricardo Medina Macías
Libertad Digital, martes, 25 de enero de 2005
Y si el 50 por ciento más uno de un pueblo decide arrojar al mar al otro 50 por ciento menos uno, ¿es eso democracia? Cuando Jorge Luis Borges definió la democracia como un abuso de la estadística sabía que esa provocación, típica en él, causaría el escándalo de la intelectualidad políticamente correcta. "Así que este viejo ciego –dirían– se descara y apoya las dictaduras; por supuesto, las dictaduras de la odiada derecha. ¿Hay otra clase de dictaduras?". Pero Borges hizo algo más que formular una provocación para espantar a los "bien pensantes"; describió con precisión en qué degenera la democracia sin otra ley que la del número: en demagogia y populismo.
Cada cual, en las versiones populistas de la democracia, léase demagogia, usa su 50 por ciento más uno para lo que le conviene: legitimarse, cultivar obsesiones por el poder ("a mi gallo no le han tocado ni una pluma"), escabullirse al terreno de la impunidad o matar a golpes y con fuego a elementos incómodos durante una turbamulta.
Un lector, seguramente catalán, defiende los afanes secesionistas de algunos de sus paisanos, así como de algunos vascos particularmente violentos, diciendo que les legitima el 50 por ciento más uno –la presunta democracia– en sus respectivas regiones. Más allá de que es un cálculo tramposo –¿cuántos se animan a poner en riesgo su vida en el País Vasco contrariando públicamente a Batasuna?–, es la expresión acabada de esa falsa democracia, abuso de la estadística, que pretende justificar cualquier aberración en la sacrosanta idolatría del número.
Alguien más, en otras latitudes, juega a esa democracia de pastiche convocando referendos o consultas telefónicas amañadas para al día siguiente desafiar a propios y extraños: "No me voy, soy el mejor, soy el más popular". No importa que su 50 por ciento más uno ni siquiera sea el cinco por ciento del total que debería ser consultado.
En otro frente, pero en el mismo lugar, alguien hace también juegos malabares con los números para justificar aberraciones. Digamos que 280 diputados hablan a nombre de 500 para insultar a la restante minoría de 220. O digamos que el liderazgo –50 por ciento más uno– de la Cámara se erige en juez de los jueces y les amaga con someterlos a juicio sumario, al juicio sumario de la idolatría del número. ¿Qué sigue: decretar por mayoría que el planeta tiene forma de trapecio?, ¿votar "democráticamente" que la esclavitud es sólo otra forma legítima de recuperar la productividad perdida?
El olor a multitud que beatifica al demagogo emana también de las encuestas de popularidad y de los números mágicos del "rating".
Por supuesto, en esta versión pervertida de la democracia no caben los derechos de las minorías ni la sabia división de poderes; división, no se olvide, que evita no sólo los abusos del autócrata solitario sino las aberraciones de la turbamulta manipulada o prostituida.
Ricardo Medina Macías, analista político mexicano.
por Fernando Castelló
El Mundo, martes, 18 de nero de 2005
Los españoles barajamos con fruición dos verbos que nos garanticen la defensa e imposición de nuestras ideas a los demás: prohibir y obligar. Dentro de cada uno de nosotros dormita un pequeño dictador al que le gustaría que todo lo que no encajase en el molde de sus ideales estuviera prohibido y lo que sí fuese obligatorio.
Ese demonio clónico familiar se despereza una vez más, en nuestros días, al timbrazo despertador de algunos cambios sociales de orden moral legalizados, como la autorización del matrimonio entre homosexuales y la ley que pretende poner coto a la «violencia de género» (sic, que no se refiere, aunque lo parezca, a la violencia que caracteriza al propiamente dicho «género humano», sino a la que ejerce el hombre genéricamente sobre su pareja femenina).Y ya se blande amenazadoramente la espada de Damocles penal que castiga la «homofobia» y el «sexismo», incluso en sus formas no activas, sino simplemente expresivas de opiniones «injuriosas» o «difamatorias».
Por ejemplo: según la prensa, los Verdes piden que se procese a los obispos por cometer supuestamente, en su documento eclesiástico Hombre y mujer los creó, dentro de su campaña contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, un delito de homofobia, tipificado en el Código Penal; y algunos sectores feministas han exigido que el imam de Fuengirola vuelva a la cárcel por desarrollar por escrito aquel aforismo islámico que propone pegar a tu mujer cada día (ella sabe por qué), pero con cuidado de no dejar huella.¿Estamos a punto de pasarnos de rosca y de poner puertas al necesariamente ancho campo de la libertad de expresión y de crítica en estos casos, socialmente incorrectos hoy quizás, pero que no merecen caer dentro de la tipificación de delitos, y menos de opinión?
Recogiendo el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según el cual «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión» que «incluye el derecho a no ser perseguido a causa de sus opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», Reporteros sin Fronteras (RsF) defiende en el mundo la libertad de prensa. Unicos límites, más estrictos que los genéricos (que, por imposición de países autoritarios, limitan en el citado artículo la libertad proclamada a que ésta no atente contra supuestos intereses de los estados) puestos en la Carta Magna mundial, son para RsF el llamamiento al asesinato, al racismo o a cualquier otra forma de discriminación. En la práctica, digámoslo claro, sólo la apelación al asesinato, individual o colectivo, es para nosotros un límite definido a la libertad de información y opinión. Las apologías del racismo o de cualquier otra forma de discriminación, siempre que no produzcan un efecto inmediato de causa a efecto delictivo, nos parecen lícitas, aunque estemos en desacuerdo con ellas.Noam Chomsky escribía en 1980, a favor de alguien que ¡negaba el Holocausto judío! que: «Es precisamente el derecho de expresar libremente las ideas más espantosas el que debe ser defendido con mayor vigor; es demasiado fácil defender la libertad de expresión de quienes no necesitan ser defendidos». La libertad de expresión carecería de sentido si sólo sirviera para expresar las ideas socialmente correctas.
