Criterio

Entramado competencial

ABC acusaba, con toda la razón en uno de sus editoriales de ayer, de presión al Tribunal Constitucional por parte de los gobiernos central y catalán; pero también han presionado otros con nombre propio: Joan Ridao, Artur Mas -en dos ocasiones-, José Montilla, Joan Puigcercós, Jordi Hereu, Joan Saura, Jaume Bosch, y tantos otros. ¿Por qué cuesta tanto decir 'no', cuando además es lo que establece la máxima ley? :

Los gobiernos central y catalán han convertido el traspaso de competencias previstas por el estatuto de Cataluña en una carrera contrarreloj para presionar al Tribunal Constitucional a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma autonómica. La táctica consiste en crear, a toda prisa, un entramado competencial de tal envergadura que acabe siendo una situación de hecho disuasoria para dictar una sentencia que declare la inconstitucionalidad del estatuto con toda la amplitud que merecen sus numerosas vulneraciones de la Carta Magna. Para este objetivo se está utilizando la comisión bilateral Estado-Generalidad, cuya denominación es, por sí misma, suficientemente demostrativa del carácter confederal que ha instaurado el estatuto entre Cataluña y el Estado, como si fueran entidades políticas diferenciadas. Esta relación de paridad entre una y otro no se corresponde, en absoluto, con el principio de organización autonómica, que consiste en una distribución territorial de competencias entre administraciones públicas, pero no en una coartada para fragmentar la unidad política del Estado, ni para dotar a una determinada región de un texto con aspiraciones constitucionales, como pretende el estatuto catalán.

Dicha comisión se reunió por segunda vez el pasado lunes, en el palacio de la Generalitat, bajo la presidencia -meramente formal- del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con la participación del consejero catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, y en ella se acordó que el Gobierno central someterá a consulta previa a la Generalitat sus políticas legislativas sobre materias tales como energía y minas, juego y espectáculos, agua y obras hidráulicas, medio ambiente, infraestructuras del transportes y telecomunicaciones, obras públicas, ordenación del territorio, del litoral y del urbanismo, y transportes. Es decir, se implanta una especie de cosoberanía, pero sin reciprocidad, porque el Gobierno central -que actúa como si fuera el Estado- no será consultado cuando la Generalitat legisle sobre esas materias. Este resultado no es una desviación interpretativa del estatuto, sino fiel reflejo de la voluntad política en la que se basó el acuerdo del Tinell entre nacionalistas y socialistas, alcanzado en octubre de 2003 y renovado a los mismos efectos por Montilla. Por eso, numerosos expertos constitucionalistas ven en este estatuto un vaciamiento de la Constitución por el atajo de una aparente reforma estatutaria. Por lo pronto, en la reunión de la comisión se acordó crear varias comisiones para negociar el traspaso a la Generalitat de las competencias sobre los aeropuertos situados en Gerona, Reus y Sabadell, así como la de ordenación y gestión del litoral, especialmente significativa en cualquier política medioambiental que pretenda desarrollar el Gobierno central. El aeropuerto del Prat sigue en el tira y afloja de los últimos meses, pero los antecedentes ponen a la Generalitat en camino franco para lograr el máximo despliegue competencial, sin que las reservas que oponga el Gobierno de Rodríguez Zapatero tengan verdadera entidad política. La razón de este apremiante desarrollo estatutario es coartar la libertad jurisdiccional del Tribunal Constitucional, pues tanto socialistas como nacionalistas confían en que sus magistrados no se muestren tan dispuestos a tomar una decisión que no sólo podría declarar la inconstitucionalidad del estatuto, sino también la de todos los traspasos competenciales que se han hecho a su amparo. Desde que la Generalitat falló en su temeraria recusación del magistrado Rodríguez Zapata, los mensajes de Montilla y de sus socios de tripartito han encadenado una advertencia tras otra sobre las consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad del estatuto. Mucho denunciaban los socialistas las presiones del PP al TC, pero hay formas más envolventes y perjudiciales de intentar coartar la independencia de criterio de sus magistrados, como la de enfrentarlos a una responsabilidad política que no les corresponde, que prejuzga sus criterios legales futuros y que está creada artificialmente mediante una inflación alocada de competencias.