Criterio

Maragall, Cataluña y la España plural

http://www.criterio.es/2007/09/maragall-cataluna-y-la-espana.html

El espejismo del derecho a decidir

http://www.criterio.es/2007/09/el-espejismo-del-derecho-a-dec.html

"Dentro de la libertad de expresión"

El vocal separatista radical del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Alfons López Tena, propuesto por CiU, no lo olvidemos, ha manifestado hoy que quemar fotografías y banderas "entra dentro de la libertad de expresión" y ha asegurado que "todo el mundo tiene derecho a expresarse".

"Los países que me gustan son aquellos en los que quemar la bandera es un derecho constitucional, como en Estados Unidos, y no aquellos que criminalizan ideas políticas, como es el caso del Estado español", ha argumentado López Tena, en relación a la quema del retrato de los reyes que jóvenes separatistas protagonizaron este jueves en Gerona. Estas declaraciones las ha efectuado al salir de una reunión con el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Josep Lluís Carod-Rovira, con el único punto del día: el referéndum del 2014.

"La libertad de expresión no es para decir cosas agradables, es para decir cosas que a algunos les pueden resultar desagradables", ha señalado López Tena, que no ha querdio aclarar si está o no de acuerdo con la quema de fotografías de los reyes. "No lo diré porque los liberales nos caracterizamos justamente por defender el derecho de que todo el mundo defienda aquello con lo que uno mismo no está de acuerdo", ha concluido.

Liberales, ha dicho. Ahí están.

La reconquista democrática

Xavier Pericay firma hoy la Tercera de ABC:

[...] Hace algo más de un año, Ciutadans encendió la llama. Ahora, Plataforma Pro toma el relevo. En el fondo, son uno y lo mismo, por lo que cabe esperar que ambos proyectos se fusionen lo antes posible. Digo bien: se fusionen. Cualquier otra fórmula de concurrencia electoral, ya sea mediante una coalición, ya sea -aunque a algunos nos resulte inconcebible- mediante candidaturas distintas, supondría un sonoro fracaso. O, si lo prefieren, una nueva victoria del nacionalismo, pues habría primado, una vez más, lo particular sobre lo general.

Se avecinan, por tanto, unos meses apasionantes. En lo político y en lo ciudadano. Habrá que ver cómo se mueven las piezas, las del nuevo partido en curso y las de los dos grandes partidos nacionales. Y a esperar, en marzo, el veredicto. Eso sí, dados los orígenes geográficos del movimiento y a poco que las urnas le sean propicias, ya me imagino a algunos listillos hablando de una segunda reconquista. En fin, mientras sea democrática...

No izar la bandera es burlarse de la ley

Carta de un lector de El Mundo publicada ayer martes:

Con motivo de la festividad del Día Grande de Bilbao, la bandera nacional fue izada junto a la oficial del Ayuntamiento de la ciudad, la de la comunidad autónoma del País Vasco y la de la UE. La obligatoriedad de la exhibición de la bandera constitucional en todos los edificios oficiales, dictaminada por el Tribunal Supremo, ha conocido una polémica más, pues sólo duró 20 minutos y prácticamente como un mero acto simbólico.

Además, en el cuartel general de la Ertzaintza no se ondea la enseña en el edificio central. ¿A qué se dedica el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido? El máximo representante de la Fiscalía debería atajar estos atropellos a la Carta Magna.

No se trata de cumplir sólo con un trámite. Es de suma importancia que se cumpla la Ley en el País Vasco en todos los niveles, pues no se deben hacer cesiones a los violentos.

Luis López. Sevilla

Ciutadans inicia una campaña cívica para que se cumpla la Ley de Banderas en los ayuntamientos catalanes

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía ha puesto en marcha una campaña cívica para fomentar que los ciudadanos exijan a sus ayuntamientos que se cumpla la Ley de banderas y ondee la bandera española, además de la local y regional.

En la web de Ciutadans se puede descargar una instancia para que los ciudadanos la presenten en los consistorios que no cumplan la Ley, que son más de 100 en Cataluña.

Además, el partido que lidera Albert Rivera denunciará públicamente cada uno de los ayuntamientos por el incumplimiento de la Ley, por lo menos en Cataluña, País Vasco y Galicia.

Según Rivera, "ha costado muchos años y penas que las banderas autonómicas fueran utilizadas con normalidad y pleno derecho", pero ahora sucede "la situación contraria" y es la bandera española la que es "ninguneada debido a la presión de los partidos nacionalistas".

¿Por qué no llevan a cabo iniciativas similares PP y PSOE, partidos con mucho más poder -no solo económico- y más implantación? ¿Por qué miran hacia otro lado cuando saben, todos sabemos, que no se cumple la Ley de banderas?

¿Por qué se empeñan los partidos separatistas, sus acólitos y sus periodistas subvencionados y de pensamiento único, en acusar a Ciutadans con el asunto de las banderas? No es una cuestión de trapos, es una cuestión de leyes. De hacer cumplir la ley. Para ser demócrata no solo hace falta ejercer el derecho al voto -aunque no se vote- cada cuatro años. También es requisito imprescindible cumplir y hacer cumplir la ley. Efectos secundarios del franquismo, suponemos.

Imaginando

Felipe González, expresidente del Gobierno, en una reveladora entrevista realizada por María Antonia Iglesias y publicada en El País el pasado 4/8/2007:

Pregunta: ¿Se imagina, por un momento, que Maragall se hubiera atrevido a hacerle a usted la misma propuesta de Estatut?

Respuesta: No me imagino a Maragall planteándome un Estatut como ése; pero le aseguro también que él tampoco se imagina haciéndome semejante propuesta. Conozco bien a Pasqual y hemos sido amigos muchos años; él tampoco se lo imagina. Y es que hay un error de percepción en la dirección política, que ha existido siempre, que es creer que lo que viven los políticos en su ámbito es lo que viven los ciudadanos, y así tratan de implicar a los ciudadanos en un debate que no les interesa. Y la gente responde ¡no! Eso también lo debe saber Maragall, aunque ahora diga que Zapatero se ha venido a mis posiciones.

La bandera de todos

Carta de un lector de ABC publicada ayer jueves:

Artículo 4.2 de nuestra Constitución: «Éstas (las banderas autonómicas) se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales». ¿No es tan difícil de entender, verdad? Pues ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien remarque con una sentencia lo que el Gobierno nacionalista vasco se negaba a cumplir: ondear en la Academia de la Policía Autónoma la bandera representativa de todos los españoles, marcada así en nuestra Carta Magna.

La Ley de Leyes está para respetarse; y ni lehendakaris, ni consellers, ni ninguna otra persona o personaje, están privilegiados para incumplir la justicia de todos y para todos. A ver si toman nota aquellos arcaicos y trasnochados nacionalistas periféricos que en demasiados ayuntamientos se niegan a que, además de las banderas local y autonómica, ondeen la española y la europea. Cuestión de principios, de ley y de salud democrática en la España de los nacionalismos amigos del presidente Zapatero.

D. García. Madrid

Cataluña no aceptará

Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña y secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva el PSC, ayer, en una conferencia-coloquio del Fórum Europa de Nueva Economía, en Madrid:

"[Una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña] sería un hecho de enorme gravedad. Esto no se escapa a nadie, ¿no?. Expulsaría la autonomía de Cataluña, la que nos hemos dado, de la Constitución. [...] Cataluña no aceptará una interpretación que suponga una desnaturalización de aquello que se quiso pactar en el Estatut."

Vargas Llosa: "El PSOE se ha vuelto el caballo de Troya de los nacionalismos"

Mario Vargas Llosa, ayer, en una entrevista publicada en ABC:

Pregunta: Algo habrá que no le guste en el PSOE cuando vota al PP...

Respuesta: Dicho lo anterior, sí, yo tengo muchas cosas que criticarle al PSOE, sobre todo su política con ETA, que yo creo que ha sido una política muy equivocada. Tampoco me gusta su decisión de establecer alianzas con los nacionalismos periféricos extremistas —como ERC— para tener el poder. Porque en España, tradicionalmente, el socialismo era una fuerza antinacionalista muy grande y hoy el PSOE se ha vuelto el caballo de Troya de los nacionalismos; y eso lo lamento muchísimo.

Pregunta: El historiador británico Michael Burleigh en su obra «Poder terrenal» califica a los nacionalismos como «iglesias» y como «patologías» políticas... ¿Cree lo mismo?

Respuesta: El nacionalismo, lo mismo el centralista que los periféricos, es una catástrofe en todas sus manifestaciones. Eso ya lo sabemos. Claro que es una enfermedad; en la práctica, un rechazo del otro porque es la aspiración completamente utópica de ir hacia sociedades racial, religiosa o ideológicamente homogéneas. Y eso no es democrático y, además, no es realista, porque todas las sociedades han evolucionado y se han diversificado extraordinariamente, que es lo que la globalización significa, un fenómeno del que nadie puede apartarse. Creo que, en última instancia, el nacionalismo está reñido con la democracia. Aunque hay que diferenciar el nacionalismo de pistoleros terroristas del nacionalismo burgués de CiU o del PNV. Pero si usted escarba en las raíces ideológicas del nacionalismo, éstas son un rechazo de las formas democráticas, un rechazo a la coexistencia en la diversidad, que es la esencia de la democracia. Por eso yo combato el nacionalismo en todas sus manifestaciones.[...]

El castillo de Montjuic será gestionado por el Ayuntamiento

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, han hecho oficial en la Moncloa la cesión del castillo de Montjuic, que se llevará a cabo por decreto y no por proyecto de ley.

Teniendo en cuenta el carácter público del edificio, se afirma en la orden ministerial, en el castillo ondearán las banderas de Barcelona, Cataluña, España y de la Unión Europea.

Ya sabemos que los cachorros de los separatistas están dispuestos a que la ley no se cumpla, pero... ¿cumplirá la ley el Ayuntamiento? No sería el primero que incumple la ley de banderas.

Decideixo decidir

Una vez encauzadas las ofensivas por la transferencia de las cercanías de Renfe y de los aeropuertos, el nacionalismo catalán prepara su siguiente objetivo: la competencia para convocar referendums.

La "Plataforma pel dret de decidir" (financiada por varias decenas de ayuntamientos catalanes y organizadora de la manifestación del 18 de febrero de 2006 y del boicot a Elvira Lindo) y la plataforma "Sobirania i progrés" (promotora de la "desobediencia fiscal al Estado español") inician mañana la campaña "Decideixo decidir" (Decido decidir) mediante la recogida de firmas para que se transfiera a la Generalidad la competencia para convocar referendums.

