Es un tema recurrente. Cada cierto tiempo, los nacionalistas lo plantean, y ahora vuelven a la carga con redoblada energía. En estos días está amargando la existencia del bueno de Manuel Marín, presidente del Congreso, tan generoso y comprensivo él –en armonía con el talante dialogante de su jefe de militancia política- con todos los deseos y caprichos del insatisfecho nacionalismo vasco-catalán.
Me refiero, naturalmente, a la cuestión de la(s) lengua(s) que se debe(n) emplear en las dos cámaras legislativas del Estado Español, Senado y Congreso.
Lo del Senado está ya medio resuelto -a favor de los nacionalistas, por supuesto, con el compromiso formal por parte del Psoe y de sus aliados de que en su inminente reforma se reconocerá el carácter “plurilingüístico” del Estado, que se escenificará en la utilización de la traducción simultánea.
Conseguido este objetivo, los más ingenuos o los más irresponsables de nuestros hombres públicos –que de ambas especies hay abundante representación en la fauna política- creyeron que las ambicionas nacionalistas se verían satisfechas y agradecidas con las generosas concesiones. Ahora descubren, con sorpresa, que ni una cosa ni la otra. Y se irritan ante la insaciable escalada reivindicativa en materia lingüística del nacionalismo, especialmente el catalán, que ahora exige los mismos cambios para la otra cámara, el Congreso.
Lo más indignante de la actitud de los chicos de Ezquerra Republicana de Catalunya y asociados no es la petición en sí, sino el hecho de que reclaman para ellos algo que niegan a los demás, porque mientras piden el reconocimiento del plurilingüismo de España, niegan la condición bilingüe de Cataluña, al haber desterrado de hecho al castellano o español –la lengua propia de la mitad de los catalanes y lengua común de los españoles- a la condición de idioma marginal.
Y el castellano o español no es, con la Constitución en la mano, un idioma marginal, sino una lengua que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar, y la única oficial en toda España, mientras que las demás son sólo oficiales en las respectivas comunidades autónomas.
Parece, pues, evidente que los órganos oficiales comunes –y el Senado y el Congreso lo son- la única lengua que se debe emplear es el castellano o español.
La situación, no por conocida y denunciada múltiples veces con anterioridad, puede ser olvidada. Al contrario, conviene airearla ampliamente para situar las maniobras nacionalistas en la realidad.
solo buscaba informacionnnnnnnnnnnnn
me parece bien
no esta mal,podia estar peor,no crees?