Criterio

Para Carod-Rovira "ahora empezamos a ir bien" tras el acuerdo económico Gobierno-Generalidad

http://www.criterio.es/2007/09/para-carodrovira-ahora-empezam.html

El delirio de Miquel De Palol

Miquel De Palol, laureado escritor (y colaborador habitual en El Mundo), el pasado 4/9/2007 en el diario Avui (traducimos):

"[...] Pasados unos años del llamado expolio fiscal, pasados unos años de déficit en la inversión en infraestructuras, pasados unos años de desplanificación de recursos colectivos, de agravio comparativo de ayudas e incentivos, las estadísticas informan que la escolarización ya es más moderna y da mejores resultados en Extremadura, en Murcia, en la Rioja, en Cantabria y en las Castillas que en Cataluña, que allí ya tienen mejores aeropuertos, autopistas y ferrocarriles, mejores universidades y centros de investigación, que el bienestar social es mayor, que el nivel de vida ciudadano es mejor y que abrir una empresa o cualquier otro tipo de negocio es más rentable en cualquier otro sitio del territorio español que en Cataluña. La gallina de los huevos de oro ya está anémica, ya no es tan claro qué parte de España ha de subvencionar a la otra.

Es por esto que, si Cataluña ha de ser independiente, ha de serlo ahora, no en 2014 o en cualquier otra fecha idealizadamente lejana. Porque, si se espera más, no tendrá sentido exigirla, porque entonces Madrid la concederá, de la misma forma que hace cincuenta años la habría concedido a Las [H]urdes si Las [H]urdes la hubiesen pedido. Si se tarda demasiado más ya no tendrá sentido, porque Cataluña ya será mucho más pobre que Extremadura, que Murcia, que la Rioja, que Cantabria y que las dos Castillas y la Mancha y León -ya casi lo es más, y ya lo es mucho más que Madrid, que Euskadi, Mallorca y Valencia-, y entonces valdrá más continuar ligados a España para vivir una temporadita, para rehacerse cuando menos, a costa de los fondos de compensación interterritorial."

Y, aunque no se lo crean, así todos los días.

Los trenes no hablan catalán

Un buen análisis de Edurne Uriarte, publicado ayer en ABC, acerca de la irracional postura que los parlamentarios regionales de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA mantuvieron durante la comparecencia del presidente de Fecsa-Endesa, Manuel Pizarro, para que les explicara los motivos del apagón que sufrió Barcelona el pasado mes de julio.

Adaptando el dicho popular, "en catalán, ande o no ande":

Los trenes hablan el lenguaje de la técnica y del progreso. Si es catalán, catalán. Y si no, se adaptan. Como los individuos y las naciones que avanzan. Pero la mayoría de los políticos catalanes se ha empeñado en que sus trenes hablen catalán. Y sus redes eléctricas, y sus industrias, y sus carreteras, y sus aeropuertos. Si, además, funcionan, mejor que mejor, pero eso es secundario. Y luego nos preguntamos qué pasa en Cataluña.

Cuando Manuel Pizarro compareció el lunes pasado en el Parlamento catalán, todos los grupos, excepto el PP y Ciutadans, se dirigieron a él en catalán. El pequeño detalle de que Pizarro no sepa catalán les daba exactamente igual. Pizarro fue a hablar de las responsabilidades de Endesa en el apagón. Ellos, a hablar en catalán. Que el apagón se las apañe solo, si no habla catalán. Y hasta los propios catalanes, cuando no hayan hecho sus tareas identitarias como les corresponde.

El mismo día en que los parlamentarios catalanes se incomunicaban con el presidente de una empresa que tiene entre sus clientes a los catalanes, Pascual Maragall y Germà Bel escribían en «La Vanguardia» que un factor principal para el progreso de las ciudades y sus territorios de influencia es la conexión con el resto del mundo. No se referían a la comunicación, como pudiera parecer, sino a la reivindicación de la gestión de El Prat. Para darle identidad catalana, supongo, que es lo que hacía el PSC con el apagón.

Investigar los efectos del aislamiento lingüístico es una de las mayores incorrecciones políticas en nuestro país. Luego, no se hace. Sólo tenemos datos secundarios: por ejemplo, que según la propia Consejería de Educación vasca, un 33% de los niños que estudian en el modelo D (todo en euskera) y un 61% de los que lo hacen en el B (bilingüe) no entienden lo que se les explica en euskera. Y algunas hipótesis, por ejemplo, que los efectos serían bastante menores en el País Vasco porque, fuera de las aulas, la lengua de comunicación es el español. Por una cuestión práctica, la extremada dificultad del euskera. Resultado, sólo en Cataluña siguen empeñados en que los trenes hablen catalán.

Ciutadans ha solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso contra la ley de la agencia tributaria catalana

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha presentado una solicitud ante la oficina del Defensor del Pueblo para que esta institución interponga un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley catalana relativa a la creación de una agencia tributaria propia.

La petición de recurso ha sido entregada por Fernando Landecho, coordinador y vicesecretario de Relaciones Institucionales de la agrupación Ciudadanos en Madrid, dado que ha sido su equipo jurídico quién ha analizado la posible inconstitucionalidad de la ley catalana.

Según Ciutadans, la citada ley "ignora en su espíritu lo que establece el artículo 156 de la Constitución, en el sentido de que la autonomía financiera de las comunidades autónomas debe respetar los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre los españoles".

Además, Landecho ha asegurado "que desde hace 20 años, es un principio que se está imponiendo, que es el principio de insolidaridad y de que cada español, o algunos representantes de las comunidades autónomas, empiezan a solicitar al Estado de una manera insolidaria lo que debe ser de todos".

El texto presentado al Defensor del Pueblo también critica el apartado de la ley que prevé el establecimiento de un órgano paritario y bilateral que se uniría a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad, previsto en el Estatuto de autonomía catalán, ya que "esto imposibilitará al Estado realizar su función coordinadora general".

Seguimos, como era de preveer, con las nefastas consecuencias del nuevo Estatuto catalán que nadie pedía y que sobrepasa los límites de la Constitución.

Un grupo de empresarios pide a los gobiernos de las Comunidades Autónomas que se respete el bilingüismo

Alrededor de 30 empresarios turísticos, dirigentes de las principales empresas del país, agrupados en la Mesa del Turismo, han reclamado que los gobiernos de las distintas Comunidades Autonómas bilingües respeten esta cooficialidad con el idioma común, castellano o español, para no perjudicar la imagen del turismo nacional.

Algo lógico que solo el nacionalismo rancio no ve o no quiere ver. Y, desde luego, mal negocio hacen los políticos con esta simpleza. Aunque solo fuera por las posibilidades económicas que ofrece el idioma común... ¡ni esto!

Juan Andrés Melián, presidente de la Mesa del Turismo, ha puesto hoy de manifiesto el malestar de sus socios debido a los problemas ocasionados al sector turístico por la mala aplicación del bilingüismo en las CC.AA. con dos lenguas oficiales, ya que el castellano prácticamente no existe en la señalización de sus calles, carreteras y aeropuertos. Esto supone un problema para los turistas -tanto nacionales como internacionales-, que, como es lógico, se mueven por España y esperan poder desenvolverse en español.

Además, desde la Mesa del Turismo, también se han querido poner de manifiesto los problemas que supone que cada CC.AA. tenga una legislación distinta para temas de vital importancia para el sector como son los referidos a las concesiones de subvenciones, la aplicación de beneficios fiscales para nuevas firmas turísticas o los requisitos exigidos a las empresas.

Todo esto impide una homogeneidad en las estructuras de gestión de las empresas del sector turístico -y no solo este-, al mismo tiempo que genera un trato discriminatorio en los derechos y deberes de los empresarios, según Melián.

Hace unos días, lo explicaba The Wall Street Journal; hoy, los empresarios turísticos. Lo dicho entonces sirve para los dicho hoy: hay descentralizaciones y descentralizaciones. Y, como suele suceder en estos casos, la descentralización española no es ni la mejor ni la más envidiada.

CRITERIO / La descentralización 'a la española' perjudica al comercio, a la productividad y a la inflación

La descentralización 'a la española' perjudica al comercio, a la productividad y a la inflación

The Wall Street Journal lo publica en su edición de hoy jueves. Según la edición europea del prestigioso diario económico, empresarios y políticos españoles han advertido de que la transferencia de poder del Ejecutivo central a las autonomías ha ido demasiado lejos generando barreras al comercio y a la inversión.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en España el Estado controla sólo el 51% del gasto público, frente al 36% de las autonomías y el 13% de los municipios, algo que no pasa ni en en estados federales como Alemania, donde el Gobierno de Berlín controla el 63% de los dineros y los lander un 20%; o de Estados Unidos, donde la Administración Federal gasta el 54% de los presupuestos, frente al 22% de los Estados.

El periódico asegura, además, que mientras muchos países europeos trabajan para reforzar las instituciones comunitarias, otros como el nuestro se replantean el equilibrio de poder entre sus propios gobiernos centrales y regionales. Alemania, por ejemplo, aprobó el año pasado un nuevo reparto de poder en el que cedía su autoridad a los estados en temas como los horarios de apertura de las tiendas o las ferias de muestras, y limitaba su participación en la legislación federal.

En el reportaje sobre la situación de España el diario se hace eco de unas palabras del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, en las que afirma que "la proliferación de legislación regional provoca que, en algunos casos, las empresas tengan que cumplir con 17 marcos reguladores diferentes en su mercado interior", lo que puede provocar una ruptura del propio mercado interno.

Y, aunque el The Wall Street Journal admite el crecimiento económico del país, el mayor de los grandes países de la zona euro, toma como suyas las palabras del jefe de política económica del Círculo de Empresarios, Fernando Eguidazu cuando afirma que las compañías están empezando a darse cuenta de los efectos negativos de la descentralización, que produce situaciones curiosas como que una compañía de salud pueda trabajar en una región pero no en otra.

En fin, que hay descentralizaciones y descentralizaciones. Y, como suele suceder en estos casos, la descentralización española no es ni la mejor ni la más envidiada.