Según los convocantes (traducimos), "la campaña, que durará entre 12 y 15 meses, parte del convencimiento de que como pueblo hemos de poder decidir sobre todas las cuestiones que nos afectan y preocupan y sobre las que queramos expresar nuestra voluntad democrática y libre. Se trata de recoger el máximo número de firmas, bajo la fórmula legal de una petición popular, para pedir a los Parlamentos de los Países Catalanes que tramiten una iniciativa de ley por la que se reclame al Parlamento español que se les traspase la competencia para convocar referendums".

Y así todos los días, construyendo la nación con el dinero de todos.

El derecho a decidir

Javier Pérez Royo, ayer, en El País:

Los ciudadanos españoles, no solamente los que tienen su residencia en el País Vasco, sino todos, tenemos derecho a que los dirigentes del PNV que reclaman el "derecho a decidir" nos digan sin ambigüedad cuál sería el contenido de ese derecho. Porque los ciudadanos que residen en el País Vasco, igual que los ciudadanos que residen en las demás comunidades autónomas, están ejerciendo el derecho a decidir periódicamente en el triple nivel estatal, autonómico y municipal desde la entrada en vigor de la Constitución. No hay nadie que esté privado del derecho a decidir, del derecho de autodeterminación, para hablar con precisión, en ninguno de los ámbitos territoriales en que se articula nuestra fórmula de gobierno. Ni en el País Vasco ni en ninguna otra comunidad autónoma del Estado español.

Como en todo Estado constitucionalmente organizado el contenido de ese derecho a decidir está regulado. Se puede querer decidir lo que entra dentro de los límites de lo que la Constitución permite querer decidir. No se puede, lo que no entra dentro de tales límites.

Obviamente la Constitución se puede reformar e incluso se podría admitir que haya ciudadanos que rechacen expresamente la Constitución y que consideren que deben poder decidir al margen por completo de lo que la Constitución permite decidir. Si no se está de acuerdo con los límites que la Constitución impone al derecho a decidir, se puede proponer o bien la reforma de la Constitución o bien salirse del marco constitucional y poner en marcha la aventura de una fórmula de gobierno nueva, separada de aquella que la Constitución regula.

O se acepta la Constitución con la interpretación que de la misma se ha hecho a través de los Estatutos de Autonomía, o se propone su reforma, a fin de que los límites del derecho a decidir sean distintos de los constitucionalmente definidos en la actualidad o se propone la autoexclusión del marco constitucional y la definición del contenido del derecho a decidir al margen por completo de ella.

Entiendo que esto último es lo que tienen en mente Juan José Ibarretxe o Joseba Egibar cuando hablan del derecho a decidir. Pero si es así, lo deberían decir con claridad. No es aceptable que digan que están privados del ejercicio del derecho a decidir, porque no es verdad. Ellos están decidiendo en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos de las demás comunidades autónomas, con los límites para el ejercicio del derecho a decidir que tenemos todos.

Si ellos no aceptan esos límites, deben decirlo así. No que están privados del ejercicio de un derecho, sino que no quieren ejercer el derecho a decidir en la forma en que está constitucionalmente previsto para todos. La pregunta tendría que ser, en consecuencia, una pregunta clara, de tal manera que los ciudadanos, tanto los que residen en el País Vasco como los que residen en otras comunidades autónomas, pudieran saber con precisión qué ocurrirá en el caso de que la pregunta sea respondida de manera afirmativa.

Los dirigentes nacionalistas vascos que están poniendo encima de la mesa el derecho a decidir no pueden escudarse en el argumento victimista de que los demás les estamos privando del ejercicio de un derecho, sino que tienen que decirle a los ciudadanos vascos que nos tienen que decir a los demás que no quieren tener los mismos derechos que nosotros y que no quieren ejercerlos con los mismos límites con que los ejercemos los demás.

Si a una pregunta clara en este sentido hubiera una respuesta inequívocamente mayoritaria por parte de la ciudadanía residente en el País Vasco, es obvio que se tendrían que extraer las consecuencias de la decisión. Pero a ver quién es capaz de plantear la cuestión en estos términos. Mientras esto no ocurra, todo lo que los dirigentes nacionalistas vascos digan acerca del derecho a decidir estará viciado por la ambigüedad respecto al contenido de ese eventual derecho. ¿Por qué no se atreven a coger el toro por los cuernos? ¿Tan poca confianza tienen en su propuesta?

Entramado competencial

ABC acusaba, con toda la razón en uno de sus editoriales de ayer, de presión al Tribunal Constitucional por parte de los gobiernos central y catalán; pero también han presionado otros con nombre propio: Joan Ridao, Artur Mas -en dos ocasiones-, José Montilla, Joan Puigcercós, Jordi Hereu, Joan Saura, Jaume Bosch, y tantos otros. ¿Por qué cuesta tanto decir 'no', cuando además es lo que establece la máxima ley? :

Los gobiernos central y catalán han convertido el traspaso de competencias previstas por el estatuto de Cataluña en una carrera contrarreloj para presionar al Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma autonómica. La táctica consiste en crear, a toda prisa, un entramado competencial de tal envergadura que acabe siendo una situación de hecho disuasoria para dictar una sentencia que declare la inconstitucionalidad del estatuto con toda la amplitud que merecen sus numerosas vulneraciones de la Carta Magna. Para este objetivo se está utilizando la comisión bilateral Estado-Generalidad, cuya denominación es, por sí misma, suficientemente demostrativa del carácter confederal que ha instaurado el estatuto entre Cataluña y el Estado, como si fueran entidades políticas diferenciadas. Esta relación de paridad entre una y otro no se corresponde, en absoluto, con el principio de organización autonómica, que consiste en una distribución territorial de competencias entre administraciones públicas, pero no en una coartada para fragmentar la unidad política del Estado, ni para dotar a una determinada región de un texto con aspiraciones constitucionales, como pretende el estatuto catalán.

Dicha comisión se reunió por segunda vez el pasado lunes, en el palacio de la Generalitat, bajo la presidencia -meramente formal- del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con la participación del consejero catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y en ella se acordó que el Gobierno central someterá a consulta previa a la Generalitat sus políticas legislativas sobre materias tales como energía y minas, juego y espectáculos, agua y obras hidráulicas, medio ambiente, infraestructuras del transportes y telecomunicaciones, obras públicas, ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo, y transportes. Es decir, se implanta una especie de cosoberanía, pero sin reciprocidad, porque el Gobierno central -que actúa como si fuera el Estado- no será consultado cuando la Generalitat legisle sobre esas materias. Este resultado no es una desviación interpretativa del estatuto, sino fiel reflejo de la voluntad política en la que se basó el acuerdo del Tinell entre nacionalistas y socialistas, alcanzado en octubre de 2003 y renovado a los mismos efectos por Montilla. Por eso, numerosos expertos constitucionalistas ven en este estatuto un vaciamiento de la Constitución por el atajo de una aparente reforma estatutaria. Por lo pronto, en la reunión de la comisión se acordó crear varias comisiones para negociar el traspaso a la Generalitat de las competencias sobre los aeropuertos situados en Gerona, Reus y Sabadell, así como la de ordenación y gestión del litoral, especialmente significativa en cualquier política medioambiental que pretenda desarrollar el Gobierno central. El aeropuerto del Prat sigue en el tira y afloja de los últimos meses, pero los antecedentes ponen a la Generalitat en camino franco para lograr el máximo despliegue competencial, sin que las reservas que oponga el Gobierno de Rodríguez Zapatero tengan verdadera entidad política. La razón de este apremiante desarrollo estatutario es coartar la libertad jurisdiccional del Tribunal Constitucional, pues tanto socialistas como nacionalistas confían en que sus magistrados no se muestren tan dispuestos a tomar una decisión que no sólo podría declarar la inconstitucionalidad del estatuto, sino también la de todos los traspasos competenciales que se han hecho a su amparo. Desde que la Generalitat falló en su temeraria recusación del magistrado Rodríguez Zapata, los mensajes de Montilla y de sus socios de tripartito han encadenado una advertencia tras otra sobre las consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad del estatuto. Mucho denunciaban los socialistas las presiones del PP al TC, pero hay formas más envolventes y perjudiciales de intentar coartar la independencia de criterio de sus magistrados, como la de enfrentarlos a una responsabilidad política que no les corresponde, que prejuzga sus criterios legales futuros y que está creada artificialmente mediante una inflación alocada de competencias.

Un estatuto inconstitucional

Carta de una lectora en la edición catalana de ABC, hoy:

Es evidente que el Estatuto catalán es inconstitucional. Incluso el letrado del Senado lo advirtió antes de su aprobación. Tiene decenas de artículos que chocan no sólo contra la Constitución Española sino contra las reglas más elementales de lógica y racionalidad de cualquier estado moderno. Muchos catalanes -más de los que algunos piensan- estaríamos muy satisfechos de que el Tribunal declarara insconstitucional esta reforma que no ha traído más que enfrentamiento y crispación y volviéramos al acertado Estatuto de 1979, que fue consensuado entre todos los partidos políticos, contó con mucho más apoyo en las urnas y ha dado y podría seguir dando excelentes resultados. Esperemos que al Tribunal Constitucional no le tiemble la mano para hacer lo que le corresponde: declarar inconstitucional un Estatuto que lo es.

Carmen M. Maciá. Barcelona

El Estatut se ha pasado de rosca

Francesc De Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona e impulsor de Ciutadans, fue entrevistado el pasado 17/2/2007 en el diario leridano La Mañana:

[...] Pregunta - Pero el Estatut fue aprobado en un referéndum y el Estatuto de Andalucía se aprobará en otro ¿Pueden los jueces cuestionar la voluntad popular?
Respuesta - El ordenamiento jurídico coloca a todos por debajo de la ley y la decisión del Constitucional pesa más que la del pueblo de Catalunya o Andalucía expresada en referéndum. Antes se podían interponer recursos antes de aprobar las leyes, pero eso se eliminó porque se hacía un mal uso y los recursos, casi siempre politicos paralizaban las leyes. La cautela aconsejaba reservar esa posibilidad para leyes aprobadas en referéndum para evitar conflictos generados por fallos desfavorables, pero no se hizo. Que la gente esté de acuerdo en algo no implica siempre que ese algo sea correcto.

