Aprovechando que la Confederación Episcopal Española ha expresado públicamente su adhesión a la manifestación que, convocada por una decena de asociaciones que congregan a profesores, padres, alumnos y responsables de centros educativos, tendrá lugar mañana en contra de la Ley Orgánica de Educación (LOE), el Gobierno y el PSOE están intentado presentar la protesta simplemente como un enfrentamiento con la Iglesia Católica, aferrada a la defensa de sus privilegios.
Estrategia falaz, porque la verdad es que la ley en cuestión no tiene por donde cogerse, incidiendo todos sus opositores -al margen del debatido tema de la presencia o no presencia de la religión entre las materias escolares- en dos graves peligros que encierra la norma que defiende el gobierno: la rebaja del nivel de exigencia a los alumnos y el desprecio por la cohesión del sistema educativo en todo el territorio nacional.
Texto legal en mano, los alumnos podrán pasar de curso con tres suspensos, y sin recuperación alguna, pues se eliminan los exámenes de septiembre hasta 4º de ESO, pudiéndose dar el absurdo de que un alumno tenga que estudiar Matemáticas o Lengua de un nivel superior sin haber aprobado el básico. En la ESO los alumnos podrán repetir un máximo de dos veces; y se elimina la reválida.
Respecto a la cohesión, la nueva ley establece que los contenidos básicos marcados por el Gobierno de la Nación nunca supondrán más del 55% o del 65 %, es decir, que lo antes eras unos mínimos ahora se convierte en máximos, y queda al libre albedrío de cada comunidad autónoma decidir si incorpora algo de lo establecido por el Estado.
Es decir, que con este sistema educativo están aseguradas la ignorancia del alumnado así como la disgregación y el fomento del particularismo nacionalista.