Las consecuencias del 'Estatut' se empiezan a sentir

Carta de una lectora de El Mundo publicada hoy:

"Con el nuevo estatuto no tragamos". Así de claro se ha expresado el presidente de una de las fundaciones empresariales más importantes de Cataluña, la Fundación Roviralta, al anunciar el traslado de su sede a Madrid. No son los únicos. Desde la aprobación del nuevo Estatuto catalán se está produciendo un goteo constante de empresas que están decidiendo irse de Cataluña. El fuerte intervencionismo que el texto estatutario confiere a las autoridades autonómicas para intervenir en la labor empresarial, la imposición de un marco legal excesivamente regulado y estricto en numerosas cuestiones y la desconfianza en la situación política están llevando a muchas empresas a plantearse la decisión de trasladar su sede a Madrid y a otras ciudades. Un año después de la aprobación del polémico estatuto, los efectos negativos para Cataluña y su economía no son invención de malvados anticatalanes, sino una realidad desgraciadamente constatable día a día en los periódicos.

María Calvo. Sitges (Barcelona)

Ciutadans pide que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la Agencia Tributaria de Cataluña

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha presentado una solicitud al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, que fue aprobada recientemente por el Parlamento regional. El partido, que lidera Albert Rivera, argumenta que esta normativa vulnera "los principios de coordinación con la Hacienda estatal y la solidaridad entre todos los españoles" que estable la Constitución.

Para Ciutadans el nuevo gestor de impuestos pretende monopolizar todas las actividades fiscales en relación a todos los impuestos recaudados en Cataluña y considera que esta nueva norma "merme los recursos con que se financian los servicios públicos" en todo el Estado.

En su solicitud al Defensor del Pueblo, Ciutadans señala concretamente la inconstitucionalidad de los apartados 1a, 1c y 2 del artículo 2 de la ley de la Agencia Tributaria, así como del apartado 4 del artículo 5 y del apartado 1 del artículo 23.

La formación del consorcio entre las agencias tributarias de Cataluña y el Estado, que deben dar lugar a una administración tributaria única en Cataluña, impedirán al Gobierno central, según la formación política, "ejercer rectamente sus competencias financieras", y más teniendo en cuenta que ya existe una Comisión Mixta Estado-Generalidad para Asuntos Económicos, que ya funciona de forma "bilateral".

La Generalidad subvencionará una organización catalanista en las Baleares

La Generalidad de Cataluña, tan dada a las subvenciones identitarias, financiará con 1.150.000 euros a Obra Cultural Balear (OCB) -fundada, por cierto, en 1962, en pleno franquismo- durante los próximos 3 años. El departamento del vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, se encargará de gestionar la subvención a esta organización pancatalanista, cuando no separatista, que tiene como objetivo único la reivindicación del catalán en todos los ámbitos de las Islas Baleares suprimiendo así cualquier posible utilización del castellano o español en las islas del Mediterráneo.

Esta nueva subvención -¿cuántas van ya?- se realizará mediante la firma de un convenio directamente entre la Generalidad y la organización identitaria, por lo que no ha salido a concurso y es una forma directa o indirecta de sufragar a pancatalanistas en las Baleares.

Por cierto, cómo se explica que desde el rancio nacionalismo se exija que los impuestos de los ciudadanos de Cataluña los gestione únicamente la Generalidad y de los que ya maneja, que no son pocos, subvenciona organizaciones de otras regiones españolas. ¿No habíamos quedado en que era necesario invertir en Cataluña? ¿No hubiera sido mejor invertir en la red eléctrica en Cataluña? ¿O en las escuelas catalanas?

CRITERIO / 733.312 euros invertidos en ilegalidades
CRITERIO / Dos millones de euros en tres meses
CRITERIO / 3 millones de euros, pero Madrid nos sigue robando

Lo de los 2.500 euros está muy bien pero es ilegal

La propuesta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el Estado abone 2.500 euros por cada hijo nacido a partir del 3 de julio de 2007 -siempre y cuando lo soliciten expresamente los progenitores- parece que no se ajusta del todo a la legalidad. Dejemos a un lado lo electoralista y apropiado que pueda serlo, que nos importa poco.

¿Por qué no es legal la propuesta de los 2.500 euros? Por partes. El Estado, en este afán de descentralizarlo todo -multiplicando el coste burocrático y de funcionarios sin comprobar que el resultado sea beneficioso para el ciudadano- no tiene las competencias en materia de familias en algunas de las regiones españolas.

El Estatuto de Cataluña, artículo 166 (en el Título IV, exclusivo de las competencias autonómicas), especifica que

"corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que en todo caso incluye las medidas de protección social y su ejecución".

Quedando especificado en el artículo 110 del mismo texto el término "competencia exclusiva" como las que le corresponden a la Generalidad para que establezca políticas propias:

"Corresponden a la Generalidad, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde únicamente a la Generalidad el ejercicio de estas potestades y funciones, mediante las cuales puede establecer políticas propias".

Algo muy parecido encontramos en el Estatuto andaluz.

Estas ayudas, propuestas solemnemente por el presidente del Gobierno, tampoco afectarán a las familias fiscalmente empadronadas en el País Vasco y Navarra -por eso tan decimonónico, e ilegal a vistas de la Unión Europea, como es el régimen foral- al tramitarse mediante una modificación en el IRPF, que no es competencia del Estado.

Así las cosas, ¿realmente es útil descentralizar por descentralizar -es decir, por una cuota de poder- o hay servicios que se gestionan mejor desde un único organismo central?

España, siglo XXI.

Rajoy, los pactos con los nacionalistas y la financiación autonómica

Mariano Rajoy, en una entrevista publicada hoy en El Mundo:

-Fernando Garea: Usted ha mostrado su disposición a pactar con partidos nacionalistas como CiU y PNV en la próxima legislatura. ¿Cómo va a salvar contradicciones como que CiU haya sido el abanderado de un Estatuto que ustedes tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional, o que el PNV defienda el plan Ibarretxe y el diálogo con ETA?

-Rajoy: De pactos ya se hablará en su día, pero desde luego no los haremos como los hace el Partido Socialista, cuyos acuerdos consisten simplemente en asumir los postulados del otro. Si tengo que hacer pactos los haré como ya los hicimos en 1996: si hay voluntad por parte de las dos partes, se aparcan los asuntos en los que no es posible llegar a un acuerdo.

-Victoria Prego: ¿Pero en qué condiciones gobernaría usted con CiU y cómo administraría el Estatuto de Cataluña? ¿Espera que CiU rebaje el listón?

-Rajoy: No voy a entrar ahora en estas disquisiciones. De momento sólo me preocupa convencer a los españoles de mi proyecto.

-Isabel San Sebastián: ¿Cree que en el PNV Imaz supone un cambio cualitativo con respecto a Arzalluz a la hora de negociar?

-Rajoy: Lo importante son los partidos y lo que defienden, y sólo en segundo lugar está la influencia de los dirigentes.

[...] -Carlos Segovia: ¿Qué financiación autonómica quiere usted si llega al Gobierno, teniendo en cuenta que las CCAA que gobierna el PP querrían la financiación de Cataluña, como poco?

-Rajoy: Aquí había un modelo de financiación autonómica y todos habían pactado que era para siempre. Entonces, el señor Rodríguez Zapatero, en esa obra sin guión de reformarlo todo, dijo: «Hay que cambiarlo». ¿Y por qué? Porque se lo pidieron, o porque lo consideraba conveniente, o porque pasaba por allí. Ha abierto el melón, pero naturalmente no lo ha cerrado porque no tiene ni idea de lo que hay que hacer. ¿Cómo se tiene que resolver este asunto? Pues recuperando este consenso. Todo esto se tiene que resolver de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Que lo decida el Consejo. Que se busque el acuerdo unánime entre todos.

-Pedro J. Ramírez: Pero el PP acaba de anunciar que exige para las comunidades que gobierna los mismos criterios de financiación que se han aprobado para el Estatuto de Cataluña, en concreto en lo que se refiere a la cesión de la cesta de impuestos. Por un lado, dicen: «Esto habrá que cuadrarlo de alguna manera», pero de momento también piden la luna.

-Rajoy: Lo que demuestra que hay dos formas de hacer política: la que se hizo toda la vida -el pacto entre los partidos nacionales- y la del pacto entre uno de éstos y los partidos nacionalistas. Mi tesis siempre ha sido la primera. Los gobiernos del PP piden los mismos criterios que el Estatuto catalán en unos temas, y en otros piden criterios distintos. Eso de que la inversión se haga por PIB, pues a lo mejor le conviene al de Madrid, pero desde luego al de Castilla y León no le conviene nada.

-Pedro J. Ramírez: ¿No le ha faltado a usted llevar a rajatabla los planteamientos del PP en materia de reforma autonómica? ¿No fue un error, una vez que Zapatero no cumplía los compromisos del 14 de enero de 2005, permitir que el presidente de la Comunidad Valenciana pactara en La Moncloa bilateralmente los términos de la reforma del Estatuto valenciano?

-Rajoy: Yo no creo que Camps pactara con Zapatero nada de esto. En mi programa no había ninguna reforma de estatutos, pero el problema es que quien fija las prioridades es el presidente del Gobierno. Teníamos dos opciones: quedarnos fuera de todo, que era arriesgada, o intentar minimizar el daño, como hicimos en el Estatuto andaluz. ¿Qué habría salido de este Estatuto con los votos de IU y PSOE?

La gestión pública nacionalista

Eulàlia Solé, socióloga y escritora, ayer en La Vanguardia:

Extraño país, Catalunya, oscilando entre avanzar y verse constreñido por poderes externos que deciden sobre infraestructuras, que fagocitan empresas multinacionales, que imponen su cultura con la hegemonía multimedia. Es fácil, y razonable, atribuir la insuficiencia de inversiones en educación, sanidad o vivienda a la incompleta, injusta, financiación estatal. Certeza bajo cuyo paraguas también resulta propicio ocultar las propias debilidades. Inundada por el turismo, admirada internacionalmente por sus obras arquitectónicas o pictóricas, por su excelencia en medicina, Catalunya traquetea entre una economía estancada, una ciencia que trabaja a despecho de las dificultades y una permisividad en cuanto a civismo que la coloca a la cola de Europa.

[...] Desentrañando más la cuestión, descubrimos que existen 8.000 domicilios ruinosos, que 6.600 no cuentan con agua corriente, que 16.000 desconocen el lavabo. Eso en pleno siglo XXI y en el área occidental. ¿Debemos imputar semejantes desventuras a la injusta financiación por parte del Estado? Si por un lado hay que exigir lo que es equitativo, por otro hay, y habrá, que gestionar ateniéndose a las prioridades.