[...] - Antes ha dicho que en el texto catalán no figura que Catalunya sea una nación.
- Se habla de nacionalidad y de un común acuerdo mayoritario que dice que Catalunya es nación y eso es porque la nación jurídica y la cultural no son lo mismo. En derecho, una lengua y una cultura no bastan para hablar de nación, por que la nación es un conjunto de personas que se otorgan a sí mismas unos mecanismos de gobierno en tanto que sujeto de la soberanía. Decir que Catalunya es nación equivale en términos jurídicos a otorgar a una parte de España una soberanía que no le corresponde, porque quien la ejerce es el todo, no la parte. El Estatut define una comunidad cultural, pero eso no permite hablar de nación o de derecho a la autodeterminación.

- ¿Puede Catalunya invocar ese derecho?
- La autodeterminación se puede invocar sólo en casos de control colonial y servía, para que los ciudadanos de Ghana o Kenya denunciasen que Gran Bretaña limitaba sus derechos con un régimen diferente al de los ciudadanos de la metrópolis. En Lleida y Bilbao se disfruta de los mismos derechos que en Segovia y, por eso, invocar ese derecho desde Catalunya o Euzkadi es una estupidez. Volvemos a lo de antes: no se trata de solucionar problemas, se trata de ver qué se logra con ellos. Es lo que pasa con la lengua y el precepto de disponibilidad lingüística, que obliga al propietario de un negocio a atender a sus clientes en la lengua en que le interpelen. Eso es normativizar las relaciones particulares y las administraciones sólo deben intervenir si hay conflicto. Es atentar contra la libertad.

- Pero el catalán es una lengua débil, eso es un hecho.
- Y merece protección especial, pero no se puede decir que sea la lengua propia de Catalunya, porque el castellano también lo es. El CIS indica que sólo el 41% de los catalanes tiene el catalán como primera lengua. ¿Es que acaso el resto tiene actitudes lingüísticas impropias? Los territorios no tienen lengua y derechos, porque sólo los tienen las personas que viven en ellos. La lengua debe dejar de ser un discurso central. Ese es el problema de la política actual, hacer pasar por centrales temas que no lo son.

[...] - ¿Eran el Estatut y el terrorismo los grandes temas de la legislatura?
- Zapatero tenía otras ideas sobre el Estado, pero sus aliados le han metido en una trampa. El camino del estado de las autonomías implicaba desarrollar lo que había, no cambiarlo de arriba a abajo. Ese modelo de Estado, aunque los nacionalistas no lo reconozcan, tenía mucho de federal, pero el Estatut se ha pasado de rosca. A Zapatero le han metido varios goles al convertir en centrales debates que él no deseaba.

El Estatut siempre llama

Francesc De Carreras, hoy, en La Vanguardia:

Es probable que el cartero siempre llame dos veces, es probable. Pero lo que no es probable sino seguro es que este Estatut, el que se aprobó en junio pasado con el voto a favor de sólo el 37 por ciento de los catalanes, llamará muchas más veces, repicará de forma incesante en nuestras puertas y no parará de estar presente en la política catalana y española. Recuerdo que en los inicios de la reforma estatutaria, un grupo de prestigiosos empresarios catalanes dieron público soporte al proyecto catalán con el objetivo de que por fin se aprobara, acabáramos de una vez con aquella pesadilla y la política catalana se dedicara a cuestiones más importantes, por ejemplo, las infraestructuras. Ingenuos. Como ingenuo fue también el presidente del Gobierno al creer que era un texto con el que se podía jugar para hundir mejor al PP: jugar con fuego, tan propio de niños. Más cercano todavía en el tiempo, Montilla dijo en su discurso de investidura que las cuestiones identitarias quedarían postergadas para dar paso a las cuestiones sociales. Ingenuo también: por una miserable hora de castellano, la que están armando.

Efectivamente, en estos momentos, los problemas de aplicación del Estatut surgen por doquier. Además de los siete recursos planteados ante el Tribunal Constitucional, la ley de Dependencia finalmente no recurrida y varios decretos en materia de enseñanza, diversos anteproyectos de ley plantean discrepancias con el Estatut; el editorial de La Vanguardia de ayer los enumeraba: Adopciones, Libro y Bibliotecas, Defensa de la Competencia, Violencia en el Deporte. Además, también tienen problemas los proyectos de reforma de las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, ya en trámite en el Congreso. No está mal para añadir conflictos innecesarios y seguir sin centrarnos en las infraestructuras, para seguir con el mismo ejemplo. ¿Creen ustedes realmente que todas estas desavenencias en la aplicación del Estatut están causadas por la tradicional manía que Madrid tiene a los catalanes, como se sostiene en medios oficiales? Seamos serios, dejemos de hacer victimismo barato y pensemos que quizás la culpa se debe a quienes, de forma insensata, pretendían cambiar el modelo de organización territorial del Estado y blindar las competencias catalanas para impedir que las laminaran (¿recuerdan estos términos?) a partir de una reforma del Estatut. Ahí está el resultado de la chapuza: la confusión y el conflicto.

"¿Nos han engañado?", me preguntaba hace un par de días un amigo cuando le explicaba estas cosas. "Pues sí - le respondía-, exactamente eso: nos han engañado". Y nos engañaron porque los políticos catalanes se pusieron a cabalgar a lomos de un caballo desbocado llamado Estatut,del que no se podían apear sin hacer el más espantoso de los ridículos. Primero fue la fase preparatoria en el Parlament de Catalunya, después la fase del Congreso en Madrid, ahora estamos en la tercera fase, la de aplicación y, dentro de unos meses, la temida sentencia del Tribunal Constitucional. Hasta ahora, nuestros políticos - los de Madrid y los de aquí- han ido, mal que bien, entre abstención y abstención, salvando la cara como podían. En algún momento les llegará la hora de la verdad y los ciudadanos les recriminarán su impostura. El Estatut seguirá siempre llamando a su puerta.

Por si era poco, mañana se vota el Estatuto de Andalucía, esa otra gran realidad nacional.

Conflicto, tensión, frustración y desconcierto

Artur Mas, el integrista lingüístico, nos vuelve a advertir de lo que nos espera si se toca el Estatuto, en una entrevista publicada hoy en El Periódico:

Pregunta- Bien, pero, ¿qué podría suceder [cuando el Tribunal Constitucional sentencie sobre el Estatut]?
Respuesta- Pueden pasar tres cosas. Una, que sea favorable a los intereses de Catalunya. Dos, que acepte el Estatut, pero lo desmonte interiormente. Y tres, que diga no al Estatut.

Pregunta- Estas dos últimas posibilidades supondrían un choque frontal entre la Constitución y el Estatut.
Respuesta- Que nos conduciría a una situación de consecuencias imprevisibles, y en ningún caso positivas. Entramos en un periodo de conflicto, tensión, frustración y desconcierto.

Estatut, Tribunal Constitucional y victimismo

Antonio Robles, diputado en el Parlamento de Cataluña por Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, ayer, en Libertad Digital:

Es todo tan previsible en la política catalana que cuanto acontece se podría predecir casi siempre.

Todo el mundo sabe, incluido el mundo nacionalista, que el Estatuto catalán tiene artículos contrarios a la letra de la Constitución. El que ese mundo nacionalista considere irrenunciable buena parte de esos artículos sospechosos ante la Ley de Leyes no quiere decir que deban ser constitucionales. Por eso, no es de recibo que simulen sorpresa o se muestren contrariados ante los recursos de anticonstitucionalidad presentados. Es más, deberían ser honestos y exigir una reforma constitucional en toda regla, en lugar de criminalizar el devenir de la resolución del Tribunal Constitucional sin que éste se haya pronunciado aún.

Y es que ya empiezan a preparar a la población catalana contra la posible resolución adversa. Tiene tantos números la posibilidad de que varios artículos del Estatuto sean anulados y admiten tan mal que se contradiga su construcción nacional que pronto habrán convertido al Tribunal Constitucional en un barco pirata. La cuestión es desprestigiarlo, contaminarlo, transformarlo en un reducto del PP y el nacionalismo español. Conseguido el efecto, Cataluña entera vivirá de nuevo la humillación infringida por una nación extranjera.

Predisponer a la población catalana a ese victimismo es tan fácil y tiene tantos adeptos como voluntarios en los medios de comunicación. Todos a una, como Fuenteovejuna; sólo que en Cataluña hay otro mundo, tan numeroso como ese oficial, que de nuevo será silenciado. Para cuando llegue la sentencia, será el referéndum la única referencia legal y legítima del estatut. Importa poco que se oculte a la población que el recurso no sólo es absolutamente legítimo, sino que incluso legitima aún más si cabe la legalidad de su aprobación. O dicho de otra manera, sin la seguridad de la constitucionalidad de todos sus artículos, el referéndum sólo será legítimo en potencia. Y no porque lo haya aprobado ese escaso 35,6 % de la población de Cataluña, sino porque lo aprobado ha de ser antes de nada legal, es decir, constitucional.

En esta ceremonia de deslegitimación del Tribunal Constitucional brilla con luz propia el presidente Montilla. Acaba de acusar al PP de querer "ganar en los tribunales lo que no pudo ganar en las urnas". La irresponsabilidad de este responsable político es imperdonable. ¿Le está diciendo a todos los ciudadanos de Cataluña que el recurso es una trampa? ¿Qué es ilícito recurrir una ley ante el Tribunal Constitucional? ¿Qué las urnas son previas a la ley? El señor Montilla debe recordar que si las urnas son legítimas es porque han sido validadas por la ley y, por lo mismo, son posteriores a cualquier recurso que ponga en cuestión alguna de sus consecuencias.
Todo esto es muy canalla. Pero si hay políticos y periodistas que se permiten frivolizar con ello es porque se ha instalado en la sociedad que los jueces se alistan políticamente como los partidos. Terrible sensación si fuera cierta. Me resisto a creer en esa tesis. Si el Derecho y quienes lo interpretan tienen algo diferente y superior a la política, es porque sus disposiciones en leyes objetivan el litigio. No importa entonces qué ideología tengas, la interpretación fría de la ley impedirá siempre a un jurista decente dictaminar que lo blanco en un caso sea negro en el otro. Ni el interés ni el sentimiento pueden interpretar lo que la ley no dice. El partidismo y el sectarismo existirán en los tribunales de justicia como en la medicina médicos irresponsables, pero me resisto a creer que el Tribunal Constitucional en pleno se haya convertido en esa barricada política del PP y del PSOE.