Así, nos hemos opuesto, y lo hemos denunciado públicamente, a la ley que crea en Francia desde diciembre pasado una Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad, ante la cual las asociaciones que militan contra el sexismo y la homofobia podrán querellarse por injurias y difamación. En RsF nos preocupa que, al equipararse esa ley que reprime el sexismo y la homofobia a la que castiga el racismo y el antisemitismo, se pueda ir a la cárcel en Francia por delitos de información y opinión también en aquellas nuevas materias.
Nuestra postura, acorde con directrices de la UE y jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos a favor de una siempre más amplia libertad de expresión, prioritaria sobre el establecimiento de límites, es clara: pese a que compartimos la preocupación del Gobierno francés y de todos los demócratas por combatir cualquier forma de discriminación, reafirmamos que es a través de la libertad a expresarse y del debate, y no por medio de la represión, como una sociedad progresa hacia la tolerancia y el respeto de la dignidad de la persona. Nosotros pensamos que no debe sustraerse del libre debate público cualquier materia opinable, sin intocables históricos o morales, en la seguridad de que siempre resplandecerá mejor la verdad por convencimiento que por imposición penal.Alexis de Tocqueville escribía hace casi dos siglos: «Para recolectar los bienes inestimables que nos aporta la libertad de prensa hay que aceptar los males inevitables que conlleva. Pretender obtener los unos evitando los otros es entregarse a una de las ilusiones que padecen las naciones enfermas».
En España, de momento, esos dos tabúes de última hora saltan a la actualidad desde dentro o fuera del Código Penal, en defensa, meritoria de intención, de la libertad de opción sexual y de las mujeres que padecen violencia conyugal. Defensas que no deberían ir en detrimento de la libertad de libertades que es la de información, expresión y prensa, cuyas limitaciones son fronteras que restringen la democracia.
Llevando esas limitaciones a su paroxismo de caza de brujas moralmente incorrectas, nos preguntamos si se podría encarcelar a alguien por gritar el infantil «maricón el último» recreativo o por proferir un castizo piropo retrechero, como propone Agustín Lara en su famoso chotis a Madrid, o por citar a Schopenhauer en aquella boutade de la mujer como animal de cabellos largos e ideas cortas (que en la versión de Joaquín Sabina se convierten en lengua larga y falda corta). ¿Podría ir a la cárcel, por uno a tres años, la Conferencia Episcopal por opinar que el matrimonio homosexual va contra la natura cristiana y la finalidad procreativa de esa institución?
Serenémonos un poco de este estado de crispación y guerra judicializada de los sexos. Ni los homosexuales deberían tolerar el ser discriminatoriamente sobreprotegidos por tutores legales, ni las mujeres admitir que el sexo meramente masculino sea discriminado negativamente con penas superiores al femenino por la comisión de delitos idénticos, aunque sean tan odiosos como la violencia sexual homicida. Las discriminaciones positivas no dejan de ser humillantes ni de significar que, en realidad, el sujeto así discriminado lo es negativamente por quienes paternalmente lo protegen, a veces con fines electoralistas. En todo caso, no vemos justificación válida en la prohibición penal o censura moral de informaciones y opiniones consideradas, aunque no claramente definidas, como atentatorias contra homosexuales y mujeres. Estas y aquéllos deberían poder defenderse por sí solos, o con la sola ayuda de quienes les apoyan desde el bando masculino, incriminado genéricamente, y del altavoz de los medios de comunicación abiertos a éste como a los demás debates sociales. Ni siquiera dictadores testosterónicos como Fidel Castro deberían sufrir prisión (a la que él condena a los periodistas cubanos) por llamar «mariconazo» a quien le gasta una broma telefónica; ni el Corán ser secuestrado por venir a proponer que a «la mujer, la pata quebrada (pero con tiento) y en casa»; ni prohibido Nietzsche por su apología, machista y racista, del superhombre zaratustriano. Que los Verdes, en sus bienpensantes ansias represivas anticlericales, recuerden aquello que proponían los jóvenes rebeldes en los muros de París un Mayo del 68: «Prohibido prohibir». Y que nadie olvide la definición de la dictadura como un sistema en el que todo lo que no está prohibido es obligatorio.
Prohibido prohibir u obligar a hablar bien o mal ya sea de los judíos (¿víctimas inocentes de los nazis o verdugos sanguinarios de los palestinos?), de la raza aria, de la homosexualidad, de las mujeres o de lo divino y de lo humano, siempre que haya derecho de réplica de quien se dé por aludido y que los medios de comunicación, no los tribunales, se abran al debate. No se puede en democracia criminalizar ciertas opiniones, por muy desagradables que sean.No hay debate ilegítimo contra el que se pueda enarbolar la verdad histórica, la moral o la conveniencia social para privarnos de nuestra libertad de pensar y expresar nuestras ideas, incluso las socialmente menos aceptables y, por ello, más fácilmente rebatibles. Esa es la grandeza, no exenta de miseria, de la libertad de expresión y prensa, sin la cual no hay libertad.
Fernando Castelló es presidente de la organización internacional Reporteros sin Fronteras, con sede en París.