Antiespañolidad subvencionada

Carta de una lectora publicada ayer miércoles en Diario Siglo XXI:

Desde hace años pertenezco a una asociación en defensa de la lengua española en Cataluña. Al igual que organizaciones similares en el País Vasco y Galicia, padecemos importantes problemas financieros para seguir subsistiendo y la falta de apoyo de los gobiernos central y autonómico.

Disponemos de escasísimos recursos y tenemos dificultades incluso para pagar gastos menores. Por el contrario, organizaciones independentistas que atacan a la lengua española y a todo lo español cuentan con lujosas sedes en el centro de Barcelona, en algunos casos cedidas gratuitamente por el gobierno autonómico, organizan costosos actos y reciben subvenciones millonarias de forma continua. Es duro decirlo pero es la cruda realidad: hoy en día las diferentes administraciones de España te tratan mejor si atacas a España que si la defiendes.

María Palacios. Barcelona

Un millón de euros más solo para el catalán

Hasta 1,1 millones de euros ha dispuesto la Secretaría de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña, dependiente del vicepresidente Josep LLuís Carod-Rovira, para las actuaciones que promuevan el catalán y el aranés -nada de español- en las comunicaciones cotidianas interpersonales. Más subvenciones.

La resolución firmada por Carod-Rovira especifica que tendrán preferencia las solicitudes de subvención destinadas a:

- Actuaciones destinadas a jóvenes de entre 19 y 25 años.
- Actuaciones que estén destinadas a personas que no hablen catalán.
- Actuaciones en los sectores del comercio, la hostelería, la restauración y la salud.
- Actuaciones en el ámbito jurídico y judicial.

Además, la resolución especifica que estas subvenciones también pueden ir destinadas a actuaciones para:

...personas que habitualmente hablen catalán, para que no cambien de lengua innecesariamente, a personas que tienen un conocimiento pasivo de la lengua pero que habitualmente no la utilizan y a personas llegadas en los últimos años a Cataluña.

Ni un solo céntimo para que los extranjeros aprendan el español, única lengua oficial en toda España, por parte de la Generalidad. Ni un solo euro.

Y así todos los días.

Xavier Vendrell, el negocio del nacionalismo

Xavier Vendrell i Segura es el paradigma de la vida política catalana en esta España en la que, según vemos día tras día, parece más rentable saltarse la ley que cumplirla.

Nuestro Vendrell nació en San Juan Despí en 1966 y en su familia se encuentran dirigentes de comarcas de Convergència i Unió, que ahora dirige Artur Mas. Militó en Terra Lliure y en el Moviment de Defensa de la Terra (MDT), organizaciones ambas de carácter terrorista, y fue "el primer caso práctico", según el fiscal jefe de la Audencia Nacional en 1991, de abandono de las armas, presentación voluntaria ante el juez, delación de los delitos y solicitud de perdón, en cumpliento de la generosísima reforma del Código Penal: Artículo 57 bis b). Evidentemente, dejar las armas no le iba a salir gratis a las arcas del Estado.

En 1989 Vendrell había creado una empresa, con el sugerente nombre de: Distribuïdora de Productes Etiquetats en Català, junto con otro ilustre de Catalunya Lliure: David Ricart, hoy también en las filas de ERC y que oculta su pasado terrorista, además de ocupar cargo público, por supuesto. La venta de los productos, todos etiquetados en catalán, se hacía puerta a puerta, como Ricart ha recordado recientemente: "En aquel momento, hicimos un catálogo de productos de alimentación y de limpieza esencialmente. Eran pocos productos, pero todos etiquetados en catalán. Entonces vendíamos modernidad y la intención era ofrecerlos y llevarlos a domicilio". ¿Qué mejor manera de conocer de primera mano a los que amaban a la patria? Al poco tiempo, y pese a las ayudas de la Generalidad -entonces de menor cuantía que ahora- por el etiquetaje en catalán, la empresa dejó de vender, aunque no de existir.

Dos años después Vendrell se convirtió en uno de los negociadores, junto a Jaume Renyer i Alimbau (miembro del Consejo Consejo Consultivo de la Generalidad de 2000 a 2004 y acompañante de lujo de Carod-Rovira en su entrevista con ETA), de la absorción de Catalunya Lliure en ERC. Sabedor de que, en España, los terroristas pueden ocupar cargos públicos qué mejor lugar para él. Frente a estos radicales violentos, en la misma mesa, se encontraban Josep Lluís Carod-Rovira y Àngel Colom, entonces secretario general de ERC. Ese mismo 1991 Vendrell fue elegido presidente comarcal del partido en el Bajo Llobregat; y a los 4 años, en 1995, ya era regidor en el Ayuntamiento de San Juan Despí. Poco después llegaría a ser teniente de alcalde de la población.

Fue entonces cuando Vendrell conoció a José Montilla, actual presidente de la Generalidad catalana, ya que nuestro protagonista entró, ya en 1995, a formar parte del Consejo Comarcal, que presidía el entonces alcalde de Cornellá y ahora presidente regional. Por lo tanto Montilla conoce bien a un personaje como Vendrell y no le pueden sorprender las actuaciones de este de los últimos meses. La pregunta es ¿conociéndolo por qué pacta con él? ¿por qué sigue pactando el PSC con ERC? Pero retrocedamos un año.

En 1994 Xavier Vendrell fue apartado en su carrera meteórica hacia la cúpula de ERC. Discrepancias con Colom hicieron que, junto a otros militantes con nómina, dejara de recibir ingresos directos del partido. Creó, entonces, otra empresa: Amunt i Avall SL, dedicada al transporte y que obtuvo suculentos contratos en la zona del Llobregat. Y, para recochineo de muchos dirigentes, entonces, de ERC, fiscalizó su sede en la misma calle de Barcelona donde tenía ubicada la sede central el partido, en la calle Villarroel, a pocos portales de distancia. Si querían alejarlo del partido, se equivocaban. Vendrell se las gasta de esta gisa.

Xavier Vendrell, el primero por la derecha, junto a otros miembros de Terra Lliure,
el día que hicieron público el abandono de las armas.

La revolución que, en 1996, se produjo en ERC: salida de Àngel Colom y Pilar Rahola del partido creando el Partit per la Independència, que fue uno de los mayores desastres políticos de la historia reciente de Cataluña; y la llegada a la dirección del partido de Carod-Rovira permitieron que Vendrell asumiera el cargo de secretario de Organización y Finanzas de ERC.

En 1999, compaginando la titularidad de la empresa Amunt i Avall SL y la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Juan Despí, además del cargo remunerado en ERC, decidió poner punto final a Amunt i Avall SL para dedicarse a la política en exclusiva. Se saca más beneficio, debió pensar.

Desde entonces Vendrell pertenece a los consejos de administración de empresas públicas como, por ejemplo, entre otras, Túnels i Accessos de Barcelona o la Agència de Patrocini i Mecenatge.

El negocio del nacionalismo.

Y así todos los días.

Tal y como está la vivienda...

...y la Generalidad regalando alquileres.

Esta semana hemos sabido que la Generalidad catalana, concretamente el departamento que dirige Josep Lluís Carod-Rovira -que remitió una carta el pasado 16 de abril al PP del Parlamento regional admitiendo la cesión-, cede, desde 2004, a la entidad privada e hipersubvencionada Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, un magnífico local en el centro de Barcelona: Pasaje de Permanyer.

En el mismo centro de Barcelona, al ladito de la Plaza de Cataluña. Además, no es un local cualquiera. La finca tiene 290 metros cuadrados y consta de tres plantas: subterráneo con patio, piso y terrado. No está mal. ¡Con los tiempos que corren!

Y todo esto gratis. No solo reciben cantidades ingestas de dinero público -para una causa tan social y demandada como la de que Cataluña se separe deportivamente de España, y con métodos tan educativos como todos sabemos-, sino que además reciben un local totalmente gratis.

¡Y esto con un Gobierno regional presidido por un socialista!

Viñeta editorial de La Vanguardia del pasado 13 de abril

El negocio del nacionalismo.

En el vía crucis

Francesc De Carreras, hoy, en La Vanguardia:

Decíamos hace unas semanas que la política catalana sigue encadenada al nuevo Estatut a pesar de los esfuerzos del Govern para desligarse de él. En los últimos días, Pasqual Maragall ha añadido un nuevo eslabón a la cadena.

Los hechos son conocidos: entre otras cosas, el ex presidente de la Generalitat ha afirmado lisa y llanamente que el proceso del que fue el gran impulsor hasta su aprobación en referéndum "no ha valido la pena" y que Zapatero le forzó a dimitir y a convocar elecciones para que Montilla fuera el candidato del PSC. La estupefacción ha sido general y el ridículo tiene un radio de acción que afecta a la mayor parte de la clase política catalana y se extiende más allá del Ebro.

El primero al que estas declaraciones hacen quedar en ridículo es al propio Maragall.

¿Cómo puede inspirar confianza un político que durante tres años ha estado predicando las virtudes de su Estatut y ahora que ha sido apartado del poder nos dice que el camino recorrido "no ha valido la pena"? Las declaraciones de estos últimos días nos muestran, una vez más, a un personaje intelectualmente caótico y a un político escasamente responsable.

Pero a quien ha dejado en la estacada Maragall es a su propio partido. Es sabido que a sus actuales dirigentes - con Montilla a la cabeza- la idea de reformar el Estatut no les entusiasmaba, por no decir que les incordiaba. Pero sí les gusta el poder, quizás el único lenguaje que entienden, y si el Estatut servía para lograr el apoyo de ERC y alcanzar así la presidencia de la Generalitat, pues bienvenido. Pragmáticos y obedientes como son, con pocas ideas pero mucha dedicación a sus cargos, se lanzaron a ello sin saber, naturalmente, el lío en que se metían. En efecto, por dos veces, aunque los resultados electorales no fueran buenos - en tres años bajaron de 52 a 37 diputados y perdieron cientos de miles de votos- se agarraron sin dudarlo al poder que les ofrecía en bandeja ERC. Ahora, aparecen como los tontos de la película que dicen que no quieren entrar en polémica - aunque inevitablemente deberán hacerlo- porque carecen de argumentos presentables en su descargo.