Extraterrestres

Antonio Robles, diputado de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, la pasada semana dejó una frase antológica para la hemeroteca. En relación a la tercera hora de o en castellano en la escuelas catalanas -no hace mucho cualquier nacionalista negaba que en las escuelas catalanas no se pudiera estudiar en castellano, algo hemos avanzado- Robles dejó caer unas preguntas que radiografían perfectamente la situación que se vive en nuestras escuelas:

"¿Son extraterrestres los cuatro millones de catalanes que utilizan el castellano cada día, cada hora, con normalidad? ¿Encuentran civilizado que a plena luz del día quieran reducir la enseñanza del castellano a la mínima expresión, como si fuera una enfermedad de la que nos debiéramos curar?"

Esa es la idea del nacionalismo lingüístico catalán.

Actualizado: Pau, en los comentarios, nos facilita la dirección de un blog en el que han colgado el vídeo -de mala calidad- con las palabras de Robles.

Coherencia y legalidad al servicio de la mayoría

Joan Puigcercós, consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, el pasado 25/11/2006 (traducimos):

"La coherencia nos ha llevado hasta aquí, a poder tener un papel decisivo en el gobierno de nuestro país. Las mujeres y hombres de Esquerra gobernaremos para Cataluña y su gente, al servicio de los intereses de la mayoría."

Barómetro de Opinión Política del Instituto de Estadística de Cataluña (Generalidad de Cataluña, noviembre 2006 (PDF)):

La Vanguardia (hoy): Puigcercós arría la bandera española de la sede de Governació que repuso su antecesor.

Poco más de seis meses ha durado la bandera española en la sede del Departament de Governació, en la Via Laietana de Barcelona. Una de las primeras órdenes del conseller de Governació i Administracions Públiques, el republicano Joan Puigcercós, ha sido arriar la bandera española de la sede de su departamento, después de que su antecesor, el socialista Xavier Sabaté, mandara izarla en cumplimiento de la ley. El emblema español había sido retirado por el conseller de ERC Joan Carretero, mientras que su sucesor, el también republicano Xavier Vendrell, mantuvo la senyera como única bandera.

La Vanguardia (más tarde): El departamento de Presidencia de la Generalitat, que dirige José Montilla, ha asegurado hoy que todas las consellerias de la Generalitat, incluida la de Gobernación, deberán "cumplir la ley" y situar en sus sedes las dos banderas oficiales, la catalana y la española.

e-noticies.com (todavía más tarde): Puigcercós quita todas las banderas tras un toque de Montilla.

Y así todos los días. En Cataluña, nacionalismo y legalidad no siempre van de la mano...

Actualización 15:31 horas: Las banderas de España y Cataluña vuelven a ondear en la sede del consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalidad de Cataluña (aunque en el orden incorrecto, según indica la ley).

¿A que es fácil cumplir la ley? El señor Montilla podría ahora exigir que se cumpliera la ley en el resto de edificios públicos de Cataluña, como son los ayuntamientos, donde sabemos que no se cumple la ley de banderas.

La chulería del integrista lingüístico (y II)

Nos decía ayer Artur Mas (CiU) que "si la Constitución no permite que el Estatut encaje en ella, el problema no es el Estatut, es la Constitución. Y habría que modificarla."

Terminamos hoy con otras interesantes respuestas de la misma entrevista realizada recientemente al heredero del pujolismo más rancio:

Pregunta.- Si usted gana las elecciones pero no tiene posibilidades de gobernar, ¿con quién pactaría?

Respuesta.- El único pacto que descarto, y lo firmaré ante notario, es con el PP, porque se ha marginado él mismo en la política catalana. [...]

P.- ¿Por eso le ha dicho que, si se reedita el tripartito, no le apoyará en la política nacional?

R.- Si el PSOE impide que el ganador de las elecciones en Cataluña pueda gobernar, no nos pueden pedir que nos entendamos en la política española en los próximos años.

P.- ¿Para usted, Zapatero es hombre de fiar; sigue confiando en él?

R.- De momento, entre Zapatero y yo no ha habido disfunciones importantes, a pesar de que los últimos movimientos con algunas leyes que afectan a la autonomía catalana, y con los Presupuestos del Estado, dan a entender que en algún momento pueden fallar cosas que, con Zapatero, yo esperaba que no fallaran. Sobre si me fío de él, espero ver el final de estos procesos para opinar.[...]

P.- ¿Cuáles son los límites de CiU? ¿Aspiran a la independencia?

R.- No planteamos la independencia. Si nos podemos llegar a sentir aceptados en un Estado abierto, pluricultural, plurilinguístico y plurinacional, nuestra apuesta es el desarrollo del Estado. Pero no vamos a poner puertas al campo en el futuro.[...]

P.- Usted pide que los inmigrantes se integren antes de tener derecho a voto...

R.- Los inmigrantes, antes de tener derecho a voto, deben tener su integración demostrada.

Para demagogos y despistados

José Antonio Marina, filósofo, explicó, breve, claro y conciso (el pasado primero de mes en El Mundo) la falsedad de la afirmación, que ya utilizan los nacionalistas, sobre el Estatuto, el referéndum y el Tribunal Constitucional:

Las circunstancias han hecho que el Tribunal pueda declarar anticonstitucional un estatuto aprobado por el Parlamento catalán, por el Parlamento español y por los ciudadanos de Cataluña en referéndum. Algunos nacionalistas comienzan a afirmar que no se puede ir contra la voluntad de un pueblo, expresada en referéndum. Pero no es verdad que cualquier referéndum sea política y jurídicamente todopoderoso. Una vez más conviene hacer un poco de pedagogía política y explicar que el Tribunal Constitucional está normativamente por encima de la opinión popular, excepto cuando ésta se expresa en forma «constituyente», cosa que no es el caso. La aparición de los Tribunales de garantías constitucionales es una página de excepcional importancia en la historia del derecho político. Sufrieron críticas porque parecía que ponían al poder judicial por encima del legislativo. Pero no es verdad. Sólo recuerdan que los Parlamentos no son omnipotentes y que deben someterse a la Constitución. En EEUU es la jurisdicción ordinaria quien se encarga de esta función, pero en Europa, gracias a Kelsen, se ha atribuido el juicio de constitucionalidad a una jurisdicción especial, reconociendo así la complejidad e importancia de su misión. El referéndum catalán se hizo dentro de la Constitución y está sometido al Tribunal de garantías. Recomendaría a los políticos que no calienten los ánimos con demagogias antijurídicas.

Lo dicho, lectura obligatoria.

La chulería del integrista lingüístico (I)

El Mundo publica hoy (€) una entrevista con Artur Mas ("el integrista lingüístico"), presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalidad de Cataluña en las próximas elecciones del 1 de noviembre. Transcribimos, a continuación, algunas de las preguntas y sus respuestas:

Pregunta.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP sobre el Estatuto de Cataluña, y eso puede ser un serio traspiés en su aplicación, ¿no?

Respuesta.- El PP está llevando hasta las últimas consecuencias su oposición e incluso hostilidad hacia Cataluña. Espero que el Tribunal Constitucional deje intacto el nuevo Estatut tal y como lo aprobó el pueblo: las Cortes españolas por mayoría absoluta y el pueblo catalán con un 74% de síes. Si no fuera así y el Estatut saliera tocado, se abriría una etapa de incertidumbre muy preocupante entre Cataluña y el resto de España.

P.- ¿Como para provocar una crisis de Estado, como sugiere ERC?

R.- No anunciemos los nubarrones hasta que no vengan. Y esperemos que no vengan o pasen de largo.

P.- El defensor del Pueblo ha recurrido el Estatuto por la política lingüística, y ése es otro tropiezo.

R.- El defensor del Pueblo se defiende más a él y a sus tesis que al pueblo. Si los catalanes han refrendado el Estatut y las Cortes lo han aprobado, el pueblo se ha pronunciado.

P.- Vamos, que comparte con Montilla lo de que Múgica actúa para pagarle al PP su nombramiento...

R.- Múgica es del PSOE y está donde está por acuerdo del PP y el PSOE. Montilla debería ser consecuente con los votos que emitieron en las Cortes. Ahora no se pueden escaquear.

P.- ¿Y qué pasa si se declaran inconstitucionales todos estos asuntos?

R.- Si al final el Estatut, pasado el filtro del Constitucional, queda cojo, no sirve. Si la Constitución no permite que el Estatut encaje en ella, el problema no es el Estatut, es la Constitución. Y habría que modificarla.

¿Es éste el nacionalismo moderado del que algunos hablan?

Crisis de Estado

Ernest Benach, presidente del Parlamento regional de Cataluña, ha asegurado hoy que si el Tribunal Constitucional no desestima el recurso contra algunos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, interpuesto por el PP,

"se vivirá la crisis de Estado más importante de los últimos 30 años".

Pero Benach, de ERC, se muestra confiado, pese a todo, ya que

"esto se acabará aquí. El Constitucional lo ha admitido a trámite porque es una formalidad, pero se acabará aquí".

Y si no lo hace

"se provocará una crisis con consecuencias absolutamente incalculables".

¿Tendrán valor los miembros del Tribunal Constitucional para enmendar el texto estatutario? O, simplemente, tomarán nota de las amenazas y no tocarán una coma.

CRITERIO / Y ahora... ¡a por Múgica!
CRITERIO / No le temblará el pulso
CRITERIO / Los complejos de Rajoy y del Partido Popular
CRITERIO / Federalismo

Pulso trémulo

Tras el anuncio hecho ayer por el Defensor del Pueblo de recurrir el Estatuto de Autonomía de Cataluña ante el Tribunal Constitucional por, entre otras cosas, el discriminatorio régimen lingüístico que establece, las reacciones desde los ofendidos partidos nacionalistas han sido inequívocas:

José Montilla (PSC): "Considero profundamente equivocada y negativa la interposición de este recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo"
Artur Mas (CiU): "Trata de proteger un concepto de una España muy cerrada, centralista y homogénea"
Joan Puigcercós (ERC): "Múgica mantiene una actitud permanente de acecho a la cultura y lengua catalana, a la pluralidad y a la diferencia. Lo de Múgica con Cataluña es patológico"
Jordi Hereu (PSC): "Múgica no hace honor a su título. Defensor del Pueblo pero ¿de qué pueblo?"
Joan Saura (Iniciativa per Catalunya): "Ha provocado una crisis institucional. Plantea argumentos que no tienen nada que ver con los derechos de los ciudadanos. Actúa como una fotocopiadora del PP"
Jaume Bosch (Iniciativa per Catalunya): "Múgica debe dimitir porque no está actuando con sentido institucional sino que está haciendo política sectaria movido por sus sentimientos centralistas"

Si bien, Zapatero reprochaba con acierto: "Quien ejerce un derecho, a nadie ofende en democracia"

Conviene que recordemos las palabras que María Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, nos regaló el pasado 8/5/2006:

"El TC se pronunciará cuando le llegue y no le temblará el pulso y, desde luego, tendrá coraje institucional para resolver después de un referéndum. No me cabe ninguna duda. Lo contrario sería aceptar que el pueblo nunca se confunde, y eso tampoco es así."

