Al tiempo que Maragall sueña con ubicar pronto a Cataluña en el dulce paraíso de los países francófonos, el Gobierno del Tripartito que él lidera, se esfuerza en dificultar el normal funcionamiento del castellano o español en el Principado.
Después de haber martirizado en los últimos años a los profesionales de la enseñanza y a los escolares, tras haber perdido aparatosamente la batalla del doblaje contra las productoras cinematográficas americanas y luego de comprobar el pobre resultado de todas las costosas campañas normalizadoras llevadas a cabo, ahora los fundamentalistas lingüísticos la han emprendido contra los profesionales de la justicia.
El penúltimo episodio -penúltimo porque seguro que en el momento en que se redacta esta nota ya está generándose otro- es el que hoy recogen los periódicos: la Generalidad desoye a una juez que pidió la traducción de unos carteles al castellano o español.
La polémica se ha suscitado porque la juez decana de Esplugas de Llobregat (Barcelona) -cuyo nombre no ha querido revelar la Generalidad, por si acaso- ha cometido la osadía de pedir "que se traduzcan al castellano unos carteles que promocionan el uso del catalán en el ámbito jurídico".
La campaña en cuestión se está desarrollando a través de una serie de carteles repartidos por los organismos judiciales de Cataluña, y tiene la finalidad "de difundir el uso de la lengua catalana en el mundo de la Justicia, uno de los más reticentes a emplearla, según revelan las estadísticas año tras año". En estos carteles -editados por la Generalidad y la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua Propia (sic) (¿propia de quién?)- queda expuesta, según se dice, la "Carta de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia".
Según ha hecho público la propia Consejería de Justicia, la juez decana proviene de otra comunidad autónoma y se trata de una persona que lleva escaso número de días en Cataluña y que se ha inscrito en un curso de catalán.
La Generalidad ha respondido de manera tajante que no habrá traducción al castellano o español. El razonamiento del departamento de Justicia se ampara en la idea de que “el catalán está en una situación de clara inferioridad respecto al castellano tanto en las actuaciones orales como en las escritas”.
Según la Consejería de Justicia, la “Carta de los derechos lingüísticos en el ámbito de la justicia” tiene un doble objetivo: “dar a conocer a los ciudadanos que tienen derecho a usar el catalán en los juzgados y tribunales de Cataluña y, por otro lado, fomentar el uso de esta lengua en el ámbito judicial”.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, “en previsión de una posible guerra lingüística”, ha querido hacer constar que desde el momento en que la Generalidad puso en marcha la campaña, “se envió una carta a todos los jueces para animarles a que la acogieran positivamente”.
Conclusión: que a partir de ahora los jueces del resto de España tienen vedada Cataluña, profesionalmente… Como la tenían ya otros muchos profesionales: profesores, periodistas de prensa hablada o escrita, etc. ¡Ver para creer!