Sin embargo, los más perjudicados por las palabras de Maragall son Zapatero, su Gobierno y su partido. Queriendo quedar bien con el PSC y, además, asegurarse un acuerdo parlamentario de futuro con CiU para seguir gobernando, el presidente Zapatero, con una imprudencia sólo comparable a la de Maragall, aprobó el Estatut a sabiendas de que después sería fotocopiado por las demás comunidades autónomas. Zapatero tenía que saber que el Estatut sólo sería aceptado por las fuerzas nacionalistas catalanas en la medida en que diera un trato singular a Catalunya y se acabara con el café para todos en política autonómica. Sin embargo, con su peculiar temeridad, echó para adelante, prometiendo todo aquello que no sabía si podría cumplir, y ahora estamos reformando estatutos sin ningún modelo final, deshaciendo aquello que tanto había costado articular y que ya funcionaba razonablemente bien.

El problema de Zapatero no es que se equivoque. Todos los políticos hacen cosas bien y cosas mal, a él también le sucede. Su peculiaridad principal es que aquello que hace mal tiene consecuencias difícilmente reparables, tanto en temas de gran importancia como son la política exterior, la política territorial o la lucha antiterrorista, como en temas de tono menor, por ejemplo la opa a Endesa o la designación de candidato a alcalde de Madrid. Zapatero es hombre de regate corto, sin visión de la jugada y, probablemente, aún no ha entendido del todo qué es un Estado.

Pero las palabras de Maragall afectan también a CiU, a Artur Mas y a Jordi Pujol. Mas pactó el Estatut con Zapatero a cambio de ser el próximo presidente de la Generalitat. Ahora está descolocado y desorientado, con la impresión de que le han tomado el pelo, quizás es injusto pero se lo merece por su frivolidad. Pujol avaló moralmente la reforma estatutaria aunque en la intimidad confesara que era un grave error. Pero recuerdo aquella patética imagen televisiva en la madrugada del 30 de septiembre, tras haber aprobado el Parlament el proyecto catalán. Solemnemente, con gesto de padre de la patria, Jordi Pujol se acercó a Maragall y a Mas, les cogió del brazo y los bendijo: "Ho heu fet molt bé". ¿Seguro que pensaba lo que decía?

Catalunya es un país en el que nadie - nadie importante, se entiende- dice lo que piensa, todo se dice para quedar bien, per quedar bé.Porque ahí, al fondo, también podemos vislumbrar a la famosa sociedad civil, estas decenas o cientos de nombres más o menos conocidos que se caracterizan por tres cosas: primera, por sostener en público lo contrario de lo que dicen en privado; segundo, porque lo único que les interesa es seguir beneficiándose de los favores del poder, sean subvenciones, autorizaciones administrativas, créditos, cargos e influencias de todo tipo, y, tercero, por no desentonar de la opinión dominante, no discrepar de nadie a quien tengan en una cierta consideración. Sobre todo, que no se diga... Son burgueses en el sentido literario del término: acomodaticios, blandengues y timoratos. Hasta un juez y un abogado les chantajeaban y ellos, como corderitos, iban pagando sin decir palabra. Para quedar bien.

El vía crucis del Estatut ha recorrido una nueva estación. Mientras, seguimos en los falsos debates, en un aeropuerto con conexiones transatlánticas. Como si eso dependiera de Madrid.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Unidos por el delito

José María García Hoz, el pasado 24/4/2007, en ABC:

SI, por una vez, se cumplen los pronósticos del presidente del Gobierno, dentro de pocos meses un Gran Hermano informático controlará todas las carreteras del Reino de España y el infractor/a será denunciado y multado sin necesidad de participación del ser humano. Desde que nacen, los españoles son diferentes, no al nostálgico modo machadiano, sino en el más prosaico de la vida cotidiana. Dependiendo de la comunidad en la que nazcan, su nacimiento devengará, o no, una ayuda económica para sus padres; igualmente según cuál sea la comunidad de residencia, así serán los conocimientos que le impartan en el colegio; y tampoco es igual morirse en Valencia que en Sevilla a la hora de pagar impuestos por el testamento.

Pero ahora ya podemos estar seguros: cualquier conductor que pise el acelerador más de la cuenta en las carreteras españolas será registrado en las pantallas del Gran Hermano y su infracción, remitida al centro que se instalará en León, desde donde, a la velocidad del rayo, le llegará la notificación de la multa. Hasta ahora no era lo mismo viajar sin abrochar el cinturón de seguridad en una comunidad que en otra, pues aunque el Código de Circulación fuera de vigencia nacional, los medios de la Dirección General de Tráfico eran lógicamente diferentes y las probabilidades estadísticas de ser cazado y, posteriormente, denunciado por la Guardia Civil de Tráfico variaba mucho desde Villalba de Guadarrama a Villalba de Lugo.

Desde cualquier punto de vista, nada más lógico que centralizar los procesos informáticos que abarcan desde la vigilancia en las carreteras hasta su sanción y cobro. Se estima que cada año en España se sancionan unos tres millones de infracciones de tráfico, una imponente masa de información cuyo manejo requiere y necesita ordenadores de gran capacidad para procesarla. Son las ventajas, o desventajas, de la sociedad de la información: el Gran Hermano tiene capacidad de saber que ha sobrepasado la velocidad permitida, de informarle que ha sido multado y, por último, de informar a su banco que debe cargar en su cuenta corriente el importe de la multa.

Se supone que la más rápida gestión de multas redundará en un mayor respeto a las normas de circulación y, en consecuencia, una sensible disminución de los accidentes de tráfico. Sin embargo, conviene no olvidar que si este proceso se promete tan brillante se debe a sus dimensiones: si en lugar de un único centro de procesamiento nacional hubiera diecisiete, tantos como comunidades autónomas, la eficiencia y la eficacia del proceso sancionador sería mucho menor; en primer lugar, porque todos esos centros deberían intercambiar información, dado que no siempre la propiedad del coche y la vecindad del conductor coincide con el lugar de la infracción; en cuanto a racionalidad económica, es evidente que un solo centro procesador tendría, por menos coste de personal, de hardware y software, mas capacidad que diecisiete repartidos por toda España.

En realidad, nada muy distinto al proceso de concentración de empresas que estamos viviendo en la actualidad: todos los directivos quieren aumentar el tamaño de sus compañías para alcanzar masas críticas que les permitan ahorro de costes y, por tanto, aumento de beneficio. Desde la banca a la siderurgia, pasando por los laboratorios farmacéuticos o la hostelería, se sabe que ser mayor brinda nuevas oportunidades para ser mejor, aunque a veces no se aprovechen.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero dado que, por fin, el Gobierno de España ha descubierto los beneficios de las grandes unidades administrativas, debería aplicar el principio para contener el, en apariencia, incontenible proceso de ruptura del mercado en cuestiones decisivas como los horarios comerciales o las especificaciones de la redes de telefonía. Si el mundo -que, como se sabe, es un pañuelo- marcha decidido hacia la globalización, si el Viejo Continente estableció años atrás su propio mercado único, España, que es un pequeño país, no debería correr en dirección contraria y dividir su mercado en trozos cada vez más pequeños. No debería, pero lo hace.

La Generalidad sigue en la ilegalidad con las embajadas en el extranjero

La Constitución es muy clara en este aspecto:

Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

(...)
2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3. Relaciones internacionales.
(...)
10. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

Pero no importa, la Generalidad abrirá este año embajadas en París y Berlín, y después en Nueva York, México, Buenos Aires y Pekín, según anunció la semana pasada Josep Lluís Carod-Rovira.

Los gallegos del señor Touriño ya lo anunciaron el año pasado. Mientras tanto los ciudadanos de Cataluña tenemos que sufrir el gasto que esto supone y el desprestigio que causa.

Y es que como Gallardón le dijo, en su momento, a Jordi Pujol, cuando este se quedó sorprendido de la cantidad de líneas del metro de la capital:

Es que nosotros, presidente, dado que no tenemos que construir una nación, nos dedicamos a construir el metro.

El negocio de las embajadas regionales. Ilegales y ruinosas.

1,2 millones más... ¿cuántos van ya?

La Generalidad de Cataluña sigue subvencionando la empresa privada que pretende la participación internacional de un grupito de catalanes -separatistas todos, claro-.

1,2 millones de euros más (¡otro año más!)... pero ¿hasta cuándo? y, sobre todo, ¿cuánta gente vive de esto? Como sabemos, con este dinero se presentarán spots publicitarios ofensivos y utilizando a niños para ello... Pero eso sí, Madrid nos roba... y nuestros niños, sin ordenadores:

Disfrutar de un partido de corfbol entre Cataluña y Aruba, ver un combate de taekwondo entre la selección catalana y la de las Islas Caimán o emocionarse con un encuentro de icestock Cataluña-Zanzíbar no son placeres baratos.

La Generalitat acordó ayer subvencionar con 1,2 millones de euros a la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas, una asociación privada, aunque presidida por un militante de Esquerra, Xavier Vinyals [ver imagen adjunta], cuyo objetivo es lograr "el derecho de los deportistas catalanes a competir internacionalmente bajo los colores de su bandera".

Seguir leyendo Selecciones catalanas: un placer muy caro en El Mundo

CRITERIO / ¿Queréis ver subvenciones?
CRITERIO / 3 millones de euros, pero Madrid nos sigue robando
CRITERIO / 2,59 millones en subvenciones para la secesión deportiva
CRITERIO / ¿Cuánto nos cuesta saber quiénes somos?
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CRITERIO / Dos grandes avances hacia la libertad del pueblo catalán
CRITERIO / Unas migajas

733.312 euros invertidos en ilegalidades

El departamento de Presidencia de la Generalidad, que depende directamente del presidente José Montilla, acaba de destinar 733.312 euros -modelo subvención- para "permitir la difusión de las emisiones en catalán, de acuerdo con su programa de renovación y actualización del espacio comunicacional catalán", según consta en el DOGC número 4838 del pasado 9 de marzo de 2007.

Esta subvención, otra más, ha ido a parar a la Fundación Llull, que está integrada por Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià y Obra Cultural Balear, y tiene como única finalidad expandir el catalán fuera de Cataluña.

La Fundación Llull es, además, la principal organización que está defendiendo que TV3 se siga viendo ilegalmente en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Y que según ha comunicado la Generalidad de la Comunidad Valenciana hará cumplir la ley este mismo mes con el cierre de los repetidores en su Comunidad.

Es pues, esta elevadísima subvención, una clara injerencia de la Generalidad de Cataluña fuera de su ámbito territorial. ¿Hasta cuándo estas subvenciones? Luego escucharemos la cantinela de siempre: nuestros hijos no tienen ordenadores en las escuelas... no me extraña.