Desgraciadamente para muchos catalanes, eso no se lo cree ni ella. Al tiempo.

Artículos inconstitucionales

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía ha solicitado a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra seis artículos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña debido a que "el principio de preferencia lingüística es incompatible con el principio de igualdad, porque discriminar lenguas es discriminar personas".

Juzguen ustedes mismos:

ARTÍCULO 6. LA LENGUA PROPIA Y LAS LENGUAS OFICIALES

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes públicos de Cataluña deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32, no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua.

ARTÍCULO 34. DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan en su condición de usuarias o consumidoras de bienes, productos y servicios. Las entidades, las empresas y los establecimientos abiertos al público en Cataluña quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística en los términos establecidos por ley.

ARTÍCULO 35. DERECHOS LINGÜÍSTICOS EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA

1. Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria.

2. Los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán en la enseñanza no universitaria. Tienen también el derecho y el deber de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, sea cual sea su lengua habitual al incorporarse a la enseñanza. La enseñanza del catalán y el castellano debe tener una presencia adecuada en los planes de estudios.

ARTÍCULO 50. FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL CATALÀN

5. La Generalitat, la Administración local y las demás corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y las empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en Cataluña, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a recibirlas en castellano si lo piden.

ARTÍCULO 102. DEL PERSONAL JUDICIAL Y DEL RESTO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CATALUÑA

1. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos en la forma y con el alcance que determine la ley.

2. Los Magistrados, Jueces y Fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deben acreditar un conocimiento suficiente del derecho propio de Cataluña en la forma y con el alcance que determine la ley.

3. En todo caso el conocimiento suficiente de la lengua y del derecho propios se valorará específica y singularmente para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado.

4. El personal al servicio de la Administración de Justicia y de la Fiscalía en Cataluña debe acreditar un conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo.

ARTÍCULO 147. NOTARIADO Y REGISTROS PÚBLICOS

1. Corresponde a la Generalitat de Cataluña, en materia de notarías y registros públicos de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, la competencia ejecutiva que incluye en todo caso:

1. El nombramiento de los Notarios y los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, mediante la convocatoria, administración y resolución de las oposiciones libres y restringidas y de los concursos, que debe convocar y llevar a cabo hasta la formalización de los nombramientos. Para la provisión de las notarías y de los registros, los candidatos deben ser admitidos en igualdad de derechos y deben acreditar el conocimiento de la lengua y del derecho catalanes en la forma y con el alcance que establecen el Estatuto y las leyes.
2. La participación en la elaboración de los programas de acceso a los cuerpos de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, a los efectos de acreditar el conocimiento del Derecho catalán.
3. El establecimiento de las demarcaciones notariales y registrales, incluida la determinación de los distritos hipotecarios y de los distritos de competencia territorial de los notarios.
4. El nombramiento de Notarios archiveros de protocolos de distrito y guarda y custodia de los libros de contaduría de hipotecas.

No todo iban a ser buenos discursos y atrevidas promociones. Es evidente que este Estatuto "altera el modelo de bilingüismo paritario que consagra la Constitución española, al hacer preferente una de las dos lenguas oficiales respecto a la otra y marginar los efectos que al castellano como lengua oficial atribuye el artículo 3 de la Constitución".

CRITERIO / Bilingüismo y Enseñanza

La democracia según el nacionalismo radical

Carta al Director de El Mundo, hoy viernes 9 de junio:

El pasado lunes, en un acto público en un país supuestamente garante de las libertades individuales, el columnista Arcadi Espada fue impunemente agredido por la representación radical del nacionalismo catalán. ¿Por qué? Pues por la simple razón de no pensar exactamente igual que ellos. ¿Así entienden la democracia los nacionalistas?

Cataluña y el País Vasco viven en un estado de sopor alarmante; la gente perfectamente adoctrinada y con el cerebro lavado por las falacias de los nacionalismos más destructivos que jamás hayan pululado por España. Hoy están crecidos, se sienten dueños de la situación y van repartiendo su terror allá por donde van. ¿Se imaginan a estos energúmenos gobernando en mayoría? ¿Qué cosas no serían capaces de realizar si finalmente a través del nuevo Estatuto tuvieran el control de la Justicia? ¿Cómo es posible que los medios de comunicación no clamen por seguridad y justicia al unísono?

El Gobierno de Cataluña corre el riesgo de provocar una inmensa brecha social y conviene que todos tengamos en cuenta que si el Estado no protege a aquéllos que no piensan igual que los que gobiernan, las consecuencias terminarán por ser desastrosas para todos.

Alfredo Matías. Barcelona

Sin sentido común

Francesc De Carreras, en La Vanguardia, continúa desgranándonos las miserias lingüísticas del nuevo Estatuto, que no son pocas. No se lo pierdan:

SIN SENTIDO COMÚN

En el artículo de la semana pasada comentábamos la regulación lingüística incluida en el nuevo Estatut y llegábamos a una primera conclusión: se eleva a rango estatutario la política actual, que da una preeminencia desproporcionada al catalán en las instituciones políticas y administrativas, en los medios de comunicación públicos y en la enseñanza primaria y secundaria. Decíamos también que esta política no se correspondía con una realidad social bilingüe y empobrecía al conjunto de la sociedad al impedir, por ejemplo, que buenos técnicos y buenos funcionarios -jueces, por ejemplo- vinieran a ejercer su profesión en Catalunya. Además, que esta legislación se eleve a rango estatutario dificulta enormemente su reforma: ¿quién se atreverá, tras el presente espectáculo, a proponer otra reforma del Estatut en los próximos años?

Pero también decíamos en dicho artículo que la propuesta de nuevo Estatut no sólo consolidaba la política actual, sino que la empeoraba. Señalemos, tan sólo, tres aspectos. En primer lugar, el artículo 6.2 establece el deber de los ciudadanos de Catalunya de conocer el catalán. Esto, ciertamente, equipara a catalán y castellano, ya que la Constitución, en su artículo 3, establece para todos los ciudadanos españoles el deber de conocer el castellano. Sin embargo, ¿cuál debe ser el alcance y las consecuencias de este deber de conocimiento?

El Tribunal Constitucional ha establecido una jurisprudencia según la cual el artículo 3 de la Constitución no establece un deber equivalente a una obligación, sino que se trata de una simple presunción, es decir, de que el ciudadano no pueda alegar que desconoce el contenido de una comunicación de la Administración argumentando que desconoce el castellano. Es un caso similar a la presunción de conocimiento del derecho: cuando el Código Civil establece que "la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento", simplemente se limita a decir que ignorarla no exime de que sea obedecida. Conocer la ley no es un deber, sino una presunción.

Este precepto estatutario podría ser razonable desde el punto de vista de la igualdad de derechos y deberes respecto a la lengua. Ahora bien, en manos de un gobierno nacionalista catalán, es fácil que este deber no sea considerado una presunción sino una obligación. Si de la consideración del catalán como lengua propia se ha deducido que es la de uso normal y preferente por parte de los poderes públicos, no es difícil imaginar que el deber de conocimiento será considerado más una obligación que una presunción.

Pero las otras dos innovaciones del nuevo Estatut son todavía más irrazonables. El artículo 35.1 establece que "el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria", extendiendo así a la universidad lo que ya está regulado para las enseñanzas no universitarias. El efecto inmediato de este precepto es obvio y va en el sentido antes señalado: se reducirá claramente el mercado en el que pueden reclutarse buenos profesores y, en consecuencia, la universidad catalana bajará de nivel. Un buen profesor no lo es por la lengua en que se expresa, sino por el grado de sus conocimientos y por la forma de comunicarlos, además de por su capacidad investigadora. Pues bien, el establecimiento del catalán como lengua vehicular tendrá claros efectos disuasorios para los profesores que no sepan expresarse bien en esta lengua. Todo ello redundará en perjuicio de los alumnos y de una sociedad que se verá privada de buenos profesionales.

Más absurda todavía es la otra innovación estatutaria. En efecto, el artículo 34 establece el extraño derecho de que "todas las personas deban ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan" en las entidades, empresas y establecimientos abiertos al público, los cuales "quedan sujetos al deber de disponibilidad lingüística". Es decir, estos locales deberán tener el personal necesario para que los clientes puedan ser atendidos en catalán y castellano, tanto oralmente como por escrito. Aquí subyace un llamado derecho a vivir en catalán, muy profusamente teorizado en los últimos años, consistente en poder circular por toda Catalunya oyendo sólo catalán.

Ante tan insensato derecho, cabe formular algunas preguntas: ¿es éste el deseo de la inmensa mayoría de los catalanes?, ¿es éste un problema real para una sociedad catalana que se comunica en una y otra lengua sin conflicto alguno?, ¿no será tan sólo un problema que únicamente afecta a una pequeña parte de ciudadanos que se sienten ofendidos y discriminados por el mero hecho de oír hablar castellano, la lengua propia de la mitad de los ciudadanos de Catalunya?, ¿hay que otorgar derechos a minorías intolerantes?, ¿facilita este precepto la acogida y la integración de los inmigrantes? Es legítimo el derecho a hablar una lengua oficial, pero, en las relaciones privadas, no es legítimo elegir la lengua oficial en que deben responderte, porque vulneras el derecho de opción lingüística de la otra persona.

