Mientras que alrededor de 15.000 personas –entre damnificados y afectados más o menos directamente, según la portavoz de la Asociación de Vecinos del Carmelo- deambulan angustiados por el barrio al comprobar la ineficacia de los políticos responsables del hundimiento de sus pisos, la administración va adoptando soluciones con lentitud desesperante.
La información oficial está también brillando por su ausencia, y de la de los medios de comunicación catalanes –anestesiados por las subvenciones con dinero público o por compromisos políticos partidistas- mejor no hablar.
No obstante se van filtrando algunas datos, como, por ejemplo, el de las extrañas relaciones de algunas de las personas responsables de las empresas constructoras con cargos en organismo de la administración.
Las miradas se han centrado en la firma Tec 4, empresa que dirigía las obras, al frente de la cual figura Antonio García-Bragado, que, casualmente, es primo de Ramón García- Bragado, secretario general de la Presidencia de la Generalidad de Cataluña con Maragall.
También se ha fijado la atención en la sociedad Geocontrol, y, muy especialmente, en la unión temporal de empresas que, con el nombre de Ute, realizaba los trabajos, y formada por las compañías FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), Copisa y Comsa.
FCC, también curiosamente, está dirigida por Jordi Piera, conocido en ambientes del sector con el apelativo de constructor en cap (“constructor jefe”), debido al gran número de obras que consigue de la Generalidad.
Tampoco escapa al interés de los observadores, por último, la compañía pública Gisa, que licitó las obras y está obligad a velar por su buena ejecución.
La opinión pública, irritada por la opaca política informativa de la administración y por el descubrimiento del denso entramado de sorprendentes relaciones entre los responsables de las empresas que realizan las obras y los representantes de la administración, empieza a preguntarse qué se oculta bajo el túnel del Carmelo.