CRITERIO / Dos millones de euros en tres meses
CRITERIO / ¿Queréis ver subvenciones?
CRITERIO / ¡Marchando otra de subvenciones!
CRITERIO / 3 millones de euros, pero Madrid nos sigue robando
CRITERIO / España nos roba
CRITERIO / A golpe de subvención

Lo llaman "inequidad"...

...cuando deberían decir injusticia, desigualdad, desastre o inoperancia.

18 divisiones, 18 carreras universitarias. Caos total o desigualdad federal. Cuando se transfiere, no solo la gestión sino también una parte del poder legislativo, de servicios básicos como la sanidad pasan estas cosas. Copio y pego de la noticia de El País, ayer:

"[...] representantes de los sindicatos mayoritarios -la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), CC OO, y el Sindicato de Enfermería SATSE- exigieron ayer [por el martes] al Ministerio de Sanidad que intervenga para acabar con esta "inequidad". Si no, ésta aumentará, lo que puede llevar a desmotivar a los trabajadores, frenar su movilidad y, a la larga, supondrá que en las comunidades que menos paguen o tengan una carrera más difícil se queden con los profesionales menos capacitados."

¿Cuál es la "inequidad" de la que se quejan los sindicatos del sector sanitario? Pues nada más y nada menos que de la distinta regulación autonómica de la carrera profesional de los médicos y enfermeras, como se puede ver en el cuadro siguiente:

Los sindicatos solicitan, ahora, que el Ministerio de Sanidad intervenga para equiparar mínimos y máximos exigidos a los profesionales del sector. Ahora, cuando ven que con el actual marco de transferencias legislativas se pueden producir desigualdades en un sector tan sensible, y básico, como es el de la sanidad:

"Según los representantes sindicales, el departamento que dirige Elena Salgado se "ha inhibido" en la regulación de los aspectos laborales. Esto puede tener consecuencias no sólo "para la salud laboral de los trabajadores, sino para la calidad del servicio" que se presta, dijo la secretaria de Sanidad de CC OO, María José Alende."

Y es que una cosa es la transferencia de la gestión de un servicio y otra, bien distinta, la transferencia legislativa a cada Comunidad Autónoma de determinados servicios públicos.

¡Ay! ¡Esta izquierda nuestra! ¿Cuándo se dará cuenta que nacionalismo e izquierda son incompatibles?

Por el amor de un 'hub'

Álex Salmon, hoy, en El Mundo (Cataluña):

Ahora que nos llenamos la boca hablando de un nuevo término que ha entrado a formar parte de nuestra realidad como es el hub, no puedo renunciar a decir que en Cataluña cuando no soñamos que somos un Estado, soñamos que somos la capital del mundo. No mundial, sino simplemente del mundo.

Es gracioso oír a políticos llenarse la boca con los futuros proyectos faraónicos y de gestión propia que nos conducirán a conectar Barcelona, vía aérea y de forma directa, con todas las ciudades de la tierra. Y eso es más falso que el Vayreda que tengo en casa, que sólo llega a litografía. Quiero decir que es una litografía auténtica de Vayreda y un cuadro falso.

Los políticos no pueden hacer creer a la ciudadanía que si el aeropuerto estuviese gestionado por la Generalitat podríamos viajar desde El Prat a Nueva York o Tokio, sin pasar por Madrid. Las cosas no funcionan de esta forma, aunque las elecciones municipales estén cada día más cerca. La realidad es que Barcelona tendrá conexión directa con las grandes ciudades del planeta si existe demanda. La compañía Delta, por ejemplo, ya intentó rentabilizar la línea BCN-NY hace unos años y tuvo que claudicar. Decidió apostar por esa línea pero sólo durante los meses de verano, cuando hay demanda. ¿De qué sirve tener el mejor hub del mundo sin pasajeros?

Es evidente que Barcelona tiene potencial para hacer muchas más cosas de las que tiene. Pero en ocasiones, los problemas los generamos nosotros mismos. ¿O no estuvimos más de diez años discutiendo o perdiendo el tiempo con la famosa tercera pista? Mientras que en Cataluña nos desfondábamos con esa cuestión, en Madrid inauguraban una línea de metro que conectaba la ciudad con el aeropuerto, pudiendo facturar en la misma estación subterránea.

¿Es culpa de Madrid o de nuestros demonios? Parece como si la clase política catalana no quisiera aceptar que ésa es la capital de España y que siempre tendrá un gran nudo de comunicaciones mejor al del Prat. Lo que debería hacer Barcelona es ponerse las pilas para que esta distancia entre las dos ciudades sea lo más mínima posible. Por nuestro bien, y también por el bien de Madrid. Sí a la rivalidad, no a la competencia.

Una vez hemos reconocido lo que ha supuesto la tremenda pérdida de tiempo, ¿qué hay que hacer? Especialistas tienen los aeropuertos, pero no parece muy práctico el método de enfrentamiento con otros centros aeroportuarios que están utilizando algunos políticos.Ya no sólo con el de Madrid, sino con los de otras ciudades.

Nos puede pasar como con las ferias. Durante muchos años en España han proliferado los recintos feriales potenciados por los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Los profesionales de la Fira de Barcelona saben muy bien a lo que me refiero. Espacios de feria en Valladolid, Valencia, Sevilla, Bilbao, etc. Todos a la búsqueda de clientes en una competencia atroz por lograr borrar los números rojos en los que estaban y están situados todos. El problema nace cuando Valladolid y Bilbao, por ejemplo, intentan competir con Barcelona o Madrid, muy consolidadas internacionalmente, en sectores que ya trabajan con las dos capitales. Puede ocurrir dos cosas: que los intentos por hacerse un hueco en el mercado a la larga sea negativo o que se provoque un despiste en el expositor internacional, al decidir apostar por otro país.

Este es un aspecto que, de forma evidente, perjudica a Barcelona. Al final, estas ferias provinciales se convierten en una buena manera de que los presidentes o alcaldes de turno salgan en la foto de la inauguración, pero no se transforman en riqueza. Existen excepciones, claro.

En España sería un error que, una vez el Aeropuerto de Barcelona pasara a titularidad total o compartida de la Generalitat, decidiera hacerle la competencia a otros centros, como Madrid. Existe espacio para todos y sin problemas. Barcelona tiene una riqueza turística, económica y de rapidez superior a la de Madrid gracias a la cercanía de los puntos estratégicos.

Como en ocasiones recuerda Joan Miquel Abad, el que fuera presidente del COOB y ahora presidente de la compañía aérea Vueling, «pocos aeropuertos tienen la zona portuaria (comercial y de pasajeros), la ciudad y el recinto ferial, en una media de 15 kilómetros alrededor».

Es fundamental que los empresarios catalanes entiendan, como ya parecen haber hecho los alcaldes de Madrid y Barcelona, que un aeropuerto potente en la capital beneficia a la otra gran ciudad y viceversa. Es imprescindible que exista complicidad entre las dos ciudades para que después nadie se lleve a engaño o uno engañe al otro. Los empresarios generan riqueza. Y eso es bueno para todos. Otra cosa es la utilización política, sesgada, interesada de las fuerzas de siempre para crear un imaginario que nos haga creer que vivimos en la capital del mundo. El Prat será un hub si lo quiere el sector y la demanda. O si existe espacio para ello. De no ser así, seguiremos con nuestras batallitas de siempre, que nos tienen tan entretenidos y nos divierten, mientras otro avión despega y nadie se explica cómo ha sido.

194 empresas discriminadas en Cataluña

La discriminación lingüística, en Cataluña, es innegable. 194 empresas o comercios fueron sancionados durante 2006 por utilizar el castellano o español como lengua habitual. Además 311 empresas más tienen abierto un expediente de sanción.

Desde la llegada del PSC, ERC e ICV-EUiA al Gobierno regional catalán las sanciones han pasado de 22 en 2004 a 194 en 2006. Toda una demostración de libertad.

Según los datos de la Agencia Catalana de Consumo, que depende del Departamento de Economía (cuyo titular es miembro importante del PSC), los 194 comercios vulneraron los derechos lingüísticos de una parte de los catalanes. Y la solución ha sido sancionarlos para que estas empresas discriminen ahora a los ciudadanos de Cataluña castellanoparlantes y bilingües.

55.675 euros fue la recaudación durante 2006 gracias a estas sanciones lingüísticas, según ha publicado La Vanguardia y como respuesta a una pregunta del PP en el Parlamento regional.

Parece mentira que el PSC, con una amplia base militante de castellanoparlantes y una mayor aún de votantes castellanoparlantes y bilingües, apruebe y ejecute sanciones a comercios y empresas por utilizar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña (la única oficial de toda España) y propia de la mayoría de los ciudadanos de esta región.

Y encima con cachondeo. Antoni Castells (PSC), consejero de Economía y firmante de las sanciones, todavía pretende que nos creamos que la Generalidad tiene la voluntad "de convencer, incentivar y motivar, antes que sancionar".

La lengua como barrera

Albert Rivera (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía) firmaba un interesante artículo el pasado 9/2/2007 en El Economista:

Según el artículo 3 de la Constitución, en nuestro país hay una lengua oficial para todas las comunidades autónomas, el castellano, y tres lenguas cooficiales para Cataluña, País Vasco y Galicia, el catalán, el vasco y el gallego, respectivamente.

A priori esta circunstancia, lejos de representar un problema, debería ser un valor añadido, una riqueza cultural y social e incluso económica. Pero si a este fenómeno del bilingüismo oficial le sumamos el nacionalismo político, el sentido común se ve truncado por la política de los sentimientos y la identidad única que dicta esta ideología.

En Cataluña concretamente, la política lingüística aplicada por los gobiernos nacionalistas de Pujol y Maragall ha generado malestar y hartazgo entre muchos catalanes y, sobre todo, entre buena parte de los comerciantes y el empresariado catalán. ¿Y por qué? Es bien sencillo: porque la política lingüística catalana crea barreras laborales y económicas.

Analicemos las primeras, las laborales. El nuevo Estatuto catalán, en su línea intervencionista, establece la obligación de disponibilidad lingüística a todos los establecimientos públicos de Cataluña. Ese término eufemístico quiere decir, en realidad, que todos los comercios y establecimientos tienen la obligación de tener personal que hable o entienda el catalán. Por tanto, si interpretamos en sentido contrario, los trabajadores que no entiendan el catalán no podrán tener las mismas oportunidades de trabajo que los que lo entiendan. Y eso de facto ya ocurre, como pasa con cualquier factor determinante a la hora de contratar a un trabajador u otro. Pero la gran diferencia es que en una sociedad donde se respete la libertad de empresa, debería ser el propio mercado el que marease cuáles son las cualidades necesarias para conseguir un puesto de trabajo. En Cataluña es la Generalitat la que entra en el ámbito privado para decirle a los comerciantes, a los profesionales liberales y a los empresarios qué características deben tener sus trabajadores. Es la realidad que le espera a los ciudadanos de Cataluña cuando la Generalitat decida desarrollar este artículo 34 del nuevo Estatuto.