El sentido común hace tiempo que está demasiado ausente de la política catalana. Muchas partes del nuevo Estatut son un claro reflejo de esta carencia. El sentido común nos dice que la sociedad catalana es bilingüe y que la política lingüística debe adaptarse a este bilingüismo para respetar la libertad individual. El nuevo Estatut va en la dirección contraria y, si es aprobado, creará problemas allí donde ahora no los hay.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

El nuevo Estatuto oficializa el monolingüismo

El catedrático de Derecho Constitucional de la UAB y promotor de Ciudadanos de Cataluña, Francesc De Carreras, hoy, en La Vanguardia (€) lamenta el paso atrás del nuevo Estatuto en lo relativo a los derechos lingüísiticos de los catalanes:

LA LENGUA EN EL NUEVO ESTATUT

La política lingüística de la Generalitat ha sido una de las materias polémicas de los últimos años. El nuevo Estatut regula ampliamente el uso de las lenguas, ampliando la escasa regulación contenida en el Estatut vigente: de un solo artículo se pasa a nueve, algunos de ellos de una gran extensión.

Los principios generales que aparentemente los inspiran son dos: la no discriminación de las personas por razón de lengua y el derecho de opción lingüística ante los poderes públicos. Parecen unos buenos principios para llevar a cabo una política bilingüista adecuada a la realidad social.

Sin embargo, en el articulado estatutario no se respetan estos principios que se proclaman ni se desprende del texto una situación razonablemente igualitaria entre ambas lenguas.

Así, el nuevo Estatut recoge, en buena parte, los elementos básicos de la actual regulación lingüística y le añade nuevos elementos que empeoran la situación y que examinaremos en un próximo artículo. El resultado es la desigualdad clara entre el uso del catalán y del castellano en la esfera pública fundada en una interpretación, a mi modo de ver inconstitucional, sobre el concepto de lengua propia.

En efecto, si bien se reconoce al catalán y al castellano como lenguas oficiales en Cataluña, una de ellas -el catalán- lo es por ser la lengua propia y otra -el castellano- lo es, simplemente, por ser la oficial en todo el Estado. De ahí deduce el legislador estatutario que el catalán es la "lengua de uso normal y preferente" en la Administración, en los medios de comunicación públicos y en la enseñanza. Como sabemos por la experiencia actual, "uso normal y preferente" se traduce en la práctica por "uso habitual y único". El nuevo Estatut, por tanto, se orienta claramente hacia el monolingüismo en lugar de propugnar el bilingüismo en coherencia con lo establecido en la Constitución. Así pues, discrimina y no integra. Aparte de su más que probable inconstitucionalidad, este precepto (el art. 6.1 del nuevo Estatut) hace algo todavía peor: olvida la situación social. Veamos.

Las lenguas, como es obvio, no las hablan los territorios sino las personas. En Catalunya, si bien la casi totalidad de la población entiende perfectamente las dos lenguas y la mayoría se expresa en ambas de forma suficientemente correcta, los ciudadanos tienen como lengua propia -materna, habitual, primera lengua, como se le quiera llamar- tanto el catalán como el castellano, más o menos a partes iguales. El legislador debe tener en cuenta, antes que nada, la realidad social y nuestra realidad social indica que las lenguas de los catalanes -ojo, no de una imaginada Catalunya metafísica y esencialista sino de los catalanes, de los ciudadanos catalanes realmente existentes- son para unos el catalán y para otros el castellano. Para comprobarlo sólo hace falta salir a la calle y darse un paseo. Yno es el catalán sino el castellano el que hace que Catalunya pueda seguir siendo una tierra de acogida, algo absolutamente necesario, tanto cultural como económicamente, en el globalizado mundo de hoy.

Pues bien, el nuevo Estatut parece que sólo ha legislado pensando en la mitad de estos catalanes y, en realidad, ni siquiera ha legislado para esa mitad, ya que somos muchos los que, siendo de lengua materna catalana, consideramos como propias a ambas lenguas y creemos que el bilingüismo es un bien positivo, una realidad que debemos aprovechar y que dilapidarlo empobrece nuestras posibilidades culturales y económicas.

Una Catalunya con instituciones políticas y administrativas que sólo utilicen el catalán aleja a muchos catalanes de la cosa pública, es decir, discrimina a una parte de la población: la Generalitat es vista como algo ajeno, una institución "para los catalanes de lengua materna catalana", no la institución de todos. Y, por otro lado, una Catalunya en la que se enseñe sólo en catalán -a excepción de los elitistas colegios extranjeros, en los que no hay plazas libres precisamente por este motivo- nos perjudica, además, económicamente, porque los inversores no quieren establecer aquí sus empresas dada la dificultad de atraer a buenos técnicos con hijos en edad escolar exclusivamente por esta circunstancia. También por este mismo motivo, muchos jueces que han ganado su plaza en Barcelona piden el traslado y así se empeora la calidad de nuestra justicia.

Hay una gran parte de la sociedad catalana que es consciente de los problemas que causa la política lingüística y permanece callada, no se atreve a decir lo que piensa por miedo a indisponerse con el poder político o con su entorno social y familiar. Lo resuelve llevando a sus hijos al Liceo Francés o a los colegios en lengua inglesa que tanto han proliferado. Sus hijos quedan a salvo y además aprenden una tercera lengua. Pero deberían comprender que la situación perjudica a la sociedad en su conjunto, es decir, a la larga, también a ellos. La decadencia de Catalunya ha empezado, lentamente, hace ya unos años; y sin un cambio de dirección no superaremos la actual deriva.

Catalunya es una sociedad bilingüe y ello es bueno y enriquecedor. Es más, el catalán sólo sobrevivirá si este bilingüismo se practica también en las instituciones, en la escuela, en los medios de comunicación públicos. La competencia fortalece, el proteccionismo debilita. El nuevo Estatut consolida una mala política lingüística y la empeora. Se ha perdido una ocasión de rectificar.

No le temblará el pulso

María Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, este lunes 8/05/2006, en una entrevista publicada por El Mundo (€):

Justino Sinova.- ¿Le parece correcto que el TC tenga que pronunciarse sobre una ley después de que haya sido sometida a referéndum?

M.E.C.- Me parece correcto que el Tribunal se pronuncie cuando la ley orgánica lo prevea. Cuestión distinta es que en la comunidad jurídica se defienda la conveniencia de recuperar un recurso previo a determinados efectos. Pero el TC se pronunciará cuando le llegue y no le temblará el pulso y, desde luego, tendrá coraje institucional para resolver después de un referéndum. No me cabe ninguna duda. Lo contrario sería aceptar que el pueblo nunca se confunde, y eso tampoco es así.

Ya lo veremos... si es que el PP se atreve a llevar esa ley orgánica al TC, claro.

Cepillados de baja intensidad

Todos recordamos a Alfonso Guerra el pasado 08/04/2006, en Barakaldo, durante el congreso de las Juventudes Socialistas, haciendo referencia a que su partido se había cepillado el Plan Ibarretxe antes de entrar en la Comisión, así como que "el otro [el Estatut] lo cepillamos como un carpintero durante la Comisión [Constitucional]".

Estas declaraciones, a pesar de que el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña sigue siendo el mismo bodrio ahora que el 30 de septiembre, no gustaron nada en Esquerra (el partido del exterrorista Vendrell), que ha publicado en su web un vídeo de los que ya nos tiene acostumbrados:

¿Que no se aplique?

Dice Berlin Smith en Noches Confusas en el Siglo XXI, que la entrevista a Rajoy en El País, ayer domingo 30/04/2006, confirma su pedigrí democrático y su altura conceptual. Es posible.

Sin embargo, desde CRITERIO, destacamos la respuesta de la que se extrae el titular de El País:

P. ¿Si recupera el poder va a proponer una vuelta atrás en el Estatuto de Cataluña?

R. Muchas de las cosas que están aprobadas en el Estatuto de autonomía no se van a poder aplicar. El drama es que hemos hecho un estatuto que no solamente es anticonstitucional, sino que es ininteligible en buena parte de sus aspectos, inaplicable, y además es pésimo para el conjunto de los ciudadanos. ¿Y quiere que le diga en qué va a terminar toda esta historia? Pues que la única solución es que el estatuto no se aplique.

Y nosostros insistimos:

Sr. Rajoy, en caso de tener mayoría suficiente en las Cortes Generales (que representan al pueblo español -art. 66.1 de la Constitución-, en quien reside la soberanía nacional -art. 1.2-) en el futuro, ¿por qué no se atreve a comprometerse simple, clara y públicamente, con todas las consecuencias, a que el nuevo Estatuto (con rango de Ley Orgánica), en los términos en que actualmente está redactado, sería inmediatamente derogado con la legitimidad de dicha mayoría parlamentaria?

De la derogación (que no modificación) de los Estatutos de Autonomía

Constitución Española

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 147

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 152

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

Enlaces relacionados:
Javier Fran Sin: Contra la supuesta irreversibilidad de los estatutos de autonomía y de sus reformas
Carlos Ruiz Miguel: No es una reforma estatutaria

Premio Libertad

La Junta Gestora del Club Liberal 1812 de Cádiz ha concedido en su edición de este año el premio 'Libertad' a la plataforma Ciutadans de Catalunya para resaltar la defensa de sus ideas liberales. Además Esperanza Aguirre ha recibido el 'Premio 1812' como reconocimiento a sus principios defensores del constitucionalismo y de la libertad.

En un comunicado el Club Liberal 1812 ha hecho saber que el acto de entrega de los premios de la edición 2006 tendrá lugar el próximo sábado en el Casino de Cádiz, mientras que el día siguiente está prevista una ceremonia oficial de homenaje, frente al monumento a las Cortes, en la Plaza de España.

Desde CRITERIO nos sumamos a las felicitaciones por la concesión del premio 'Libertad' a Ciutadans de Catalunya en defensa de las ideas liberales que defienden en Cataluña: 'Por un nuevo partido político en Cataluña' y 'Segundo Manifiesto de Ciutadans de Catalunya'

Símbolos nacionales

Artículo 8.1 del nuevo Estatuto autonómico:

"Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno"

Lo que más pena da es ver cómo el PSOE acepta que se utilice el término "símbolos nacionales" asociados a Cataluña. Con toda la razón del mundo los partidos nacionalistas se preguntarán ¿por qué 'símbolos nacionales' sí, y 'Cataluña es una nación' no? Y no sólo eso. Los catalanes, ahora, tendremos duplicidad de símbolos nacionales, los aceptados en el Estatuto para Cataluña y los propios de España.

Nación Española y Rubianes

La Fundación para la Defensa de la Nación Española, recién creada aunque no inscrita en el registro del Ministerio de Cultura, se querellará contra Rubianes por las declaraciones de ayer en TV3.

