La acusación de Maragall a CiU sobre el ya archifamoso “tres por ciento” es ampliamente compartida por un 61% de los catalanes, frente a sólo un 22% que la considera falsa; cifras que se extienden en la misma proporción al gobierno autonómico actual, y en una proporción aún mayor (76%) al resto de las administraciones públicas. Por lo que se refiere a la gestión del Gobierno del Tripartito, un 67% considera que es mala o regular, y la cifra sube hasta el 77% si se considera la actuación del presidente Maragall.
Estos son algunos de los datos escalofriantes que arroja un sondeo de opinión publicado el pasado domingo por el diario barcelonés La Vanguardia, y sobre los que reflexiona hoy, en su artículo semanal del mismo rotativo, el profesor Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), uno de los más finos observadores de la vida política catalana.
Según De Carreras lo que la encuesta deja claro es que “los partidos catalanes, en general, son los grandes acusados”, ya que los encuestados tienen de ellos hoy peor opinión que hace un año. Y no sólo se trata de una desconfianza de los ciudadanos respecto a la honradez de sus gobernantes, sino que hay también una crítica a su competencia y eficacia.
Para el analista, la explicación de estos resultados puede encontrarse en “el gran desajuste –que también muestra el sondeo- entre los deseos de los ciudadanos y las finalidades del Gobierno”. Y propone varios ejemplos, como el del nuevo Estatuto de Cataluña, objetivo prioritario para los partidos políticos, que, sin embargo, en la consulta popular únicamente es importante para un 15% de los ciudadanos, muy por debajo de la inmigración (57%), la vivienda (54%), el paro (45%), la inseguridad ciudadana (37%), la sanidad (24%) y la corrupción (21%). “¿Dónde estarían situados –se pregunta el profesor De Carreras- si se hubiera formulado la pregunta, otros problemas que aparentemente tanto preocupan, como son el catalán en Europa, las selecciones deportivas, las matrículas de los coches, la unidad de la lengua o los papeles de Salamanca?”
Con este gran divorcio entre la ciudadanía y los políticos, ¿cómo podría un gobierno, que no siente como propios los problemas de la gran mayoría, obtener una buena valoración por parte del pueblo?
En el fondo de esta desavenencia late, para De Carreras, la obsesión de los partidos por las cuestiones nacionalistas identitarias, que, como revela también el sondeo, están muy lejos de constituir preocupación predominante de la ciudadanía, como muestra el hecho significativo de que únicamente el 21% considera que Cataluña es una nación, frente al 44% que la siente como una región más de España, pese a que nadie en público se atreve a suscribir esta afirmación, que permanece oculta, mientras sólo se oye la contraria, minoritaria.
El articulista termina su análisis con una llamada de atención, que hacemos nuestra. Dice:”¿Señores, en este país sucede algo muy extraño. A pesar de estar en una democracia, no nos atrevemos a expresar en público lo que pensamos y, a veces, decimos en privado. Hay una Cataluña oficial y una Cataluña real, una Cataluña visible y una Cataluña ignorada. Ni las instituciones, ni los partidos, ni los medios de comunicación dan voz a todas las opiniones. Con estos datos, el déficit democrático de nuestra sociedad se hace evidente. Sin embargo, seguimos triunfantes, como si nada, impávidos como siempre, de victoria en victoria hasta la derrota final”.