Por otro lado, pero en la misma línea obsesiva e intervencionista, la Generalitat actúa exigiendo un nivel alto de catalán (C) a todos los funcionarios de la Administración Pública. Puede entenderse como lógica dicha exigencia para trabajar en una ventanilla de atención al público de cualquier departamento de la Generalitat.

Ahora bien, cuando a un jardinero, a un policía o a un médico cirujano se le valora por igual su destreza profesional que su conocimiento lingüístico de una lengua cooficial, está primando el criterio de catalanidad sobre el criterio de excelencia profesional, y eso es perjudicial para la calidad del servicio prestado a los ciudadanos. Lo que cualquier ciudadano desea es que los funcionarios públicos sean, por encima de todo, los mejores profesionales, y no los que mejor hablan una lengua u otra. Esta sería simplemente la interpretación de un contribuyente en el más puro sentido egoísta, pero qué decir de los derechos de igualdad y libertad que se ven mermados para muchos profesionales que se presentan a unas oposiciones en Cataluña provenientes de otros lugares de España, de Europa o del mundo y observan con resignación cómo para ocupar puestos de trabajo donde el idioma es irrelevante, se convierte en fundamental dicho conocimiento.

Las otras barreras son las económicas. Si sancionamos a los empresarios, comerciantes o profesionales que no hablan en catalán, estamos obviando nuevamente el derecho a la libertad de empresa reconocido en el artículo 38 de la Carta Magna. No es ninguna broma, aunque lo parezca: en Cataluña, donde según el CIS el 51 por ciento de la población es castellano-hablante, esto sucede. El último capítulo polémico al respecto fue el caso de cinco compañías aéreas expedientadas en el aeropuerto del Prat por tener escrito los billetes de avión en castellano e inglés. ¡A quién se le ocurre imprimir los billetes de avión de compañías que operan en todo el mundo, en dos de los cuatro idiomas más hablados del planeta cuando además uno de ellos es oficial en Cataluña! Los empresarios a veces tienen unas ocurrencias... Éste es el surrealismo con el que muchos catalanes, inclusive catalana hablantes como un servidor, debemos convivir en esta inventada nación catalana Éste es uno de los motivos por el que muchos catalanes hemos decidido decir basta a las políticas identitarias e intervencionistas de la Generalitat. No por cuestiones sentimentales, sino por respeto a la libertad individual y a la igualdad de oportunidades aplicadas también al mundo económico y laboral, es decir, por pura aplicación de nuestro verdadero signo distintivo, y por cierto el más olvidado, el seny catalán.

¿Queréis ver subvenciones?

Subvenciones, subvenciones y más subvenciones... La construcción nacional -¡coño! si hay que construirla es que no existe y no ha existido nunca- no nos va a salir gratis, claro. ¿Alguien lo pensaba? Pero no solo ponemos nuestro dinero los ciudadanos de Cataluña, también el resto de españoles. Si los dirigentes de nuestra región se dedican a invertir en nación no pueden dedicarlo a la educación, la sanidad o la creación de lugares de trabajo. Y ahí entra el Estado (aquí, ya, no tan opresor, desde luego). Eso sí, tendremos nación.

Pues bien, ¡ojo al dato! ¿Querían ver subvenciones? Vean, vean...

Recién salido del DOGC:

Entidad: Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.
Finalidad: Diversas actividades 2006.
Importe: 1.431.545 de euros.

Entidad: Federació Catalana d'Hoquei.
Finalidad: Champions Trophy 2006.
Importe: 20.000 euros.

Ahora bien, que no falte el victimismo: ¡España nos roba! o ¡Nuestras escuelas no tienen ordenadores como en Extremadura!

¿Hasta cuándo?

(Gracias Azuzena)

Dos millones de euros en tres meses

Pero no solo para los catalanes. Lo de las subvenciones de los gobiernos de la Generalidad está llegando a un punto algo surrealista. Resulta que no solo se ha creado, ya, a los catalanes buenos y los catalanes malos -según sean nacionalistas o no-, sino que ahora, desde los gobiernos de la Generalidad se está creando a buenos y malos ciudadanos según sea su lengua de uso. Da igual que sean o no catalanes. Lo que importa es que promuevan el catalán por el mundo. Bien. ¿Y los catalanes que utilizamos y promovemos el castellano -lengua tan propia como el catalán de Cataluña-?

Durante el tercer trimestre de 2006 -ya sin ERC en el Gobierno regional catalán- se concedieron más de 2 millones de euros para difundir el catalán en la Comunidad Valenciana, Baleares, lo que los nacionalistas llaman la Cataluña Norte (en Francia) y el Alguer (en Italia). Y eso solo con subvenciones superiores a los 3.000 euros, que son las únicas que deben figurar obligatoriamente en el Documento Oficial de la Generalidad (DOGC).

Algunos ejemplos: Obra Cultural Balear, 200.000 euros (para "difundir y promover la lengua y la cultura" catalanas -en catalán se entiende-); Escola Valenciana o Federació d'Associacions per la Llengua, 145.000 euros (para el concierto de Sant Jordi o San Jorge); Acció Cultural del País Valencià, 100.000 euros (para crear un proyecto de "garantías lingüísticas" del catalán y otra subvención para rendir homenaje "a los muertos y las ciudades represaliadas por la Guerra de Sucesión" de ¡1714!); Associació Conèixer Catalunya, 100.000 euros; Petanca Pradenca (para la organización de un trofeo de petanca de los Países Catalanes); El Cercle per a la Defensa i la Difusió de la Llengua i la Cultura Catalanes de el Alguer, 45.000 euros; Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, 20.000 euros (para una escuela maternal en catalán en el Alguer); Institució Cultural de La Franja, 25.000 euros (para promover la lengua y la cultura catalanas en Aragón); Asociación Cultural del Matarranya, 6.000 euros (para editar dos cd's de música tradicional en catalán); Joves de Mallorca per la Llengua, 15.000 euros (para celebrar la tradicional Acampallengua por el catalán)...

Menudo negocio es esto del catalán en el mundo. ¿Cuántas personas viven -han vivido- y vivirán gracias a este tipo de subvenciones? Y, sobre todo, ¿por qué hay unos catalanes de primera y otros de segunda, según sea su lengua materna?

Balanzas fiscales

Francesc De Carreras, ayer, en La Vanguardia:

En Catalunya han circulado durante estos últimos años varios fantasmas considerados verdades evidentes e irrebatibles, auténticos dogmas de fe. Las balanzas fiscales, como el elemento básico para resolver equitativamente la financiación autonómica, ha sido uno de ellos.

Los temas financieros siempre son, por lo menos a primera vista, muy complejos para quienes no son especialistas en la materia. Después, reflexionando un poco, no lo son tanto y, como casi siempre sucede con las cuestiones prácticas, el sentido común permite entender lo fundamental, aunque los detalles se escapen un poco. Y esto es lo que sucede con las balanzas fiscales.

En efecto, ¿qué son las balanzas fiscales? Simplificando, vienen a ser la diferencia entre el flujo de impuestos pagados en el territorio de una comunidad autónoma y el flujo de servicios que ésta recibe por parte de los poderes públicos; es decir, por parte del Estado, de las mismas comunidades y de los poderes locales. Por tanto, no estamos hablando de qué cantidad de impuestos paga una comunidad, sino de la cantidad dineraria global que esta comunidad recibe de los poderes públicos.

Como sabemos por experiencia propia, ni las comunidades, ni los municipios, ni el Estado, pagan impuestos: quienes pagamos impuestos somos las personas individuales o las personas jurídicas; es decir, empresas u otras entidades o instituciones que no tienen carácter individual. Por tanto, Catalunya, para entendernos, no paga impuestos: quienes pagan impuestos son los ciudadanos catalanes o las personas jurídicas radicadas en Catalunya.

Parece lógico, de entrada, que se puedan conocer las balanzas fiscales y tampoco parece descabellado que sea un buen elemento para distribuir la financiación de las comunidades autónomas. Ahora bien, eso que parece tan sencillo y claro no es ni sencillo ni claro. Los poderes públicos invierten dinero en beneficio de las personas, no de los territorios. Y ello crea serios problemas a la hora de contabilizar las balanzas fiscales.

Pongamos un ejemplo: el AVE Madrid-Barcelona. La construcción de un kilómetro de AVE en la provincia de Guadalajara, ¿a quién beneficia? ¿A la comunidad de Castilla-La Mancha, a la que pertenece dicha provincia? ¿A Aragón, porque pasa por Zaragoza? ¿O a Catalunya, porque tiene parada en Lleida, Tarragona y Barcelona? ¿A quién se imputa el gasto en el momento de hacer la balanza fiscal? ¿Se benefician los territorios o las personas? Y si quienes se benefician son las personas, ¿no se beneficiará también el que viene de Oviedo o de Lugo y en Madrid se subirá al AVE para llegar hasta Barcelona? ¿Y los extranjeros? Como se puede comprobar, lo que al principio parecía sencillo se ha complicado mucho. Si ello es así, imaginen lo que llegará a complicarse al contabilizar todos los millones de flujos financieros y de servicios que se producen cada día en un Estado.

El ministro Solbes ya dijo en su momento, con su tono socarrón y voz afónica, que si se ponían de acuerdo el Estado y las comunidades en una metodología común, se estudiarían y publicarían las balanzas fiscales. Una comisión en la que estaban presentes especialistas de las partes implicadas parece que no ha llegado a ningún acuerdo, el asunto ha quedado archivado y, por tanto, la nueva financiación autonómica se calculará sobre otras bases. Si se confirma, en Catalunya tendremos un fantasma menos y, probablemente, de nuevo un motivo - no una razón- para practicar, una vez más, el victimismo.

¿Cuánto nos cuesta saber quiénes somos?