Santiago Abascal, promotor de la Fundación, de momento solo asociación, declaró esta mañana que una de las finalidades de la Fundación "es respaldar jurídicamente a todos los españoles que por el hecho de serlo sean perseguidos, dañados o vejados", y Rubianes insultó a todos los españoles, incluyéndose a él mismo. Sí, los españoles somos así. Aunque no todos estén de acuerdo...

Los objetivos de la nueva Fundación están bien definidos y debería hacernos reflexionar qué está ocurrriendo en España para que se tengan que crear asociaciones como estás. ¿Qué hacen los profesionales encargados en solucionarnos los problemas a los ciudadanos? ¿Qué hacen, digo, el PP y PSOE, principalmente, pero también IU?

El Patronato de Honor es como para confiar en esta nueva organización civil de ciudadanos españoles, conservadores, liberales o de izquierdas, tanto da: Gustavo Bueno, Jon Juaristi, Fernando García de Cortázar, Alejo Vidal Quadras, Francisco Caja, Jaime Larrinaga, Adolfo Prego, Amando de Miguel y Sabino Fernández Campo.

Actualización 19:28 horas:

Curiosa manera de promocionar su espectáculo. ¿Cuánto ha cobrado el señor Rubianes por esto? ¿Son opiniones o difamaciones? ¿Actuará el CAC? Qué lástima que un tipo como Rubianes mezcle Lorca y Cervantes con política e insultos. La farándula vive bien, vive subvencionada y, claro, es fácil decir lo que dice Rubianes en Cataluña. ¿Se atrevería a decir lo mismo en Burgos, Cuenca o Sevilla? ¿O lo contrario en Lérida?

Final de la "novela"

Cartas al Director de ABC, hoy:

Como si de una novela de misterio se tratara, ya están llegando a su fin las negociaciones sobre el Estatuto de Cataluña. Se ha ido «escenificando» por dosis, capítulo a capítulo, alimentando el misterio; ahora sí, ahora no estoy de acuerdo, ahora nos reunimos ante las cámaras, ahora a escondidas... Pero los nacionalistas, como era previsible, se han salido con la suya.

Los temas polémicos, sólo, de boquilla, porque el presidente tenía muy claro desde el principio lo que había prometido: el tema de financiación, estupendo para Cataluña, y el término nación, que aparecerá en su preámbulo. ¿Dónde están esos grandes recortes al texto anunciados por el Gobierno? ¿Dónde están los destacados pesos pesados del PSOE, como Bono o Ibarra, quienes aseguraron que el término nación no iba a ser incluido en el famoso Estatuto?

No se puede engañar más descaradamente al pueblo español. Si tanto estos dirigentes socialistas como otros muchos compañeros de filas tuvieran la «gallardía» de votar en conciencia en el Parlamento, otro rumbo tomaría este «asalto» a nuestra única nación y a nuestra Carta Magna.

Carmen Ortiz. Barcelona

El PSC de fiesta

Montilla dixit (los enlaces no son dixit, claro):

"Son momentos de alegría y satisfacción, no de polemizar y poner de relieve las pequeñas miserias de la política"

(vía Periodistas21)

Votantes del PSOE

Las últimas líneas del editorial de hoy (enlace de pago) de El Mundo reflejan muy bien la actual situación que se vive en España:

"... Aunque no sea la catástrofe que salió de Barcelona, se trata de un Estatuto que no responde a los criterios de consenso e interés general. Aparte de sus consecuencias negativas directas, abre una etapa en la que el 40% de los españoles van a sentirse excluidos del nuevo proyecto colectivo. Queda por ver lo que opinan los votantes del PSOE en el resto de España."

Nación: Constitución vs. Estatuto

Constitución Española (1978):

PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...

ARTÍCULO 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Propuesta consensuada de Estatuto de autonomía de Cataluña entre CiU y PSOE (enero de 2006):

PREÁMBULO. El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación.

No hay que ser muy listo, ni tener muchas carreras, para comprobar, tras leer ambos textos, que la palabra Nación sobra en alguna de las dos definiciones. ¿Votarán los diputados socialistas extremeños, castellanos, asturianos, y, sobre todo, los andaluces -por su peso numérico- a favor en las Cortes nacionales -españolas, claro- del texto consensuado entre PSOE y CiU?

Actualizaciones:

23:05 horas: Peridis, ayer sábado, visionó el acuerdo PSOE-CiU:

21:59 horas: Recogemos las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre el requisito de conocer el catalán, de los jueces, para trabajar en Cataluña: "[se le va a dar] relieve al conocimiento de la lengua cooficial para la promoción en las respectivas carreras de los funcionarios de Justicia y sobre todo en el acceso a los puestos de la administración de Justicia en las comunidades en las que hay lenguas cooficiales, sin que en ningún caso sea requisito de acceso a las carreras."

Ya tenemos la primera discriminación lingüística del nuevo Estatuto. Todos los ciudadanos que trabajen en Cataluña tendrán la obligación de conocer el catalán menos los jueces. Algunos dirán que se trata de la división de poderes...

21:50 horas: Algunos, creo, hablan antes de tiempo. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tras el acuerdo PSOE-CiU: "Pone de manifiesto, sin lugar a dudas, de que sólo hay una nación, la española.". Vía Europa Press

20:32 horas: Ignacio Escolar: "La fórmula que se ha elegido al final para resolver el gravísimo problema de las “alidades”, lo que va de la nación que quería Cataluña a las nacionalidades de las que habla la Constitución, es de chiste. “El Parlament de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como una nación”, rezará el preámbulo. Es decir, que la mayoría de los catalanes sienten Cataluña como una nación. También la mayoría de los hombres del planeta se sienten inteligentes y buenos amantes y eso no significa que sea cierto".

Cómo estará España para que Escolar.net esté más cerca de lo que defiende la oposición en el Congreso que el Gobierno socialista en el tema de la reforma del Estatuto catalán.

Estatut discriminatorio

Carta de un lector de El Periódico publicada hoy viernes 20 de enero:

El artículo 139.1 de la Constitución no puede ser más claro: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Por eso, ninguna comunidad autónoma puede imponer a sus ciudadanos unos deberes o derechos diferentes del resto de españoles. Sin embargo, un 10% del proyecto de Estatut catalán, 22 artículos, fijan derechos y deberes sólo para ciudadanos catalanes y, son, por tanto, directamente inconstitucionales. Una de dos: o bien aquellos que han redactado este Estatut desconocen la Constitución, lo que sería grave, o bien han querido, a sabiendas, hacer un Estatuto que rompa con la Constitución, lo que sería peor.

José Gutiérrez
Barcelona

Enmiendas que reducen artículos al absurdo

No quiero añadir más. Tan solo corto y pego la doble columna de hoy (enlace de pago) en El Mundo y que firma Fernando Garea:

Los socialistas deben subsanar graves errores en sus propuestas al Estatuto

El PSOE redactó sus enmiendas en el límite del plazo e intentando dejarlas lo más abiertas posible a acuerdos en la ponencia de la Comisión Constitucional. Por eso, contienen errores materiales y saltos de artículos que tendrán que ser subsanados.El artículo 110 del Reglamento del Congreso especifica que «las enmiendas al articulado podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener el texto concreto que se proponga».

La enmienda al polémico artículo 1 se limita a proponer «suprimir el término nación». Como no propone alternativa, la enmienda socialista supondría, por tanto, el absurdo de dejar el artículo 1 como «Cataluña es». Sobre el preámbulo, donde el PSOE quiere incluir el término nación, se limitan a plantear «la necesidad de adaptarlo a las modificaciones que experimente el articulado de la propuesta durante su tramitación parlamentaria».

Por ejemplo, según las enmiendas socialistas, el artículo 182.2 quedaría redactado de la siguiente manera: «La Generalitat participa a representantes en los órganos de dirección de los organismos económicos y energéticos». Y el apartado siguiente, como «la Generalitat participa a representantes en el Tribunal de Cuentas».

Un caso curioso es el del artículo 199 del proyecto, para el que el PSOE propone un nuevo inicio, la eliminación de una parte intermedia y de su final. El resultado es el siguiente artículo que carece de sentido y no tiene final: «Podrá solicitar del Gobierno la Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes, especialmente la Unesco y otros organismos de carácter cultural, de forma autónoma si lo permite la normativa correspondiente, o bien, en todo caso».

El artículo 182.5 se suprime y luego se propone un texto alternativo por el que la Generalitat puede pedir que los organismos del Estado se instalen en Cataluña que, en realidad, está regulado en el siguiente punto del proyecto aprobado en el Parlamento autonómico.

El apartado 140.9.a, que habla de la red viaria catalana es objeto de dos referencias contradictorias en las enmiendas socialistas.Primero se eliminan cuatro palabras, y poco más adelante se propone suprimir todo desde «la última coma». Dado que el breve precepto sólo tiene una coma, quedaría redactado así de corto: «La ordenación».

Peces-Barba no se aclara

Interesante artículo de Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, publicado el pasado 5/1/2006 en El País, con el título España como poder constituyente.

En él, el Catedrático de Derecho, intenta definir nuestro actual modelo de Estado según la Constitución de 1978, a propósito del "dichoso" Estatuto de Cataluña:

"El artículo 1.1 de la Constitución de 1978 establece que "España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". Esta afirmación, que no es retórica sino rigurosamente normativa, reconoce que España como realidad nacional y social es el poder constituyente, del que emanan todos los poderes constituidos, que en su vértice superior son el Estado Social y Democrático de Derecho y los valores superiores que como Ética Pública van a identificar el ordenamiento jurídico. La nación española es así, previa a la Constitución, la realidad fundante básica, el poder constituyente originario."

Entiendo, entonces, que España es una nación.

Más adelante, el Sr. Peces-Barba, uno de los redactores de la Constitución de 1978, añade:

"Es verdad que Cataluña no es una nación con el mismo contenido que España porque no supone ni poder constituyente, ni soberanía, que tiene como tal un valor jurídico previo y esencial, pero sí reúne las condiciones de una nación cultural, con los rasgos que desde Tönnies se atribuyen a las comunidades, cuya máxima expresión es la nación y que se deben distinguir de las sociedades, formas racionales de organización cuya expresión máxima es el Estado."

O sea, que Cataluña también es nación. O, al menos, "nación cultural", ¿no?

"España es una nación soberana, una nación Estado, mientras que Cataluña es una nación cultural."

Bueno, éso es lo que habíamos concluído de sus palabras previas.

"Es, pues, Cataluña nación para el derecho porque la Constitución la reconoce y la garantiza y la sitúa en el interior de la nación España."