Algunos gastos ciertamente útiles, para el bienestar de los ciudadanos catalanes, que realiza nuestra administración autonómica:

Todas las cantidades están reflejadas, como no podía ser de otra manera, en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC), entre los años 2003 y 2006, con la firma correspondiente del secretario autorizado: Carles Duarte i Montserrat, Ramon García-Bragado i Acín, Raimon Carrasco i Nualart o Xavier Vendrell i Segura.

Además hay que sumar otros gastos útiles de las arcas catalanas durante estos últimos tres años:

- En promocionar la identidad de los Países Catalanes: 5.372.554 euros.
- Proyectos que realizan asociaciones promotoras de la lengua y cultura catalana -sólo en catalán-: 5.546.000 euros.
- Omnium Cultural: 1.778.000 euros (resaltar que esta asociación ha recibido un total de 23 subvenciones en tres años).
- Prensa escrita, local y gratuita: 16.646.000 euros.
- Coordinadora d´Associacions per la Llengua Catalana (CAL): 195.000 euros (siete subvenciones en los últimos tres años).

En Bye, bye, Spain también se puede ver un resumen, del mismo estudio, de las cantidades que se gastan nuestros políticos regionales en mejorar la vida de los catalanes.

Eso sí... España, Madrid y el mundo entero nos roba y nos maltrata económicamente...

(Gracias, M.A.)

El déficit fiscal catalán

Carta de un lector de El Periódico publicada el pasado lunes 18 de septiembre:

Hace unos días, haciendo la mudanza, encontré una carta que me envió Ernest Lluch hace 14 años. A principios de los 90 el señor Lluch, que era articulista habitual de La Vanguardia, escribió un artículo que explicaba que el déficit fiscal de las regiones ricas era normal, y que se podía explicar por la balanza comercial negativa con el resto de España; quien tiene más, es lógico que deba pagar más. Recibió tal aluvión de cartas al director criticando su explicación, que al ser la mía la única que le apoyaba explícitamente, tuvo la gentileza de solicitar mi dirección y me mandó un texto manuscrito de agradecimiento y congraciándose de que los dos fuéramos vecinos de Les Corts. Si en aquel momento eran básicamente los partidos nacionalistas de derecha los que hablaban de expolio fiscal, ahora son también los partidos de izquierda los que, en mayor o menor medida, se quejan de lo mismo. ¿Cómo es que un partido de izquierda pida que quien más pague se quede con parte de lo que paga? Esto es retrógrado.

Por poner un ejemplo: un trabajador que gane 1.000 euros al mes pagará de IRPF unos 150 euros al mes; si gana 3.000, pagará 800, y si gana 6.000, pagará 2.000. Yo, por suerte, estoy en este último caso y estoy contentísimo de tener un déficit fiscal enorme. Si siguiera las recomendaciones de los apóstoles del "expolio fiscal", debería montar una asociación para reclamar que me fuese devuelto un tramo del 30% del IRPF para que yo lo gestionase de la mejor manera. Demos las gracias por vivir en una región sin paro y con oportunidades para emprendedores.

Hugo Rodríguez. Cardedeu

Palabras de oro

El pasado 15 de febrero, Pasqual Maragall, presidente de la Generalidad de Cataluña, anunciaba a bombo y platillo el arranque de un blog personal, como parte de una nueva página: El web del president de la Generalitat de Catalunya.

En la presentación de la web, se informó de que el coste de la misma ascendía a 21.000 euros, y de que la intención del president era escribir en el blog una vez por semana.

23 semanas después, comprobamos que la bitácora se ha actualizado 14 veces y que, según el contador de Microsoft Works, totaliza 7.796 palabras. Esto nos da una media de 1.500 euros por entrada o de 2,69 euros por palabra.

No está mal.

Eso sí, Madrid nos roba.

Más circo y menos pan

Esta semana termina el plazo de presentación de ofertas para concursar en dos interesantes contrataciones de la Generalidad de Cataluña.

Concretamente, hoy, se cierra la admisión de ofertas para el suministro de 1.100.000 ejemplares de un monográfico de 32 páginas titulado "1.000 días de gobierno". La oferta (al menos en la web) no especifica si el panfleto se emitirá en las dos lenguas oficiales en Cataluña, o sólo en la preferente. Lo que sí indica es que debe ser en papel estucado mate de 90 gramos, en 4+4 tintas, y cosido con dos puntos de alambre. Total: 151.934,48 euros (IVA incluido).

Por otra parte, mañana termina el plazo de recepción de ofertas para el suministro de 1.100.000 unidades de un DVD de "Els Segadors" (himno oficial de Cataluña), impreso a 5 tintas y presentado en un sobre de cartón folding a 4 tintas. Total: 293.570,48 euros (IVA incluido).

La suma de las dos licitaciones asciende a un importe de 445.504,96 euros.

Me vienen a la cabeza varias preguntas:

Teniendo en cuenta que coinciden los plazos y las cantidades de ambas ofertas, ¿no se le ocurrirá a nuestro gobierno del PSC, que tanto nos recuerda últimamente que no es nacionalista, regalarnos el DVD con nuestro himno y el monográfico con las bondades del gobierno tripartito, casualmente, poco antes de las elecciones de noviembre, no?

¿Se imaginan lo que hubiera ocurrido si durante el gobierno de Aznar se hubiera licitado un concurso público para suministrar millones de DVDs con el himno nacional español?

Por último, ¿alguien sabe cuánto es el 3% de 445.504,96 euros?

Eso sí, Madrid nos roba.

El negoci es el negoci

Pese a que muchos catalanes están deslumbrados por el nacionalismo, otros, también catalanes, confiamos en que nuestra Comunidad Autónoma -región, en Europa- deje algún día de ser el latifundio de los políticos catalanistas y la burguesía acomodada, y se convierta en una próspera, por libre, comunidad de ciudadanos.

Todo esto viene a cuento del nuevo negoci nacionalista. Bajo la patraña de ser un país, una nación y sentimentalidades varias, se vendieron infinidad de pegatinas por toda Cataluña (como esta, esta o esta, por ejemplo).

Ahora llega la moda del código de barras que promociona el diario -más subvencionado y menos leído- Avui. Así, ya "hay un nuevo icono de los catalanes de hoy" que refleja "el orgullo de ser catalán y vivir en Cataluña". La pegatina en cuestión (como la de la fotografía) está disponible para moto, coche, móvil, ordenador...e, incluso, han elaborado una toalla. Y, cómo no, ya existe una página web oficial.

El negoci es el negoci y el tema sentimental mueve mucho dinero. Aquí, en Cataluña, unos ponen la semilla (los políticos), otros ponen su corazón (los ciudadanos nacionalistas) y otros llenan los bolsillos (los empresarios). Claro, que siempre habrá tontos útiles por la causa:

La pregunta, entonces, sería: ¿de cuánto dinero hablamos?

Ejemplo de administración eficaz

Directamente desde Barcepundit:

¿Se puede saber quién ha sido el lumbreras al que se la ocurrido enviar las papeletas para el referéndum del Estatut (una con el Sí, otra con el No, y otra en blanco)... sin sobre? En casa todos lo hemos recibido así; ¿a alguien más le ha pasado?

La gracia de enviar a casa lo necesario para votar es que uno puede ir al colegio electoral con todo preparado, pero sin sobre ello es imposible. Con lo que cuestan estas cosas, y tal como lo han hecho es dinero tirado por la ventana. Todo un ejemplo de administración eficaz.

A esto se llama disfrutar de una Administración eficaz.

Visa Catalunya

No me parece mal que aparezca la Visa Catalunya (ya crearon en su momento la MasterCard España Bandera, MasterCard España Mediterránea y la MasterCard España Toro). De hecho, una tarjeta de crédito es un producto más y, si se apuesta por su creación, es que existe mercado o demanda previa. Aunque me temo -es sólo una suposición, los precedentes son infinitos- que la mano económica de la subvención de la Generalidad está detrás, si no en su totalidad en parte, de la nueva tarjeta Visa Catalunya.

Ahora bien, lo que es de risa es la carta que se adjunta a la solicitud de la tarjeta, sólo en catalán -por lo que perderán muchos clientes que se considerarán discriminados, ¡con lo fácil que es redactar las cartas en los dos idiomas oficiales de Cataluña!-, aunque se remite desde Madrid, y con un tufo a nacionalismo rancio excepcional. Les traduzco las primeras líneas. Lean, lean:

"Un país se reconoce a través de sus costumbres. Maneras de ser y de comportarnos que definen nuestra identidad. Por esto, pensando en personas que, como tú, se sienten orgullosas de sus raíces, hemos creado la nueva tarjeta VISA Catalunya.

Una tarjeta que, además de simbolizar la esencia de Cataluña, te ofrece múltiples e interesantes ventajas..."

(aumentar de tamaño)

Creo que ahora ya somos un país. No se es nadie sin la Visa Catalunya.

Actualizado 21.49 horas: Leído en los comentarios, Reboot de Alianza entre Mamones también trata el tema.

¿Unos vinitos por Lituania?

La ciudad lituana de Kaunas celebrará del 22 al 29 de abril la Catweek, una serie de actividades para dar a conocer la cultura catalana en el país lituano. La organizadora de estas jornadas es la Associació Catalano-Lituana, constituida en 2005 por iniciativa de un grupo de amigos catalanes y lituanos.

Un par de apuntes:

La Asociación Catalano-Lituana tiene como objetivo el intercambio cultural entre Cataluña y Lituania, si bien, por lo que vemos en la web, no parecen considerar la lengua española como parte de la cultura catalana. Curioso, si tenemos en cuenta que la usamos diariamente y la tenemos como propia alrededor de la mitad de los catalanes.

Por otra parte, entre los sponsors generales de las jornadas nos encontramos con la Generalidad de Cataluña, el Ayuntamiento de Tarragona, el Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, y la Embajada de España en Vilnius (Lituania). Teniendo en cuenta que yo quiero ser solidario, me pregunto: ¿cuánto nos costará a los contribuyentes catalanes (castellanohablantes incluidos) y a todos los españoles estas trascendentales jornadas de vino y de construcción de identidades colectivas?

Eso sí, Madrid nos roba.

Los pingüinos de Madagascar

Traducimos directamente de e-noticies.com:

La Generalidad paga 380.000 euros por el cine en catalán.

El Departamento de Presidencia de la Generalidad ha subvencionado con casi 400.000 euros [más de 66 millones de pesetas] el doblaje de películas al catalán durante el año 2005. La Generalidad ha destinado 157.673 euros a la película Harry Potter i el calze de foc, 108.000 a la película El secret del germans Grimm y a La llegenda del zorro y 11.031 al cortometraje Els pingüins de Madagascar. A estas películas se han de añadir 49.900 euros por gastos de subtitulación de 35 largometrajes y 11 cortometrajes. Este gasto es en concepto de "gastos de doblaje al catalán, copiado y promoción de 12 copias".