¡Ah! Cataluña, entonces es "nación" a secas, no "nación cultural", ¿no?

"Así podemos hablar de España como nación de naciones y de regiones, como sostienen entre otros los profesores José María Jover y Francisco Tomás y Valiente, y como yo he afirmado reiteradamente."

...entonces España ya no es "nación" a secas, sino "nación de naciones". Algo así como "mundo de mundos", "raza de razas", o "rey de reyes", ¿no?. Vamos, como las muñecas rusas.

"Esta afirmación no es incompatible, sino todo lo contrario, con la afirmación, igualmente cierta, que hizo el señor Rajoy de que España es una nación de ciudadanos. Si nos situamos en el ámbito del Estado, podemos decir que éste está formado por comunidades autónomas, organizaciones políticas y jurídicas, del orden de las sociedades, como el Estado situadas dentro de éste, formado también por ciudadanos."

Es decir, España es "nación de naciones", o "nación de ciudadanos", o "nación de naciones culturales", más que, simplemente, "nación", ¿verdad, Sr. Rector?

"Para un profesor, desde un punto de vista abstracto si analizamos el tema desde un velo de ignorancia de la realidad, con las condiciones y desde las perspectivas que acabo de apuntar, no debería haber inconveniente para hablar de Cataluña como nación."

¿Entonces? ¿Cataluña es "nación"? ¿o "nación abstracta"? ...hmmm... No lo acabo de coger.

"Eso supone aceptar que la nación soberana, poder constituyente único, es España, y que a Cataluña habría que añadirle el adjetivo cultural: nación cultural."

¡Ah! ¡Vale! Ya lo entiendo. No hay ninguna "nación", en el sentido estricto. Tendríamos "nación soberana" (España), y "nación cultural" (Cataluña), es éso, ¿no?

"Curiosamente, aunque no con los mismos fundamentos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español rechazan el uso del término nación para identificar a Cataluña, en la reforma del Estatuto que se presenta. Creo que aciertan, aunque ya he señalado que las razones justificadoras del Partido Popular no tienen fundamento."

Así, ¿Cataluña no es "nación"? ¿ni siquiera "nación cultural"?

"Por consiguiente, si no se puede aceptar el uso del término nación para Cataluña, ni aunque se añadiese el adjetivo cultural, es porque los propios redactores del proyecto rompen todas las reglas de funcionamiento de un ordenamiento delque se deben predicar su unidad, su coherencia y su plenitud. La negativa se la han ganado a pulso. Ningún reproche se puede hacer a quienes rechazan la inclusión del concepto, son los planteamientos propios y los errores propios los que dan motivo para fundamentar el rechazo."

Pues va a ser que no. Cataluña no es "nación" ni "nación cultural"... "porque los propios redactores del proyecto se lo han ganado a pulso". ¡Pues vaya!

"Confiemos en la buena fe y en el sentido constructivo de unos y de otros, desde la tranquilidad que nos da un Partido Socialista garante de la lealtad constitucional."

Tan sólo dos preguntas, Sr. Catedrático:

1. Teniendo en cuenta lo bien definido que tiene el concepto de España ¿no habrá sido Vd. diputado del Partido Socialista?

2. ¿En sus clases de Derecho, era Vd. siempre tan claro a la hora de dar sus explicaciones?

Se imaginan...

Xavier Pericay escribe hoy en ABC dos artículos. Para toda España en La Tercera. Además en Cataluña podemos disfrutar de su excelente artículo Año Nuevo. Un extracto:

"(...) Vivimos en un país donde no existe otra lengua institucional que el catalán. Vivimos en un país que dispone de un sistema público de enseñanza catalanizado de arriba abajo. Vivimos en un país donde los comercios, grandes o pequeños, están sujetos a una normativa que no les permite rotular sus establecimientos únicamente en castellano y sí rotularlos, por el contrario, únicamente en catalán. Vivimos en un país, en fin, en el que existen unas oficinas de garantías lingüísticas para los ciudadanos que se expresan en uno de los dos idiomas oficiales y cuyo principal cometido es tramitar unas denuncias que van a acabar afectando, tarde o temprano, a ciudadanos que se expresan en el otro idioma oficial.

Todo esto se da ya en estos momentos en Cataluña. Con el marco legal actual. Con la Constitución del 78 y el Estatuto del 79. Gracias, pues, a los tan alabados acuerdos de la transición. ¿Se imaginan ahora lo que puede venir si se aprueba el nuevo texto estatutario? ¿Se imaginan de lo que son capaces esos mismos que han actuado durante años al filo de la ley, cuando no al margen, si tienen a su favor esa misma ley?

Yo sí. Y no se me ocurre entonces otra salida que la reforma urgente de la Constitución. Si la del 78 nos ha llevado hasta aquí, no queda más remedio que dotarse de una nueva que garantice de verdad unos derechos fundamentales que creíamos a salvo. Que el tiempo apremia y, como suele decirse, el enemigo no descansa."

El nacionalismo romperá Izquierda Unida

Izquierda Unida (IU) tendrá problemas -más aún- por culpa del proyecto estatutario de Cataluña. Gaspar Llamazares está apoyando, sólo presentó una enmienda a la exposición de motivos del Estatuto en nombre de IU, el proyecto separatista que se está negociando entre Madrid y Barcelona.

Lo que no se entiende es que un partido político que se considera internacionalista y propugna la eliminación de barreras entre ricos y pobres, que los ricos paguen más y los pobres menos, en definitiva, acepte entrar en el juego separatista-nacionalista del cuatripartito (+1) catalán.

Ángel Pérez, diputado en el Congreso por Madrid y de IU, considera 'indignante' que no se presentaran enmiendas al articulado y acusó a Llamazares de 'reírse de la organización'. Cada palo que aguante su vela. La descomposición de las organizaciones políticas tiene estas cosas. Si Joan Herrera gana, pierde Pérez; y de momento, eso es lo que parece.

El Parlamento catalán desafía el modelo de Estado

Los nacionalistas radicales del cuatripartito se afanan por intentar explicarnos a los comunes de los mortales que el nuevo proyecto estatutario no tiene nada de secesionista (a pesar de algunas contradicciones). Sin embargo, parece ser que no todos están de acuerdo con esas argumentaciones vacías de coherencia social, histórica y jurídica. Para muestra este interesante artículo de Santos Juliá en la edición digital de hoy de El País que termina así:

[...] Todo, en el espíritu que informa y en la letra que articula el proyecto de nuevo Estatuto, se encamina en esa dirección: liquidar la posibilidad de consolidar un Estado federal español para que levanten el vuelo nuevos Estados nacionales -éstos sí, unitarios y centralizados- sobre el viejo territorio de la península Ibérica. Lo que a partir de esta evidencia pueda negociarse es lo único que, al finalizar el año, nos queda por ver.

A continuacíon, transcribimos el artículo entero.

El Parlamento catalán desafía el modelo de Estado

Santos Juliá - El País - 01/01/2006

Es ya lugar común entre expertos en derecho constitucional sostener que, desde la aprobación de los estatutos de autonomía y de la elevación del techo competencial de las comunidades de vía lenta, el Estado español ha evolucionado en una dirección netamente federal aunque hayan faltado para este viaje algunas instituciones propias de este tipo de Estados, como, sobre todo, una verdadera cámara de representación territorial. Parlamentos, Gobiernos y tribunales de las comunidades autónomas han empujado al unitario y centralizado Estado español en una dirección federalizante con mucha más intensidad y rapidez de lo que nadie podía imaginar en 1978.

Sólo a partir de una crasa ignorancia de lo ocurrido en los últimos veinticinco años puede afirmarse que ese Estado ha fomentado tendencias centrífugas. En realidad, los que han impulsado esas tendencias, con todos los recursos transferidos por ese mismo Estado, han sido los partidos nacionalistas cuando comprobaron el arraigo de la nueva estructura federal y decidieron proponer reformas estatutarias que no reforman lo que dicen reformar, sino que empujan en otra dirección. Fue el caso del Estatuto Político de Euskadi, más conocido como plan Ibarretxe, aprobado hace un año en el Parlamento vasco gracias al salomónico y espurio reparto de votos de la ilegalizada Batasuna: su propuesta de Estado libre asociado no reformaba el Estatuto de Gernika, sino que liquidaba la Constitución que lo hizo posible.

No constituyó, por tanto, sorpresa alguna que el Parlamento español rechazara el plan, aunque Ibarretxe acusara a Zapatero y a Rajoy de violar con su negativa la Constitución. El caso catalán es diferente. En su origen, el proyecto de nuevo estatuto ha gozado del apoyo del 90% de los diputados del Parlamento de Cataluña. Y en su largo recorrido, el acuerdo entre Gobierno y oposición -como fue, para el rechazo, el caso vasco, y para la admisión, el valenciano- tiene escasas posibilidades de repetirse. A caballo entre uno y otro, el futuro del proyecto catalán no depende de un pacto entre los partidos de ámbito estatal y los nacionalistas catalanes, sino de las negociaciones, ante todo, dentro de la familia socialista; además, entre los socialistas y sus socios, o sea los nacionalistas de Esquerra, y, en fin, entre todos éstos y los nacionalistas de centro-derecha, o sea CiU.

Arquitectura básica

Y esta sí que es una auténtica novedad en cuestiones que modifican la arquitectura básica del Estado y no la mera distribución de competencias fiscales. Ciertamente, durante el año que hoy acaba, y sobre todo en las últimas semanas, la financiación ha sido tema central, pero no es el único ni el más importante. Más allá han aparecido otras cuestiones relativas a la identidad nacional y a la relación de la Generalitat con el Estado. Y ahí es donde la hipótesis de un acuerdo que implique a una sustancial mayoría del Parlamento español parece fuera de lugar y donde resalta con más fuerza el creciente deterioro de los vínculos entre PSC y PSOE y la fragilidad de la coalición entre PSOE y Esquerra.

Todo gira, como es notorio, en torno a la relación que el nuevo Estatuto pretende establecer entre la Generalitat y el Estado. Dejando aparte que Generalitat no dice relación a Estado sino a Gobierno, se trata de una relación muy especial: mientras el Estado desaparece de Cataluña, Cataluña aspira a contar con una representación propia y diferenciada en todas las instituciones del Estado. Esta curiosa concepción de la bilateralidad, además de liquidar toda la retórica montada sobre las lindas metáforas de la España plural y de la nación de naciones, arruina la posibilidad