Es ser respetuoso con los hablantes de un determinado idioma que las películas proyectadas en los cines privados, se doblen a dicho idioma. Es discutible, eso sí, si dicho coste debe asumirlo el sector público.

Lo que sí que es más que probable, en cualquier caso, es que en Extremadura, sólo con el dinero destinado al doblaje del cortometraje sobre los pingüinos de Madagascar (más de 11.000 €), habrían podido comprar más de 13 ordenadores para los alumnos de los colegios públicos.

Eso sí, Madrid nos roba.

3 millones de euros, pero Madrid nos sigue robando

1,2 millones de euros de las arcas de la Generalidad, destinadas para este 2006, irán a parar a la promoción de las selecciones deportivas catalanas. Suma y sigue. Lo publicó ayer El Confidencial.

La cantidad va dirigida directamente a la Plataforma Pro Selecciones Catalanas -¿alguien se ha preguntado alguna vez cuántas personas viven profesionalmente del cuento nacionalista en Cataluña?-.

A esta cantidad -1,2 millones de euros- hay que sumar otros 700.000 euros que irán destinados a la UFEC (Unió de Federacions Esporitves de Catalunya), que fomenta el deporte federado en Cataluña. Ni uno de esos euros llegará a los clubs federados de Cataluña. Se quedará por el camino en conferencias y exposiciones que de manera onanista realizan y consumen los mismos, los nacionalistas, no todos los catalanes. Esta subvención, de 700.000 euros, que se le otorga a la UFEC es, entre otras cosas, para promocionar la normalización lingüística en el deporte. Algo así como que cuando jueguen dos equipos de fútbol se sancione con penalti el que un jugador le pida la pelota a otro de su equipo en castellano. ¿Que no? Tampoco pensábamos, cuando se pedía el uso de la lengua meterna en las escuelas durante el franquismo defendiendo a los catalanoparlantes, que se prohibiría explícitamente el uso del castellano o español en las aulas.

Pero hay más. 1,5 millones de euros para la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) que promociona los juegos deportivos en las escuelas. Nada de ese dinero llegará, tampoco, a los destinatarios previstos. Por cierto, que esta última organización está presidida por Sebastià Bondia, alcalde de la localidad tarraconense de Duesaigües, y el vicepresidente primero es el socialista Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès. Todo queda en casa.

Queda claro que aquí, en Cataluña, hay dinero para aragoneses que se sienten catalanes (!) y para estudios e informes absurdos de propaganda nacionalista. Eso sí, no tenemos dinero para que nuestros escolares tengan ordenadores. Es que Madrid nos roba...

Dinero catalán para aragoneses

Hace ya unos días nos enteramos, según publicó ABC, que la Generalidad financiaba a una asociación aragonesa: 'Institució Cultural de la Franja de Ponent' de Calaceite (Teruel) que rechaza que Lérida devuelva los "bienes de la Franja".

Algunos datos referidos a esta asociación:

- 40.000 euros, vía Generalidad de Cataluña, por promocionar la lengua y la cultura catalanas en Aragón.
- Defensa de los llamados Países Catalanes considerándose parte de Lérida.
- Reciben ayudas económicas de la Generalidad catalana para actos como, por ejemplo, la promoción del cine en catalán.

¿Por qué la Generalidad de Cataluña subvenciona a entidades aragonesas y no a algunas entidades catalanas? ¿Hay catalanes que no son considerados como tales por las instituciones regionales? Eso sí, los mensajes que se emiten, y emitirán, desde la máxima institución catalana es que España nos roba, pero cuántos ordenadores se podrían haber comprado para las aulas catalanas con el dinero dedicado a promover la cultura catalana fuera de Cataluña.

Sin ordenadores

Carta de un lector de ABC, este pasado miércoles:

Con la desorbitada cantidad de dinero que se ha gastado el Gobierno catalán en los últimos dos años en informes, muchos de ellos superfluos y de dudosa utilidad, la Generalitat hubiera podido comprar más de 100.000 ordenadores. Así, se hubiese podido instalar uno por cada dos alumnos en todos los centros de Educación Secundaria de Cataluña, de la misma forma que se ha hecho en Extremadura.

En otras comunidades autónomas prefieren destinar su dinero a introducir las nuevas tecnologías en la educación, pero los políticos catalanes prefieren dedicarlo a pagar informes millonarios sobre cuestiones identitarias como el catalán, el nomenclátor propio de Cataluña o los símbolos nacionalistas. En Cataluña, como siempre, la política identitaria, por encima de la política social.

José Gutiérrez. Barcelona

El color del dinero catalán

A propósito del asunto de Radio 4, Bye, bye, Spain, hoy, nos recuerda cuál es y ha sido la actitud de los diferentes gobiernos nacionalistas en nuestra tierra durante algo más de un cuarto de siglo:

EL COLOR DEL DINERO CATALÁN

Público. Ese es el único color que sabe manejar al nacionalismo catalán.

¿Son necesarias 123 emisoras de radio públicas en una región de tan reducidas dimensiones como Cataluña?

El nacionalismo catalán se rasga las vestiduras porque RTVE quiere cerrar Radio 4, una emisora en catalán con tan solo 8.000 oyentes y un presupuesto de siete millones de euros. Pero oculta que Cataluña es la autonomía con más radios públicas de toda España. 123 emisoras que pagan los ciudadanos de su bolsillo.

Si el catalanismo nacionalista y de izquierdas dejara de gastar el dinero público en festejos racistas y étnico-lingüísticos de los que solo se dan allí, en el País Vasco y en alguna otra región histérica, descrubriría la cantidad de dinero que tiene para mejorar los servicios sociales, la educación, la sanidad, la atención a la tercera edad, etc., etc., etc. Pero...

Pero es más cómodo (e insolidario) seguir pidiendo dinero al Estado y acusar a las demás regiones de despilfarradoras.

El déficit fiscal de mi barrio

"Yo quiero ser solidario", reza el famoso manifiesto que hace semanas que circula por internet. Eso sí, añadimos desde CRITERIO, "también con mi barrio vecino".

Pablo Cruxent publicó el siguiente artículo en la web de INN el pasado 29/1/2006:

[...] Pensemos en una Catalunya independiente. Barcelona, más rica y poblada que Lleida tendría "déficit fiscal" con respecto a Lleida. Ésta, menos poblada y rica y con déficit en infraestructuras, según la lógica de la redistribución de riqueza, recibiría fondos de Barcelona. En este caso, no se plantearían reivindicaciones de esta naturaleza, pues al fin y al cabo para un nacionalista, todo quedaría en casa, no le irritaría dar a los de Lleida lo que le irrita dar al resto de España pese a que el "déficit fiscal" siguiese existiendo. Tal y como está planteado este difuso concepto, está condenado a subsistir aunque mi barrio sea un país independiente, pues los de mi calle seguro que aportan un esfuerzo fiscal mayor o menor que los de la calle de enfrente. Y así ad infinitum...

A continuación, transcribimos el artículo al completo.

EL DÉFICIT FISCAL DE MI BARRIO - Pablo Cruxent, Barcelona. 29-01-06

La perversidad de conceptos como "déficit fiscal" o "deuda histórica", es comparable a su indeterminación. Nadie sabe exaxtamente cuál es la dimensión de tales conceptos, pero desde luego no ayudan a la concordia y contribuyen a confusiónes y recelos entre territorios. Esta excitación de la discordia es una buena y necesaria estrategia,que preside todas las acciones del nacionalismo identitario. Es impensable que un partido como ERC quiera una sociedad que conviva armónicamente en España, que se preocupe por temas como la vivienda, el paro, la sanidad,...Una sociedad madura y democrática que haya apartado definitivamente cuestiones tan estériles como los debates identitarios, agravios, privilegios, comparaciones territoriales y rencillas entre vecinos. Una sociedad centrada en los problemas reales fuera de los mitos nacionalistas. No sólo es impensable si no hasta lógico que ERC quiera ríos revueltos y turbulencias, en definitiva descontento. Pero un descontento que pueda redirigirse hacia el mito identitario, la panacea de la nación catalana, que reparará todos los males focalizados en España.

Por ello, todos deberíamos saber ya la respuesta a la pregunta de quién crispa el ambiente político y no se debería caer en esta dinámica fríamente calculada. Al PP, un partido liberal, que es afín a sectores conservadores y al empresariado, no creo que le convenga agitación, incertidumbre e inseguridad jurídica. Ni mucho menos replantearse conceptos básicos y estructurales del funcionamiento del ordenamiento constitucional. Es lógico pensar que los empresarios, desean desarrollar su actividad económica con la mayor estabilidad política posible y con la mayor seguridad jurídica.

Rebatir los conceptos bomba de "déficit fiscal" o "deuda histórica" desde el punto de vista jurídico es una tarea muy sencilla, pues sólo hay que echar un vistazo a la legislación vigente y constatar la configuración legal de la solidaridad y la redistribución de riqueza. Además de ello, de la legislación tributaria, se puede constatar que los tributos los pagan las personas físicas y jurídicas y no los territorios, por una renta derivada de una riqueza que puede haberse creado en cualquier territorio del mundo. Por ello el verdadero problema no es legal, sino afectivo. Se trata de que el nacionalismo no quiere que parte de la riqueza de las personas domiciliadas o residentes en Catalunya vaya a otras partes de España, que beneficie a otras personas, a otros ciudadanos o entidades españolas que residan fuera de Catalunya.

Pensemos en una Catalunya independiente. Barcelona, más rica y poblada que Lleida tendría "déficit fiscal" con respecto a Lleida. Ésta, menos poblada y rica y con déficit en infraestructuras, según la lógica de la redistribución de riqueza, recibiría fondos de Barcelona. En este caso, no se plantearían reivindicaciones de esta naturaleza, pues al fin y al cabo para un nacionalista, todo quedaría en casa, no le irritaría dar a los de Lleida lo que le irrita dar al resto de España pese a que el "déficit fiscal" siguiese existiendo. Tal y como está planteado este difuso concepto, está condenado a subsistir aunque mi barrio sea un país independiente, pues los de mi calle seguro que aportan un esfuerzo fiscal mayor o menor que los de la calle de enfrente. Y así ad infinitum...